Un mes. Ese es el plazo que se pone el científico de la Universidad Austral, Eduardo Jaramillo, para tener listos los resultados de un estudio que rebatirá la hipótesis del informe de la Universidad de Chile que exculpa a la planta Valdivia, de Celulosa Arauco, del daño ambiental que vive hace casi cuatro años el humedal del río Cruces.

Jaramillo fue el jefe del equipo que realizó, por encargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), la investigación que determinó que los cambios ambientales en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter se originaron por deterioro en la calidad del agua, hecho que coincidió con la puesta en marcha de la planta de celulosa.

Sin embargo, para el profesor de la U. de Chile Víctor Marín y su equipo (entre los cuales se encuentra la destacada experta en ecosistemas acuáticos, Irma Vila) la disminución del luchecillo, principal alimento de los cisnes de cuello negro, tuvo su origen en tres factores: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004.

“Una hipótesis es la mejor explicación que tienes para un fenómeno, lo que no significa que mañana no pueda haber una mejor. Por eso he sostenido que los cambios ambientales ocurridos en el humedal del río Cruces relacionados con la alteración en la calidad del agua siguen siendo la mejor explicación de lo que ocurrió”, explicó Jaramillo.

Hipótesis sin fundamento

Son dos hipótesis que se confrontan, pero Jaramillo asegura que la planteada por la Universidad Austral tiene fundamentos, mientras que la desarrollada por Marín en el informe “Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces” no tiene base.

“Cualquier científico tiene el derecho de ‘volarse’, de ir más allá del estudio que le encargaron y, con lo que analizó, proponer otras explicaciones. Pero si presento una hipótesis tengo el deber de fundamentarla bien y ése es el problema con esta hipótesis: no ha sido fundamentada. Eso es lo que molesta”, dijo Jaramillo.

“Estoy seguro que en la Universidad de Chile hay muchos científicos que no habrían cometido el error que cometió Víctor Marín al proponer una hipótesis sin fundamento”, agregó.

Para el científico, la situación derivada del estudio de la U. de Chile es compleja y por eso realizarán una nueva investigación. En concreto, Jaramillo y su equipo encargaron equipos al extranjero para medir la temperatura sobre y bajo las aguas del humedal, información que luego será complementada con el análisis de estadísticas históricas, ya que la hipótesis de Marín plantea que las temperaturas bajo cero afectaron al luchecillo y para esto sólo se consideraron datos del aeropuerto de Pichoy. “En los últimos 12 años me recuerdo de muchas heladas, pero antes de 2004 nunca le pasó nada al luchecillo”, comentó el académico de la UACh.

Consultado del porqué no se realizó un estudio de este tipo en el informe de la Conama, explicó que sólo analizaron datos pluviométricos y de temperatura. “Teníamos cinco meses para llegar a una respuesta, teníamos que terminar… Podríamos haber analizados miles de cosas (aire temperatura, radiación ultravioleta), pero tuvimos que decidir y apuntamos a lo más razonable. Por experiencia empírica, por lo que uno ha vivido en el área, más el conocimiento teórico, uno puede decidir a qué variables ambientales dedicarles más atención y a cuáles no”.

Un ejemplo: si bien la radiación ultravioleta no fue parte de sus primeros estudios -pese a que se levantó como una de las posibles causas de la crisis en el santuario- el fenómeno se estudió posteriormente y hace un mes terminaron un informe sobre este tema que refuta esta teoría y que hoy es revisado por una revista científica norteamericana.

El profesor Marín fue contactado por La Nación para tener su opinión, pero declinó referirse al tema debido a que el contrato con Conaf aún no termina.

CONAF REITERA RECHAZO A ESTUDIO DE U. DE CHILE

En una declaración pública, la Conaf reiteró los dichos de su directora Catalina Bau en Valdivia: la nueva hipótesis sobre lo ocurrido en el humedal del río Cruces contenida en el Informe Final de la Universidad de Chile es una tarea que no encomendó esa corporación y lo que se pedía era valorar las hipótesis existentes.

Por esa razón la dirección ejecutiva de Conaf rechazó el informe y así se lo comunicó a las autoridades de esa universidad.

Conaf aclaró que el estudio, patrocinado en conjunto por la Convención Ramsar y cuya licitación se adjudicó el equipo del profesor Víctor Marín, correspondía a un ejercicio de modelamiento de lo ocurrido en el conflicto ambiental de río Cruces que condujera a acuerdos básicos sobre la recuperación posible del humedal.

Lo anterior se realizó en el contexto del inicio de la implementación del Plan Integral de Gestión de Río Cruces elaborado por Conaf por encargo del Gobierno Regional de los Lagos.

MINISTRA URIARTE ESPERA INFORME

En el Ministerio de Medio Ambiente están a la espera del informe técnico sobre las conclusiones del estudio de la Universidad de Chile que contradicen la tesis con la que ha trabajado el Gobierno. Este no es el primer episodio en que Conaf contradice a Medio Ambiente. El año pasado la institución organizó el seminario “Planificación para la conservacion de la biodiversidad en Chile” que sería inaugurado por Ana Lya Uriarte, pero todo quedó en nada porque la Conama y la ministra no sabían que uno de los auspiciadores era Celco. Un hecho que indignó a Uriarte y que terminó con la cancelación del evento.

CORMA APOYA A CELCO Y CRITICA A LA ADMINISTRACIÓN LAGOS

El informe de la Universidad de Chile caló hondo en el sector forestal. Tan hondo, que ayer la Corporación Chilena de la Madera (Corma) organizó un almuerzo de apoyo a Celulosa Arauco donde participó la directiva de la firma -el presidente del holding Empresas Copec, Roberto Angelini, y el presidente del directorio de la celulosa, José Tomás Guzmán- junto al presidente de Empresas CMPC, Eliodoro Matte, y el gerente de Masisa Chile, Gastón Urmeneta.

Tras el almuerzo, el presidente de Corma, Fernando Léniz, criticó el comportamiento del gobierno de turno -la administración Lagos- tras el episodio en el río Cruces porque, dijo, resta confianza al sistema institucional y desprestigia al país y al sistema en su conjunto. “La autoridad se dejó llevar por presiones ecologistas, que son muy explicables, para que no se perjudique el medio ambiente, pero no debieron tomarse decisiones apresuradas sin tener estudios serios al respecto”, dijo Léniz. “No puede ser que una institución diga una cosa y después aparezca diciendo otra cosa distinta. Se pierde confianza y esa es una de las gracias que tiene Chile”. El empresario pidió al Gobierno reconocer sus errores y no insistir en ellos.

Angelini y Guzmán, por su parte, agradecieron el apoyo.

Profesores del Centro de Estudios Ambientales (CEAM) advierten que si la Conaf oficializa una nueva hipótesis sobre la muerte de cisnes de cuello negro ésta podría a futuro tener peso jurídico, en circunstancias que no tiene peso científico.

Un grupo de académicos de la Universidad Austral de Chile (UACH) envió una dura carta a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la que cuestionan el estudio denominado “Modelo Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces”, elaborado por un equipo de la Universidad de Chile -dirigido por el profesor Víctor Marín- y cuyas conclusiones son utilizadas hoy para exculpar a Celulosa Arauco del desastre ambiental en el santuario Carlos Andwanter.

La Conaf está a cargo de la recuperación del santuario y en ese marco licitó la realización de este estudio. Sin embargo, la conducción de este proceso levantó polvareda porque que las conclusiones que entregó Marín a fines de mayo se oponen a los estudios que la Universidad Austral elaboró a petición de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), por la muerte de cisnes de cuello negro. En 2005, la UACH atribuyó los cambios ocurridos en el santuario a los residuos industriales líquidos provenientes de la Planta Valdivia de Arauco.

Piden no avalar hipótesis

Los profesores que firman la carta son Pablo Villarroel, Enrique Estrada y Juan Carlos Skewes, todos pertenecientes al Centro de Estudios Ambientales (CEAM) de la UACH y que asistieron a la presentación del informe de la U. de Chile.

La hipótesis principal del informe plantea que el luchecillo alimento de los cisnes- desapareció debido a la concurrencia de tres factores simultáneos: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004. Sin embargo, los académicos advierten que la presencia de luchecillo se mantuvo en otros cauces de la misma cuenca, lo que evidencia que el planteamiento del estudio es débil.

“Si se da reconocimiento oficial a esta hipótesis se desacredita el estudio realizado por el equipo científico de la UACH y, de paso, se establece un antecedente que podría tener peso jurídico por el hecho de ser aprobado por un organismo del Estado”, advierten los profesores del CEAM, por lo que piden a Bau no dar reconocimiento oficial al estudio.

Manipulación de Ramsar

La ONG Acción por los Cisnes tampoco está conforme con los resultados del estudio que levanta una segunda hipótesis a la crisis ambiental y pedirá a la Convención Ramsar, tratado internacional que protege al humedal del río Cruces, que termine con el convenio de trabajo que mantiene con la Conaf, para que realice su trabajo con mayor autonomía científica del organismo estatal.

“Si la hipótesis (de la U. de Chile) dice que todo se debió a un fenómeno climático, le estamos diciendo a todo el mundo que no hay necesidad de ejecutar un plan de recuperación del santuario”, señaló uno de los voceros del movimiento, José Araya.

Acción por los Cisnes recordó que los fondos del estudio cuestionado fueron entregados por Celco a Ramsar, organismo que los derivó finalmente a Conaf y ésta a la U. de Chile, mecanismo que a la luz de los resultados es sospechoso para los ambientalistas. “La misma Conaf anunció que se iba a hacer esta triangulación de platas, por lo que nosotros creemos que desde un principio se pensó en esta suerte de manipulación de este organismo internacional”, dijo Araya, quien pedirá se auditen los fondos.

Ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado llegó el grave conflicto social y ambiental generado en Mehuín y Missisipi por las intenciones de la empresa forestal Arauco (Celco) de construir un ducto al mar para la planta Valdivia ubicada en la comuna de San José de la Mariquina.

La sesión de este martes, en la que estuvieron los senadores Andrés Allamand, Antonio Horvath, Pablo Longueira, Alejandro Navarro y Nelson Avila, quien además preside la Comisión, se realizó a las 12.00 horas y concluyó pasadas las 14.10 horas. Abrieron las exposiciones Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, seguido de Joaquín Vargas, dirigente de los pescadores de Mehuín que recibe dinero de la empresa forestal, previa firma de un convenio, quienes durante 20 minutos defendieron la realización de estudios para un ducto que evacue los residuos de la planta Valdivia frente a la playa de Mehuín.

El ejecutivo de la empresa forestal se refirió al acuerdo que firmó con los pescadores de la caleta de Mehuín, para poder iniciar las mediciones que se requieren para la elaboración del respectivo Estudio de Impacto Ambiental.

Kimber hizo ver a los legisladores que desde junio de 2005 se le exige a la empresa del Grupo Angelini buscar un curso receptor distinto del río Cruces donde verter su efluente y que en Chile y en el mundo estos efluentes terminan o van directo al mar.

Vargas, por su parte dijo que el grupo mayoritario de pescadores de la localidad de Mehuín firmó el millonario convenio en 2007, para que otros no lucraran con el conflicto.

En los 20 minutos siguientes de la sesión, expusieron quienes se oponen a la iniciativa de Arauco, entre los que estaban Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, red de organizaciones de pescadores y comunidades lafquenches; Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach); además del apoyo de Nancy Yañez, abogada y codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas; Juan Carlos Skewes, antropólogo de la Universidad Austral de Chile y Jaime Soto, antropólogo del Centro Intercultural para el Desarrollo Sustentable Kume Fullen, quien además es consultor del Programa Orígenes.

A juicio de Nancy Yañez, abogada, se logró poner en discusión la denominada “negociación entre privados” sobre temas de interés público y la preocupación por el tipo de convenio que condiciona la entrega de dinero a la aprobación del proyecto, que genera condiciones de enfrentamiento entre ambas partes.

También se relevó el “abuso del derecho” que se daba en esta situación al utilizar la Legislación Minera para blindar la pretensión de Arauco de construir un ducto al mar.

“Las concesiones de exploración o explotación sobre el territorio donde se prospecta este ducto, busca blindar esta propiedad y evitar que se ponderen otros intereses, como los intereses indígenas o implicancias ambientales, aprovechando la protección especial que otorgan las leyes mineras”, explicó la abogada.

Finalmente, la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, cerró el ciclo de exposiciones y aclaró el punto de vista del gobierno en este conflicto, para dar paso a una discusión que fue moderada por el presidente de la Comisión.

Uriarte, en sus palabras, rectificó los dichos de Charles Kimber y aclaró que la autoridad ambiental, a través de la RCA 377 de 2005, no ha señalado que la solución al proyecto sea un ducto al mar.

La ministra fue enfática en señalar que la preocupación de la autoridad en la RCA era que no era factible que se viertan desechos industriales de la fábrica al Río Cruces o sus afluentes, pero que eso no significaba necesariamente una salida al mar.

En la discusión también se habló sobre las alternativas ambientalmente sustentables que le van quedando a la empresa para seguir operando, en donde se trató el tema de circuitos cerrados, que han dado resultado en plantas de celulosa de menor volumen.

“Las alternativas que van quedando, es que se reduzcan los niveles de producción, al punto de hacer viable un circuito cerrado de manejo de desechos o la inviabilidad ambiental de la planta de celulosa”, dijo la abogada.

Además, se planteó la necesidad de que Chile cuente con una gestión integral de cuencas, que permita un desarrollo efectivamente sustentable.

Luego de la discusión generada por las exposiciones, en los representantes de las organizaciones que se oponen al ducto quedó la sensación de que se logró transmitir el problema en forma integral a los senadores.

“Tengo una buena evaluación de la sesión, porque no sólo pudieron exponerse todas las posiciones de quienes han sido más afectados por esta situación, sino que también la situación de violencia que allí ocurre. Siento además, que estas posturas permearon en quienes se encontraban presentes en esta comisión”, expresó Nancy Yañez, abogada.

Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, adelantó que se espera una visita a terreno de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Derechos Humanos, que debiera realizarse antes del 21 de junio, fecha en que comienza el período de estudios invernales que requiere la empresa y que nuevamente podrían terminar en hechos de violencia, como ocurrió en los meses del verano recién pasado y que no han permitido a la empresa trabajar en las mediciones.

“Acá no habrá ducto y no habrá diálogo con esta empresa, porque nosotros no tenemos nada de qué conversar con ellos”, sentenció Hualme.

La construcción del ducto, que comienza en Nueva Aldea y tiene en total 52 kilómetros de extensión, debería finalizar a fines de este año, cuando concluyan las faenas en Coelemu y Trehuaco.

Los trabajos para hundir en el mar la pesada estructura de 2,5 kilómetros de extensión, se llevaron a cabo mediante complejas maniobras en las que participaron remolcadores y personal en tierra además de observadores aéreos.

Dada la magnitud de la faena, internar el emisario en las aguas, tomó más de 24 horas, donde la labor de los remolcadores fue vital para contener las fuertes corrientes hacia el norte.

La larga estructura, que se asienta en el fondo oceánico mediante pesadas bases de hormigón, fue inicialmente conducida unida a tuberías llenas de aire comprimido que lo mantuvieron a flote.

Posteriormente, se retiraron tales cañerías adicionales y el emisario pudo progresivamente asentarse en el fondo frente a la atenta mirada de los vecinos del lugar.

En el fondo marino, la correcta inmersión del emisario fue supervisada por buzos, dijo el gerente regional de Asuntos Públicos de Celco, Iván Chamorro.

El ejecutivo manifestó que el emisario tendrá un rol vital para la industria de celulosa, puesto que los residuos industriales serán enviados al mar donde se asegura una mejor dilución.

Aclaró que hasta el momento, los riles que produce la celulosa y que van hacia el río Itata tras tratamientos primarios, secundarios y terciarios no han generado mayores inconvenientes.

Varios Motivos

Son varios los motivos por los cuales se decidió construir el emisario submarino que va desde el complejo Nueva Aldea hasta la desembocadura en las costas de Trehuaco en la zona de Boca Itata.

Uno de ellos es impedir que las aguas del río Itata sean eventualmente contaminadas por las descargas de los riles industriales de la planta de celulosa.

Por otra parte y quizás una de las razones principales sería que de esa manera la empresa evitaría condicionar su producción a los flujos del río Itata, cauce sumamente inestable.

Así, la planta que está diseñada para producir más de 800 mil toneladas de celulosa al año, podría lograr tal meta de manera constante y no limitarse a los flujos ecológicos.

Fuente: La Discusión de Chillán

Tras siete meses de la restricción obligada a raíz de los derrames de contaminantes en junio de 2007, la planta Licancel de Celulosa Arauco realizó su primera descarga de residuos industriales (riles) al río Mataquito.

Para reafirmar que la firma trabajará bajo una estricta fiscalización, las faenas se ejecutaron con la presencia de personal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la misma entidad que a mediados de año emitió la resolución que prohibía a Licancel deshacerse de los riles, forzando el cierre.

En noviembre, luego que la empresa dio cumplimiento a las condiciones establecidas por la autoridad, la SISS levantó la prohibición para descargar riles a Licancel.

Las medidas exigidas consisten en la implementación de una nueva planta de tratamiento de riles; la acreditación del cumplimiento de la normativa vigente para el efluente de dicha planta y la obtención de permisos sectoriales referidos a obras de tratamiento de disposición de riles.

Fuente: El Diario Financiero

De esta manera, la fiscal adjunta de San José de La Mariquina, Paola Varela, se hará cargo de la investigación por un período de 45 días, tiempo durante el cual se dictará una serie de diligencias destinadas a arribar a una pronta resolución procesal.

El nombramiento de la fiscal Paola Varela Spuler como Fiscal con dedicación exclusiva para investigar la causa RUC 0400438154-3 contra quienes resulten responsables de la contaminación del río Cruces, se dispuso este jueves.

La resolución del fiscal regional otorga a Varela, quien ya estaba a cargo de esta investigación, un plazo de 45 días corridos para que se dedique sólo a esta causa y quede liberada de las obligaciones que en su calidad de Fiscal Adjunto le corresponden respecto de las demás carpetas de investigación a su cargo.

Junto con esta medida, que comienza a regir a contar del lunes 10 de diciembre, el Fiscal Mera dispuso que la Fiscal Varela practique varias diligencias precisas de investigación, sin perjuicio de las que se deriven de los resultados de esas diligencias.

Diligencias

DILIGENCIAS
Dichos trámites se refieren a requerimientos de información a tribunales de justicia y organismos públicos, la evacuación de informes periciales y toma de declaraciones. Al respecto, el fiscal regional indicó que “están orientadas a establecer la existencia, grado, naturaleza y origen de la contaminación que pueda afectar al río Cruces y las eventuales responsabilidades involucradas”.

Mera señaló que “este es un caso muy importante para nuestra Fiscalía Regional. Es por eso que el 17 de octubre pasado dispuse que nuestra Unidad de Asesoría Jurídica examinara los antecedentes de esta investigación para prestar colaboración a la Fiscalía Local de San José de la Mariquina y a objeto de determinar los cursos de acción que procedan para arribar a una pronta definición procesal. Esta Unidad elaboró un informe sugiriendo realizar diversas diligencias, que son las que he dispuesto para acelerar esta causa”, señaló el Fiscal Regional.

Asimismo, explicó que la decisión de otorgarle dedicación exclusiva a esta investigación fue adoptada “por el importante número de diligencias que se deben efectuar, así como también porque la Fiscal Varela, para adoptar una pronta resolución procesal, deberá realizar un exhaustivo análisis de la carpeta de investigación, que es considerable en volumen y extensión y tiene mucha información técnica y de carácter científico”.

Precisó que la carpeta consta de varias denuncias y querellas, decenas de informes policiales, periciales, científicos y de monitoreo, y estudios científicos.

Un nuevo revés sufrió la firma de celulosa Arauco -ex Celco- vinculada al grupo Angelini: la Corema de la Región de los Ríos rechazó el recurso de reconsideración presentado por la compañía el 1 de octubre, que buscaba poder retomar el total de su producción en la planta Valdivia.

En la compañía, hasta el cierre de esta edición, aún no recibían la información oficial de la autoridad, aunque sí estaban en conocimiento de ella. La decisión de la Corema generaría que Arauco busque por la vía judicial poder retomar su producción completa en Valdivia.

La planta Valdivia de Arauco desde agosto de 2006 se encuentra funcionando a 80% de su capacidad productiva -440 mil toneladas anuales de celulosa de 550 mil posibles-, debido a las restricciones aplicadas por las autoridades de la zona, derivadas del incidente medioambiental ocurrido en el río Cruces que protagonizó la empresa.

La petición de la empresa se basa en que, desde marzo de 2006, la firma habría regularizado los problemas de funcionamiento que garantizarían un normal desempeño productivo.

“Hace mucho tiempo que presentamos los antecedentes de que la planta podía retomar su producción total”, afirmó Angelo Romano, gerente corporativo de Arauco en la zona, quien comentó que la reconsideración fue presentada ante la Corema, luego que la inicial -hecha el 24 de septiembre de esta temporada- también fuera negada.

Arauco esperará que se haga oficial la medida para decidir los caminos a seguir. Hasta la fecha la firma acumula 27 meses de menor producción, unas 240 mil toneladas menos de celulosa que se traducen en menores ventas o mermas superiores a los US$ 173 millones.

Cerca de 500 personas provenientes de la IX a la X regiones se congregaron en la caleta ubicada en la Región de los Ríos para entregar su apoyo a la lucha que los pobladores ejercen en contra de Celulosa Arauco y Constitución, S.A., Celco. Esto, por la intención de la empresa forestal de instalar un ducto por Mehuín que vierta al mar los desechos de su planta Valdivia.

A pesar de la masiva concurrencia, pocos pescadores de la zona se encontraban participando de ella, ya que muchos (150) ya han formado un acuerdo con la firma del Grupo Angelini. Según éste, cada firmante recibe $ 3 millones y dos sueldos mínimos mensuales por 10 años, además de una serie de pagos extra cuando se efectúen (con la ayuda de los firmantes) los estudios en el mar, que posteriormente podrían permitir la construcción del emisario submarino.

La mayoría de los manifestantes eran de distintas organizaciones de Valdivia y Temuco y otras caletas de la IX y X regiones. Además, se hicieron presentes un gran número de estudiantes universitarios y activistas de distintas ONGs como Acción por los Cisnes e incluso cuatro personas de la ciudad de Gualeguaychú, Argentina.

“En Argentina tenemos los mismos problemas que acá, con el funcionamiento de la planta de Celulosa de la empresa Botnia en Uruguay, que bota sus desechos a un río que compartimos con nuestros hermanos uruguayos”, señaló Hugo Cardomatto, representante de la Asamblea de Gualehuaychú.

En tanto, el presidente del Comité de Defensa del Mar de Mehuín, Eliab Viguera, respondió a la poca asistencia de pescadores (entre ellos un histórico opositor al ducto como Jimmy Becerra) y de la adhesión al tratado con Celco de 150 mariscadores de la zona que antes luchaban a su lado.

“Siempre habrá un sector que no va a  negociar. Aquí no se puede salir a defender el mar con una calculadora en la mano. Los pescadores honrados no hacen eso. Nosotros sabíamos que en algún momento Celco iba  a entrar con su dinero acá, pero ese contrato es un ‘caza bobos’, un circo”.

Al finalizar el acto, los manifestantes quemaron tres figuras de madera con vestimentas de pescador, que representaban a tres ex dirigentes que comenzaron las conversaciones con Celco para llegar al actual acuerdo con la empresa.

Por antropólogo Juan Carlos Skewes Vodanovic, Ph.D de la Universidad de Minnesota (EE.UU), Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosfía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile.

Cuando los resultados de un acuerdo entre privados importan amenazas de muerte, destrucción de bienes e inseguridad de las personas, la materia pasa a ser de preocupación pública.

Si las autoridades prefieren dejar la situación en manos de los afectados, y, eventualmente de los tribunales, están faltando a la responsabilidad que a ellas la ciudadanía confirió. Es también responsabilidad de la autoridad asegurar la protección de los derechos ciudadanos, y tales derechos pueden ser severamente vulnerados cuando, en condiciones de extrema desigualdad, las personas son incitadas a actuar sobre la base de estímulos económicos o de otro tipo.

En tales circunstancias difícilmente podría presumirse que los contratos hayan sido libremente suscritos. Más bien, la circunstancia raya en la extorsión.

La capacidad para movilizar recursos posiciona a las grandes corporaciones en una situación límite respecto de las comunidades con que ellas se relacionan: mediante la oferta de dinero pueden inducir a las personas a obrar incluso contra sus propios intereses. Así lo ha hecho Celco en Mehuín, intentando obtener la obsecuencia de un grupo personas respecto a su proyecto de evacuar desechos líquidos al mar.

Un contrato, como el propuesto, que establece que, contra pagos diferidos, estas personas se abstendrán de oponerse, primero, a la realización de estudios para instalar un ducto, segundo, a la aprobación del mismo por parte de la autoridad ambiental, y, tercero, a la operación del mismo, es moralmente reprobable.

Más reprobable aún cuando semejante contrato introduce una profunda división en la comunidad, con imprevisibles consecuencias de las que, además, la empresa no se responsabiliza.

La autoridad no puede desentenderse de aquellos acuerdos cuyos resultados se tornan adversos a la ciudadanía ni menos de aquéllos que, como el aludido, son moralmente reprobables. No se trata de transferir más responsabilidades a los tribunales, no se trata de convertir a las cortes en jueces (o verdugos, según sea el caso) de la moral ciudadana. Más bien, se trata de legislar. Y, en este sentido, cada vez más se hace necesaria la auditoría ética como un medio de regulación respecto del uso de recursos públicos o privados para influir torcidamente en la voluntad de las personas.

NOTA:
El autor participó como investigador responsable en el Proyecto Conicyt: “Contribuciones desde la antropología ecológica contemporanea para el estudio de un conflicto ambiental: La resistencia de la comunidad de Mehuín frente a la construcción de un ducto para la evacuación de desechos industriales en la Bahía de Maiquillahue, X Región, 1996-1998

Este medio llegó hasta la entrada de la oficina de Arauco (Celco) ubicada en el Edificio Independencia, en donde fuimos recibidos cordialmente por la asesora de prensa, sólo en la entrada.

La idea era tener el punto de vista de la empresa, ya que siempre resulta más fácil tener la versión de la comunidad.

La entrevista fue imposible, ya que, Angelo Romano, vocero local de la empresa, “estaba lleno de reuniones”, como se nos informó. Pero quedaba la opción de hacer algo por e-mail, que es una alternativa más ventajosa para la empresa, que tiene la posibilidad de revisar cuantas veces quiera las respuestas y entregar afirmaciones o juicios sin presiones de tiempo.

Ante la necesidad de tener varios puntos de vista, se hizo.

Se envió un mail el 22 de octubre y una copia ampliada al correo electrónico de María Soledad Vial, de Relaciones Públicas de Arauco en Santiago y a Charles Kimber, gerente de Asuntos Públicos también en la capital, como en varias ocasiones lo ha solicitado la secretaria de Santiago.

Sin embargo, tampoco hubo respuesta. Es más, una llamada desde la empresa en Valdivia corroboró que no querían hablar. Desde Santiago ni siquiera hubo un acuso de recibo.

Los temas eran:

- Estrategia del Convenio con Joaquín Vargas
- Red de Personas ajenas a Celco y a los pescadores involucrados en las negociaciones
- Denuncia de Celulosa Arauco sobre Cisne encontrado con metales pesados en el Santuario
- Ubicación de un futuro proyecto de Planta de Celulosa en el Sur de Chile

Este medio dio aviso a la periodista de Valdivia que esta información sería publicada cada vez que la empresa no se quiera dar la cara a la comunidad sobre temas de interés general.

Las preguntas que quedaron en la pauta fueron:

P: En el convenio Celco-Mehuín, Uds nuevamente insisten en descargar en la Bahía de ese balneario, tal como hace 10 años. ¿Por qué decidieron bruscamente cambiar la ubicación del ducto desde Punta Chan Chan al lugar que más rechazo provocaría en Mehuín?

P: Los costos, obviamente bajan, pero ¿Consideran socialmente responsable ponerles el ducto en la playa y descargar frente al balneario?

P: ¿La idea del convenio y de los millones que involucran era generar un conflicto social que permitiera extremar las posiciones y violentar a la gente para intervenir con la justicia a los oponentes más aguerridos de Mehuín? ¿Es así o sólo es la fantasía de quienes se oponen a Celco?

P: ¿Uds están en conocimiento de que las listas de los sindicatos firmantes incluyen gente que es de otras regiones y que no vive del mar?

P: ¿Por qué quisieron comprometer decisiones de la Corema con el convenio? La pregunta de todo el mundo es: ¿Existe la palabra ética o moral en el mundo de los negocios?

P: Hablemos de estrategia. ¿La estrategia usada para destruir los sindicatos en Mehuín fue la que se denomina “el tercero ausente”, en donde usaron intermediarios sin la carga negativa que Celco tiene para llegar a los dirigentes con intención de negociar? ¿Están contentos con los resultados?

P: ¿Los intermediarios reciben dinero? La revista Qué Pasa habla de Eduardo Hartwig, de la Portuaria Coronel y Joaquín Vargas comentó a un periodista de un diario nacional que también estaba involucrado Jorge Salazar del Club Deportivo Valdivia. ¿Cómo se dio la relación con ellos? ¿Y cómo sigue esa relación ahora?

P: En Mehuín, con convenio o sin convenio, da la impresión que habrá enfrentamientos en el mar de todas formas. ¿Cuál será la siguiente fase de esta estrategia y qué personajes entrarán al juego? ¿Estará la Armada o el Estado de nuevo?

P: Hace algunos meses, cuando se encontró un cisne moribundo en el Santuario, el gerente de la planta Valdivia hizo una denuncia sobre supuesto maltrato animal que obligó a la justicia a llamar a Daniel Boroschek y a otras personas a dar su testimonio. Sin embargo el cisne murió y la ciencia demostró que fue por metales pesados. ¿Qué opinan de ello o es mejor guardar silencio con el tema?

P: Una pregunta que todo el mundo se hace: ¿Qué entiende Arauco por Responsabilidad Social Empresarial? ¿No creen que es subestimar a la gente, a las autoridades, a la comunidad y al mundo científico con ese discurso? ¿Tienen real conciencia de lo que piensa la comunidad sobre la política de RSE que tiene Celco?

P: Se especula que Uds están preparando el terreno, en alianza con Corma y Bosques Para Chile para un nuevo proyecto de planta de celulosa en La Unión-Río Bueno o más al sur. ¿No sería sano para Uds mismos y para evitar problemas como los que ya tienen que transparentaran el lugar geográfico en que quieren industrializar las plantaciones?

P: ¿Ud compraría una casa de veraneo en Mehuín y comería productos del mar ahí si el ducto se construye?