El director de la Conaf de Valparaíso, Juan Pablo Reyes, calificó la confirmación como una “muy buena noticia para el desarrollo sustentable”, y especificó que la nueva RB abarca once comunas y equivale a un quinto de la superficie total de la región.

“Las reservas de la biosfera se crean para compatibilizar la conservación, el desarrollo sostenible y la identidad cultural de la zona”, comenta Reyes, condición que obliga a un desarrollo territorial armónico en pos de la protección del medio ambiente, la sostenibilidad, el turismo con reconocimiento internacional. promueve la investigación e incluso genera un “plus” para la producción agrícola en mercados internacionales, por tratarse de productos desarrollados en una RB.

La declaración de RB no implica, sin embargo, que las 230 mil hectáreas estén bajo protección oficial, estatus de “intocabilidad” que sólo mantienen las 17 mil hectáreas del parque y la reserva, pero crea unas 25 mil hectáreas donde se privilegia la conservación y otras 180 mil para el desarrollo sostenible.

Además de La Campana-Peñuelas, Chile posee otras ocho Reservas de la Biósfera: Lauca (1981), Fray Jorge (1977), Juan Fernández (1977), Araucarias (1983), Bosques Templados Lluviosos (2007), Laguna San Rafael (1979), Torres del Paine (1978) y Cabo de Hornos (2005).

El Consejo de la Unesco para la RB se reúne desde este lunes en Corea, y ayer añadió 22 nuevas RB en el mundo, llegando a 533 en 106 países.

La instalación de grandes proyectos de inversión, así como pequeñas faenas productivas -extracción irracional y desinformada de leña, tierra de hoja y plantas medicinales- son responsables de que más de un centenar de árboles y plantas autóctonas chilenas estén bajo amenaza o en peligro de extinción.

Eso sin contar, por cierto, con la expansión urbana y sobre todo con la incultura, descuido y hasta mala intención del cuidadano común y corriente, responsable de más del 99% de los incendios forestales que arrasan cada año con plantaciones de bosque nativo. Así lo afirmó ayer el director de Conaf de la Región de O’Higgins, Francisco Mendoza, junto al director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Iberoamericana (Unicit), Marco Rodríguez, quienes llamaron a la población a proteger nuestro patrimonio natural.

“Los ecosistemas siempre salen perdiendo frente a proyectos de desarrollo económico”, sostiene Mendoza y lanza un claro ejemplo en su región. “Muchas viñas están produciendo sus mejores vinos sobre cierta cota. O sea, están subiendo por los cerros y eso está afectando el bosque nativo esclerófilo”, comenta.

Sin embargo, afirma, también hay actos irracionales a menor escala que hacen lo suyo: “La gente que extrae boldo por sus características medicinales lo hace sin ningún tipo de manejo, el que tira la colilla sin contemplación y provoca un incendio o municipios que tienen en algunas de sus plazas especies autóctonas y que mandan a podar en forma lacerante y sin conocimiento, provocando su muerte en la mayoría de los casos”.

Aunque -aseguran- en la actualidad, el número total de especies con problemas de conservación no está claro, debido a la aparición de nuevas variedades o de la inmigración de algunas de éstas a otras zonas, el “Libro rojo de la flora” -elaborado por Conaf- clasifica 179 grupos vegetales (del Chile continental e insular) en las categorías Peligro de Extinción, Vulnerable, Rara y Amenaza Indeterminada.

El problema, dice Mendoza, es que varias de ellas están sin ningún tipo de protección especial. “Sólo en la Región de O’Higgins hay 20 sitios que debieran ser prioritarios desde el punto de vista de la protección y conservación, sin embargo, sólo tenemos una reserva, lo que hace que la tarea de preservación de nuestra naturaleza se vuelva titánica”, dice.

Planes a nivel local

¿Qué hacer? El director de Conaf pone sus fichas en la educación de la población, más que en leyes y megapolíticas, donde siente ya hay avances importantes con la Ley de Bosque Nativo y la de Bases del Medio Ambiente. Pese a ello, considera que la fiscalización es crucial, especialmente para evitar la tala de especies protegidas.

“Junto a la universidad (Unicit) estamos formando monitores ambientales para que logren en la población acciones conductuales positivas tendientes a terminar con prácticas que dañan nuestro ecosistema. Porque creemos que esto no se soluciona con acuerdos internacionales de alto nivel, sino con acciones a nivel local. Estoy convencido que una sumatoria de pequeñas acciones pueden proteger nuestro patrimonio natural”, dijo Mendoza, que ya cuenta con dos proyectos regionales para educar a la comunidad: “Adopta un árbol” y “Ciudad Bosque”.

En todo Chile

Once especies de plantas distribuidas en Chile continental que están en Peligro de Extinción y 31 especies de flora continental en estado Vulnerable, cuya distribución geográfica se concentra desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de los Lagos.

Treinta y dos especies (como el coralito del norte) se encuentran hoy en la categoría rara, es decir, cuya población aparentemente siempre ha sido escasa o son variedades con distribución muy restringida. Éstas se ubican a lo largo de Chile continental.

En la parte de Chile insular, en tanto, hay 63 especies de plantas en Peligro de Extinción, siendo el archipiélago de Juan Fernández el más afectado, y dos especies con Amenaza Indeterminada, esto quiere decir que son plantas que se suponen incluidas en la categorías en Peligro de Extinción o Vulnerables, pero cuya situación definitiva se determinará de acuerdo a futuras investigaciones. Estas especies son la Agrostis masafuerana y la Carex berteroniana, ambas crecen en la isla Alejandro Selkirk.

Los árboles amenazados

Alerce cahuén
Algarrobo
Araucaria
Avellano
Belloto del Norte
Boldo
Bollén
alafate
Canelo
Ciprés de la cordillera
Ciprés enano
Coigüe
Colihuay
Colihue
Copihue
Chagual
Chilco
Espino
Guayacán
Guindilla
Guindo
Santo Olivillo
Roble
Ulmo

Una extraordinaria reserva de flora y fauna única en Chile inserta en playas vírgenes de la Región de Atacama se verá severamente amenazada en caso de concretarse el proyecto Central Termoeléctrica Castilla que planea construir el empresario brasileño Eike Batista, y que también incluye la instalación de un terminal marítimo para la descarga del carbón que abastecerá a la industria.

El gigantesco proyecto, emplazado en 600 hectáreas de la hacienda Castilla en el sector costero de Punta Cachos, a 80 kilómetros al sur-oeste de Copiapó, contempla la construcción de una central termoeléctrica compuesta por seis unidades de tecnología de carbón pulverizado de 350 megawatts (MW) de potencia cada una, lo que totaliza una capacidad de generación de 2100 MW cuando esté en completa operación, el año 2016. De acuerdo a esta capacidad, el proyecto sólo es superado por Hidroaysén, que proyecta una generación de 2700 MW.

Además, contempla la instalación de un depósito de cenizas de aproximadamente 125 hectáreas, y la construcción de un terminal portuario para abastecer de carbón a la industria, el que no fue incluido en el estudio de impacto ambiental del proyecto ingresado en diciembre a la CONAMA, y tendrá que ser presentado con posterioridad.

Rechazo por contaminación.

La iniciativa generó el inmediato rechazo de grupos y personas defensores del medio ambiente, entre quienes se cuenta el destacado arquitecto Gonzalo Domínguez, quien visita la zona junto a su familia hace cuatro décadas y desde hace algunos años se radicó definitivamente allí como propietario de parte de los terrenos de la hacienda Castilla. Su presencia en el lugar fue completamente omitida en el estudio de impacto ambiental de la empresa MPX, controlada por Batista.

“Me parece muy lamentable que cuando en el mundo la tendencia es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y se hacen grandes esfuerzos para ello, las autoridades nacionales estén siquiera evaluando la posibilidad de autorizar centrales que contemplan el uso de combustibles tan contaminantes como ésta, sin considerar que esta situación conllevará la destrucción inevitable de una magnífica reserva natural del país. Para quienes nos hemos dedicado a preservar este lugar, es una lástima que empresarios extranjeros, con exclusivo afán de lucro, pretendan instalar tecnología tan contaminante sin pensar en sus nefastas consecuencias para el ecosistema del país”, señaló el arquitecto.

Domínguez ha dedicado grandes esfuerzos a la conservación del medio ambiente, aspecto por el que es reconocido en la zona, y decidió oponerse seriamente al proyecto, por lo que reunió un equipo de profesionales del área legal y expertos medioambientales, con el fin de sustentar su posición.

Ecosistema amenazado

La zona de Punta Cachos, donde el empresario extranjero pretende levantar la central, cuenta con una extraordinaria biodiversidad, destacando por ejemplo una colonia de tortugas marinas que ha sido descrita en foros científicos como la más austral del mundo. Asimismo, existen poblaciones de pingüinos Humboldt y Guanay, que se encuentran en estado de conservación vulnerable y que residen en el islote Cima Cuadrada, frente al cual se instalará la central. A estas especies se suman lobos marinos, guanacos y diversas aves propias del lugar, entre otras.

Además, en este sector se produce el fenómeno de desierto florido, único en el mundo, que según el proyecto planteado será intervenido con el paso de líneas de alta tensión.

De ahí la preocupación por el daño irreversible que esta central provocará, toda vez que se considera que el uso del carbón como combustible es la opción más contaminante que existe para generar energía, debido a los desechos altamente tóxicos que produce, cuya magnitud en este caso resultaría catastrófica para la zona.

El proyecto se encuentra en etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental presentado a la CONAMA de la Región de Atacama, organismo que se encuentra emitiendo el informe que recoge cientos de observaciones formuladas por parte de los diversos servicios públicos con competencia en materia ambiental.

A juicio del abogado Patricio Escobar, quien forma parte del equipo profesional reunido por Domínguez, el estudio de impacto ambiental adolece de graves falencias. “En primer término, constituye una exposición parcial realizada a la autoridad de un proyecto mayor que considera necesariamente un terminal portuario a través del cual se abastecerá de carbón a la central. En consecuencia, el proyecto en su totalidad involucra numerosos y variados impactos ambientales que no han sido considerados por el titular en el estudio de impacto ambiental presentado y que por tanto, no pueden ser aún evaluados por la autoridad”, expresó.

El profesional advierte también sobre la omisión que se hace de la presencia de personas en el área de la central. “El estudio presentado omite la existencia de ciertos residentes y propietarios en el área del proyecto, y presenta una visión incompleta de la situación de flora, fauna y, en general, del ecosistema existente.

Por todas estas deficiencias es que lo consideramos inviable y así lo hemos expuesto ante las autoridades de CONAMA Regional. Además, nos encontramos desarrollando estudios técnicos que servirán de base a las observaciones que presentaremos oportunamente con el objeto de evitar que el proyecto se apruebe, al menos en los términos que se ha planteado”, concluyó.

Dicho lema recoge la idea de que todos están interconectados dentro de una cuenca hidrográfica, y que por ende las acciones que se desarrollen aguas arriba repercuten en quienes habitan debajo.

La meta es que el Día Mundial de los Humedales de este año, sirva de oportunidad a la gente para reflexionar sobre su propio humedal y las interconexiones que mantiene con el entorno que lo rodea, examinando cómo beneficia el humedal a su entorno y cómo pueden influir las actividades que se llevan a cabo en toda la cuenca hidrográfica.

También se busca difundir un mejor conocimiento de cómo funciona una cuenca hidrográfica, de las repercusiones a que dan lugar los usuarios – y quienes la usan indebidamente – y de los desafíos que entraña el buen manejo.

HUMEDALES EN CHILE
Chile posee cientos de zonas que responden al concepto de un humedal: extensiones de agua, de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, entre las que se incluyen marinos, estuarinos, lacustres, ribereños, palustres (ciénagas) y artificiales. Las vegas y bofedales del norte de Chile, por ejemplo, se denominan humedales altoandinos.

Sus funciones son tan diversas como relevantes, entre ellas destacan el control de inundaciones, recarga de napas subterráneas, estabilización de costas y protección contra marejadas, retención y exportación de sedimentos y nutrientes, mitigación del cambio climático, depuración de aguas, recreación y turismo, valor cultural, reservorio de diversidad biológica, entre otros.

La principal causa de destrucción de estos ambientes es la presión demográfica, o sea la extracción de agua y la contaminación.

En Chile se cuenta con 9 humedales que son parte de la Convención Ramsar (Irán, 1971, ratificada por Chile en 1981), identificados como ecosistemas únicos que es preciso preservar.

Por lo que diversas instituciones están a cargo de los Humedales, destacando el Ministerio de Relaciones Exteriores; la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a cargo de la Estrategia Nacional de Humedales; Conaf, que actúa como punto focal del Convenio Ramsar en Chile, y la Dirección General de Aguas (DGA), encargada de proteger los humedales altoandinos en el norte grande.

VEGAS Y BOFEDALES
Las vegas y bofedales son un tipo de humedales ubicados en la zona norte del país que sirven como zonas de forraje y aguadero de valiosas especies animales, como la vicuña, el guanaco, la llama y la alpaca, entre otros. Son ecosistemas únicos, que deben ser estudiados en profundidad con el fin de reconocer la compleja interacción de sus componentes básicos como la tierra, el agua los animales y las plantas conn una gran importancia social, cultural, ambiental y económica, ya que constituyen el sustento para las comunidades aymará, quechua y atacameña.

Desde 1992 el Código de Aguas prohíbe la exploración y explotación de las aguas subterráneas en los acuíferos alimentadores de las vegas y bofedales del norte, la I y II región como una medida de protección de estos ecosistemas únicos y del manejo y uso ancestral que las comunidades habían hecho de ellos.

A partir de ese año la DGA ha realizado diversos estudios para identificar y ubicar áreas de vegas y bofedales y delimitar sus acuíferos alimentadores en dichas regiones.

Hoy se protegen en total 388 vegas y bofedales entre las regiones de Arica-Parinacota y Antofagasta, lo que significa un total de 5.640 km2. Además, en junio de 2005, con la modificación del Código de Aguas, se incorpora el establecimiento de un caudal mínimo ecológico en la constitución de derechos de aprovechamientos de agua con el fin de velar por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente.

INVENTARIO
El 2006 se determinó que los humedales menos representados dentro de los sitios prioritarios y sistema de áreas protegidas de Chile, corresponden a los de tipo costero, principalmente aquellos de intrusión salina, los que asimismo se encuentran con el mayor grado de amenaza actual.

En ese contexto, la Dirección General de Aguas llevó a cabo en enero de este año la primera actividad en terreno en conjunto con la U. de Chile, donde se monitorearon diversos y numerosos puntos dentro de los estuarios de Lebu en la región del Bío Bío y en el formado por la desembocadura del río Toltén en la región de la Aracucanía.

Del mismo modo, este estudio generará un importante avance respecto de la delimitación de estos cuerpos de agua, insumo fundamental para avanzar en un Inventario Nacional de Humedales, cuyo objetivo será impulsar un sistema de monitoreo y seguimiento ambiental de humedales que facilite prioridades en conservación, decisiones e intervención en el territorio, y apoyo a la gestión ambiental.

Diversas especies de pinos que han formado la base de la industria forestal comercial en muchos países de Sudamérica han terminado convertidas en enemigos de los ecosistemas naturales en que fueron insertadas.

Chile no escapa al fenómeno: por ejemplo el Pino contorta está invadiendo las zona cordillerana de las regiones del Biobío y Araucanía donde crece una de las especies autóctonas más preciadas: la araucaria. Esto ocurre nada menos que en una reserva nacional: Malalcahuello. Allí no sólo crece y avanza rápido -”robándole” terreno al árbol nacional- sino que se adapta con facilidad a un ecosistema de altitud que hasta entonces se creía protegido de la colonización de las especies invasoras por su aislamiento y condiciones climáticas más adversas. Grueso error.

Un estudio multinacional ha logrado detectar más de 1.000 especies no nativas en ambientes de alta montaña alrededor del mundo (130 de ellas en Chile) gracias al “gentil auspicio” del cambio climático, el turismo y la urbanización. Y aunque una planta exótica o introducida no es sinónimo de invasora (de hecho, varias nunca logran adaptarse), sin un catálogo ni monitoreo constante nadie sabe cuán bien les irá en desplazar -con el tiempo- a las especies nativas. Un riesgo no sólo para las economías nacionales (por su impacto en la agricultura) sino para la biodiversidad planetaria. “Arriesgamos una homogenización de la biota. Algo así como meter a las diversas especies vegetales que hay en el mundo en una licuadora y tener el mismo set a donde vayamos. No queremos eso”, dice Aníbal Pauchard, investigador de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

Cambio climático y resort

Pauchard, que lideró la investigación junto a 16 científicos de todo el mundo, dice que distintos factores explican el fenómeno: la preadaptación de las invasoras a condiciones ambientales de alta montaña, disturbios provocados por el hombre y de forma natural, la baja resistencia de las especies nativas a estas invasiones y la gran cantidad de semillas disponibles. En la primera, el calentamiento global ha jugado un rol preponderante. “Ha permitido que especies que antes no podían poblar esos lugares, con estas nuevas condiciones, sí lo puedan hacer”.

Pero no es el único responsable. Los centros de esquí, los circuitos de turismo de alta montaña, e incluso la expansión de la ganadería y agricultura, han aumentado las posibilidades de que estas invasiones se hagan frecuentes.

Pauchard explica que en el caso de los resorts y centros de esquí construidos a gran altitud y en áreas muy prístinas se están repartiendo semillas de especies exóticas que son llevadas a estos lugares para hermosearlos, sin medir las consecuencias”. Eso estaría pasando en sectores de El Colorado en la zona central (a 3.000 msnm), como en La Parva, donde también ha influido la urbanización y la apertura de caminos, según lo ha podido constatar Lohengrin Alexis Cavieare, del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, encargado de estudiar la zona de Farellones.

Allí, el avance del diente de león es compleja. Más al sur, arbustos como la retamilla (muy combustible y un riesgo en caso de incendio), el aromo y el espinillo (Parque Nacional Villarrica) están afectando los ecosistemas. Allí, estas especies ganan terreno a paso agigantado y en muchos casos la flora nativa casi no puede regenerarse bajo ellas. “Estas especies están alterando ambientes muy frágiles y de alto valor de conservación”.

Acción pública y privada

La coordinación de las entidades públicas y privadas es importantísima para evitar la entrada de nuevas especies y controlar y erradicar las existentes, dice Pauchard, quien sostiene que aquellas personas que van a los centros de esquí o realizan actividad de alta montaña tienen también una responsabilidad: una semilla oculta en el zapato o ropa puede desatar con los años una problema ecológico que afecta a todo un ecosistema.

Lo bueno es que se puede combatir a las especies invasoras con un manejo integrado, control biológico (insectos que las consuman), corta e incluso herbicidas, tomando las precauciones necesarias. Pero a veces puede ser demasiado tarde. Por ello, los científicos piden a los gobiernos preocuparse del tema, en especial cuando se trata de parques nacionales y área protegidas.

En Chile, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, el Servicio Agrícola Ganadero y la Conaf llevan a cabo una política nacional contra las especies invasoras, pero claramente faltan esfuerzos, recursos para estudios y monitoreo constante para contener uno de los problemas globales que más especies ha extinguido o amenazado gravemente en los últimos años en el mundo. La idea es que Chile no lidere ese ranking.

1.- El proyecto Hidroaysén, de Endesa y Colbún, debe ser declarado inadmisible ya que viola dos acuerdos internacionales, con Argentina y Canadá, puesto que no existe un “Plan General de Utilización” de las cuencas de los ríos Baker y Pascua conforme a lo exigido por el “Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República de Chile y la República Argentina”. Legislación que además es parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá.

2.- La aprobación del proyecto consolidaría el monopolio del agua en Aysén al concentrar el
100% de los derechos de los ríos Pascua y Baker, sin resguardar adecuadamente las solicitudes de otros usuarios, impactando y vulnerando el derecho humano al agua. Ello pese a que la Dirección General de Aguas (DGA) ha declarado Aysén como zona de escasez hídrica (Decreto Nº 227 del MOPDGA, marzo 2008).

3.- El proyecto vulnera el derecho constitucional a la igualdad de trato en materia económica, ya que generaría una perdida anual de más de 4 mil empleos en el sector turismo e impediría el riego de más de 5 mil hectáreas de la cuenca del Baker, afectando el desarrollo de la agricultura y la ganadería de la zona.

4.- La aprobación del proyecto afectaría gravemente 24 áreas protegidas como el Parque Nacional Laguna San Rafael; 3 zonas de interés turístico y 26 humedales. Además de la inundación que generarían las 5 represas proyectadas, la línea de transmisión eléctrica de 2.270 kilómetros de largo, que cruzaría 9 regiones y 66 comunas, violaría diversos tratados internacionales como el Convenio de Conservación de la Biodiversidad afectando especies emblemáticas en peligro como el huemul.

5.- Endesa y Colbún engañan a la opinión pública al informar una reducción del área de inundación a 5.900 hectáreas, siendo que no han renunciado a derechos de agua vigentes que le permiten inundar 32.000 hectáreas, seis veces lo declarado. Por el contrario, con esto han pretendido realizar un “canje ambiental” con la autoridad requiriendo a cambio caudales gratuitos adicionales a los que ya posee, vulnerando la legalidad.

6.- La empresa abusa de la legislación utilizando fraudulentamente pertenencias mineras para un proyecto eléctrico, con la finalidad de presionar a los propietarios de las zonas a inundar, de reducir el valor comercial de sus propiedades y de obligar a la autoridad a otorgar permisos para el ingreso a los predios y para obras civiles en éstos. Dichas propiedades quedan prisioneras y sujetas al arbitrio de la empresa.

7.- Los componentes del proyecto serán evaluados parcialmente pues aunque se trata de 5 mega centrales hidroeléctricas y de sus obras anexas, entre las que se encuentran puertos, aeródromos y poblaciones, además de una extensa línea de transmisión eléctrica, única y exclusiva, de casi 2.300 km., sólo serán evaluadas las centrales contraviniendo nuestra Constitución, la Ley General de Bases del Medio Ambiente, e incumpliendo la obligación de fijar una línea de base clara sobre el área de influencia del proyecto como un todo, así como la de ingresar el proyecto en la Dirección Ejecutiva de CONAMA para ser evaluado en su conjunto.

8.- No se han formulado planes para la gestión integrada de las cuencas de los Ríos Baker y Pascua de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cuencas, compromiso adquirido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno y reiterado en su Mensaje del 21 de mayo de 2006: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente (…) incorporaremos el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas como eje de nuestra nueva política”.

9.- Falta de garantías en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental debido a la intervención de Ministros de Estado quienes, teniendo ingerencia en el proceso, y sin que el proyecto se haya evaluado, han dado públicamente un veredicto favorable al mismo, en un antejuicio que viola las garantías de un debido y probo procedimiento.

La actividad, a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), primero contempló el anillado de varios ejemplares que se encontraban en el Centro de Rehabilitación “Casa Noé” de Linares, hasta donde fueron derivadas debido a que estaban heridas o habían sido atacadas por actividades humanas.

Posteriormente, la secretaria de Estado se trasladó con funcionarios del SAG hasta San Clemente para concretar la liberación de una lechuza blanca, la que pudo ser monitoreada a través de equipos de radio telemetría. Para ello, la Ministra también participó de la instalación de un collar telemétrico en el ejemplar, con el que se espera evaluar el comportamiento de las aves tras su liberación.

En el lugar, Hornkohl destacó que este programa busca principalmente “enfrentar la pérdida de biodiversidad y enfermedades emergentes como el síndrome cardiopulmonar producido por hantavirus”. De esta forma, indicó la autoridad, “rescatamos una especie que producto del deterioro del paisaje ha visto fuertemente dañado su hábitat, por lo que este control natural del ratón colilarga es escaso”.

El programa desarrollado en la Región del Maule contempla la liberación de un total de 10 lechuzas blancas adultas, que serán reinsertadas en su hábitat con collares telemétricos para su seguimiento.

Las actividades comprendidas en este proyecto incluyen un plan de manejo de hábitat, que implica la construcción e implementación de casas anideras, perchas y comederos, y el desarrollo de un plan de educación y comunicación a escuelas rurales y postas de salud rural sobre conservación de aves rapaces.

La Ministra destacó que este control biológico de hantavirus con aves rapaces y con la participación de las comunidades locales, a partir de escuelas y postas rurales, no tiene precedentes en Sudamérica.

Por ello, concluyó la autoridad, “sus componentes, educación, salud, prevención y biodiversidad, constituyen un enfoque atractivo y efectivo para abordar la conservación de aves rapaces vinculándolo a problemáticas cotidianas”.

La zona de Magallanes es un centro de interés mundial por la belleza, pureza y fragilidad de sus ecosistemas, por lo que debemos tener particular cuidado en la explotación de sus recursos. Esto nos obliga a ser mas precavidos ante la elección de los polos de desarrollo, donde la pesca artesanal y el turismo han demostrado ser económica y medio ambientalmente sustentables.

Nosotros, empresarios locales, operadores y guías de turismo, pescadores artesanales, estudiantes, y ciudadanos, estamos preocupados por los anuncios de las compañías nacionales y multinacionales que producen salmon de cultivo respecto a buscar nuevas áreas para su expansión productiva y comercial en nuestra región.

De igual forma, estamos atentos a las numerosas críticas que esta industria ha recibido debido a sus bajos estándares laborales, ambientales y sanitarios que ha mantenido en las regiones donde opera hace años, las Regiones de Los Lagos y de Aysén, donde han generado una crisis sanitaria producto del brote masivo del piojo de mar (caligus sp.) y posteriormente la aparición del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA). Estos dos episodios han debilitado considerablemente el patrimonio sanitario de nuestras costas nacionales, pero además han dejado en evidencia el cierre de centros de cultivo y factorías de proceso que han generado despidos masivos de trabajadores.

Además hemos visto como la industria del salmón se ha desarrollado en varios casos con diferentes grados de ilegalidad, violando las leyes ambientales, sanitarias y laborales. A esto se suma la nula información que entregan sobre las cargas de nutrientes, químicos y antibióticos, escapes de salmón, manejo de los residuos, etc., todo lo cual se traspasa a los ecosistemas naturales.

Especial preocupación nos provoca la nula información que la ciudadanía chilena tiene acerca de la cantidad, tipos y formas de uso de los cientos de kilos de antibióticos que usa esta industria y la posterior generación de resistencia bacteriana a estos fármacos. Resistencia que se estaría generando en los ecosistemas como también en personas que consumen salmón en Chile o que conviven como operarios de los antibióticos que contiene el alimento para estas especies exóticas.

Nos preocupa de igual forma que no exista legislación sobre vertederos industriales y la evidencia generada en las Regiones de Los Lagos y de Aysén sobre gran cantidad de lugares que las compañías del salmón han destinado como vertederos de sus residuos industriales. Estos vertederos clandestinos e ilegales, según registros fotográficos y video grabaciones, están situados en tierra, en la costa y escandalosamente bajo el mar.

La alta infraccionabilidad laboral y las numerosas muertes de trabajadores en faenas, especialmente buzos es de gran preocupación. Según el Ministro del Trabajo, en una sesión especial de análisis de esta materia en la Cámara de Diputados el 2006 informó que la industria del salmón tenían un 80% de infraccionalidad y según registros de la organización Ecoceanos, desde 2005 a la fecha han fallecido 55 trabajadores en esta industria.

Toda esta información ha quedado registrada en diferentes informes como el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 2005 (OCDE); el informe del proceso de Revisión Salmonera que realizó la Cámara de Diputados entre 2006 y 2007; y diferentes documentos de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales.

Como habitantes de la Región de Magallanes y personas preocupadas por la defensa y el desarrollo sustentable de esta zona, vemos con preocupación como esta industria ha puesto sus intereses en ocupar ahora nuestros fiordos, canales y zonas costeras para instalar sus balsas jaulas.

Ante este escenario, las organizaciones y personas abajo firmantes, interesadas en el desarrollo sustentable y el fortalecimiento de la cultura y la economía de las comunidades locales de la Región de Magallanes declaramos nuestro compromiso por la defensa de nuestro patrimonio cultural, ambiental y sanitario conformando un frente amplio de organización social llamado “Coordinadora Patagonia Sin Salmoneras” con el único objetivo de hacer valer nuestros derechos y puntos de vista ante la situación que se presenta.

Hacemos extensiva la invitación a incorporarse a esta Coordinadora a todas las organizaciones y ciudadanos interesados en participar de la toma de las decisiones que este delicado tema requiere, y llamamos a las autoridades a trabajar en forma colaborativa con la comunidad para lograr que las actuales y futuras generaciones gocen de los beneficios que nos han entregado estos territorios de la Patagonia Austral.

Los puntos fundamentales que la “Coordinadora Patagonia Sin Salmoneras” demanda son:

- El establecimiento de una urgente MORATORIA a la entrega de concesiones salmoneras en nuestra región;

- La incorporación inmediata de los Pescadores Artesanales de Puerto Natales y del Sector Turístico de Puerto Natales a la Comisión de Zonificación del Borde Costero;

- Abrir una discusión regional en referencia a la ocupación de las aguas interiores de nuestra Región siguiendo lo señalado en la Ley General de Pesca y Acuicultura

- Participación activa a través de la Intendencia Regional en las resoluciones del “Grupo de Tareas Salmón” constituido por el Ministerio de Economía;

- Información pública detallada respecto a las concesiones que se han otorgado y solicitado;

- Información pública detallada respecto a las concesiones que están en funcionamiento, así como también sus planes de manejo y Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA);

- Información actualizada respecto al origen de los capitales, subsidios estatales otorgados por Chile, su país de origen o instituciones internacionales de las empresas que tienen y están solicitando concesiones;

- Dar a conocer públicamente el nombre de los centros y de las empresas propietarias de los mismos afectados o “sospechosos” de contagio con ISA. La información debe ser pública y expedita y contener las coordenadas de las concesiones afectadas o sospechosas de contagio;

- Decretar en “CUARENTENA” todo el Seno Ultima Esperanza prohibiéndose el movimiento de peses entre los centros del área de restricción y desde y hacia a este sector de restricción, ésta medida debe mantenerse hasta que se obtenga los resultados de los análisis que efectúe Sernapesca, cuyos resultados deben ser entregados públicamente a la brevedad posible;

- Exigir el cumplimiento de la Normativa Legal Vigente, según lo indicado en el Titulo IV de la Pesca Artesanal, Párrafo 1º Régimen de Acceso y Atribuciones para la conservación de Recursos Hidrológicos, Art. 47 que dispone; “Reservase a la Pesca Artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja de mar territorial de 5 millas marinas medidas desde las líneas de bases normales, a partir del límite norte de la república y hasta el paralelo 41º 28,6 de latitud Sur, y alrededor de las islas oceánicas

Miembros
“Coordinadora Patagonia Sin Salmoneras”

Roberto Muñoz
Rut.: 12.715.289-9
Representante
Cooperativa de Pescadores Demersales de Puerto Natales

María Paillacar
Rut.: 12.005.386-8
Presidenta
Asociación de Pescadores Artesanales Indígenas “Newen Lafken” de Puerto Natales

Jorge Paredes
Rut.: 5.699.508-0
Presidente
Sindicato de Pescadores Artesanales Ericeros y Gente de Mar de Puerto Natales

Juan José Garrido
Rut.: 7.648.961-0
Representante Legal
Sociedad de Pescadores Artesanales “Glaciares de la Patagonia” de Puerto Natales

Teobaldo Ruiz
Rut.: 8.699.518-2
Empresario Turístico de Puerto Natales

Iris Aguilar
Rut.: 8.805.059-2
Vice Presidenta
Agrupación de Mujeres de la Pesca Artesanal de Puerto Natales

Cristian Oyarzo
Rut.: 8.784.398-K
Coordinador Patagonia Sin Salmoneras
Miembro y Director Asociación de Guías de Ultima Esperanza

Romano Tótoro
Rut.: 6.490.340-3
Coordinador Patagonia Sin Salmoneras

Ayer se inició en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, la tramitación del proyecto de ley que crea por primera vez en Chile, el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.

Según la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, “estamos hablando, de la mayor reforma ambiental de los últimos 14 años en nuestro país”.

Asimismo, sostuvo que el objetivo final de esta discusión, es lograr “una institucionalidad moderna y eficiente, que busque la sustentabilidad, la integración y la calidad de vida de la comunidad, velando por los equilibrios entre crecimiento económico y protección de la naturaleza”.

El nuevo ministerio tendrá entre sus competencias el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El proyecto contempla además la creación de una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, la cual tendrá un conjunto de facultades para gestionar un sistema integrado de fiscalización ambiental, de manera de resolver las principales deficiencias del actual modelo.

Del mismo modo, la iniciativa permitirá que la actual Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) se transforme en un Servicio de Evaluación Ambiental.