220 misivas de 34 países piden a frenar la construcción de las megarepresas

“Le pedimos que reconozca el creciente compromiso para los consumidores internacionales de producción responsable y que mantenga su promesa como Grupo Matte de proteger los extraordinarios y únicos bosques nativos de Chile y no destruirlos. Grupo Matte por favor retírese del proyecto HidroAysén e inviertan en las energías renovables de bajo impacto lo mejor para Chile y el planeta”, dice Donna Jo Loeper desde Georgia, Estados Unidos.

Ésta y unas 219 cartas más fueron entregadas ayer por el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) al líder del Grupo Matte (CMPC-Colbún), Eleodoro Matte, en el edificio corporativo de Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), ubicado en Agustinas 1343, donde se solicitó al clan económico que desista de la construcción del proyecto hidroeléctrico HidroAysén en la Patagonia chilena.

“Son cartas que le dicen que el proyecto dejaría una huella imborrable en el patrimonio ambiental chileno, del cual la familia Matte sería cómplice de este daño histórico. No olvidemos que ellos como CMPC firmaron un acuerdo el año 2003, conocido como el acuerdo de Home Depot, donde se comprometían a que sus proyectos no iban a cortar ni eliminar bosque nativo y al contrario, lo iban a proteger. Aquí se estarían talando miles de hectáreas de bosque nativo, destruyendo importantes ecosistemas y por lo tanto le estamos pidiendo que cumpla su palabra”, dijo Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del CDP, quien llegó hasta el edificio ubicado en Agustinas 1343, junto a Bernardo Reyes, representante de International Rivers, grupo asociado al CDP.

Rodrigo explicó que las misivas están pidiendo que Matte “tenga el coraje de frenar el proyecto y lidere otros que no generen este tipo de gigantescos impactos”.

Organizaciones y personas de 34 países se sumaron a la protección de los ecosistemas sub-antárticos y en especial a los ríos prístinos de la zona, considerados hoy por hoy un patrimonio ecológico de la humanidad.

Según fue dado a conocer este martes, la Dirección General de Aguas (DGA) denegó a HidroAysén la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas en los ríos Pascua y Baker, con el fin de construir cinco megacentrales hidroeléctricas.

En agosto del año pasado, luego de anunciar la reducción de las áreas de inundación de 9.300 a 5.910 hectáreas, la sociedad de Endesa y Colbún solicitó nuevos derechos a la Dirección General de Aguas (DGA).

En su respuesta, del 29 de octubre de este año, la DGA indica que “los referidos derechos ya existentes son incompatibles con la constitución del derecho solicitado”. Ello debido a que los puntos de captación y restitución solicitados por HidroAysén “se encuentran dentro del área de inundación de los derechos constituidos en el año 90″ por la dueña original de estos derechos, Endesa, que los puso a disposición de Hidroaysén, sociedad que mantiene con Colbún para las cuestionadas represas.

Esta nueva resolución contra el proyecto de las eléctricas Endesa Chile y Colbún se suma a las observaciones negativas recibidas de 32 servicios públicos a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y a las “precisiones adicionales” que pidió el gobierno al mismo EIA.

Sobre la decisión de la Dirección General de Aguas conocida hoy, el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, señaló que “estamos muy contentos que la DGA haya acogido uno de nuestros argumentos en contra de estas solicitudes porque el no otorgamiento de los derechos de agua significa un reconocimiento a las serias inconsistencias del Proyecto Hidroeléctrico de Aysén al no coincidir los derechos de aguas solicitados con el Estudio de Impacto Ambiental presentado”.
El proyecto denominado HidroAysén nació en el 2006 impulsado por Endesa Chile y la generadora chilena Colbún. Endesa Chile es el brazo generador del grupo Enersis, que es la matriz de inversión en Latinoamérica de Endesa España y posee además generadoras en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

Son cinco las centrales que HidroAysén pretende construir en los cauces de los caudalosos ríos Pascua y Baker, tres en el primero y otras dos represas en el segundo. El complejo de generación de energía eléctrica tendría una potencia total de 2.750 MW y una inversión total de 3.200 millones de dólares.

Jan Bannister, Ingeniero Forestal.

Luego de varias extensiones de plazo, Colbún presentó la segunda Adenda respondiendo a las observaciones negativas realizadas por los servicios públicos y ciudadanía en general. Es un documento muy largo y que a simple vista sorprende por su extensión. Al terminar de leer el documento sorprende también que queden aún muchísimas dudas, las cuales se han planteado desde hace más de un año y que la empresa aún no responde o simplemente evade. Es más hay 3 preguntas que no se responden y 16 que se repiten (lo que le da más extensión al documento). Además se filtran las observaciones ciudadanas.

Luego de esta Adenda quedan muchas observaciones entre las cuales se puede resaltar que Colbún reconoce que habrá un efecto en el caudal del río bajo la represa, sobretodo en el primer año de construcción, lo que afectará toda la cuenca hasta Valdivia. Nuevamente la empresa se niega a presentar un plan de abandono luego que la represa cumpla su vida útil o simplemente deje de funcionar. Aún no se soluciona el tema del paso de peces absorbidos por turbinas, túneles, y no habrá obras civiles que aseguren el normal flujo de peces aguas arriba y abajo de la represa. Existen además dudas con el caudal ecológico bajo la represa y los derechos de agua. Por último se reconoce que el proyecto afectará el trabajo de los nalqueros que trabajan en el río y las acciones de mitigación y compensación son insuficientes y vergonzosas, entre muchas otras observaciones que aún se pueden realizar.

Existen muchas dudas más pero sobretodo preocupan tres temas: a) El cálculo de los caudales máximos y mínimos se hizo en base a un registro histórico de sólo 46 años lo que es absolutamente insuficiente. Los últimos estudios sobre caudales demuestran que se debe tener un registro mucho mayor para poder predecir las futuras sequías o tiempos de crecidas. Además producto del cambio climático cada vez los eventos secos y de crecidas serán más extremos. Para peor, el modelo que se construyó para ver hasta donde llega la cola del embalse se hizo con registros desde 1985 en adelante. a) En el caso hipotético que los modelos hechos por COLBÚN fueran correctos, en tiempos de crecida el lago Riñihue aumentaría 20 cm su nivel respecto a la situación sin proyecto y lo que es más grave 18 días al año durante el verano, el embalse se juntaría con el Lago Riñihue controlando el nivel de este. De esta forma el área de influencia directa del proyecto sería muchísimo más extensa en superficie que la que incluye el EIA presentado por Colbún. Esta es una situación que la empresa venía negando desde abril del 2007 y que hoy es reconocida por los propios datos que presenta Colbún en la Adenda; c) Se le pidió a la empresa que realizara un nuevo estudio sobre el impacto en el Turismo y que se tomara en cuenta la real potencialidad del río. Este requerimiento fue evadido y para peor se mintió señalando que hubo reuniones con Pueblito Expediciones principal operador turístico del río, las cuales nunca se llevaron a cabo.

Los opositores al proyecto venimos anunciando hace más de un año que el proyecto de embalse en el Río San Pedro tendría un efecto en el nivel del Lago Riñihue. Esto fue desmentido constantemente por la empresa y en esta última Adenda quedó a la luz pública. En este contexto queda la pregunta: Si Colbún mintió en las observaciones sobre el impacto en el turismo, con que seriedad se pueden acoger las otras respuestas en diversos temas mucho más complejos?

Si a esto se le suma la tala ilegal de bosque nativo realizada por Colbún en las orillas del Río San Pedro (infracción actualmente en fiscalía de Los Lagos) y las presiones a autoridades políticas y ciudadanas en Panguipulli, Los Lagos y Valdivia, no queda más que pedirle a los servicios públicos que sigan firmes realizando sus observaciones al proyecto, y a nuestras autoridades ambientales que rechacen un proyecto que desde sus inicios es malo.

Como ciudadanos de la Región de Los Ríos debemos exigir a nuestras autoridades regionales que no aprueben ningún proyecto hidroeléctrico antes que no se realice un Plan de Ordenamiento de las Cuencas de la Región. Luego de eso se sabrá en que río se pueden hacer proyectos hidroeléctricos y en cuales se priorizarán otros potenciales como el turístico o la protección de la naturaleza. Necesitamos energía, de eso no cabe duda, pero debemos ser responsables con nuestro futuro y planearlo de forma ordenada y no descontrolada o a corto plazo como lo están realizando nuestras autoridades actualmente.

Una decena de edificaciones arqueológicas pehuenches de hace 7 siglos están en riesgo. Colbún quiere construir en Huequecura una hidroeléctrica, lo que no sólo significa inundar la zona y estas kueles, sino trasladar a 43 familias, 9 de las cuales llegaron allí por otra represa: Pangue.

Tom Dillehay, el arqueólogo norteamericano mundialmente conocido por haber descubierto -junto a su equipo de la Universidad Austral- el asentamiento humano más antiguo de América, en Monte Verde, anda por estos días investigando los kueles, verdaderas pirámides mapuches descubiertas hasta ahora principalmente en la zona de Lumaco y Purén. Dillehay identificó allí docenas de estos túmulos de uso funerario que superan en algunos casos los 40 metros de altura y que serían una minimalización de los volcanes cordilleranos.

A principios de marzo, Dillehay visitó los que serían los primeros kueles de gran tamaño al norte del Biobío: uno en Coyanco cerca de Los Ángeles, en el sector llamado precisamente Kuel, y otro en la zona de Los Notros, de Santa Bárbara hacia la cordillera, justo donde el río Huequecura se junta con el Biobío.

Es allí precisamente donde la empresa Colbún tiene intenciones de construir una represa hidroeléctrica llamada Angostura, de 305 MW, que implicaría inundar la zona adyacente al kuel, donde habrían importantes restos arqueológicos y una antigua cancha de nguillatún. No es todo. Allí también vive un grupo de familias pehuenches, cuyas tierras debieran estar protegidas por ley.

Sin embargo, están siendo abordados regularmente, desde hace casi un año, para decirles que tendrán que relocalizarse sí o sí por la construcción de una represa. Se trata de 43 familias, entre ellas nueve que llegaron a la zona tras ser sacadas de sus tierras -a mediados de los ’90- por la construcción de otra central: Pangue.

“Están diciendo que nos van a sacar de nuevo. No sabemos como va a ser. Según ellos se va a hacer la represa y que ya está aprobada” cuenta Juana Méndez Curriao, miembro de una de las familias pehuenches que fueron trasladadas prácticamente sin compensación y cuando recién tomaba fuerza la campaña del Biobío, que después convulsionó al país por la relocalización de cientos de pehuenches para construir el embalse de Ralco.

Pese a que en ese entonces el Estado se comprometió ante la OEA a no realizar más proyectos en la zona, la realidad dice otra cosa. Endesa, empresa dueña de Pangue y Ralco no lo ha hecho. Pero sí lo está haciendo Colbún, su flamante socio en el controvertido proyecto Hydroaysén en la Patagonia.

¿KUEL PEHUENCHE?

En el sector de la confluencia del Biobío con el Huequecura, muchos saben del valor religiosos e histórico del cerrito puntudo que mira en todas direcciones.

En ese sitio habrían sepultados un importante número de habitantes. La historia oral cuenta que los cerritos que se ven arriba de la loma se habrían hecho a mano y que fue rellenado por muchas manos pehuenches con significados políticos y funerarios y construidos alrededor de los siglos XIII y XIV, poco antes de la llegada de los españoles.

José Purrán, que habitan allí hace años, recuerda incluso haber participado en nguillatunes en la cancha ubicada en una planicie del sector. Un dato que le entregó al arqueólogo norteamericano en su reciente visita, donde observó desde abajo el montículo puntiagudo que hoy se conoce como El Calvario y reconoció en la planicie inferior -que sería inundada si se implementara la central- una parte vital del complejo del kuel: “Me imagino que toda esta terraza, la planicie, tiene sitios domésticos que están asociados con el cerro sagrado. Ése es el patrón que hemos encontrado en muchos lugares”, dijo el arqueólogo para quien, “es muy importante conservar los kueles, porque son parte del patrimonio del Estado, de la etnicidad mapuche. Puede cambiar la identidad histórica cultural de los mapuche”, agregó.

Lo mismo piensa Osvaldo Cáceres, del consejo consultivo del Consejo Nacional de la Cultura. “Hay que salvar al Huequecura de la inundación”, agregando que la zona es “un lugar de encuentro ceremonial, de límite entre mapuches y pehuenches, tierra donde renacerán las identidades de estas culturas que dan riqueza a nuestro diversificado y heterogéneo país”.

PUEBLO SE OPONE

La oposición en Santa Bárbara se debe en gran parte a que el río Huequecura es la zona de mayor desarrollo turístico. En este afluente del Biobío que lleva al sector interior de Lo Nieves y Quillaileo se ubican magníficos pozones que en el verano se usan para bañarse. En la confluencia existe además un hermoso cañón que cruza el Punte Piulo, y que tiene sentido histórico para las víctimas del ’73 que allí fueron eliminadas. Al lado del imponente cañón hay un antiguo puente colgante ferroviario, O sea, la zona toda, tiene claramente un gran potencial turístico que recién se comienza a desarrollar y que se esboza como parte del plan estratégico de la comuna.

Podría verse fuertemente alterado, así como los planes de investigaciones arqueológicas del kuel y su alrededores, si se llegase a aprobar y se terminara implementando la represa Angostura.

La Evaluación de Impacto Ambiental estaría a punto de ser presentada a la Corema de Concepción. La empresa sigue avanzando a full, apostando a que su proyecto se haga. La táctica imitará la que tuvo Endesa en el Alto Biobío a mediados de los ‘90: trasladar gente antes de obtener los permisos necesarios, con el fin de debilitar el rechazo a la iniciativa. De hecho, el 24 de marzo de este año estuvieron en la notaría de Selim Parra, Bernardo Larraín Matte, ingeniero comercial y Emilio Pellegrini, ingeniero civil, ambos en representación de Colbún S.A. con el fin de adquirir en 55.300.000 pesos un predio de 12,04 hectáreas con algunos derechos de agua por los que se pagaron 2.300.000 pesos.

La parcela Resto del Lote B Dos A “Rucapequén” era de Nelson Herminio Labrín y queda en el sector de La Paz, a cerca de un kilómetro de donde se piensa en levantar un muro. Podría perfectamente ser destinada para los relocalizados, quienes ya están siendo llevados a ver terrenos.

Un proyecto de la empresa hidroeléctrica Colbún podría amenazar importantes hallazgos arqueológicos en la zona del Alto Biobío, VIII Región.

Se trata de la localidad de Coyanco, a pocos kilómetros de Los Ángeles. En ese lugar, el prestigioso arqueólogo estadounidenses Tom Dillehay (que descubrió, junto a la Universidad Austral, la cultura de Monteverde) investiga los “cueles”, verdaderas pirámides mapuches, halladas hasta ahora también en la zona de Lumaco.

Otro sitio donde el científico ha localizado estas construcciones es en la zona de Los Notros, Santa Bárbara, el lugar preciso donde el río Huequecura se junta con el Biobío.

Colbún tiene intenciones de construir una represa, denominada Angostura, que debiera producir 305 megawatts. El proyecto implicaría inundar la zona adyacente al “cuel”, una antigua cancha de guillatún, y la relocalización de unas 43 familias, entre ellas nueve pehuenches, que ya fueron obligadas a trasladarse a mediados de los noventa, para la construcción de la represa Pangue.

Osvaldo Cáceres, miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de la Cultura, en el ámbito del patrimonio material, es enfático al declarar que “hay que salvar al Huequecura de la inundación”, agregando que la zona es “lugar de encuentro ceremonial, de límite entre mapuche y pehuenche, tierra donde renacerán las identidades de estas culturas que dan riqueza a nuestro diversificado y heterogéneo país”. Cultura o energía, para algunos, un gran dilema.

Ahora el tema llegó hasta la Justicia, luego que unos 1.500 productores que pertenecen a la Asociación Canal Maule, una de las entidades que integra la citada Junta de Vigilancia, dejaron de recibir agua afectando a cerca de 50 mil hectáreas que hoy no tienen riego, ni agua para el ganado.

“Colbún maneja las bocatomas y toma el agua que Endesa usa en la Laguna del Maule y entrega al río, antes de que llegue a ‘Armerillo’, el punto donde la asociación puede distribuirla para uso de riego e hidroeléctrico y la lleva directo al embalse Colbún, lo que provoca el problema a los usuarios del canal Maule”, explicó el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Rodrigo Weisner, quien está mediando entre los usuarios para aunar posiciones.

Para corregir esta situación y cansados de lo que califican como una actitud “abusiva” por parte de las generadoras, el martes 15 de abril la Asociación Canal Maule dio un primer paso y presentó ante la Corte de Apelaciones de Talca un recurso de protección contra Pehuenche, filial de Endesa, la que estaría encargada de entregarles el agua.

“Cuando, como ahora, el embalse Colbún se queda sin agua porque la empresa está generando a toda capacidad, el Canal Maule se queda sin agua porque su bocatoma está más arriba del nivel del embalse”, explicó el presidente de la Junta de Vigilancia del Maule, Gustavo Rivera.

El dirigente agregó que el problema surge a partir de la interpretación disímil de la sentencia de un juicio que las enfrentó hace un tiempo. “Ambas empresas se sienten vencedoras. Lo que dice Colbún es que si el canal no alcanza a captar agua porque el embalse está muy bajo, Pehuenche debe proporcionar el agua. Sin embargo, Endesa dice que si el caudal no alcanza Colbún debe suplementar el agua. En este minuto ninguna de las dos empresas les está dando solución”, dijo el dirigente.

Weisner señaló que tanto la DGA como la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), están mediando entre las partes e insistiendo ante las hidroeléctricas para que cambien su interpretación, porque a juicio de la autoridad las aguas que se extraen de la Laguna del Maule no sólo tienen fines hidroeléctricos.

Tensión en el Laja

La cuenca del río Laja, en la Región del Bío Bío, también ha sido escenario de conflictos y tensiones entre los usuarios. En la DGA explicaron que en este caso los roces no son tan notorios porque en esta zona aún no se conforma una junta de vigilancia.

Al mismo tiempo, se espera que en los próximos días el MOP autorice un nuevo convenio de flexibilización de uso de agua para el embalse Laja, que permitirá a Endesa adelantar el retiro de agua desde esa reserva, reemplazando hasta fines de mayo el convenio que expiró el 31 de marzo.

El titular de la DOH, Juan Antonio Arrese, dijo que en esta oportunidad la solicitud se elevó solamente para este embalse y no para la Laguna del Maule porque el sistema eléctrico estaría en un mejor pie gracias al buen resultado de las campañas de ahorro.

Rivera rebatió esta visión, pues, a su juicio, Endesa preferiría no adelantar el retiro de agua para no llegar a los 670 millones de m3, cota bajo la cual el 80% del agua es de riego y por ello debe negociar con los regantes, los que también le pidieron al MOP formar parte de este convenio y así decidir cuál será el destino de esas aguas. Consultadas las empresas aludidas, éstas declinaron referirse al tema.

Fuente: El Diario Financiero

La oficina provincial de Valdivia de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) realizó una visita a terreno al sector del río San Pedro donde la empresa Colbún S.A. pretende levantar una represa para una central hidroeléctrica, en la comuna de Los Lagos y constató una infracción al artículo 5º y 21º de la ley de bosques, la que será denunciada a la Fiscalía de esa comuna.

La información fue entregada en forma oficial a la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) a través de una carta firmada por la jefa provincial de la Oficina Valdivia de Conaf, Elke Huss Catalan.

Según indica la información entregada el 2 de abril a Conaf, la empresa sería responsable de la tala de bosque nativo sin plan de manejo en el sector considerado zona de protección de suelos y aguas del río San Pedro, en la comuna de Los Lagos.

La AIFBN adjuntó material fotográfico registrado el 30 de marzo, en las coordenadas UTM N: 5.596.368 y E: 707.484, donde la empresa CEFI Ltda se encuentra realizando obras pese a no haber sido aceptado aún el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico San Pedro.

La denuncia explicita que se trata de corta o destrucción de bosque nativo en terrenos con pendientes superiores a 45 por ciento, en un tramo que corresponde a la zona de protección del Río San Pedro, reconocido corredor biológico a nivel regional.

REACCIONES CIUDADANAS

Jan Bannister, kayakista y conocedor de la zona expresó su satisfacción por las acciones que emprenderá la Conaf.

“Ahora todo queda en manos de la justicia, y ojalá que se haga justicia. Ahora Colbún no puede decir que está haciendo las cosas bien. Ojalá que la Conama tome en cuenta esto en su visión sobre el proyecto y no haga oídos sordos”, dijo.

El domingo 13 de abril, el Club de Kayak Lobos de Río y empresarios de Pueblito Expediciones, en un nuevo descenso del río San Pedro se pudo ver que la empresa sigue trabajando en el lugar más de un mes después de la primera denuncia.

“Para peor trasladaron la maquinaria desde el río al bosque. No podemos aceptar este atropello y que las autoridades ambientales no hagan nada”, expresó Bannister.

En tanto, Jorge Müller, vocero del Comité de Defensa del Río San Pedro-Valdivia y empresario de Pueblito Expediciones, fue enfático en poner en duda el comportamiento de la empresa Colbún.

“Esto dicta un precedente de lo que deben hacer los otros organismos que deben vigilar y controlar que las empresas hagan las cosas acordes a derecho y es una clara señal de que lo que ha prometido Colbún, no se ha traducido en los hechos, porque primer trabajo que hacen ya están transgrediendo toda la normativa establecida”, sostuvo.

HidroAysén (cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, 2.750 MW) se ha transformado en el principal blanco de movimientos ecologistas y de las ONGs ambientalistas, los que se han congregado bajo el amparo de Patagonia sin Represas.

Pero la contracampaña no sólo se centra en el proyecto de Aysén. Los mismos socios en el megaproyecto enfrentan esta realidad en otros lugares del país, al igual que otras firmas del sector, como AES Gener y SN Power, a través de su filial Trayenko.

Más allá de la labor de los organismos medioambientalistas como Ecosistemas y Chile Sustentable, el método que utilizan los opositores es similar: sitios web alertando de los proyectos o creados con la exclusiva finalidad de oponerse al mismo; manifestaciones que llamen la atención mediática (juntas de accionistas, reuniones entre empresas y autoridades o medios de comunicación), y el “reclutamiento” de figuras de alto perfil público (cantantes, actores y otros) que solidaricen con la causa.

El caso más bullado ha sido el de SN Power, que a través de la coligada Trayenko busca emplazar cuatro centrales de pasada en Panguipulli y Futrono.

La empresa, que aún no toma la decisión de negocios respecto de la iniciativa, ha realizado reuniones y actividades para dar a conocer el proyecto con las comunidades, tanto en Chile como en Noruega. El vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de SN Power, Nils Husby, incluso ha ofrecido eliminar una central, para darle viabilidad a la obra.

Un punto en el que han puesto especial hincapié las eléctricas es en el trabajo informativo con los habitantes de las comunas donde buscan desarrollar los proyectos. Estas labores comunicacionales por ley son obligatorias recién una vez que ha comenzado el trámite ambiental del proyecto, pero en la práctica las empresas las realizan desde meses antes.

Endesa, por ejemplo, se encuentra realizando estudios de prefactibilidad técnica para un proyecto que busca levantar dos centrales de pasada en la zona cercana a Neltume y Panguipulli, en la Región de los Ríos.

Aunque la decisión de levantar las centrales Choshuenco y Neltume (600 MW entre ambas) aún no se toma ni tampoco existe el EIA, la firma ya se ha contactado con todos los representantes comunales de la zona, e incluso implementó un plan de capacitación en diversos oficios para 200 personas residentes en dichas comunas.

Trabajo comunal

AES Gener, en tanto, llegó a una solución técnica para su proyecto Alto Maipo (dos centrales de pasada, 531 MW) que le permitió modificar los trabajos en la zona de El Manzano, uno de los principales reclamos que tenían los habitantes de San José de Maipo.

En el caso de Colbún, que busca levantar la central Angostura (309 MW) en la comuna de Santa Bárbara (Región del Bío-Bío), la compañía ha asumido un rol proactivo, y aún cuando el proyecto está en fase de ingeniería, sin que exista el EIA, ya se ha reunido con los alcaldes, consejeros municipales, parlamentarios, juntas de vecinos y gremios empresariales para explicar el proyecto.

Éstas son algunas de las medidas adicionales que han tomado las empresas para poder concretar estas obras, que sumadas a otras iniciativas como las de Pacific Hydro (555 MW en el valle del Cachapoal) y las que tiene la misma empresa junto a SN Power en el valle del Tinguiririca (La Higuera y la Confluencia, 310 MW), permitirán agregar más de 5.565 MW de potencia instalada al Sistema Interconectado Central (SIC).

Estrategia

Los ecologistas buscan impacto mediático y reclutan figuras internacionales para hacer notar su oposición

Fuente: www.emol.com

No sólo la visita del abogado ambientalista Robert Kennedy Jr. “internacionalizó” el debate por la construcción de cinco represas en la Patagonia que conforman el proyecto de la sociedad HidroAysén. Ayer, un editorial aparecido en The New York Times titulado igual que la campaña de las organizaciones ambientalistas que se oponen al plan (“Patagonia sin represas”) hizo una nueva contribución.

El artículo argumenta que las centrales hidroeléctricas sobre los ríos Baker y Pascua “podrían dañar irreversiblemente uno de los lugares más salvajes y hermosos del planeta”. Agrega que la construcción de las líneas de transmisión hacia Santiago dejaría una “cicatriz” en algunos de los más fascinantes paisajes chilenos. “La mayoría de la electricidad generada por el proyecto podría no ser usada para uso residencial sino para la minería y la industria”.

El editorial también cuestiona las políticas energéticas locales. Dice que las represas “son un legado del gobierno de Pinochet, que privatizó los derechos de agua en Chile. La filial chilena de una compañía española, Endesa, ahora tiene los derechos y está presionando por el proyecto. El Gobierno democráticamente elegido de Chile le está permitiendo avanzar”. Luego, insta a las autoridades a reconsiderar estos planes de corto plazo, “como lo deberían hacer también las empresas internacionales que tienen los derechos de agua de esos ríos”.

The New York Times argumenta que Chile necesita “desesperadamente” nuevas fuentes de energía, pero plantea que “destruir esos ríos y la vida que depende de ellos no es la solución”. Agrega que resolver la crisis con responsabilidad también debe incluir otras alternativas renovables, como la solar, la eólica y la geotérmica.

Esta no es la primera vez que el proyecto de Endesa y Colbún tiene repercusiones en el extranjero. En enero pasado, el diario El País de España criticó la construcción de las represas en un artículo titulado “Los embalses y los cables amenazan la Patagonia”, donde se califica al proyecto de Endesa como “faraónico”. El gobierno no se pronunció por el artículo. La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, señaló que no resulta conveniente referirse a una iniciativa sobre la cual todavía no se conocen sus características y que tampoco ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Endesa defiende el proyecto

Donde sí hubo pronunciamientos sobre las represas en la Patagonia, fue en la junta de accionistas de Endesa. Las intervenciones de la defensora de los bosques, Malú Sierra, como voz de la ONG International Rivers, y del empresario Douglas Tompkins, miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia, abrieron el debate.

El presidente de la Endesa, Mario Valcarce, defendió el proyecto hidroeléctrico. “Chile tiene un natural derecho al crecimiento con cuidado de su medio ambiente. Lo que me parece curioso es que muchas críticas vengan de países como Estados Unidos, que consume siete veces lo que Chile”, dijo.

Valcarce explicó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se presentará en junio, lo que no retrasa las obras, sino que busca que éste sea objeto del mínimo de críticas y observaciones. Según sus estimaciones, la generación de los 2.750 MW costarán entre 2.700 y 2.800 millones de dólares.

VERDES VAN A TRIBUNALES

Los parlamentarios de la bancada verde, Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (PS), Enrique Accorsi (PPD), Fulvio Rossi (PS), Marcelo Díaz (PS) y Alejandro García Huidobro (UDI), anunciaron acciones legales para frenar la construcción del proyecto Hydroaysén. “Si entra al Sistema de Evaluación, se aprueba. Ésa es la orden que tienen todos los seremis”, dijo Accorsi. “No puede ser que el Gobierno imponga este fast track ambiental”, siguió Díaz. “Le vamos a dar la guerra al proyecto (…) aquí se está violando la soberanía nacional”.

Un total de 9 oficios a autoridades de Gobierno ha enviado -por mandato de sus pares- el presidente de dicha instancia, diputado Enrique Accorsi, con el fin de inquirir sobre diversos temas relacionados con la iniciativa que busca embalsar en la Patagonia chilena dos de los más importantes cursos hídricos del país y construir la línea de transmisión eléctrica más larga del mundo.

Una de las notas fue enviada a la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, a quien -al igual que al director de la Conama, Alvaro Sapag- se le solicita incorporar como normativa aplicable al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos del Tratado de Medio Ambiente suscrito con Argentina a principios de los 90. En el mismo sentido solicitan al Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°67 de 1993, en este caso respecto de la necesidad de diseñar un Plan General de Utilización asociado a la cuenca compartida del Baker.

También a Uriarte y a Sapag se les pide entregar antecedentes sobre la forma en que se enfrentará la evaluación ambiental de los megaproyectos de las empresas HidroAysén (represas) y Transelec (línea de transmisión) “habida consideración de que éstos forman parte de un mismo emprendimiento y de que dependen entre sí en lo que respecta a su desarrollo o explotación efectiva, lo cual haría necesario que ambos proyectos sean evaluados conjuntamente y por una misma autoridad”. En particular a la ministra de Medio Ambiente le plantean la necesidad de emitir un pronunciamiento sobre la pertinencia de exigir que en los Estudios de Impacto Ambiental que presenten las empresas hidroeléctricas, se considere la fase de cierre y/o abandono de las instalaciones.

En el caso del director general de Aguas, Rodrigo Weisner, se le solicitó información sobre la naturaleza y el caudal de los derechos de agua no consuntivos que Endesa posee en la Región de Aysén, y de aquéllos que ha solicitado constituir HidroAysén además de dar a conocer las oposiciones presentadas a las solicitudes formuladas por dicha empresa, y los fundamentos de éstas. También requieren a la autoridad nacional “informar a la Fiscalía Nacional Económica respecto del porcentaje de derechos de agua no consuntivos que Endesa habría transferido en uso a HidroAysén S.A. y de la eventual situación monopólica que se produciría si esta última lograse obtener íntegramente los derechos solicitados a esa dirección”. Este aspecto se refuerza con una nota similar al Fiscal Nacional Económico, Enrique Vergara.

Los oficios, enviados a principios de noviembre, se complementaron con la nota que Enrique Accorsi despachó al presidente de la Cámara de Diputados Patricio Walker para reiterar a diversas autoridades, entre ellas la intendenta de Aysén, Viviana Betancourt, la solicitud de antecedentes que varias organizaciones requirieron a la máxima autoridad de dicha región en el marco de la “Cabalgata Patagonia Sin Represas”, las cuales no fueran respondidas a satisfacción por parte de la autoridad de Gobierno.

La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente está integrada por 13 diputados de diversas colectividades.