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Bachelet aboga por una institucionalidad medioambiental “moderna y eficiente”

Jefa de Estado firmó proyecto de ley que crea el Ministerio del ramo y la Superintendencia de Fiscalización ambiental.

“Este proyecto es un tremendo paso”, dijo la Presidenta Michelle Bachelet al firmar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Medioambiente y la Superintendencia de Fiscalización ambiental en una ceremonia realizada en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Rodeada de los ministros integrantes del concejo de la Conama, representantes del empresariado como Alfredo Ovalle y del mundo ecologista como sara Larraín, la jefa de Estado recordó que este proyecto fue compromiso de su campaña. Incluso se dio tiempo para bromear al contar una infidencia de la ministra Ana Lya Uriarte: “La ministra me decía me siento como cuando estuve en mi parto y yo le dije felcitaciones pariste un niño o una niña”, frase que grafica lo que Bachelet llama “un proceso para construir una respuesta a una necesidad y la respuesta será perfectible, pero nosotros no queremos no hacernos cargo de un tema que había que abordar con seriedad”.

Para la jefa de Estado el objetivo final tras este proyecto es lograr “una institucionalidad moderna y eficiente que busque la sustentabilidad, la integración y la calidad de vida de la comunidad. Estoy segura que este proyecto va a generar mucha discusión, para algunos será insuficiente y para otros excesivo, porque es claro que frente al tema de medioambiente hay distinas posturas e intereses, pero en el parlamento habrá el espacio para que los distintos actores digan cuanto más quieren o cuanto menos y por qué”.

El nuevo Ministerio colaborará con el Ejecutivo en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El proyecto de ley permite transformar la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, abocado exclusivamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, estará sujeto a un sistema de selección de Alta Dirección Pública a cargo de su administración, orientado a simplificar los trámites ambientales y proporcionar información adecuada para los proponentes y la comunidad.

Paralelamente se crea la Superintendencia de Fiscalización Ambiental como órgano autónomo, cuyo nombramiento será realizado por el Presidente de la República mediante el sistema de Alta Dirección Pública. Tendrá competencias en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental, tales como Resoluciones de Calificación Ambiental; Medidas de Planes de Prevención y Descontaminación; Normas de Calidad y de Emisión y Planes de Manejo de la Ley N° 19.300.

La fiscalización directa será realizada por la Superintendencia, por los órganos sectoriales, cuando correspondan, y por terceros acreditados mediante sistema de normalización. Se regula también un sistema de evaluación y certificación de conformidad privada, sometido a la disciplina y regulación de la Superintendencia y que sólo podrá ser realizado por sujetos certificados.

Se establece una regla de denuncia ciudadana por incumplimiento, que habilita a la Superintendencia a investigar y se obliga a responder los resultados de toda investigación. Al denunciante se le da la calidad de interesado para todo el procedimiento administrativo respectivo.

Asimismo otra de las propuestas incluidas, la cual fue destacada por la ministra Ana Lya Uriarte, es la creación de la Unidad de Medio Ambiente de las Municipalidades, donde se establece que aseo y ornato a nivel municipal pasará a desempeñar competencias ambientales a nivel local, como proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas; aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna; y elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental.

En cuanto al acceso a la información ambiental, el proyecto declara pública toda la información de carácter ambiental que está en poder de la administración, es decir: el estado de los componentes ambientales, así como de los factores que inciden en él y las medidas adoptadas; el establecimiento y administración de un sistema de información ambiental que considere un conjunto de información de acceso comprensible para los ciudadanos; y la obligación de emitir periódicamente un informe del estado del Medio Ambiente y la calidad del mismo a nivel nacional, regional y local.

Ecologista Sara Larraín denuncia ‘chantaje’ en favor de represas y termoelectricidad

Acusó una “nueva escalada monopolista” en el mercado eléctrico de Chile:

La directora del Programa Chile Sustentable declaró que “grandes actores del negocio eléctrico buscan la aprobación proyectos energéticos que externalizan costos sobre la salud de las personas y el patrimonio natural”.

La directora ejecutiva de la organización no gubernamental (ONG) ambientalista Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, acusó este miércoles “el interés por secuestrar el debate energético e imponer un chantaje para favorecer la instalación de megarrepresas hidroeléctricas y megatérmicas a carbón”.

El monopolio de Endesa

A juicio de Larraín, la inclinación empresarial por el carbón y las megarrepresas “devalan el usual sesgo de mercado: menor precio del carbón sin internalizar costos de emisión de CO2 y concentración de la propiedad de derechos de agua en un trasfondo de estrechez hídrica que augura el cambio climático”. En este sentido, la ecologista dijo recordó que Endesa ya posee el 80% de los derechos de aguas no cosuntivos del país y “hoy demanda ante la justicia al fisco para que en sus proyectos prime la Ley General de Servicios Eléctricos sobre el Código de Aguas. Si lo consigue, sucederá que en caso de sequía, aun cuando los derechos de todos los titulares deban reducirse proporcionalmente, los suyos no sufrirían esa restricción ni estaría sujeta a la normativa de extracción ilegal de agua ni debería responder ante juntas de vigilancia, conformadas por los demás usuarios del agua en cada cuenca”.

A renglón seguido, dijo que “con enorme despliegue comunicacional, actores del mercado eléctrico pretenden hacernos creer que sólo es factible avanzar con represas, centrales térmicas o tecnología nuclear, y quienes se oponen a la idea son catalogados de marginales o contrarios al progreso”.

Energía y democracia

Sara Larraín dijo que el tema energético “no sólo es una cuestión económica y financiera, como pretenden algunos, sino que es un tema que pone en juego la profundización de nuestra democracia, pues el país enfrenta un mercado eléctrico monopolizado, con empresas que cada vez obtienen mayor influencia política”

La representante del Programa Chile Sustentable recordó que una encuesta municipal determinó que el 78% de los tortelinos rechaza represar ríos de la Región de Aysén y que según el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), 70% de los chilenos estima que las megarrepresas dañarían el ambiente. “Esto implica evaluar si el gobierno propiciará la internalización de costos socioambientales; si exigirá una competencia justa entre opciones tecnológicas; si conciliará desarrollo energético y desarrollo regional o aplicará el dogma de la ‘neutralidad tecnológica’, para permitir que ‘el mercado energético’ -hoy, peligrosamente monopolizado- perpetúe su influencia sin contrapeso y la vulnerabilidad energética”, aseveró la líder ambientalista.-