El anuncio es parte del programa digital que lleva a cabo el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).

El Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), dependiente de Corfo y el Ministerio de Agricultura, anunció al término de la administración Bachelet el país habrá integrado a un centenar de comunas al Sistema de Información Territorial en línea, con la finalidad de permitir a la población el acceso gratuito a la información sobre recursos naturales y productivos del país. El anuncio lo realizó el director del CIREN, Rodrigo Álvarez, en el trasfondo de la ceremonia de aniversario de la entidad.

El jefe de servicio declaró que “el democratizar la información ha sido nuestra bandera de lucha. Por ello, al término del gobierno de la Presidenta Bachelet, 100 comunas estarán integradas al sistema de de Biblioteca Digital, para cumplir así con uno de los lineamientos centrales de promover un desarrollo de carácter inclusivo”.

El Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), fundado hace 45 años con la finalidad de caracterizar físicamente al territorio nacional, para así reconstruir al país tras el terremoto de Valdivia en 1960, definió hoy los que serán sus lineamientos y objetivos para los próximos años.

“Hace muchos años se cuestiona si una economía respaldada en los recursos naturales puede tener un crecimiento sustentado, o si existe la “maldición de los recursos naturales” La experiencia nos dice que es posible. Nueva Zelandia, Australia e Irlanda son buenos ejemplos. La clave es que a los recursos naturales se le incorpore conocimiento y este es el camino que nuestro país ha definido y que estamos transitando”, declaró Álvarez.

Durante 2008, el CIREN confeccionó mapas de vulnerabilidad para la Comité de Emergencia Agrícola, y se espera que en el transcurso de este mes publique un estudio de Erosión Nacional.-

Mas info en www.ciren.cl

“Tanto el aumento de la mortalidad como la disminución de la abundancia y los indicadores de reproducción -número de polluelos, parejas de cisnes y huevos-, sugieren que la población de cisne de cuello negro enfrentó una fuerte modificación del entorno natural desde el inicio del año 2004 ( ) Todos estos abruptos cambios observados en el humedal río Cruces coinciden con la puesta en funcionamiento de la planta Valdivia de celulosa Celco“.

Así de lapidaria es la conclusión a la que llegó Nelson Lagos, investigador asociado del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad Santo Tomás que, por encargo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), realizó el informe “Variabilidad de eventos de mortalidad y reproductivos del cisne de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter durante el período 2003 a 2005″, texto adjuntado a fines de 2008 al juicio seguido contra la celulosa Arauco por daño ambiental en el río Cruces.

Lagos basó su análisis en las bitácoras de observaciones que los guardaparques de Conaf realizan diariamente en el santuario por tratarse, señala, de “la única información disponible para cuantificar la magnitud de las fluctuaciones” del número de cisnes, huevos y polluelos. El biólogo marino analizó 2003, 2004 y 2005, cruzando los datos con los hitos de operación de la planta de Celco.

En este contexto, para el primer año de operación de la planta, el crecimiento de la mortalidad fue del orden del 669% entre el 2003 y 2004, en tanto que la abundancia del cisne de cuello negro bajó de 7.983 en mayo de 2004, a 518 aves en mayo de 2005.

“Concomitante” con el “aumento sostenido de mortalidad durante el año 2004″, Lagos registró una “severa disminución” en los eventos reproductivos del cisne.

“Entre 2003 y 2004, el número de polluelos y juveniles, y el número de parejas de cisnes cayó entre un 56% y 65%, respectivamente, mientras que en el año 2005 no se observaron polluelos y sólo una pareja de cisnes”, dice el texto. El número de huevos, además, bajó “drásticamente”, alcanzando un 97% menos en 2004.

NI CLIMA NI MIGRACIÓN

El estudio apunta que el aumento de la mortalidad de cisnes, por causas desconocidas, y la “total ausencia de eventos reproductivos durante los años 2004 y 2005″ no puede atribuirse a factores migratorios ni climáticos.

“Si bien la emigración es uno de los factores que explica una proporción de la drástica disminución de su abundancia durante el año 2004, este argumento no explica en forma alguna el aumento de la mortalidad por causas desconocidas ni la total ausencia de eventos reproductivos a partir de marzo del 2004″, dice el documento.

“Estas respuestas poblacionales no se manifestaron en relación a las variaciones climáticas registradas en el área. Estudios recientes han demostrado que, con excepción del río Cruces, las precipitaciones, radiación y temperatura no han presentado cambios significativos en la última década”.

FACTOR CELCO

El informe enfatiza que la “temporalidad de la desaparición de eventos reproductivos y el aumento de la mortalidad por causas desconocidas se corresponde con la puesta en marcha de la planta Valdivia de la celulosa Celco en el río Cruces”, pero además que el “patrón de variación espacial de la mortalidad” en 2004 “se asocia a los sectores norte y centro del humedal, que recibe aporte directo de los efluentes de la planta”.

EN QUÉ ESTÁ LA PLANTA

Tras operar casi tres años al 80% de su capacidad producto del escándalo ambiental, Celco Valdivia normalizó su operación en junio de 2008.

En febrero pasado, en tanto, presentó el estudio ambiental para construir el ducto que traslade sus residuos líquidos industriales hacia el mar, en la vecina comuna de Mariquina.

La causa contra la celulosa por daño ecológico continúa su tramitación en tribunales de Valdivia -y próximamente en el 13 Juzgado Civil de Santiago-, citando testigos de ambas partes.

Un nuevo traspié sufrió el proyecto Trayenko de la firma Noruega SN Power luego de que el viernes la Comisión de Medio Ambiente (Conama) de la Región de los Ríos declarara inadmisible el ingreso de la central Maqueo debido a “temas formales”, según especificaron en la repartición pública, aludiendo al primer trámite conducente al estudio de fondo de la millonaria inversión.

El tropiezo afecta a la central Maqueo, situado cerca de Futrono y del lago Maihue, Región de los Ríos, y se trata del mayor de los cuatro complejos hidroeléctricos de Trayenko que además tiene en carpeta inversiones en Pellaifa, Reyehuico y Liquiñe, enclavados en el sector cercano a los lagos Panguipulli y Calafquén.

Los trabajos en la Región de los Ríos ya habían sido postergados en 2007 para profundizar el diálogo con los habitantes que se oponen a la ejecución de las obras, entre ellas las comunidades mapuches.

Maqueo 400 MW

El proyecto Maqueo -ingresado el 18 de febrero pasado- pretende estar operativo en 2013 para la generación de 400 MW de electricidad mediante estanques de regulación con ocho bocatomas que inundarán 114 hectáreas. No se trata de una central de pasada, ni tampoco de un embalse.

Según la empresa, el diseño contempla la captación de aguas de los ríos Pillanleufú, Curriñe, Ipela, Huenteleufú, Hueinahue, Chaichayén, Correntoso y Rupumeica, para su conducción hacia una “casa de máquinas subterránea que a la vez minimiza el impacto visual y ambiental de las instalaciones ubicadas en la zona de Maqueo”, señala SN Power.

El proyecto global está siendo desarrollado desde 2006 “Hidroeléctrica Trayenko S.A.”, en la que SN Power participa con un 80% de la propiedad. El restante 20% está en manos de la sociedad Centinela, en manos del empresario chileno Gustavo Pavez.

Mientras Maqueo aumentó de 320 a 400 MW la energía a generar, las aún en estudios Liquiñe, Pellaifa y Reyehueico mantienen los 118, 108 y 38 MW proyectados, respectivamente.

Es así como el municipio de Valdivia, decidió financiar un estudio por cerca de 11 millones de pesos, con el objetivo de contar con antecedentes científicos para planificar las futuras intervenciones, que aseguren una convivencia armoniosa con estos animales.

De este documento se desprendió que, los cerca 50 lobos marinos que transitan por la costanera sureña, son en su mayoría machos muy jóvenes o ancianos, de lo que se infiere que esta es una colonia de descanso, donde no hay un incremento pronunciado de la población.

El informe da cuenta también de datos sobre la mayor presencia de lobos durante el período invernal, y una clara disminución durante el verano; que los lobos prefieren reposar sobre la madera que sobre el metal o el cemento; y la total falta de especimenes femeninos impide la reproducción de los mismos.

El estudio realizado por Layla Osman, de la Universidad Austral, tiene como objetivo mantener las medidas de seguridad que se han implementado en la costanera, tales como rejas de protección y balsas para el descanso de los mamíferos.

A pesar de estos datos se hace imprescindible mayores medidas de seguridad e información, para la gran cantidad de turistas, que transitan por la feria fluvial y en todo el borde costero de la capital de la Región de los Ríos.

Tras su llegada como ministro de Obras Públicas que Sergio Bitar decidió poner el tema de las reservas de agua como uno de los ejes de su gestión. Así, junto al director nacional de Aguas, Rodrigo Weisner, dispusieron, en enero del año pasado, un aumento significativo del presupuesto ministerial dedicado a la exploración y medición de los glaciares que en Chile abarcan desde el norte grande hasta la zona austral.

Así, se aumentó de sólo $ 10 millones el presupuesto anual de la unidad de glaciología a más de US$ 1,5 millones de dólares. Así, también, la cartera suscribió un convenio con el Centro de Estudios Científico (Cecs) de Valdivia para iniciar un gran catastro general de hielos y crear las bases científicas para el gran estudio de glaciares que este año realizarán expertos de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) en Chile.

Pese a que las indagaciones científicas tomarán varios meses para que los chilenos conozcan los reales alcances de las reservas de agua dulce contenidas en las cumbres nacionales, los expertos ya entregaron al MOP los primeros antecedentes de la situación.

Los números
Las primeras indagaciones de los científicos revelan que el país cuenta con 1.720 glaciares que han sido catastrados desde la III Región hasta Puerto Williams, pero aún falta verificar los hielos cubiertos de roca.

De ellos, se ha estudiado un centenar de glaciares que, en total suman una superficie total de 16.860 kilómetros cuadrados, siendo el sector más prolífico la zona central del país con unas 1.500 concentraciones de hielo. Pero según estas mismas mediciones, el 92% de ellos está en retroceso, el 7% del total se mantiene y sólo el 1% del total nacional ha avanzado.

Lo anterior, a juicio de Weisner, es un fenómeno que ya se había previsto como efecto del calentamiento global y a estas alturas es prácticamente inevitable. No obstante, añadió, “sí se pueden tomar decisiones que nos permitan conocer el ritmo del derretimiento, estudiar su comportamiento y prevenir sus efectos”.

Weisner agregó que será de gran ayuda para esta labor saber cuánta agua hay depositada en estos hielos y para cuánto tiempo alcanza como reserva.

Según el ministro Bitar, “el estudio de los glaciares nos permitirá contar con una proyección respecto de las reservas con que cuenta Chile y una materia muy relevante para el futuro que no se ha explorado: los glaciares fundidos con roca”.

En el fallo, los ministros Adalis Oyarzún, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Rafael Gómez dispusieron que la firma deberá pagar una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a cerca de 7 millones 522 mil pesos, por no cumplir con la obligación de contar con un sistema de medición continuo de gases generado por su proceso productivo.

De hecho, la misma empresa reconoce en sus descargos ante la autoridad sanitaria que las operaciones de calibración de gases TRS sufrieron algunas intermitencias, consigna el dictamen del máximo tribunal.

La multa también se funda en que la empresa no entregó la información en línea y en tiempo real respecto de las mediciones de gases TRS a partir del 18 de junio de 2004, reseña la resolución.

No obstante, los jueces consideraron que los olores molestos generados los días 8 y 15 de julio de 2004 por el proceso productivo de celulosa y que afectaron a la población del sector donde se ubica la empresa -que empezó a funcionar el 9 de febrero de 2004- se produjeron dentro del período de nueve meses que concede la autoridad sanitaria a las firmas para cumplir en forma permanente y sin equívocos con todos los requisitos de emisión de gases TRS, según establece el fallo.

Desde la puesta en marcha de la planta Valdivia de Celco, la industria ha tenido varios problemas. Primero fueron los olores molestos, luego se denunció la falta de patente municipal y lo último, y lo que causó mayor polémica, es su presunta vinculación con el deterioro del humedal del río Cruces luego que se la responsabilizara por el daño ambiental ocasionado en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. Esa indagación sigue en curso en los tribunales de Valdivia.

Jan Bannister, Ingeniero Forestal.

Luego de varias extensiones de plazo, Colbún presentó la segunda Adenda respondiendo a las observaciones negativas realizadas por los servicios públicos y ciudadanía en general. Es un documento muy largo y que a simple vista sorprende por su extensión. Al terminar de leer el documento sorprende también que queden aún muchísimas dudas, las cuales se han planteado desde hace más de un año y que la empresa aún no responde o simplemente evade. Es más hay 3 preguntas que no se responden y 16 que se repiten (lo que le da más extensión al documento). Además se filtran las observaciones ciudadanas.

Luego de esta Adenda quedan muchas observaciones entre las cuales se puede resaltar que Colbún reconoce que habrá un efecto en el caudal del río bajo la represa, sobretodo en el primer año de construcción, lo que afectará toda la cuenca hasta Valdivia. Nuevamente la empresa se niega a presentar un plan de abandono luego que la represa cumpla su vida útil o simplemente deje de funcionar. Aún no se soluciona el tema del paso de peces absorbidos por turbinas, túneles, y no habrá obras civiles que aseguren el normal flujo de peces aguas arriba y abajo de la represa. Existen además dudas con el caudal ecológico bajo la represa y los derechos de agua. Por último se reconoce que el proyecto afectará el trabajo de los nalqueros que trabajan en el río y las acciones de mitigación y compensación son insuficientes y vergonzosas, entre muchas otras observaciones que aún se pueden realizar.

Existen muchas dudas más pero sobretodo preocupan tres temas: a) El cálculo de los caudales máximos y mínimos se hizo en base a un registro histórico de sólo 46 años lo que es absolutamente insuficiente. Los últimos estudios sobre caudales demuestran que se debe tener un registro mucho mayor para poder predecir las futuras sequías o tiempos de crecidas. Además producto del cambio climático cada vez los eventos secos y de crecidas serán más extremos. Para peor, el modelo que se construyó para ver hasta donde llega la cola del embalse se hizo con registros desde 1985 en adelante. a) En el caso hipotético que los modelos hechos por COLBÚN fueran correctos, en tiempos de crecida el lago Riñihue aumentaría 20 cm su nivel respecto a la situación sin proyecto y lo que es más grave 18 días al año durante el verano, el embalse se juntaría con el Lago Riñihue controlando el nivel de este. De esta forma el área de influencia directa del proyecto sería muchísimo más extensa en superficie que la que incluye el EIA presentado por Colbún. Esta es una situación que la empresa venía negando desde abril del 2007 y que hoy es reconocida por los propios datos que presenta Colbún en la Adenda; c) Se le pidió a la empresa que realizara un nuevo estudio sobre el impacto en el Turismo y que se tomara en cuenta la real potencialidad del río. Este requerimiento fue evadido y para peor se mintió señalando que hubo reuniones con Pueblito Expediciones principal operador turístico del río, las cuales nunca se llevaron a cabo.

Los opositores al proyecto venimos anunciando hace más de un año que el proyecto de embalse en el Río San Pedro tendría un efecto en el nivel del Lago Riñihue. Esto fue desmentido constantemente por la empresa y en esta última Adenda quedó a la luz pública. En este contexto queda la pregunta: Si Colbún mintió en las observaciones sobre el impacto en el turismo, con que seriedad se pueden acoger las otras respuestas en diversos temas mucho más complejos?

Si a esto se le suma la tala ilegal de bosque nativo realizada por Colbún en las orillas del Río San Pedro (infracción actualmente en fiscalía de Los Lagos) y las presiones a autoridades políticas y ciudadanas en Panguipulli, Los Lagos y Valdivia, no queda más que pedirle a los servicios públicos que sigan firmes realizando sus observaciones al proyecto, y a nuestras autoridades ambientales que rechacen un proyecto que desde sus inicios es malo.

Como ciudadanos de la Región de Los Ríos debemos exigir a nuestras autoridades regionales que no aprueben ningún proyecto hidroeléctrico antes que no se realice un Plan de Ordenamiento de las Cuencas de la Región. Luego de eso se sabrá en que río se pueden hacer proyectos hidroeléctricos y en cuales se priorizarán otros potenciales como el turístico o la protección de la naturaleza. Necesitamos energía, de eso no cabe duda, pero debemos ser responsables con nuestro futuro y planearlo de forma ordenada y no descontrolada o a corto plazo como lo están realizando nuestras autoridades actualmente.

Casi tres años después del desastre ecológico del río Cruces y de que la Universidad Austral culpara a Celco, otro estudio de la U. de Chile niega la responsabilidad de la empresa en la muerte de los cisnes de cuello negro. Mientras los empresarios forestales destapan botellas de champaña, los expertos ecológicos niegan la validez del último informe y cuestionan la imparcialidad de quien encabezó la investigación.

El 27 de mayo el escándalo ambiental más grande de la historia de Chile dio un giro. Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile, liderados por Víctor Marín, exculpó a Celco por la contaminación del santuario Carlos Andwanter que conmovió a Valdivia. El informe dice que las causas de la muerte de los cisnes fueron climáticas. La falta de agua y las bajas temperaturas habrían provocado la desaparición del alimento de las aves: el luchecillo.

Los empresarios celebraron, hicieron un acto de desagravio para la celulosa y manifestaron su “preocupación por el accionar de las autoridades”. La Universidad Austral aseguró que en un mes tendrá un estudio que vuelva a acreditar la culpa de Celco.

La socióloga y vocera de Acción por los Cisnes, Claudia Sepúlveda, dispara sin piedad contra el estudio de la Universidad de Chile, e incluso pone en duda la objetividad del científico a cargo.

-El informe de la Universidad de Chile niega lo que publicó la Universidad Austral sobre el caso de los cisnes de cuellos negro y que lo habría creído todo el país. ¿Qué opina?
-Hay que hacer las distinciones. El informe de la Universidad de Chile no es un informe científico. El de la Universidad Austral sí lo es en el sentido de que hicieron estudios y análisis en terreno. Lo que hace el informe de Marín es algo totalmente distinto. No recoge datos, no hay toma de muestras, no hay análisis de aguas y tampoco elabora una hipótesis. Lo que ellos llaman hipótesis no lo es. Una hipótesis científica requiere una fundamentación mínima que implica haber sometido a prueba la situación que se está examinando.

-Si no es un informe científico, entonces ¿qué es lo que hizo la Universidad de Chile?
-Lo que hace Marín es simplemente una especulación. Él especula que hay una relación causal entre los factores climáticos y la muerte de los cisnes, pero no lo somete a prueba. De haberlo sometido a prueba habría llegado a la conclusión de que los cisnes no pueden desaparecer sólo en un espacio limitado dentro de un ecosistema que es muy grande. Tampoco se hace cargo de todos los otros antecedentes que ya sabemos. ¿De dónde vienen los metales pesados que están depositados en el sedimento del humedal, que casualmente son los mismos que Celco ha depositado ilegalmente en el agua? Ésta es una consultoría pagada por Celco.

-Pero Celco no le pagó a la Universidad de Chile, le pagó a la Conaf.
-La Conaf y Ramsar son los mandantes, pero el financiamiento es de Celco. Yo creo que si el señor Marín fuera serio, no se habría prestado para esta historia. Habría que preguntarse a qué intereses responde Marín. Esto no beneficia ni a la imagen de las autoridades públicas ni de las instituciones del Estado ni de la ciencia, que se está desprestigiando con esto. Claramente beneficia a Celco, porque así tiene más espacio para impugnar todas las responsabilidades que le caben.

-¿Usted quiere decir que Marín está relacionado con Celco?
-Yo creo que uno tiene derecho a preguntarse eso. Él debería despejar esa duda, porque todo el mundo se está cuestionando lo mismo.

-Los que están felices con el informe son los empresarios forestales.
-Bueno, yo creo que les va a durar muy poco la fiesta. A mí me parece casi patética la situación, porque Celco tiene un prontuario gravísimo en materia medioambiental. Un motivo para celebrar sería que el santuario esté recuperado y que Celco esté cumpliendo parámetros medioambientales. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. Es triste que celebren.

Se trata del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental -enviado el jueves a la Cámara de Diputados-, el que propone terminar con las instancias que hasta ahora evalúan y califican ambientalmente los proyectos de empresas públicas y privadas en las distintas regiones del país.

Según la ministra Uriarte, eliminar estos consejos ha sido una de las principales demandas para la reforma ambiental en marcha. Lo han pedido diversos sectores, precisa, desde los ambientalistas hasta los empresarios, pasando por las comunidades y los parlamentarios.

“Ello, fundamentalmente por la circunstancia de que en un órgano de 20 miembros (Corema) concurrían sujetos con competencia pública, pero también con decisión política, lo que para muchos genera en la aprobación y rechazo de proyectos la consideración de aspectos diversos a los regulados, dando origen a confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectando la credibilidad del sistema”, admite.

Uriarte recalca que a la hora de calificar un proyecto debe primar el mérito técnico, por lo que la reforma en marcha apunta a perfeccionar el marco institucional, dando claridad y eficacia a las reglas del juego, para lo cual se estructuran incentivos que promueven conductas deseadas y establecen el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollarán en cada región.

En lugar de las actuales Coremas, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo crea comisiones de Seremis en cada una de las 15 regiones del país. La nueva instancia estará integrada por el seremi del Medio Ambiente, quien la presidirá, y otros nueve seremis.

“En consecuencia, no forman parte del órgano que decidirá proyectos ambientales los intendentes ni los gobernadores ni los consejeros regionales”, acota Uriarte.

Aunque la idea de la ministra es descomprimir de factores políticos las decisiones que toman las Coremas, cabe hacer notar que los seremis también son funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo. La idea, así, de la reforma es que opere el criterio técnico de los seremis, sin que éste sea contaminado por el factor político que puedan introducir sus jefes a nivel regional, que son los intendentes.

El rediseño de la institucionalidad ambiental se basa en la necesidad de distinguir tres ámbitos: la dictación de las políticas y normas ambientales, radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; la gestión ambiental, que reside en el Servicio de Evaluación Ambiental, y la fiscalización, centrada en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Consultado sobre el proyecto que lo excluye de la posibilidad de decidir qué proyectos se realizan o no en su región, el intendente Metropolitano, Álvaro Erazo, dijo que había recibido el texto sólo el jueves, por lo que declinó pronunciarse: “Voy a estudiar la propuesta y luego mandaré mi respuesta al Gobierno”.

En cambio, su colega de la Región de los Lagos, Sergio Galilea, se mostró partidario de la modificación legal. “Creo que ello implicará que las Comisiones de Seremis puedan adoptar decisiones en forma más ágil”, acotó desde Puerto Montt.

Para la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, los bullados casos de la planta de gas propano en Peñalolén y de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia son dos ejemplos que revelan el deficiente cometido de las Coremas. “Hay un consenso transversal de que esos órganos simplemente no dan para más”, sostiene.

“La propuesta es positiva y más transparente. Este paso va a dar garantías a todos los sectores. Las decisiones tienen que ser técnicas para terminar con eso de que no le gustó al intendente, al partido político de turno o el lobby que tuvieron los distintos sectores”, concluye Sara Larraín.

CONDICIÓN

OCDE: Este rediseño ambiental le permitiría a Chile entrar al club de naciones industrializadas y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Quiénes integran las comisiones

Cada Corema está integrada por el intendente regional, quien la preside; los gobernadores provinciales de la región; los secretarios regionales de los ministerios que forman el consejo directivo de Conama (Economía, Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Planificación, Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia); cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo consejo, y el director regional de la Conama, que actúa como secretario.

Hay además un comité técnico de Corema, integrado por el director regional de Conama, que lo preside, y los directores regionales de los servicios públicos con competencia en materias ambientales.

Un ejemplo de cómo el factor político influye en el análisis técnico de una Corema ocurrió en 2006, cuando la correspondiente a la Región Metropolitana rechazó la instalación de una planta de transferencia de basura en Quilicura, propuesta por la empresa Gersa.

En la época, el representante de Gersa era el abogado DC Clemente Pérez -hoy presidente de Metro-, quien acusó una operación política para negar el permiso ambiental a la planta pese a que ésta contaba con evaluaciones favorables de los organismos técnicos. “En este caso hubo una concertación o alianza, o acuerdo político de todos los sectores, entre el PPD y la UDI, por el rechazo al proyecto”, reclamó Pérez, aludiendo al entonces intendente Víctor Barrueto (PPD).

El abogado de Gersa opinaba con conocimiento de causa, ya que anteriormente ejerció como director ejecutivo de la Conama.

Un mes. Ese es el plazo que se pone el científico de la Universidad Austral, Eduardo Jaramillo, para tener listos los resultados de un estudio que rebatirá la hipótesis del informe de la Universidad de Chile que exculpa a la planta Valdivia, de Celulosa Arauco, del daño ambiental que vive hace casi cuatro años el humedal del río Cruces.

Jaramillo fue el jefe del equipo que realizó, por encargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), la investigación que determinó que los cambios ambientales en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter se originaron por deterioro en la calidad del agua, hecho que coincidió con la puesta en marcha de la planta de celulosa.

Sin embargo, para el profesor de la U. de Chile Víctor Marín y su equipo (entre los cuales se encuentra la destacada experta en ecosistemas acuáticos, Irma Vila) la disminución del luchecillo, principal alimento de los cisnes de cuello negro, tuvo su origen en tres factores: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004.

“Una hipótesis es la mejor explicación que tienes para un fenómeno, lo que no significa que mañana no pueda haber una mejor. Por eso he sostenido que los cambios ambientales ocurridos en el humedal del río Cruces relacionados con la alteración en la calidad del agua siguen siendo la mejor explicación de lo que ocurrió”, explicó Jaramillo.

Hipótesis sin fundamento

Son dos hipótesis que se confrontan, pero Jaramillo asegura que la planteada por la Universidad Austral tiene fundamentos, mientras que la desarrollada por Marín en el informe “Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces” no tiene base.

“Cualquier científico tiene el derecho de ‘volarse’, de ir más allá del estudio que le encargaron y, con lo que analizó, proponer otras explicaciones. Pero si presento una hipótesis tengo el deber de fundamentarla bien y ése es el problema con esta hipótesis: no ha sido fundamentada. Eso es lo que molesta”, dijo Jaramillo.

“Estoy seguro que en la Universidad de Chile hay muchos científicos que no habrían cometido el error que cometió Víctor Marín al proponer una hipótesis sin fundamento”, agregó.

Para el científico, la situación derivada del estudio de la U. de Chile es compleja y por eso realizarán una nueva investigación. En concreto, Jaramillo y su equipo encargaron equipos al extranjero para medir la temperatura sobre y bajo las aguas del humedal, información que luego será complementada con el análisis de estadísticas históricas, ya que la hipótesis de Marín plantea que las temperaturas bajo cero afectaron al luchecillo y para esto sólo se consideraron datos del aeropuerto de Pichoy. “En los últimos 12 años me recuerdo de muchas heladas, pero antes de 2004 nunca le pasó nada al luchecillo”, comentó el académico de la UACh.

Consultado del porqué no se realizó un estudio de este tipo en el informe de la Conama, explicó que sólo analizaron datos pluviométricos y de temperatura. “Teníamos cinco meses para llegar a una respuesta, teníamos que terminar… Podríamos haber analizados miles de cosas (aire temperatura, radiación ultravioleta), pero tuvimos que decidir y apuntamos a lo más razonable. Por experiencia empírica, por lo que uno ha vivido en el área, más el conocimiento teórico, uno puede decidir a qué variables ambientales dedicarles más atención y a cuáles no”.

Un ejemplo: si bien la radiación ultravioleta no fue parte de sus primeros estudios -pese a que se levantó como una de las posibles causas de la crisis en el santuario- el fenómeno se estudió posteriormente y hace un mes terminaron un informe sobre este tema que refuta esta teoría y que hoy es revisado por una revista científica norteamericana.

El profesor Marín fue contactado por La Nación para tener su opinión, pero declinó referirse al tema debido a que el contrato con Conaf aún no termina.

CONAF REITERA RECHAZO A ESTUDIO DE U. DE CHILE

En una declaración pública, la Conaf reiteró los dichos de su directora Catalina Bau en Valdivia: la nueva hipótesis sobre lo ocurrido en el humedal del río Cruces contenida en el Informe Final de la Universidad de Chile es una tarea que no encomendó esa corporación y lo que se pedía era valorar las hipótesis existentes.

Por esa razón la dirección ejecutiva de Conaf rechazó el informe y así se lo comunicó a las autoridades de esa universidad.

Conaf aclaró que el estudio, patrocinado en conjunto por la Convención Ramsar y cuya licitación se adjudicó el equipo del profesor Víctor Marín, correspondía a un ejercicio de modelamiento de lo ocurrido en el conflicto ambiental de río Cruces que condujera a acuerdos básicos sobre la recuperación posible del humedal.

Lo anterior se realizó en el contexto del inicio de la implementación del Plan Integral de Gestión de Río Cruces elaborado por Conaf por encargo del Gobierno Regional de los Lagos.

MINISTRA URIARTE ESPERA INFORME

En el Ministerio de Medio Ambiente están a la espera del informe técnico sobre las conclusiones del estudio de la Universidad de Chile que contradicen la tesis con la que ha trabajado el Gobierno. Este no es el primer episodio en que Conaf contradice a Medio Ambiente. El año pasado la institución organizó el seminario “Planificación para la conservacion de la biodiversidad en Chile” que sería inaugurado por Ana Lya Uriarte, pero todo quedó en nada porque la Conama y la ministra no sabían que uno de los auspiciadores era Celco. Un hecho que indignó a Uriarte y que terminó con la cancelación del evento.

CORMA APOYA A CELCO Y CRITICA A LA ADMINISTRACIÓN LAGOS

El informe de la Universidad de Chile caló hondo en el sector forestal. Tan hondo, que ayer la Corporación Chilena de la Madera (Corma) organizó un almuerzo de apoyo a Celulosa Arauco donde participó la directiva de la firma -el presidente del holding Empresas Copec, Roberto Angelini, y el presidente del directorio de la celulosa, José Tomás Guzmán- junto al presidente de Empresas CMPC, Eliodoro Matte, y el gerente de Masisa Chile, Gastón Urmeneta.

Tras el almuerzo, el presidente de Corma, Fernando Léniz, criticó el comportamiento del gobierno de turno -la administración Lagos- tras el episodio en el río Cruces porque, dijo, resta confianza al sistema institucional y desprestigia al país y al sistema en su conjunto. “La autoridad se dejó llevar por presiones ecologistas, que son muy explicables, para que no se perjudique el medio ambiente, pero no debieron tomarse decisiones apresuradas sin tener estudios serios al respecto”, dijo Léniz. “No puede ser que una institución diga una cosa y después aparezca diciendo otra cosa distinta. Se pierde confianza y esa es una de las gracias que tiene Chile”. El empresario pidió al Gobierno reconocer sus errores y no insistir en ellos.

Angelini y Guzmán, por su parte, agradecieron el apoyo.