En el fallo, los ministros Adalis Oyarzún, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Rafael Gómez dispusieron que la firma deberá pagar una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a cerca de 7 millones 522 mil pesos, por no cumplir con la obligación de contar con un sistema de medición continuo de gases generado por su proceso productivo.

De hecho, la misma empresa reconoce en sus descargos ante la autoridad sanitaria que las operaciones de calibración de gases TRS sufrieron algunas intermitencias, consigna el dictamen del máximo tribunal.

La multa también se funda en que la empresa no entregó la información en línea y en tiempo real respecto de las mediciones de gases TRS a partir del 18 de junio de 2004, reseña la resolución.

No obstante, los jueces consideraron que los olores molestos generados los días 8 y 15 de julio de 2004 por el proceso productivo de celulosa y que afectaron a la población del sector donde se ubica la empresa -que empezó a funcionar el 9 de febrero de 2004- se produjeron dentro del período de nueve meses que concede la autoridad sanitaria a las firmas para cumplir en forma permanente y sin equívocos con todos los requisitos de emisión de gases TRS, según establece el fallo.

Desde la puesta en marcha de la planta Valdivia de Celco, la industria ha tenido varios problemas. Primero fueron los olores molestos, luego se denunció la falta de patente municipal y lo último, y lo que causó mayor polémica, es su presunta vinculación con el deterioro del humedal del río Cruces luego que se la responsabilizara por el daño ambiental ocasionado en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. Esa indagación sigue en curso en los tribunales de Valdivia.

Casi tres años después del desastre ecológico del río Cruces y de que la Universidad Austral culpara a Celco, otro estudio de la U. de Chile niega la responsabilidad de la empresa en la muerte de los cisnes de cuello negro. Mientras los empresarios forestales destapan botellas de champaña, los expertos ecológicos niegan la validez del último informe y cuestionan la imparcialidad de quien encabezó la investigación.

El 27 de mayo el escándalo ambiental más grande de la historia de Chile dio un giro. Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile, liderados por Víctor Marín, exculpó a Celco por la contaminación del santuario Carlos Andwanter que conmovió a Valdivia. El informe dice que las causas de la muerte de los cisnes fueron climáticas. La falta de agua y las bajas temperaturas habrían provocado la desaparición del alimento de las aves: el luchecillo.

Los empresarios celebraron, hicieron un acto de desagravio para la celulosa y manifestaron su “preocupación por el accionar de las autoridades”. La Universidad Austral aseguró que en un mes tendrá un estudio que vuelva a acreditar la culpa de Celco.

La socióloga y vocera de Acción por los Cisnes, Claudia Sepúlveda, dispara sin piedad contra el estudio de la Universidad de Chile, e incluso pone en duda la objetividad del científico a cargo.

-El informe de la Universidad de Chile niega lo que publicó la Universidad Austral sobre el caso de los cisnes de cuellos negro y que lo habría creído todo el país. ¿Qué opina?
-Hay que hacer las distinciones. El informe de la Universidad de Chile no es un informe científico. El de la Universidad Austral sí lo es en el sentido de que hicieron estudios y análisis en terreno. Lo que hace el informe de Marín es algo totalmente distinto. No recoge datos, no hay toma de muestras, no hay análisis de aguas y tampoco elabora una hipótesis. Lo que ellos llaman hipótesis no lo es. Una hipótesis científica requiere una fundamentación mínima que implica haber sometido a prueba la situación que se está examinando.

-Si no es un informe científico, entonces ¿qué es lo que hizo la Universidad de Chile?
-Lo que hace Marín es simplemente una especulación. Él especula que hay una relación causal entre los factores climáticos y la muerte de los cisnes, pero no lo somete a prueba. De haberlo sometido a prueba habría llegado a la conclusión de que los cisnes no pueden desaparecer sólo en un espacio limitado dentro de un ecosistema que es muy grande. Tampoco se hace cargo de todos los otros antecedentes que ya sabemos. ¿De dónde vienen los metales pesados que están depositados en el sedimento del humedal, que casualmente son los mismos que Celco ha depositado ilegalmente en el agua? Ésta es una consultoría pagada por Celco.

-Pero Celco no le pagó a la Universidad de Chile, le pagó a la Conaf.
-La Conaf y Ramsar son los mandantes, pero el financiamiento es de Celco. Yo creo que si el señor Marín fuera serio, no se habría prestado para esta historia. Habría que preguntarse a qué intereses responde Marín. Esto no beneficia ni a la imagen de las autoridades públicas ni de las instituciones del Estado ni de la ciencia, que se está desprestigiando con esto. Claramente beneficia a Celco, porque así tiene más espacio para impugnar todas las responsabilidades que le caben.

-¿Usted quiere decir que Marín está relacionado con Celco?
-Yo creo que uno tiene derecho a preguntarse eso. Él debería despejar esa duda, porque todo el mundo se está cuestionando lo mismo.

-Los que están felices con el informe son los empresarios forestales.
-Bueno, yo creo que les va a durar muy poco la fiesta. A mí me parece casi patética la situación, porque Celco tiene un prontuario gravísimo en materia medioambiental. Un motivo para celebrar sería que el santuario esté recuperado y que Celco esté cumpliendo parámetros medioambientales. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. Es triste que celebren.

Un mes. Ese es el plazo que se pone el científico de la Universidad Austral, Eduardo Jaramillo, para tener listos los resultados de un estudio que rebatirá la hipótesis del informe de la Universidad de Chile que exculpa a la planta Valdivia, de Celulosa Arauco, del daño ambiental que vive hace casi cuatro años el humedal del río Cruces.

Jaramillo fue el jefe del equipo que realizó, por encargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), la investigación que determinó que los cambios ambientales en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter se originaron por deterioro en la calidad del agua, hecho que coincidió con la puesta en marcha de la planta de celulosa.

Sin embargo, para el profesor de la U. de Chile Víctor Marín y su equipo (entre los cuales se encuentra la destacada experta en ecosistemas acuáticos, Irma Vila) la disminución del luchecillo, principal alimento de los cisnes de cuello negro, tuvo su origen en tres factores: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004.

“Una hipótesis es la mejor explicación que tienes para un fenómeno, lo que no significa que mañana no pueda haber una mejor. Por eso he sostenido que los cambios ambientales ocurridos en el humedal del río Cruces relacionados con la alteración en la calidad del agua siguen siendo la mejor explicación de lo que ocurrió”, explicó Jaramillo.

Hipótesis sin fundamento

Son dos hipótesis que se confrontan, pero Jaramillo asegura que la planteada por la Universidad Austral tiene fundamentos, mientras que la desarrollada por Marín en el informe “Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces” no tiene base.

“Cualquier científico tiene el derecho de ‘volarse’, de ir más allá del estudio que le encargaron y, con lo que analizó, proponer otras explicaciones. Pero si presento una hipótesis tengo el deber de fundamentarla bien y ése es el problema con esta hipótesis: no ha sido fundamentada. Eso es lo que molesta”, dijo Jaramillo.

“Estoy seguro que en la Universidad de Chile hay muchos científicos que no habrían cometido el error que cometió Víctor Marín al proponer una hipótesis sin fundamento”, agregó.

Para el científico, la situación derivada del estudio de la U. de Chile es compleja y por eso realizarán una nueva investigación. En concreto, Jaramillo y su equipo encargaron equipos al extranjero para medir la temperatura sobre y bajo las aguas del humedal, información que luego será complementada con el análisis de estadísticas históricas, ya que la hipótesis de Marín plantea que las temperaturas bajo cero afectaron al luchecillo y para esto sólo se consideraron datos del aeropuerto de Pichoy. “En los últimos 12 años me recuerdo de muchas heladas, pero antes de 2004 nunca le pasó nada al luchecillo”, comentó el académico de la UACh.

Consultado del porqué no se realizó un estudio de este tipo en el informe de la Conama, explicó que sólo analizaron datos pluviométricos y de temperatura. “Teníamos cinco meses para llegar a una respuesta, teníamos que terminar… Podríamos haber analizados miles de cosas (aire temperatura, radiación ultravioleta), pero tuvimos que decidir y apuntamos a lo más razonable. Por experiencia empírica, por lo que uno ha vivido en el área, más el conocimiento teórico, uno puede decidir a qué variables ambientales dedicarles más atención y a cuáles no”.

Un ejemplo: si bien la radiación ultravioleta no fue parte de sus primeros estudios -pese a que se levantó como una de las posibles causas de la crisis en el santuario- el fenómeno se estudió posteriormente y hace un mes terminaron un informe sobre este tema que refuta esta teoría y que hoy es revisado por una revista científica norteamericana.

El profesor Marín fue contactado por La Nación para tener su opinión, pero declinó referirse al tema debido a que el contrato con Conaf aún no termina.

CONAF REITERA RECHAZO A ESTUDIO DE U. DE CHILE

En una declaración pública, la Conaf reiteró los dichos de su directora Catalina Bau en Valdivia: la nueva hipótesis sobre lo ocurrido en el humedal del río Cruces contenida en el Informe Final de la Universidad de Chile es una tarea que no encomendó esa corporación y lo que se pedía era valorar las hipótesis existentes.

Por esa razón la dirección ejecutiva de Conaf rechazó el informe y así se lo comunicó a las autoridades de esa universidad.

Conaf aclaró que el estudio, patrocinado en conjunto por la Convención Ramsar y cuya licitación se adjudicó el equipo del profesor Víctor Marín, correspondía a un ejercicio de modelamiento de lo ocurrido en el conflicto ambiental de río Cruces que condujera a acuerdos básicos sobre la recuperación posible del humedal.

Lo anterior se realizó en el contexto del inicio de la implementación del Plan Integral de Gestión de Río Cruces elaborado por Conaf por encargo del Gobierno Regional de los Lagos.

MINISTRA URIARTE ESPERA INFORME

En el Ministerio de Medio Ambiente están a la espera del informe técnico sobre las conclusiones del estudio de la Universidad de Chile que contradicen la tesis con la que ha trabajado el Gobierno. Este no es el primer episodio en que Conaf contradice a Medio Ambiente. El año pasado la institución organizó el seminario “Planificación para la conservacion de la biodiversidad en Chile” que sería inaugurado por Ana Lya Uriarte, pero todo quedó en nada porque la Conama y la ministra no sabían que uno de los auspiciadores era Celco. Un hecho que indignó a Uriarte y que terminó con la cancelación del evento.

CORMA APOYA A CELCO Y CRITICA A LA ADMINISTRACIÓN LAGOS

El informe de la Universidad de Chile caló hondo en el sector forestal. Tan hondo, que ayer la Corporación Chilena de la Madera (Corma) organizó un almuerzo de apoyo a Celulosa Arauco donde participó la directiva de la firma -el presidente del holding Empresas Copec, Roberto Angelini, y el presidente del directorio de la celulosa, José Tomás Guzmán- junto al presidente de Empresas CMPC, Eliodoro Matte, y el gerente de Masisa Chile, Gastón Urmeneta.

Tras el almuerzo, el presidente de Corma, Fernando Léniz, criticó el comportamiento del gobierno de turno -la administración Lagos- tras el episodio en el río Cruces porque, dijo, resta confianza al sistema institucional y desprestigia al país y al sistema en su conjunto. “La autoridad se dejó llevar por presiones ecologistas, que son muy explicables, para que no se perjudique el medio ambiente, pero no debieron tomarse decisiones apresuradas sin tener estudios serios al respecto”, dijo Léniz. “No puede ser que una institución diga una cosa y después aparezca diciendo otra cosa distinta. Se pierde confianza y esa es una de las gracias que tiene Chile”. El empresario pidió al Gobierno reconocer sus errores y no insistir en ellos.

Angelini y Guzmán, por su parte, agradecieron el apoyo.

Profesores del Centro de Estudios Ambientales (CEAM) advierten que si la Conaf oficializa una nueva hipótesis sobre la muerte de cisnes de cuello negro ésta podría a futuro tener peso jurídico, en circunstancias que no tiene peso científico.

Un grupo de académicos de la Universidad Austral de Chile (UACH) envió una dura carta a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la que cuestionan el estudio denominado “Modelo Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces”, elaborado por un equipo de la Universidad de Chile -dirigido por el profesor Víctor Marín- y cuyas conclusiones son utilizadas hoy para exculpar a Celulosa Arauco del desastre ambiental en el santuario Carlos Andwanter.

La Conaf está a cargo de la recuperación del santuario y en ese marco licitó la realización de este estudio. Sin embargo, la conducción de este proceso levantó polvareda porque que las conclusiones que entregó Marín a fines de mayo se oponen a los estudios que la Universidad Austral elaboró a petición de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), por la muerte de cisnes de cuello negro. En 2005, la UACH atribuyó los cambios ocurridos en el santuario a los residuos industriales líquidos provenientes de la Planta Valdivia de Arauco.

Piden no avalar hipótesis

Los profesores que firman la carta son Pablo Villarroel, Enrique Estrada y Juan Carlos Skewes, todos pertenecientes al Centro de Estudios Ambientales (CEAM) de la UACH y que asistieron a la presentación del informe de la U. de Chile.

La hipótesis principal del informe plantea que el luchecillo alimento de los cisnes- desapareció debido a la concurrencia de tres factores simultáneos: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004. Sin embargo, los académicos advierten que la presencia de luchecillo se mantuvo en otros cauces de la misma cuenca, lo que evidencia que el planteamiento del estudio es débil.

“Si se da reconocimiento oficial a esta hipótesis se desacredita el estudio realizado por el equipo científico de la UACH y, de paso, se establece un antecedente que podría tener peso jurídico por el hecho de ser aprobado por un organismo del Estado”, advierten los profesores del CEAM, por lo que piden a Bau no dar reconocimiento oficial al estudio.

Manipulación de Ramsar

La ONG Acción por los Cisnes tampoco está conforme con los resultados del estudio que levanta una segunda hipótesis a la crisis ambiental y pedirá a la Convención Ramsar, tratado internacional que protege al humedal del río Cruces, que termine con el convenio de trabajo que mantiene con la Conaf, para que realice su trabajo con mayor autonomía científica del organismo estatal.

“Si la hipótesis (de la U. de Chile) dice que todo se debió a un fenómeno climático, le estamos diciendo a todo el mundo que no hay necesidad de ejecutar un plan de recuperación del santuario”, señaló uno de los voceros del movimiento, José Araya.

Acción por los Cisnes recordó que los fondos del estudio cuestionado fueron entregados por Celco a Ramsar, organismo que los derivó finalmente a Conaf y ésta a la U. de Chile, mecanismo que a la luz de los resultados es sospechoso para los ambientalistas. “La misma Conaf anunció que se iba a hacer esta triangulación de platas, por lo que nosotros creemos que desde un principio se pensó en esta suerte de manipulación de este organismo internacional”, dijo Araya, quien pedirá se auditen los fondos.

Ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado llegó el grave conflicto social y ambiental generado en Mehuín y Missisipi por las intenciones de la empresa forestal Arauco (Celco) de construir un ducto al mar para la planta Valdivia ubicada en la comuna de San José de la Mariquina.

La sesión de este martes, en la que estuvieron los senadores Andrés Allamand, Antonio Horvath, Pablo Longueira, Alejandro Navarro y Nelson Avila, quien además preside la Comisión, se realizó a las 12.00 horas y concluyó pasadas las 14.10 horas. Abrieron las exposiciones Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, seguido de Joaquín Vargas, dirigente de los pescadores de Mehuín que recibe dinero de la empresa forestal, previa firma de un convenio, quienes durante 20 minutos defendieron la realización de estudios para un ducto que evacue los residuos de la planta Valdivia frente a la playa de Mehuín.

El ejecutivo de la empresa forestal se refirió al acuerdo que firmó con los pescadores de la caleta de Mehuín, para poder iniciar las mediciones que se requieren para la elaboración del respectivo Estudio de Impacto Ambiental.

Kimber hizo ver a los legisladores que desde junio de 2005 se le exige a la empresa del Grupo Angelini buscar un curso receptor distinto del río Cruces donde verter su efluente y que en Chile y en el mundo estos efluentes terminan o van directo al mar.

Vargas, por su parte dijo que el grupo mayoritario de pescadores de la localidad de Mehuín firmó el millonario convenio en 2007, para que otros no lucraran con el conflicto.

En los 20 minutos siguientes de la sesión, expusieron quienes se oponen a la iniciativa de Arauco, entre los que estaban Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, red de organizaciones de pescadores y comunidades lafquenches; Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach); además del apoyo de Nancy Yañez, abogada y codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas; Juan Carlos Skewes, antropólogo de la Universidad Austral de Chile y Jaime Soto, antropólogo del Centro Intercultural para el Desarrollo Sustentable Kume Fullen, quien además es consultor del Programa Orígenes.

A juicio de Nancy Yañez, abogada, se logró poner en discusión la denominada “negociación entre privados” sobre temas de interés público y la preocupación por el tipo de convenio que condiciona la entrega de dinero a la aprobación del proyecto, que genera condiciones de enfrentamiento entre ambas partes.

También se relevó el “abuso del derecho” que se daba en esta situación al utilizar la Legislación Minera para blindar la pretensión de Arauco de construir un ducto al mar.

“Las concesiones de exploración o explotación sobre el territorio donde se prospecta este ducto, busca blindar esta propiedad y evitar que se ponderen otros intereses, como los intereses indígenas o implicancias ambientales, aprovechando la protección especial que otorgan las leyes mineras”, explicó la abogada.

Finalmente, la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, cerró el ciclo de exposiciones y aclaró el punto de vista del gobierno en este conflicto, para dar paso a una discusión que fue moderada por el presidente de la Comisión.

Uriarte, en sus palabras, rectificó los dichos de Charles Kimber y aclaró que la autoridad ambiental, a través de la RCA 377 de 2005, no ha señalado que la solución al proyecto sea un ducto al mar.

La ministra fue enfática en señalar que la preocupación de la autoridad en la RCA era que no era factible que se viertan desechos industriales de la fábrica al Río Cruces o sus afluentes, pero que eso no significaba necesariamente una salida al mar.

En la discusión también se habló sobre las alternativas ambientalmente sustentables que le van quedando a la empresa para seguir operando, en donde se trató el tema de circuitos cerrados, que han dado resultado en plantas de celulosa de menor volumen.

“Las alternativas que van quedando, es que se reduzcan los niveles de producción, al punto de hacer viable un circuito cerrado de manejo de desechos o la inviabilidad ambiental de la planta de celulosa”, dijo la abogada.

Además, se planteó la necesidad de que Chile cuente con una gestión integral de cuencas, que permita un desarrollo efectivamente sustentable.

Luego de la discusión generada por las exposiciones, en los representantes de las organizaciones que se oponen al ducto quedó la sensación de que se logró transmitir el problema en forma integral a los senadores.

“Tengo una buena evaluación de la sesión, porque no sólo pudieron exponerse todas las posiciones de quienes han sido más afectados por esta situación, sino que también la situación de violencia que allí ocurre. Siento además, que estas posturas permearon en quienes se encontraban presentes en esta comisión”, expresó Nancy Yañez, abogada.

Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, adelantó que se espera una visita a terreno de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Derechos Humanos, que debiera realizarse antes del 21 de junio, fecha en que comienza el período de estudios invernales que requiere la empresa y que nuevamente podrían terminar en hechos de violencia, como ocurrió en los meses del verano recién pasado y que no han permitido a la empresa trabajar en las mediciones.

“Acá no habrá ducto y no habrá diálogo con esta empresa, porque nosotros no tenemos nada de qué conversar con ellos”, sentenció Hualme.

La estrategia es conocida: pedir concesiones de explotación minera para un fin distinto a la explotación de minerales. “En principio no es legal, si bien es una práctica muy común”, advierten en el Ministerio de Minería.

Argumentan que la Constitución, en su artículo 19 Nº24, vincula el otorgamiento de las concesiones mineras con un fin de utilidad pública, que sólo se satisface con desarrollar las actividades mineras propias de la concesión. “La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés publico que justifica su otorgamiento”, dice el cuerpo legal.

Celulosa Arauco y Constitución es una sociedad anónima cuyo rubro no es la minería. Así se desprende de la memoria 2006 de la empresa -la correspondiente a 2007 no está disponible en la página de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)-, donde se establece que “la empresa realiza directamente actividades de producción y venta de celulosa y es la sociedad matriz de un conjunto de empresas industriales y forestales”. No se hace referencia a la actividad minera. La firma del grupo Angelini tampoco ha informado si se va a involucrar en una nueva actividad mediante un hecho esencial a la SVS.

Concesiones para futuro ducto

Pese a lo anterior, el 28 de marzo pasado, el representante de Celco, Mario Urrutia, presentó en el Juzgado de Letras de San José de Mariquina los documentos para conseguir la concesión minera para hacerse de los derechos de explotación.

Según el expediente, se trata de 5.790 hectáreas de subsuelo, tituladas como “Mariquina” del 1 al 15, que cubren toda la bahía de Mehuín, en particular la zona de Mehuín Alto, donde tienen asentamiento comunidades lafquenches opositoras al proyecto.

¿Qué hay tras esa petición? Celulosa Arauco tiene plazo hasta abril de 2009 para ingresar un Estudio de Impacto Ambiental con una alternativa de descarga para sus residuos líquidos de la planta Valdivia distinta al río Cruces, donde se produjo el desastre ecológico.

Con la reciente petición de concesiones en la zona la opción de un ducto que desemboque en la bahía de Mehuín toma cada vez mayor fuerza, pues los terrenos solicitados dibujan claramente el camino desde la planta hasta mar, por la caleta Mississippi.

Acciones legales

La edición del 10 de abril pasado del Boletín Oficial de Minería señala que la “manifestación minera” contiene 14 solicitudes de concesión, unas 600 hectáreas de terreno, por donde iría el ducto. El documento de manifestación ya fue sancionado y proveído por el titular del juzgado de Letras, Edison Lara, para su reciente publicación en el boletín de minería. A contar de entonces, Celco cuenta con un plazo de 120 días para ejecutar las mediciones técnicas, después de la cual, el tribunal queda en condiciones de pronunciarse y, de no mediar objeciones, otorgar la concesión definitiva a la Celulosa, y otorgarle derechos exclusivos sobre el subsuelo minero.

“Eso es lo que se llama un fraude a la ley”, comenta el abogado de la Fiscalía del Medio Ambiente, Fernando Dougnac. El jurista explica que para revertir la solicitud, se debe solicitar una nulidad de derecho público en el juzgado de letras correspondiente.

Las organizaciones que rechazan la construcción del ducto al mar por la bahía de Mehuín no descartaron acciones legales para salir al paso de las pretensiones de la firma. “Es una práctica habitual de las empresas para blindar las futuras obras, inscribiendo el subsuelo, para evitar que un tercero pueda hacerlo, con lo cual se impediría la construcción (del ducto). Eso se ha hecho en muchos otros megaproyectos”, señaló el abogado Hernando Silva, del Observatorio de Derechos Indígenas.

En Conama se informó que el proyecto para definir el ducto de descarga de la empresa aún no ha ingresado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo tanto, no hay conocimiento de las características de construcción que podría tener éste. Sin embargo, si éste tiene áreas subterráneas o superficiales igualmente debe ser evaluado en su totalidad por el SEIA. Celulosa Arauco declinó referirse a este tema.

Un ducto con historia

La planta Valdivia entró en operaciones en febrero de 2004 con una inversión de 1.200 millones de dólares. A fines de ese año, el vertido de sus residuos industriales líquidos en el río Cruces provocó la muerte y migración de miles de cisnes de cuello negro y el desastre ecológico en el Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter.

Las autoridades ambientales impusieron, entonces, una serie de restricciones a la planta para su operación: exigieron a Celco, entre otros puntos, proponer y poner en operaciones una opción alternativa de descarga para sus riles, distinta al río Cruces, en el plazo de un año. Dicha iniciativa deberá ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en forma de Estudio de Impacto Ambiental. La Corema de la Décima Región extendió el plazo hasta abril de 2007 y en enero de ese año, lo postergó nuevamente por dos años.

En ese momento, Celco pensó en la bahía de Mehuín y encontró la resistencia de los pescadores y la comunidad. No era la primera vez. El conflicto entre las partes comenzó en 1996 cuando los trabajadores de la zona expulsaron a los expertos de la empresa que habían ocupado el sector para evaluar la posibilidad de construir un ducto submarino en la bahía. El panorama cambió en octubre de 2007: algunos lafquenches alcanzaron un acuerdo con Celco a cambio de 8,9 millones de dólares. En el otro escenario, no hay mejoría: en noviembre de 2007, el científico de la UACH Eduardo Jaramillo explicó que el santuario del río Cruces no se ha recuperado desde 2004 y que las aves herbívoras siguen disminuyendo.

Fuente: La Nación

Declaración Pública
El conflicto socio ambiental en Mehuín y Missisipi y el actuar de CELCO

En el contexto de los últimos acontecimientos ocurridos en las localidades de Mehuín y Missisipi (Región de Los Ríos) y en concordancia con su misión y visión crítica del modelo forestal implementado en Chile, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN, considera fundamental hacer públicos los siguientes antecedentes:

1 – Existe una escandalosa, impresentable y vergonzosa estrategia recientemente implementada por CELCO, mediante la que solicita diversas concesiones mineras de explotación para una superficie de 600 hectáreas (considerando incluso el subsuelo de ambas riberas del río Lingue), catalogándolas de tierras abiertas e incultas, marcando incuestionablemente el trazado de un ducto que evacuará residuos industriales altamente nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente.

2 – CELCO ha estado corrompiendo a pescadores y dirigentes mediante la entrega de dinero, con la intención de inmovilizar y dividir la oposición ciudadana a la construcción del ducto de la planta de Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución, que vertiría sus residuos tóxicos al mar. Ello ha generado un profundo conflicto social al interior de las comunidades, cuyo principal objetivo comprende anular el legítimo rechazo de los ciudadanos a las políticas productivas planteadas por dicha empresa, buscando someter la voluntad pública para el beneficio económico de la industria primaria de celulosa. Esta entrega de dineros ha sido efectuada en conocimiento del Intendente de la Región de Los Ríos, Iván Flores, a través de quien el Gobierno manifiesta su incompetencia en estas materias con el argumento de que se trata de un “asunto entre privados”, política aplicada en todo el territorio mapuche.

3 – El gobierno ejerce un rol facilitador a los intereses de la empresa y ha tenido un actuar errático en este conflicto, donde destacan acciones que involucran directamente a las autoridades regionales y de altas esferas gubernamentales:

• La Autoridad Marítima no interviene en el acontecimiento de robos en áreas de manejo pertenecientes a las comunidades opositoras a la construcción del ducto de CELCO, a pesar de la existencia de una resolución judicial a raíz del recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Más aún, deriva responsabilidad en el intendente, quien ha utilizado medios violentos para reprimir las manifestaciones contrarias a la construcción del ducto.

• La permanencia de fuerzas especiales alojadas en un establecimiento educacional, interrumpiendo y atemorizando a niños y niñas totalmente ajenos al conflicto representa una prueba más de la política represiva del gobierno.

Ante el grave conflicto desarrollado, es necesario cuestionar las responsabilidades políticas de las autoridades locales. En este sentido, exigimos una posición clara del gobierno central, quien hasta ahora ha destinado recursos para proteger a la empresa CELCO en desmedro de sus obligaciones con la ciudadanía que los eligió.

4 – La estrategia de difusión implementada por CELCO a través de los medios de comunicación local es otra muestra del engaño de la empresa a la opinión pública, entregando una imagen preocupada por el medioambiente y por el desarrollo sustentable, mientras en sus prácticas productivas no duda en provocar serias intervenciones sociales y destructivas del entorno ambiental, confundiendo conceptos que afectan la ética profesional de los ingenieros forestales, posición compartida por el Colegio de Ingenieros Forestales del capítulo Valdivia.

5 – La AIFBN impugna las declaraciones de los senadores Frei y Allamand, en torno a su apoyo irresponsable e infundado a la empresa CELCO, y demanda una postura clara frente a la estrategia poco transparente, beligerante y corrupta implementada por la empresa, que actualmente tiene sumidas a las comunidades locales en una crisis social y en un clima de represión y beligerancia nunca antes visto.

6 – El conflicto desarrollado por la empresa CELCO plantea un peligroso precedente, a partir del cual la imagen internacional del país será irreversiblemente dañada, evidenciando el privilegio con que cuentan los proyectos industriales en desmedro del bienestar y de los intereses ciudadanos.

Frente a todo lo anterior, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo manifiesta su total rechazo a la planificada presión y amedrentamiento del que están siendo sujetos pescadores y comunidades lafkenche del borde costero de la Provincia de Valdivia, y declara también su rechazo al ducto industrial planificado por CELCO bajo las actuales condiciones de operación.

Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo AIFBN
Janequeo 355, Valdivia – Chile
56-63-333 233

La primera tarea la terminaron en pocos minutos, mientras un grupo de pobladores tiraba piedras desde la orilla y de un punto indeterminado se escuchaban disparos. Esto no los asustó, por lo que desembarcaron e iniciaron un ataque a piedrazos contra el recinto.

No hubo muertos, pero sí heridos. Y lo más grave, es que los casi 60 minutos que duró el enfrentamiento terminaron por quebrar aún más las fracturadas relaciones entre los habitantes de la zona, que desde el 18 de octubre del año pasado iniciaron una verdadera guerra entre vecinos.

Ese día, se hizo público un acuerdo entre Celulosa Arauco y Constitución (Celco), del grupo Angellini, y tres sindicatos de pescadores de Mehuín. Por un total de US $ 8,9 millones éstos aceptaron respaldar el estudio de impacto ambiental (EIA) que la firma intenta materializar desde 1996 para construir un ducto submarino en la bahía de Mehuín que evacue los riles de la planta de celulosa de Valdivia, que actualmente se arrojan al río Cruces. La misma que protagonizó el desastre ecológico que ocasionó la muerte y migración masiva de los cisnes de cuello negro del santuario de la naturaleza Carlos Anwandter.

De esta forma, la férrea oposición que por casi 12 años los pescadores de Mehuín habían presentado a la instalación del ducto se dividió, y ahora existen dos categorías de pobladores: los “vendidos” y los “opositores”, que en su mayoría son comunidades lafquenches de los alrededores.

El interés de Celco por construir el ducto en cuestión, es simple: tras el desastre con los cisnes, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) ordenó a la compañía terminar con la descarga de riles en el río valdiviano, por lo que debían encontrar otro sitio. Y en la mira estaba el mar frente a Mehuín.

Concesiones mineras a la medida

El mismo día del “ataque” a la caleta de Mississipi, una nueva apuesta del grupo Angellini para asegurarse el ducto al mar tenía luz verde.

El 28 de marzo, Celco presentó una solicitud para concesiones mineras denominadas “Mariquina”, que incluye una franja de pedimentos mineros desde la planta de celulosa desde San José de la Mariquina a la costa valdiviana. O sea, cubre toda la ruta del ducto, hasta la bahía donde pretenden descargar los riles. En total, la zona cubre unos 70 kilómetros de largo, e incluso una de las peticiones incluye todo el pueblo de Mehuín.

Un pedimento minero es una solicitud al Estado para explorar la posibilidad de extraer minerales desde cualquier lugar del territorio nacional, no importando que ese terreno pertenezca a otra persona, institución u oficina fiscal. El Estado otorga esta especie de concesión por dos años, con lo cual la persona beneficiada asegura la intervención de ese lugar, además de proteger a esa zona para que no sea solicitada por otros individuos, ni para que ese terreno sea usado para otra actividad económica.

Con esto se abren las puertas para que Celco pueda finalmente desarrollar su controvertido proyecto de ducto submarino y descargar sus riles en Caleta Mehuín.
La solicitud salió a la luz porque casualmente a alguien se le ocurrió revisar el boletín oficial de minería publicado el 10 de abril. En vista de esto, lugareños y organismos de derechos humanos están barajando la posibilidad de presentar un recurso de protección para oponerse a la solicitud.

Far west

La otra fórmula elegida por Celco, ha redundado en que el quiebre entre los pobladores ha ido in crescendo y ha transformado la zona en una suerte de “far west”.

Los ataques, amenazas de muerte y secuestros son pan de cada día. Al igual que los encontrones entre parientes, ya que en uno y otro bando hay familiares que actualmente se han transformado en enemigos.

Boris Hualme, actual vocero del Comité de Defensa del Mar y werkén lafquenche, explica que son unos 250 los favorecidos “con la plata de Celco”, y que de esos alrededor de 60 forman parte del “brazo armado” que los hostiga constantemente para que dejen de ser “opositores”.

La situación se ha hecho tan insostenible, que el anterior vocero, Eliab Viguera, tuvo que dejar el cargo por una serie de acciones de amedrentamiento en su contra.

En este escenario, el codirector del Observatorio de los Pueblos Indígenas, José Aylwin –hijo del ex presidente Patricio Aylwin – junto a la dirigente mapuche Claudia Inglés, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.

El objetivo, es proteger a 51 adultos y 20 menores de distintas localidades afectadas por los hechos de violencia protagonizados por pescadores vinculados a Celco. Para las autoridades regionales, la “guerra del ducto” responde a un asunto “entre privados”, por lo que no les competería tomar cartas en el asunto.

Se suman los “vendidos”

El 12 de abril hubo una reunión entre el lonko de Maiquillahue Agustín Ñancuán y varias comunidades “opositoras”, donde el tema central fue el conflicto con Celco. En el encuentro, Ñancuán explicó que el intendente Iván Flores le había encargado especialmente terminar con el conflicto, y dejó entrever que la vía era negociar con la empresa.

“Si usted me dice vamos a negociar, yo de buenas a primeras voy a decir que no…porque no somos baratos. Joaquín Vargas valía 3 millones. Nosotros no valemos 3 millones, valemos más”, aseguró el lonko a su audiencia, aludiendo al presidente del Sindicato Número 3 de Pescadores Independientes de Mehuin, otrora férreo opositor al ducto y que finalmente firmó el acuerdo con Celco. Pero los presentes no se tomaron para nada bien sus palabras.

Tan mal cayó la nueva postura “negociadora” del líder, que incluso recibió amenazas de muerte. Y aunque niega cualquier insinuación favorable a “venderse”, sus dichos quedaron grabados por uno de los vecinos que colgó el video en el sitio YouTube. Incluso desmiente que Flores le haya encargado terminar con los enfrentamientos, asegurando que la única fórmula es “sentarse a la mesa a dialogar”. Y recalca que “no puedo opinar hasta saber si Celco contamina o no”.

Para muchos, el lonko se transformó en un nuevo “vendido” a la compañía.

Fuente: www.elmostrador.cl

La empresa venía solicitando esta autorización desde junio de 2005 para normalizar la producción de celulosa restringida a raíz del desastre ecológico ocasionado por la empresa en el Río Cruces, que terminó con la muerte de cientos de cisnes de cuello negro.

La aprobación estuvo sujeta a una serie de condiciones adoptadas a partir de sugerencias emitidas por el Comité de Fiscalización de la planta (COF) en septiembre. Entre ellas, que el aumento debe ser gradual y progresivo, y para ello deberá presentar un cronograma y un programa de trabajo, además de un plan de recuperación de la producción que la propia Corema tendrá que revisar y resolver antes de poder iniciar el proceso, lo que sería revisado en la próxima sesión del organismo.

Además, deberá tomarse en cuenta que este se prevé como un año seco, lo que tiene repercusión en los caudales. Por ello, según señaló el intendente Iván Flores, se va a pedir específicamente que no sea en los momentos de caudal bajo y que se realice un estudio del comportamiento del santuario en meses de sequía.

De igual modo, se exigen otros estudios, entre los que se cuentan análisis de dioxinas, así como el aumento de los monitoreos de mensuales a quincenales y en el caso de los sulfatos, a diario.

Además, el programa deberá ser auditado mensualmente.

El intendente de la Región de Los Ríos, Iván Flores, señaló: “si se cumplen requisitos es posible que antes de finales de enero pudiera echarse a andar lentamente un proceso de recuperación”.

Esta aprobación, implica que la celulosa podrá retomar su producción de 550.000 toneladas anuales, por lo que dejaría de perder US $128 millones y de entregar menor cantidad de energía eléctrica al Sistema Interconectado Central (SIC), ya que en las dependencias existe una generadora, también restringida.

Cabe recordar además que la Resolución Ambiental emitida por la Corema de Los Lagos en Puerto Montt, incluyó otras medidas, como el retiro de los riles del río Cruces (plazo que se cumple en abril de 2009), obligación que se ha postergado en dos ocasiones y que ha originado un quiebre entre los habitantes de la zona de San José de Mariquina, donde la empresa llegó a un millonario acuerdo con pescadores de Mehuín, para poder instalar el ducto en el mar, lo que ha provocado duros enfrentamientos entre éstos y los opositores.

Oposición a la Medida

Durante la reunión, el Director Regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Enrique Suárez, junto a la abogada de la misma institución y una representante de la Consultora Knight Piésold presentaron toda la documentación existente desde el Decreto 337/05 que disminuía la producción de la empresa a un 80%, incluyendo un resumen de la auditoría realizada por la consultora para demostrar que CELCO había cumplido con los puntos exigidos por la misma resolución.

A pesar de que el informe emitido por la consultora Knight Piésold que la planta producía más del 93% de sulfatos presentes en el río Cruces, la mayoría de los presentes votó a favor de permitir el aumento de la producción de celulosa.

Ante ello, los miembros de la Corema pudieron hacer consultas en donde se cuestionaron diversos puntos, como la cantidad de sulfatos que la planta emite al río, las consecuencias que tendría el aumento en el nivel de producción y la carencia de mediciones de las dioxinas que emite la planta en el informe. Frente a esto último, la consultora señaló que las mediciones de estos compuestos no habían sido incluidas en el Decreto 337/05.

Al momento de la votación, sólo la SEREMI de Salud, Estela Arcos, y el Consejero Regional Ítalo Martínez dieron su voto en contra, señalando que ante una situación en que aún no se conocen los reales impactos de los riles emitidos por CELCO, es preferible mantener a resguardo la salud de la población.

Arcos puntualizó que “cuando una actividad representa una amenaza para la salud humana o para el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no hayan sido totalmente determinadas de manera científica. Las medidas destinadas a prevenir los daños, por lo general, sólo se adoptan una vez que se ha establecido de manera significativa la evidencia del daño. A veces, ese momento puede ser demasiado tarde”.

Una vez conocida la votación realizada a mano alzada, representantes de diversas organizaciones sociales así como dirigentes de la pesca artesanal encararon a viva voz a varios de los miembros de la COREMA, entre ellos, el Seremi de Economía, Guillermo Quiroz, señalando que ahora sí le pasarán la cuenta a la Concertación, puesto que no han sido capaces de defender a los sectores que serán directamente afectados por esta medida, como es la pesca artesanal.

Representantes del Partido Socialista también manifestaron su clara desaprobación a la decisión de la Corema de Los Ríos. El diputado Alfonso De Urresti, señaló que “mi rechazo no va por el aumento de la producción de la planta, sino por la actitud de las autoridades que en su mayoría apoyaron la medida, la cual es una derrota para nuestra ciudadanía, que debería sentir más que nunca identificada con sus nuevos representantes, lo cual hoy no se refleja en esta votación”.

Claudia Sepúlveda Luque
Socióloga, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente

El próximo 4 de enero la COREMA de Los Ríos debe resolver la solicitud
de CELCO de levantar la única medida de prevención de impactos
ambientales impuesta a la empresa: la reducción en un 20% de su
producción establecida en la Resolución 377 de junio de 2005. CELCO
argumenta que dicha restricción estaba condicionada a las demás
exigencias que la COREMA X le impuso en la Resolución 377, y que dado
que tales exigencias estarían hoy cumplidas, mantener reducida la
producción sería arbitrario.

Sin embargo, CELCO omite dos aspectos fundamentales sobre las
exigencias de la Resolución 377 que obligan a la COREMA no sólo a
mantener la reducción de la producción sino incluso a tomar medidas
mucho más severas y efectivas si quiere garantizar que el ecosistema
podrá recuperarse y que no se causarán impactos irreversibles sobre la
economía local y la salud humana.

La principal medida de la Resolución 377 fue la de pedir a CELCO que
retirara sus RILES del Río Cruces. La COREMA X le dio a la empresa un
plazo total de aproximadamente tres años para la implementación de una
descarga alternativa (9 meses para la presentación del Estudio de
Impacto Ambiental, 1 año estimado de evaluación ambiental y 15 meses
para la construcción de la nueva descarga). Sin embargo, cuando han
transcurrido dos años y medio desde la Resolución 377 el plazo para la
presentación del Estudio de Impacto de la descarga alternativa ya ha
sido prorrogado en tres años. Con ello, y de no producirse nuevas
prórrogas, recién el 2011 podría concretarse la principal medida
establecida en la Resolución 377.

Si la descarga alternativa al Río Cruces era la medida de fondo
establecida en la Resolución 377, la reducción en un 20% de la
producción de CELCO permitiría minimizar el impacto ambiental mientras
dicha solución definitiva se implementaba. Por lo tanto, si la COREMA
de Los Ríos levantara hoy la restricción del 20% estaría vulnerando el
sentido de fondo de la Resolución 377, el único que verdaderamente
apunta a resolver el desastre. Pero además estaría contraviniendo otras
importantes condiciones establecidas en la misma Resolución 377.

En efecto, entre las exigencias de la Resolución 377 estuvo la de que
CELCO determinara el origen de la enorme cantidad de Sulfatos
detectados en el Río Cruces y en el Santuario por el estudio de la
Universidad Austral de Chile (UACH), compuestos que estarían
directamente vinculados al origen del desastre de acuerdo a la
hipótesis industrial de tal estudio. Hasta ese momento CELCO no contaba
con la autorización ambiental legalmente exigida para descargar
Sulfatos en sus RILES pues nunca informó que los vertería al Río
Cruces. Peor aún, negó estar descargándolos a pesar de la evidencia
demostrada por la UACH a partir de los monitoreos realizados por la
propia empresa. No obstante, mediciones de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS) de diciembre de 2004 confirmaron lo
sostenido por la UACH: CELCO descargaba 59 toneladas diarias de
Sulfatos, equivalente al 92% de todos los Sulfatos existentes en el Río
Cruces.

En cumplimiento de lo exigido por la COREMA X en la Resolución 377,
CELCO contrató una auditoría a Knight Piesold para determinar el origen
de los Sulfatos del Río Cruces. En su informe de marzo de 2006 la
auditora concluyó que el 93,3% de todos los Sulfatos tenían su origen
en la planta de celulosa. Este dato confirma las conclusiones del
estudio de la UACH y su hipótesis industrial sobre el origen del
desastre en el Santuario así como las mediciones de la SISS.

Si la COREMA de Los Ríos aceptara que la exigencia de determinar el
origen de los Sulfatos se encuentra formalmente cumplida con el informe
de Knight Piesold sin si siquiera detenerse a evaluar los efectos
ambientales del enorme volumen de Sulfatos que la planta de CELCO
continúa descargando al Río Cruces cada día, estaría cometiendo una
falta grave. Sería una situación equivalente a la de una medida
cautelar (reducción del 20%) decretada por un juez (COREMA X) a fin de
proteger a una posible víctima (Santuario) en tanto se investiga la
responsabilidad del sospechoso (Sulfatos de CELCO). Una vez confirmada
la sospecha (93,3% de los Sulfatos son descargados por CELCO), otro
juez (COREMA de Los Ríos) decreta la revocación de la medida cautelar
con el argumento de haberse cumplido formalmente la condición
establecida (investigar el origen de los Sulfatos). De esta forma, deja
en libertad al sospechoso (levanta la restricción del 20%) para que
siga cometiendo su delito (desastre del Santuario).

Si la COREMA de Los Ríos se toma en serio su trabajo lo que le
corresponde exigir con el informe de Knight Piesold en sus manos es la
evaluación ambiental de los Sulfatos, el Aluminio, el Cloruro y el
Manganeso que la planta de CELCO ha venido descargando al Río Cruces
desde el primer día y sin la autorización que exige, sin excepciones,
la ley ambiental de Chile. Dicha evaluación ambiental debiera ser
realizada por un panel internacional de expertos, completamente
independiente de la empresa y del Estado de Chile a fin de garantizar
transparencia.

Por último, los argumentos económicos esgrimidos por CELCO no resisten
ningún análisis. La reducción del 20% de la producción de CELCO se
encuentra más que compensada en términos de utilidades con el precio
que alcanza la celulosa, un 23% más alto que el precio promedio del año
2004. Además, como se sabe, esta planta tiene una rentabilidad del 25%,
el doble de la de sus competidores más cercanos. No en vano mantiene a
sus contratistas sofocados por deudas y por los pagos más bajos del
mercado.

En su sesión del 4 de enero la COREMA de Los Ríos enfrentará la
disyuntiva de respaldar los intereses privados de CELCO o de aplicar la
ley, velando por el bien común de todos los habitantes de la nueva
región. Los ciudadanos comprometidos con el futuro sustentable de este
territorio hacemos votos para que las autoridades hagan lo correcto.