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Ecologistas rompen pacto con el Gobierno

Tres veces la administración Bachelet negó el punto referido a no incluir la opción nuclear en la política energética, según los ambientalistas. Razón suficiente para desahuciar el compromiso de apoyar su gestión. Sus dardos apuntan a Marcelo Tokman.

La decisión estaba tomada desde hace días y sólo faltaba darle aviso al ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, lo que ocurrió ayer en la tarde en La Moneda. Las organizaciones ambientalistas y ecologistas desahuciaron el acuerdo que firmaron con la entonces candidata Michelle Bachelet el 21 de noviembre de 2005 en el Jardín Botánico Chagual, que contenía diez compromisos para un desarrollo sustentable, porque su administración no lo cumplió.

El principal argumento es la reiterada violación del punto 7 del decálogo: “No incluir la opción nuclear en la política energética nacional”. Según la carta que entregaron a Viera-Gallo, ese compromiso fue transgredido en más de una ocasión. Primero, con el decreto de marzo del año pasado del Ministerio de Minería que crea la comisión presidencial “Grupo de Trabajo en Núcleo-Electricidad” con fondos públicos superiores a los 100 millones de pesos para su trabajo, lo que fue reiterado en el envío al Parlamento del presupuesto de la nación para este año donde se incluye financiamiento para ese mismo grupo. Segundo, con la participación de Marcelo Tokman el pasado 27 de marzo en el seminario “Energía nuclear: una opción para Chile”, donde el ministro de Energía anunció dos millones de dólares para evaluar la incorporación de la energía nuclear en la matriz eléctrica del país que se repetirían el 2009. “Ese no era un seminario, sino un lobby de las empresas nucleares”, dice uno de los ambientalistas.

Viera-Gallo dijo que la Presidenta les responderá en los próximos y que planteará el tema en el comité político. El nombre de Tokman fue el que más se repitió en la media hora de reunión. “(Viera-Gallo) Nos dijo que los anuncios de Tokman se deben a la coyuntura energética y a las presiones de distintos sectores. Pero fue intencionalmente muy vago en sus dichos”, cuenta uno de los asistentes a la cita. Los ambientalistas plantearon que lo único que cambiaría su posición sería la renuncia del ministro de Energía. “Pero sabemos que eso no va a pasar”.

Los ambientalistas, sin embargo, reconocen que se avanzó en algunos puntos: la formulación de los proyectos de ley para la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental, la creación del Servicio Nacional de Parques y la elaboración de la Estrategia Integral de Cuencas. Pero advierten que poco o nada se hizo en el establecimiento de un Sistema de Cuencas Ambientales y de líneas de política fiscal para la sustentabilidad ambiental; la ampliación del Fondo de Protección Ambiental; la protección de glaciares y no abrir paso a los cultivos transgénicos comerciales.

Hoy los representantes de las 23 organizaciones que firmaron el acuerdo de Chagual realizarán una conferencia de prensa (10:30 horas), en las oficinas de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) para entregar mayores detalles sobre las razones del fin del pacto ambiental con el Gobierno.

acuerdo de Chagual

Ecologistas reiteran rechazo a rebaja del impuesto a los combustibles

Para el dirigente Luis Mariano Rendón la medida “es una abierta contradicción con la supuesta preocupación del Gobierno sobre el cambio climático y sobre la grave contaminación atmosférica que afecta a las principales ciudades de nuestro país”.

El Movimiento Acción Ecológica reiteró este jueves su rechazo al proyecto sobre la rebaja del impuesto a los combustibles a la vez que valoró positivamente la posición adoptada en la votación del miércoles por los senadores Nelson Avila, Guido Girardi y Alejandro Navarro.

Los tres parlamentarios se abstuvieron de apoyar el proyecto de ley enviado por Bachelet que reduce temporalmente, por dos años, de 6 a 4,5 UTM por metro cúbico el impuesto a la gasolina.

“La actitud de estos tres senadores es altamente valorable, pues expresaron abiertamente su desacuerdo con estimular el uso del automóvil abaratando la gasolina”, sostuvo Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica.

El dirigente ecologista precisó que “esta medida, como lo manifestaron estos parlamentarios, es una abierta contradicción con las supuesta preocupación del Gobierno sobre el cambio climático y sobre la grave contaminación atmosférica que afecta a las principales ciudades de nuestro país”.

Asimismo Rendón dijo que el proyecto gubernamental “es un despropósito en materia social, pues reduce la carga del litro de gasolina, pero la mantiene sobre el litro de leche, sobre el kilo de arroz o sobre los libros. La verdad es que es evidente que el populismo ha desquiciado las prioridades del actual Gobierno”.

Rendón agregó que la actitud de Avila, Girardi y Navarro, a la que hay que agregar la del diputado Accorsi cuando este proyecto se discutió en la Cámara Baja, resalta más aún en medio de la deshonestidad política prevaleciente en el resto del Congreso.

“Decimos deshonestidad, pues senadores como (Camilio) Escalona y (Jovino) Novoa, entre otros, escucharon directamente nuestros planteamientos en la Comisión de Hacienda. No refutaron nada de lo que dijimos en ese momento, así como tampoco refutaron las intervenciones de los senadores que se abstuvieron en la Sala. Simplemente, optaron por “hacerse los lesos” respecto de todos los argumentos que demuestran lo aberrante que resulta propiciar la quema de combustibles fósiles por los automovilistas, en el planeta en general y en nuestras asfixiadas ciudades en particular. Parece que uno de los pocos acuerdos nacionales verdaderamente transversales es cerrar los ojos frente a la destrucción de la naturaleza y el daño a la salud de las personas”.

Fuente: www.elmostrador.cl

Ecologistas chilenos y españoles denuncian en Madrid “el principio del fin de La Patagonia”


Aseguran que la construcción de cinco represas en la región de Aysén dejarán bajo el agua una parte de los parques nacionales de Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins.

Las cinco represas que la eléctrica española Endesa pretende construir en Chile junto a la empresa chilena Colbún marcarán “el principio del fin de La Patagonia”, denunciaron hoy en Madrid varias organizaciones ecologistas.

Greenpeace España responsabilizó del proyecto a Manuel Pizarro, ex presidente de la compañía y actual número dos del conservador Mariano Rajoy en la lista del Partido Popular (PP) por Madrid para las elecciones generales del 9 de marzo en España.

La Patagonia chilena es la segunda mayor reserva de agua dulce del mundo y la región, de gran valor ecológico, está en trámite de ser declarada Patrimonio de la Humanidad. En las zonas afectadas por el proyecto, que pretende abastecer de energía a Santiago y las regiones mineras del norte, sobreviven especies en peligro de extinción, entre ellas el gato montés, el huemul, el zorro culpeo, la ranita de Darwin o el huillín.

De construirse las cinco “megapresas” para abastecer centrales hidroeléctricas se inundarían 59 kilómetros cuadrados de la región de Aysén, en el entorno de los ríos Baker y Pascua, dijeron los ecologistas en rueda de prensa.

Allí se encuentra un ecosistema que sólo está presente en esa zona. También quedarían bajo el agua una parte de los parques nacionales de Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y tres reservas naturales.

“Si la política del cemento y el hormigón llega a la segunda reserva mundial de agua, poco queda ya por destruir”, aseguró el director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, quien acusó de doble moral a la segunda eléctrica española, asegurando que si en el país europeo se dieran las mismas condiciones que en Chile para este proyecto, éste nunca llegaría a término.

MANIFIESTO

Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF España, Amigos de la Tierra, junto a otras organizaciones ecologistas españolas y el Consejo de Defensa de la Patagonia (CODEFF), que agrupa a 30 organizaciones chilena, presentaron un manifiesto en el que llaman urgentemente a las autoridades españolas y chilenas para que no permitan “la destrucción ambiental y cultural de una parte importante de la región de Aysén, corazón de la Patagonia chilena”.

El proyecto, liderado por la empresa HidroAysén, constituida por la española Endesa (51%) y la chilena Colbún del grupo Matte (49%), “pretende inundar más de 5.910 hectáreas de tierras vírgenes para generar un negocio en beneficio principalmente del centro industrial y minero transnacional de Chile”, según las organizaciones, que piden a la eléctrica española la retirada del proyecto.

La iniciativa empresarial contempla la construcción de una línea de transmisión eléctrica de más de 2.200 kilómetros de largo, con 5.000 torres de 60 a 70 metros de altura y una franja talada de 70 metros de ancho, que atravesaría ocho regiones de Chile.

Las ONG denuncian que afectará a cientos de comunidades y 12 áreas silvestres protegidas, más de 15.000 hectáreas serían directamente intervenidas y millones de hectáreas de paisaje degradado.

La región Aysén se convertiría “en una especie de despensa o pila del país” al llevar los 3.000 megavatios-hora de energía generados a Santiago de Chile y a las regiones mineras del norte, afirmó el director de la organización ecologista Codeff Aysén, Peter Hartman.

Agencias