“Durante los últimos 25 años tuvimos una forma de vida muy lujosa, sin preocuparnos para nada del medio ambiente. Ahora hay que cambiar la forma en la que consumimos, compramos y comemos”, declaró el profesor británico John Anthony Allan, ganador del Premio del Agua de Estocolmo 2008, en una conferencia de prensa.

Este año, la Semana Mundial del Agua se centra en el tema del saneamiento y la higiene, teniendo en cuenta que un tercio de la humanidad carece de instalaciones sanitarias, o sea, alrededor de 2.600 millones de personas.

La situación puede tener consecuencias dramáticas sobre la salud pública, y se presenta como un desafío para la comunidad internacional.

Además, el aumento de la población mundial y el rápido desarrollo de Asia y África están agotando las reservas de agua del planeta.

Para el director de la Semana, Anders Berntell, es necesario “una toma de conciencia por parte de los dirigentes” sobre la urgencia de una solución para esa falta de instalaciones sanitarias.

Un quinto de la población mundial sufre actualmente la falta de agua y ese porcentaje alcanzará el 30% en 2025, según la ONU, que instituyeron 2008 como Año Internacional del Saneamiento.

“La falta de acceso a las instalaciones sanitarias es uno de los mayores escándalos de todos los tiempos”, denunció el príncipe Guillermo, el hijo mayor de la reina Beatriz de Holanda y presidente del Consejo Consultivo para el Agua y el Saneamiento ante la Secretaría General de la ONU.

El príncipe holandés subrayó que “7.500 personas mueren cada día por falta de higiene”, una situación que, criticó, “no ha cambiado desde hace siete años”.

Bajo el título ‘Progresos y perspectivas en el ámbito del agua: por un mundo más limpio y más sano’, la 18a. edición de la Semana Mundial del Agua se articula en talleres y conferencias animadas por científicos, representantes de empresas y gobiernos, y miembros de ONG y de Naciones Unidas.

“No es muy popular hablar de sanitarios, excrementos y menstruaciones, pero son cuestiones clave estrechamente ligadas al desarrollo”, explicó a AFP hace unos días Stephanie Blenckner, portavoz del Instituto Internacional del Agua (SIWI), organizador del evento.

“Cinco mil niños mueren cada día de diarrea por la falta de higiene y de sanitarios decentes”, añadió, precisando que la educación en torno a esas cuestiones es primordial.

Este martes, la jornada está dedicada a Asia, que representa el 60% de la población mundial, y cuyo desarrollo económico exponencial ha contribuido en gran medida a la reducción de los recursos de agua disponibles.

Hoy día, el agua disponible por persona representa en ese continente del 15 al 30% de lo que era en los años 50.

Blenckner señaló además que los países europeos no están libres del problema del agua, al destacar que “20 millones de europeos no tienen acceso a instalaciones sanitarias decentes”.

Los expertos analizarán también las soluciones concretas para adaptarse a los cambios climáticos.

“La cuestión no es ya saber si hay cambio climático o no. Sabemos que hay un calentamiento climático y ahora hay que reaccionar”, añadió Stephanie Blenckner.

 
Organismo creado por el Ejecutivo para proponer medidas para enfrentar desastre provocado por el virus ISA no se pronunciará sobre un tema clave para los ecologistas: el crecimiento de la industria. Sólo lo hará en materias como la revisión de reglamentos sanitarios y control de ovas.
 
La comisión gubernamental que se creó para abordar la crisis de la industria del salmón tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Sin embargo, ninguna de ellas apuntará a frenar la expansión de la industria como lo habían solicitado ONG ambientalistas, a raíz de los problemas provocados en el sector por el virus ISA (anemia infecciosa del salmón).

La instancia -que preside el ministro de Economía, Hugo Lavados, secundado como secretario ejecutivo por el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval- tuvo la tarea de recabar información sobre los problemas que aquejan al sector y sus posibles soluciones.

Pero la expansión no será tema, así como tampoco la situación laboral de los trabajadores, ni el uso de antibióticos (ver nota aparte). En cambio, sí se buscarán mecanismos para regular el ingreso de ovas al país, ya que el virus ISA llegó a Chile desde el extranjero.

Paralelamente se revisarán los dos instructivos del sector: el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) y el Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA), propuestas que no incluyen cambios estructurales o requieran una discusión legislativa.

La comisión tendrá ahora dos meses para profundizar en estos temas y definir cuál será el nivel de importancia que tendrá cada uno. En diciembre, deberán ser implementadas. Cualquier otro cambio de fondo será materia de análisis el próximo año, lo que para las ONG es el peor escenario, debido al tema electoral.

La directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, dijo que sería una mala noticia que ninguna de las propuestas apunte a frenar momentáneamente la expansión de la industria para abordar los problemas de fondo de este sector.

“Lo propicio sería frenar la expansión de la industria, porque se necesitan hacer cambios regulatorios y de ordenamiento territorial importantes que son muy difíciles de hacer cuando esta industria se sigue expandiendo”, dijo.

Para el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, quien ayer viajó a Noruega para denunciar el doble estándar con el que a su juicio operan las salmoneras en nuestro país, sostuvo que detener el crecimiento de las concesiones acuícolas es clave para resolver el problema en que se encuentra hoy el país y que se ha traducido en el despido de miles de personas.

Moratoria temporal

“Nuestra principal demanda es que se aplique una moratoria temporal a la entrega de nuevas concesiones, hasta que el Estado asegure que puede resguardar el medio ambiente, la salud pública y los derechos de trabajadores, y comunidades costeras”, señaló.

En Oceana, su director Alex Muñoz, dijo que su ONG emitirá una opinión oficial una vez que las propuestas sean dadas a conocer por el Gobierno.

Sin embargo, afirmó que en el caso que no se considere el fin al uso de antibióticos o no se incluyan acciones para frenar la expansión de salmoneras en la Duodécima Región, abogarán porque la comisión reformule sus prioridades.

 
LA POLÉMICA POR LOS ANTIBIÓTICOS
 
Además de la preocupación por los efectos negativos de la expansión de la industria, las ONG también están inquietas por el uso de antibióticos. Un tema que no aparece dentro de las propuestas de la comisión, pero que podría abordarse a la hora de revisar los reglamentos sanitarios.

Esta semana la ONG Ecoceanos lanzó una campaña para proteger a los consumidores y pidió la creación de una agencia estatal que monitoree el uso de antimicrobianos en animales para consumo humano, un tema de alta preocupación para la Organización Mundial de la Salud.

Según estudios del Instituto de Farmacia de la Universidad Austral, el salmón que se vende en supermercados presenta residuos de medicamentos que están prohibidos en países como EEUU.

Lo mismo quiere Fundación Terram. En su presentación a la comisión denunció que no hay información pública disponible de las cantidades reales de antibióticos que se utilizan en acuicultura, así como en la ganadería y avicultura, a diferencia de los que ocurre en salud humana.

“A lo que se suma una preocupante descoordinación con organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la autorización de vacunas que reemplacen el uso de antibióticos administrados en baños o a través del alimento”, dijo la ONG.

Fue el primer impulsor de una ley de protección a glaciares y hoy es el primer desencantado porque las autoridades echaron pie atrás en la idea de legislar. “Lo lógico es que el Ejecutivo sea un actor relevante para proteger los glaciares y no que ceda a las presiones de las mineras”, dice el senador Antonio Horvath. Pero las señales que llegaban desde la Conama iban en esa dirección: el proyecto de ley espera hace más de un año las indicaciones del Ejecutivo para pasar desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado a la sala.

Junto con el turismo, la actividad minera es la que mayor impacto negativo genera en los glaciares, pero las empresas que los realizan no están de acuerdo con someter a un Estudio de Impacto Ambiental sus actividades. Eso establece uno de los artículos del proyecto que luego fue complementado en un trabajo conjunto por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Chile Sustentable y el Instituto Geográfico Militar.

Presiones

“Las presiones se iniciaron con el proyecto Pascua Lama cuando la Barrick quería remover glaciares”, explica el presidente de la SNA, Luis Schmidt. La minera canadiense pretendía remover los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, lo que habría provocado problemas en el embalse Santa Juana y en los valles del Carmen y del Tránsito en la III Región. “Las mineras nos decían que estábamos llevando a que no hubiera desarrollo en el país. Pero ya ves lo que pasó con Pascua Lama: no se intervienen glaciares, pero el proyecto se hará igual. Eso demuestra que pueden invertir y hacer más sustentable sus proyectos”.

Schmidt explica que el proyecto de ley recorrió un largo camino para evitar la confrontación con las mineras. Él mismo participó en reuniones con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y con los entonces ministros de Agricultura, Álvaro Rojas; de Minería, Karen Poniachik; y de la Secretaría General de la Presidencia, Paulina Veloso. “Tratamos de llegar a consensos para que no hubiera dificultades”, cuenta Schmidt. Incluso, a principios del año pasado, la SNA y la Sonami acordaron trabajar en conjunto en una propuesta de ley, pero la idea se cayó por choque de visiones. Horvath también se reunió con el mundo minero para tratar el tema. “Nosotros tuvimos reuniones con la Sonami y después ellos negaron los acuerdos. No quieren avanzar en esto”, acusa.

Política Nacional de Glaciares

En un principio, el Ejecutivo estuvo dispuesto a trabajar sobre este tema. “Incluso la Segpres le hizo indicaciones al proyecto”, cuenta Schmidt. Pero el escenario cambió y hoy está buscando una vía alternativa a través de la Dirección General de Aguas (DGA), organismo que tiene la tuición sobre las aguas líquidas y que reconoce el daño que la actividad minera genera en los glaciares. Según fuentes de Conama, el proyecto de ley no está del todo descartado, pero se optó por avanzar en la elaboración de una política nacional de glaciares y un registro de glaciares, según determinó el Consejo Directivo de Conama el año pasado. “Sin perjuicio de lo que se está intentado hacer por medio de la DGA, es más importante una ley”, sigue Schmidt.

Los datos no dan para relajarse. En Chile se han catastrado 1.751 glaciares hasta el año 2002. El 87% presenta evidentes retrocesos, según los estudios más recientes. “Yo no doy la pelea por perdida. Vamos a sacar una ley sí o sí”, dice Horvath.

DGA FISCALIZARÁ PASCUA LAMA

A fines de enero de 2007, el MOP creó la Unidad de Glaciares en la DGA para monitorear reservas de agua dulce con un presupuesto de $ 625 millones. Uno de los objetivos que tiene esa unidad para este año es la construcción de un refugio de alta montaña en el valle de Huasco para la fiscalización del proyecto Pascua Lama -uno de los reparos de la aprobación de ese proyecto se relaciona con no tocar los glaciares-, lo que corresponde a un compromiso que Bachelet hizo en Copiapó hace diez meses.

Otro refugio se construirá en el valle de Copiapó para monitorear los glaciares en el Cerro Tronquitos y realizar mediciones de la nieve acumulada en los alrededores. El plan incorpora convenios con centros de investigación: la Universidad de Chile para el estudio de glaciares y nieve de la región de Aconcagua; la U. de Magallanes para monitoreos hidrometeorológicos del Glaciar Tyndall, en Campo de Hielo Sur; y con el Centro de Estudios Científicos (CECS) para el balance glaciológico e hídrico en el glaciar Nef, Campo de Hielo Norte. Precisamente el ministro del MOP, Sergio Bitar, visitará esta tarde el CECS en Valdivia.

La directora del Programa Chile Sustentable declaró que “grandes actores del negocio eléctrico buscan la aprobación proyectos energéticos que externalizan costos sobre la salud de las personas y el patrimonio natural”.

La directora ejecutiva de la organización no gubernamental (ONG) ambientalista Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, acusó este miércoles “el interés por secuestrar el debate energético e imponer un chantaje para favorecer la instalación de megarrepresas hidroeléctricas y megatérmicas a carbón”.

El monopolio de Endesa

A juicio de Larraín, la inclinación empresarial por el carbón y las megarrepresas “devalan el usual sesgo de mercado: menor precio del carbón sin internalizar costos de emisión de CO2 y concentración de la propiedad de derechos de agua en un trasfondo de estrechez hídrica que augura el cambio climático”. En este sentido, la ecologista dijo recordó que Endesa ya posee el 80% de los derechos de aguas no cosuntivos del país y “hoy demanda ante la justicia al fisco para que en sus proyectos prime la Ley General de Servicios Eléctricos sobre el Código de Aguas. Si lo consigue, sucederá que en caso de sequía, aun cuando los derechos de todos los titulares deban reducirse proporcionalmente, los suyos no sufrirían esa restricción ni estaría sujeta a la normativa de extracción ilegal de agua ni debería responder ante juntas de vigilancia, conformadas por los demás usuarios del agua en cada cuenca”.

A renglón seguido, dijo que “con enorme despliegue comunicacional, actores del mercado eléctrico pretenden hacernos creer que sólo es factible avanzar con represas, centrales térmicas o tecnología nuclear, y quienes se oponen a la idea son catalogados de marginales o contrarios al progreso”.

Energía y democracia

Sara Larraín dijo que el tema energético “no sólo es una cuestión económica y financiera, como pretenden algunos, sino que es un tema que pone en juego la profundización de nuestra democracia, pues el país enfrenta un mercado eléctrico monopolizado, con empresas que cada vez obtienen mayor influencia política”

La representante del Programa Chile Sustentable recordó que una encuesta municipal determinó que el 78% de los tortelinos rechaza represar ríos de la Región de Aysén y que según el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), 70% de los chilenos estima que las megarrepresas dañarían el ambiente. “Esto implica evaluar si el gobierno propiciará la internalización de costos socioambientales; si exigirá una competencia justa entre opciones tecnológicas; si conciliará desarrollo energético y desarrollo regional o aplicará el dogma de la ‘neutralidad tecnológica’, para permitir que ‘el mercado energético’ -hoy, peligrosamente monopolizado- perpetúe su influencia sin contrapeso y la vulnerabilidad energética”, aseveró la líder ambientalista.-

Bancada verde y ONG los acusan de trasgredir principio de “probidad y transparencia”
 

El apoyo que el titular del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, entregaron al proyecto que pretende represar la Patagonia está ahora en manos del contralor para definir si contravienen la legislación sobre probidad administrativa.
 
 
Una veintena de parlamentarios de la bancada verde y representantes del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) presentaron ayer un requerimiento a la Contraloría General de la República donde se solicita que establezca que las conductas y los dichos de los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, sobre el proyecto HidroAysén contravienen la legislación sobre probidad administrativa. En el caso del ministro de la Segpres, se solicitó además su inhabilidad para conocer cualquier materia relacionada con ese proyecto, pues encabeza el Consejo Directivo de la Conama.

El argumento de la presentación es que ambos ministros han expresado su apoyo al proyecto hidroeléctrico -Pérez Yoma en febrero y Viera-Gallo la semana pasada en un seminario donde compartió panel con Bernardo Larraín, gerente general de Colbún- sin que éste haya ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, instancia que debe evaluar su viabilidad.

A la cabeza de los parlamentarios, el diputado PPD Enrique Accorsi pidió a la Presidenta Bachelet que aplique el principio de probidad y transparencia. “Esto es una presión indebida: Pérez Yoma es jefe de todos los seremis del país. ¿Con qué independencia van a actuar si su jefe hace este tipo de declaraciones?”. Pérez Yoma es también jefe directo de la presidenta de la Corema de Aysén, la intendenta Silvia Moreno, organismo que debe pronunciarse sobre el proyecto. Accorsi explicó que por esta razón se hace necesario un sistema de evaluación de proyectos que sea técnico y no político, lo que está incorporado en la reforma ambiental que ingresará al Parlamento en junio próximo.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara agregó que “más grave aún es lo de Viera-Gallo porque es ministro integrante de la Conama. No puede ser juez y parte en esta materia”. También calificó de “indignante” que el ministro de la Segpres pida que la participación ciudadana no sea “un abuso”.

“La participación ciudadana en este tipo de proceso es nula: no existe. Se suponía que este era un gobierno ciudadano. A lo mejor él (Viera-Gallo) quiere otro tipo de democracia”, le respondió.

“Además, solicitamos que se investigue si los ministros tienen algún tipo de relaciones con las empresas eléctricas o las tuvieron mientras trabajaron en el sector privado”, explicó el abogado del CDPLorenzo Soto.

Campaña

El secretario ejecutivo del CDP, Patricio Rodrigo, dijo que los resultados de la encuesta CERC, que entregó un 53% de rechazo al proyecto de las represas en la Región de Aysén, dio paso a una “campaña orquestada del mundo empresarial, de algunos políticos y ministros de Gobierno para salir en la defensa irracional de un proyecto que no ha sido evaluado.

Rodrigo llamó la atención de las autoridades respecto de dos fenómenos que no han despertado su interés. Uno, el vaciamiento del lago Cachet en abril: “Si las represas hubieran estado construidas se podían haber roto porque subió tres veces el caudal del río Baker y nadie ha dicho nada de eso”.

Dos, la erupción del volcán Chaitén: “Si la postación eléctrica hubiera estado trazada, estaría cortada. Estaríamos en un black out constante”, advirtió.

 
ESTRATEGIA
 
El documento presentado ayer en la Contraloría es el primero de una artillería legal que preparan los abogados del Consejo de Defensa de la Patagonia para impedir que el proyecto de cinco represas de la sociedad Endesa y Colbún llegue a buen puerto. La idea es inundar el plan de HidroAysén de incertidumbre y buscar en la justicia las garantías que no entregan las autoridades de Gobierno, al no ocultar su simpatía por el proyecto.
 
 

Monsanto, dueña de Semillas Seminis, Agrosearch, Limagrain, Pioneer y Ventrabioscience -las transnacionales que dominan el mercado exportador de semillas transgénicas en Chile-, controla el 90 por ciento de la producción de transgénicos en el mundo, según una investigación de la periodista francesa Marie-Monique Robin, presentada en el documental “El Mundo según Monsanto”. Según la investigación el crecimiento de cultivos transgénicos es monstruoso: En 2007 ya cubrían 100 millones de hectáreas.

La lista de horrores de Monsanto es conocida. En su sede de Saint Louis, estado de Missouri (EEUU) se fabricó el “Agente Naranja” utilizado como “herbicida” en la guerra de Vietnam y cuyos horrores aún se pueden ver en el Museo de Ho Chi Minh, ex Saigón. “El Mundo según Monsanto” revela vínculos de la transnacional con los gobiernos de Bill Clinton y Tony Blair. Además que el ex secretario de Defensa de la administración de George W. Bush, Donald Rumsfeld, trabajó como director de la División farmacéutica de Monsanto.

La Asociación Médica Británica, el Consejo Nacional de Investigación de EEUU, el Crii-Gen de Francia y otras instituciones aconsejan “prohibir el uso de transgénicos y sus productos”, e investigar “los impactos de largo plazo en la salud y el ambiente”. Según el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), la contaminación con transgénicos “pone en peligro una biodiversidad que es fundamental para la seguridad alimentaria de la humanidad”.

La Ley de Introducción de Transgénicos

El diputado Marco Enríquez-Ominami (PS), la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile) y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), se oponen al proyecto de ley que intenta la liberación de semillas transgénicas en nuestro país.

“La falta de rigor del gobierno en materia agrícola perjudica a los productores agrícolas, ya que en este caso la inoperancia abre camino al ingreso de cultivos transgénicos al país. Este es un camino sin retorno, debido a los efectos irreversibles de los transgénicos en la agricultura y el medio ambiente. El tema se debate en todo el mundo, mientras en Chile hay desconocimiento sobre los efectos y riesgos de la introducción de transgénicos”, dice Enríquez-Ominami. “Es inaceptable que la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, omitiera el tema al dar a conocer el plan de trabajo de su cartera”, agrega.

Actualmente nuestro país autoriza la producción de semillas transgénicas “para la exportación”. Según María Elena Rozas, cada vez hay más evidencias respecto de los daños que producen los transgénicos en la salud de los consumidores. Afirma que un estudio en ratas de laboratorio, alimentadas durante la gestación con soya transgénica RR -de Monsanto-, concluyó con más de la mitad las crías muertas en las tres primeras semanas de vida. “Nos preocupan los efectos de la contaminación de cultivos convencionales con transgénicos y los daños que ello acarreará a los agricultores orgánicos. En países como España y México la coexistencia entre ambos tipos de cultivos se ha demostrado imposible”, dice.

Por su parte, Camila Montecinos, experta en transgénicos y consultora de ANAMURI, critica que la ley no incluya sanciones por la contaminación de cultivos con transgénicos. Las autoridades tendrán apenas 60 días para aprobar la introducción de un cultivo transgénico y será sobre la base de información entregada por las propias empresas interesadas: “Más grave es que se incluye un mecanismo por el cual las transnacionales pueden cuestionar los decretos gubernamentales. Aunque la ley se denomina ‘de bioseguridad’, de seguridad no tiene nada. Debería denominarse claramente Ley de Introducción de Transgénicos. En lugar de traer un avance tecnológico, proporcionará mano de obra barata local para las transnacionales, tanto a nivel de productores como de investigadores que trabajarán para ellas”, dice.

“La liberalización de los cultivos transgénicos, en las condiciones que presenta esa ley, dejará al país en total indefensión en cuanto a proteger la salud y el ambiente”, dice el diputado Enríquez-Ominami. Si se aprueba la ley las empresas podrán cuestionar las clausuras de salvaguardas. Francia, en febrero pasado, congeló los cultivos de maíz transgénicos. Polonia, Alemania y Hungría ya lo habían hecho. Las organizaciones ciudadanas advierten que, además de que el proyecto no incluye sanciones en caso de contaminación de cultivos por transgénicos, las empresas podrán apropiarse de los cultivos contaminados.

Tras haber sido aprobado el primer informe en la Comisión de Agricultura, el proyecto continúa en trámite. De aprobarse la ley, advierten, el maíz que se come en Chile podría contaminarse, por ejemplo, con maíz transgénico que exporta Limagrain -que tiene un alto contenido de lipasa gástrica de perro-. Señalan que la contaminación que se podría generar debido a la liberación de cultivos transgénicos sería completamente irreversible.

Agrotóxicos, transgénicos y precariedad laboral

En Chile, los temporeros agrícolas -250.000 son mujeres- padecen una de las peores condiciones de precariedad laboral. Más de un 60 por ciento no tiene contrato laboral y es “enganchado” por contratistas, sufriendo incontables abusos, y el riesgo de enfermedades y muerte por el uso intensivo e indiscriminado de agrotóxicos. Muchos de estos son los de mayor peligro según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de los agrotóxicos usados en Chile pueden ser causa de abortos, cáncer, daños neurológicos, alteraciones reproductivas y malformaciones congénitas.

En enero, 13 temporeros resultaron intoxicados -por insecticida Zero 5 EC, un piretroide de ANASAC-, en un maizal transgénico en Pelarco, VII Región, mientras el Ministerio de Salud daba a conocer las cifras de intoxicados en 2007. El maizal de la Sociedad Agrícola Beyce, produce semillas para Massai Agricultural Services que exporta semillas híbridas y transgénicas, cuya producción de maíz y soja proviene -entre otros- de semillas importadas de Monsanto y Syngenta. Los cultivos transgénicos no disminuyen el uso de agrotóxicos. “Los trabajadores están sometidos a riesgos, y además, los cultivos tradicionales y nativos próximos podrían contaminarse”, dice RAP-Chile. El predio se ubica en la misma comuna donde, el 2004, temporeras de San Clemente sufrieron graves quemaduras. “Ese incidente rompió el secreto oficial, develando uno de los muchos lugares del país en que se cultivan transgénicos destinados a la exportación. Hay una intensa campaña del empresariado y el gobierno a favor del proyecto de ley aprobado en primer trámite por el Senado, que pretende liberar los cultivos transgénicos en el país”, agrega RAP-Chile.

La mayoría de las intoxicaciones por agrotóxicos en la actividad agrícola y forestal se produce entre septiembre y marzo. El año 2007, según cifras del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, fueron notificados 710 casos de intoxicaciones por agrotóxicos. La VII Región concentró 60 casos. El 2006, tasa más alta de envenenamientos lo tuvo la VI Región.

“Hay un cierto progreso en la reacción de los servicios públicos ante este tipo de emergencias, ya que cuando se produjo la intoxicación masiva de 2004, los fiscalizadores concurrieron a terreno sólo once días después. Esta vez, la fiscalización se inició de inmediato. Por lo general los sumarios sanitarios son muy limitados en sus resultados, y el problema de fondo permanece: grandes empresas insertas en el mercado global que obtienen enormes utilidades, ocasionando serios daños a la salud de las personas y sometiendo a la mano de obra a pésimas condiciones laborales”, señala RAP-AL.

Bachelet durante su campaña presidencial prometió que no permitiría la entrada de cultivos transgénicos.

Los cultivos transgénicos y su paquete tecnológico asociado, aumentan el hambre y destruyen la agricultura campesina porque:

- Estimulan los monocultivos que eliminan la biodiversidad.

- Aumentan el uso de agrotóxicos altamente venenosos para la salud humana y animal.

- Aumentan la contaminación de todos los recursos naturales.

- Intensifican la deforestación.

- No contribuyen a la creación de nuevos empleos, ya que este tipo de cultivos requieren poca mano de obra, y genera concentración de la propiedad de la tierra.

- Aumentan la expulsión de campesinos y campesinas del campo.

El proyecto que pretende aprobarse apunta, entre otros, a hacer factible la producción subsidiada de agrocombustibles anunciada por Bachelet hace sólo unos meses.

Fuente: Argenpress –
C. Patricio Santa Cruz V.
Ingeniero Forestal – Proyectos de Desarrollo Local
Telefono: (09) 9780531 -
e-mail: patricio.santacruz@gmail.com , patosantacruz@hotmail.com

Métodos de Sea Shepherd son rechazados por comisión internacional que se reunirá en Santiago
A fin de mes comenzará la reunión de la Comisión Ballenera Internacional, en la cual se intentarán poner en práctica mecanismos que permitan llegar a consensos en un tema de alta polarización.
 
 
 
 
 
Entre el 29 de mayo y el 27 de junio se realizará en Santiago la 60ª reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Al encuentro asistirán más de 500 delegados de los 78 Estados miembros, según detalla el director de Medio Ambiente de la Cancillería, Cristián Maquieira.

En la reunión una vez más se enfrentarán el bloque conservacionista y los partidarios de la caza de la ballena. La polarización frente al tema es tal que en marzo se realizó un encuentro preparatorio en Inglaterra para buscar mecanismos que permitan llegar a consensos.

En la cumbre, Chile mantendrá su postura proteccionista hacía la especie, mientras que Japón seguirá defendiendo la captura. De hecho hace menos de un mes que terminó su temporada de cacería “científica”. Sin embargo, no le fue tan bien en su campaña, ya que dos poderosas ONG, Greenpeace y Sea Shepherd, se enfrentaron con sus embarcaciones.

La primera es más moderada, pero la segunda es radical a la hora de luchar con los japoneses: no dudaron en abordar sus balleneros y lanzaron en sus cubiertas bombas fétidas para impedir la captura de cetáceos.

Maquieira afirma que los métodos de Sea Shepherd -fundada a fines de los ’70 por ex Greenpeace- son rechazados por la CBI, razón por la cual se mantendrá la prohibición de ingreso a las reuniones anuales que se realizan y Chile no será la excepción.

MAYOR CONSENSO

-Al interior de la comisión las posturas están muy polarizadas. ¿Cómo enfrentarán el fenómeno?

-Tuvimos una reunión de comisionados en Inglaterra y ahí se plantearon modalidades de tipo procesal para lograr acercamientos. El objetivo aquí no es ni buscar la manera de levantar la moratoria, ni buscar la manera de acomodar las expectativas de países que todavía cazan ballenas. Lo que sí se busca es la manera de que las negociaciones sean más consensuales.

 -¿Qué tipos de modalidades serían?

-En general son medidas procesales, como la utilización de  períodos de respiro, es decir, cuando se llega a una situación en la que se percibe que no hay acuerdo, en vez de proceder inmediatamente a la toma de la decisión, dar un espacio de tiempo para que se busque un acercamiento. También se busca que no se presenten documentos a última hora para ser votados.

-¿La idea es que los países no malinterpreten las decisiones que se adoptan, como sucede con Japón?

-La caza científica está autorizada por la convención, el artículo 8 lo permite. Lo que sucede es que Japón distorsiona eso. Usted puede cazar 3 ó 4 ballenas para una investigación, pero no mil y tantas.

VETO A SEA SHEPHERD

-¿Cuál será el rol de la sociedad civil en el encuentro?

-La sociedad civil participa, tiene un rol pasivo, está presente en la sala, no interviene. Mi opinión personal es que debería tener la posibilidad de expresar sus puntos de vista durante la marcha de la negociación, pero eso no ha sido posible.

-Una de las ONG que dio una dura batalla para que Japón no cazara ballenas esta temporada fue Sea Shepherd. ¿Ellos podrán asistir a las reuniones?

-Sea Shepherd no puede acreditarse ante la CBI, por una decisión que tomó la comisión debido a los métodos que utilizan. Pueden venir a Chile, pero no pueden estar en la sala y participar en la reunión. Esa fue una decisión de consenso. Hay maneras y maneras de manifestar los puntos de vista.

 -¿Cuándo se adoptó la decisión?

-Hace dos años en Saint Kitts y es muy posible que si este año se presenta el caso pase lo mismo. Entendemos que hay posiciones que no son compartidas por todos, pero es difícil que eso se traduzca en actos que son ilegales y de violencia extrema.

-¿Pasa lo mismo con Greenpeace?

-No. Greenpeace hace ver sus puntos de vista de manera apropiada.

Fuente: www.latercera.cl

Mientras las ONG norteamericanas y chilenas anunciaban su nueva ofensiva contra las represas en Aysén, Fernando González firmaba -en Melbourne- un lienzo contra el

Dos ONG de EEUU anuncian -para marzo- estudio de alternativas energéticas

International Rivers y Natural Resources Defense Council apoyarán con dinero y datos el estudio que realizarán las universidades de Chile y Federico Santa María. El fin: evaluar si el proyecto en la Patagonia es necesario. Bernardo Matte estuvo cerca de participar.

Justo cuando HidroAysén ingrese a la Conama, en marzo, el Estudio de Impacto Ambiental sobre su proyecto de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, las organizaciones que se oponen a las represas harán público un estudio sobre el panorama energético del país con el que pretenden instalar el debate: ¿es o no necesario inundar la Patagonia?

A la cabeza de esta cruzada están la Natural Resources Defense Council (NRDC), ligada al ambientalista Robert Kennedy Jr., y la International Rivers. Sus caras visibles llegaron hace tres días al país para entregar un nuevo respaldo a la campaña y anunciar esta publicación independiente que preparan el Programa de Estudios e Investigaciones en Energía de la Universidad de Chile (PRIEN) y el Departamento de Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María (USM). “Analizaremos el impacto de la eficiencia energética y de las energías renovables en el sistema energético chileno”, explica Pedro Maldonado, subdirector del PRIEN.

Las ONGs norteamericanas aportarán información de la experiencia internacional. “La gente piensa que las necesidades energéticas se satisfacen con megaproyectos, pero hay otras alternativas”, dice Peter Lehner, director ejecutivo del NRDC. “En Europa y EEUU tenemos malas y buenas experiencias… Chile no necesita repetir las malas”.

El estudio es una apuesta: no necesariamente va a demostrar que las centrales de Aysén son el camino equivocado. Pero será muy aclaratorio. “El sector energético chileno es privado y la información clave no está en el aparato público, lo que impide evaluar cuáles son los mejores alternativas”, explica el director de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego.

El estudio será supervisado por un comité consultivo donde estarán Corfo, el Programa País Eficiencia Energética, la Comisión Nacional de Energía, Chile Sustentable, Acera, Ecosistemas y la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida. Los 130 mil dólares que cuesta llevarlo a cabo serán financiados por la NRDC, International Rivers y Chile Sustentable.

En la cita se despejaron algunas dudas: Robert Kennedy Jr. visitaría la Patagonia en marzo. ¿Leonardo DiCaprio y Cameron Díaz? Tienen agenda completa.

El factor Matte

La historia de este estudio tiene un capítulo con Bernardo Matte, presidente del directorio de Colbún: una de las empresas que forma de HidroAysén. Orrego y el empresario coincidieron en un seminario sobre el papel de las ONG en la Universidad Adolfo Ibáñez donde Matte emitió lapidarios juicios sobre éstas: dijo que tenían un carácter destructivo y que no elaboraban propuestas realistas. Orrego le recordó que fue invitado a participar en el presente estudio (el de marzo) que él aceptó y que luego desapareció del mapa. El empresario no contestó el golpe. El “acuerdo” que menciona Orrego se gestó en marzo pasado en el Hotel Rugendas. Allí estaba la delegación de NRDC, Beto Cuevas, Estela Mora, entre otros. Jacob Scherr, director de Programas Internacionales de la ONG, le propuso a Matte participar en el estudio y Matte aceptó el desafío, pero no prosperó su participación.

Otro de los asistentes a la cita cuenta que ése no era el escenario para un acuerdo estratégico. Agrega que Matte manifestó interés y se ofreció para realizar contactos para que los analistas norteamericanos fueran recibidos por organismos públicos y privados. En el seminario de la Adolfo Ibáñez y ya sin su interlocutor al frente, Matte comentó que él no iba a participar en un estudio que iba directamente en contra del proyecto.