Según la seremi de Salud, Ana Bonell, “se encontraron muchos peces muertos y algunos agonizando, de distinto tamaño. Sacamos muestras de los peces y del agua, para efectuarles análisis”, sostuvo, al tiempo de explicar que no es posible determinar una causa para el fenómeno sin los resultados de tales estudios.

“En su mayoría se trató de carpas y lisas, más algunos jureles”, indicó el director regional de Sernapesca, Eugenio Bruce.

Dado que las dos primeras especies habitan preferentemente en el mismo estuario del río, el agente químico o físico que provocó la muerte debió estar presente en el agua del río. Sin embargo, el Elqui presentaba niveles normales de oxígeno en el agua.

La titular regional de Salud agregó que se estudia una presunta vinculación de este hecho con una descarga de aguas servidas ocurrida el 27 de mayo a unos 300 metros río arriba, desde un ducto de la empresa sanitaria local, Aguas del Valle. Esto aunque la posible relación entre ambos acontecimientos queda en duda a raíz del tiempo transcurrido entre uno y otro.

 
Organismo creado por el Ejecutivo para proponer medidas para enfrentar desastre provocado por el virus ISA no se pronunciará sobre un tema clave para los ecologistas: el crecimiento de la industria. Sólo lo hará en materias como la revisión de reglamentos sanitarios y control de ovas.
 
La comisión gubernamental que se creó para abordar la crisis de la industria del salmón tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Sin embargo, ninguna de ellas apuntará a frenar la expansión de la industria como lo habían solicitado ONG ambientalistas, a raíz de los problemas provocados en el sector por el virus ISA (anemia infecciosa del salmón).

La instancia -que preside el ministro de Economía, Hugo Lavados, secundado como secretario ejecutivo por el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval- tuvo la tarea de recabar información sobre los problemas que aquejan al sector y sus posibles soluciones.

Pero la expansión no será tema, así como tampoco la situación laboral de los trabajadores, ni el uso de antibióticos (ver nota aparte). En cambio, sí se buscarán mecanismos para regular el ingreso de ovas al país, ya que el virus ISA llegó a Chile desde el extranjero.

Paralelamente se revisarán los dos instructivos del sector: el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) y el Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA), propuestas que no incluyen cambios estructurales o requieran una discusión legislativa.

La comisión tendrá ahora dos meses para profundizar en estos temas y definir cuál será el nivel de importancia que tendrá cada uno. En diciembre, deberán ser implementadas. Cualquier otro cambio de fondo será materia de análisis el próximo año, lo que para las ONG es el peor escenario, debido al tema electoral.

La directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, dijo que sería una mala noticia que ninguna de las propuestas apunte a frenar momentáneamente la expansión de la industria para abordar los problemas de fondo de este sector.

“Lo propicio sería frenar la expansión de la industria, porque se necesitan hacer cambios regulatorios y de ordenamiento territorial importantes que son muy difíciles de hacer cuando esta industria se sigue expandiendo”, dijo.

Para el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, quien ayer viajó a Noruega para denunciar el doble estándar con el que a su juicio operan las salmoneras en nuestro país, sostuvo que detener el crecimiento de las concesiones acuícolas es clave para resolver el problema en que se encuentra hoy el país y que se ha traducido en el despido de miles de personas.

Moratoria temporal

“Nuestra principal demanda es que se aplique una moratoria temporal a la entrega de nuevas concesiones, hasta que el Estado asegure que puede resguardar el medio ambiente, la salud pública y los derechos de trabajadores, y comunidades costeras”, señaló.

En Oceana, su director Alex Muñoz, dijo que su ONG emitirá una opinión oficial una vez que las propuestas sean dadas a conocer por el Gobierno.

Sin embargo, afirmó que en el caso que no se considere el fin al uso de antibióticos o no se incluyan acciones para frenar la expansión de salmoneras en la Duodécima Región, abogarán porque la comisión reformule sus prioridades.

 
LA POLÉMICA POR LOS ANTIBIÓTICOS
 
Además de la preocupación por los efectos negativos de la expansión de la industria, las ONG también están inquietas por el uso de antibióticos. Un tema que no aparece dentro de las propuestas de la comisión, pero que podría abordarse a la hora de revisar los reglamentos sanitarios.

Esta semana la ONG Ecoceanos lanzó una campaña para proteger a los consumidores y pidió la creación de una agencia estatal que monitoree el uso de antimicrobianos en animales para consumo humano, un tema de alta preocupación para la Organización Mundial de la Salud.

Según estudios del Instituto de Farmacia de la Universidad Austral, el salmón que se vende en supermercados presenta residuos de medicamentos que están prohibidos en países como EEUU.

Lo mismo quiere Fundación Terram. En su presentación a la comisión denunció que no hay información pública disponible de las cantidades reales de antibióticos que se utilizan en acuicultura, así como en la ganadería y avicultura, a diferencia de los que ocurre en salud humana.

“A lo que se suma una preocupante descoordinación con organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la autorización de vacunas que reemplacen el uso de antibióticos administrados en baños o a través del alimento”, dijo la ONG.

En abril pasado el Juzgado de Garantía de Talcahuano formalizó la investigación en contra de tres ejecutivos de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), a raíz de la emergencia ocurrida el 25 de mayo de 2007. Los ejecutivos enfrentan cargos por infracción al artículo 136 de la Ley de Acuicultura y Pesca, que sanciona a quienes introduzcan un elemento contaminante a un cuerpo de agua, que genere daños en los recursos hidrobiológicos.

Los pescadores artesanales de Chaitén y sus alrededores han manifestado su preocupación por la contaminación de las aguas marinas producto de la caída de cenizas en la zonas tradicionales de pesca.

“Este es un impacto que nos tiene muy preocupados, porque los caladeros históricos donde hemos trabajado ya están sufriendo algunos efectos y los peces se han corrido de lugar hacia el mar exterior y la flota está preparada sólo para operar en aguas interiores”, informó el dirigente de los pescadores artesanales de la Región de Los Lagos, Eric Vargas.

El dirigente manifestó que los efectos de la erupción del volcán Chaitén están dañando más allá de los 50 kilómetros fijados por la autoridad como área de exclusión de la “zona cero”, donde no se puede operar, “sino que también hay muchos efectos colaterales en muchas comunidades costeras de la provincia de Palena, la comuna de Chaitén, de los sectores de Ayacara, Huila y la península de Comao hasta la comuna de Halaihué”, agregó.

Vargas señaló que muchos pescadores se encuentran en albergues de la isla de Chiloé y Puerto Montt, y que hay un número aproximado de dos mil personas que están aisladas por la falta de medios de transportes y que muchas caletas pesqueras no tienen acceso por tierra, por lo que hizo un urgente pedido a la autoridad para que no los abandonen.

“Esta situación la queremos hacer ver en los comités de emergencia para que no nos abandonen en las caletas que muchas veces no tienen accesos por caminos y que sólo se accede por vía marítima”, aseveró.

Vargas también manifestó su preocupación que debido a los vientos, corrientes y mareas la mancha de cenizas se expanda hacia otros sectores de Chiloé y del Golfo de Ancud que dependen mucho de la pesca.

Finalmente, dijo que la magnitud del impacto en el sector pesquero artesanal se va a apreciar en aproximadamente dos meses más.

Fuente: La Tercera.

La Subsecretaría de Pesca se adelantó a todos. El pasado 8 de enero, la Comisión de Medio Ambiente del Senado le encargó a esa repartición trabajar en un reglamento que proteja a las ballenas. La tarea está casi hecha.

Durante estos tres meses, el organismo se abocó a la adecuación del decreto 225-95 que protege a los cetáceos hasta el año 2025 para hacerlo extensivo en el tiempo. El documento debiera ver la luz esta semana. Durante la siguiente, el ministro de Economía Hugo Lavados le pondrá la firma para luego ser publicado en el Diario Oficial.

La norma prohibirá la captura, con resultado de muerte, o retención de animales vivos, exceptuando de esta medida la captura y retención de ejemplares vivos para su mantención en cautiverio exclusivamente dentro del territorio nacional, y para investigaciones de carácter temporal o rehabilitación de animales enfermosos o heridos. Así también podrán ser capturados en el marco de planes de recuperación de especies en peligro de extinción o con poblaciones muy disminuidas, asociadas a programas de reinserción al ambiente natural.

Santuario a la vista

Las ONG Centro de Conservación Cetácea (CCC) y Ecoceanos, y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) quieren seguir de cerca la confección del documento que creará un Santuario de Ballenas. “Demasiadas manos echan a perder la sopa”, comenta Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos. “Queremos un texto legal específico y corto posible, que sea fácil de aplicar. Cuando se le agregan elementos, es para interpretar. Eso no es bueno”.

Para ese objetivo, ayer se reunieron con la ministra Uriarte y le solicitaron trabajar juntos en el borrador. Objetivo logrado: tienen cita el martes en el ministerio. “Vamos a estar siguiendo este tema”, advierte Cárdenas.

La creación de un santuario no es sólo cosa de las ONG. La CCC dio a conocer un estudio a 1.282 personas encargado a Adimark-Gfk donde se demuestra que la preocupación por las ballenas está “in”: 97% se muestra a favor de la creación de un santuario para ballenas; el 99% quiere una ley que prohíba para siempre su caza. Más: El 81% de los encuestados sabe que existen leyes en Chile para proteger a las ballenas de la caza y el 71% cree que la conservación de las ballenas debiera ser tema de la agenda ambiental para las próximas elecciones.

Los senadores Juan Pablo Letelier (PS) y Baldo Prokurica (RN), presentes en la entrega de la encuesta, comprometieron una ágil tramitación del proyecto y lanzaron duras críticas a Japón por insistir en la caza de cetáceos. Prokurica apuntó a la norma de TV digital. “Le planteamos públicamente al gobierno que no tome la norma japonesa porque se trata de un país que vulnera las normas internacionales sobre las ballenas.

El ejecutivo indicó que “es un accidente industrial y tiene un impacto porque nosotros no deberíamos estar vertiendo ningún líquido al río, cumpla éste o no con la norma, y hay un incumplimiento. Pero el impacto ambiental no se va a producir, porque se hizo una limpieza en la zona donde se derramó, y porque la cantidad de efluente que cayó, producto del caudal del río, desaparece instantáneamente”.

En entrevista con radio Agricultura, Kimber manifestó que “hay que aclarar que son eventos muy distintos. Los eventos que sucedieron hace un par de semanas atrás tenían relación con la puesta de marcha de una planta de celulosa de Licancel, en la cual sucedió una serie de anomalías y se descubrió al mismo tiempo la mortandad de peces río abajo. Lo que ha sucedido ayer es un lamentable accidente en un momento totalmente inesperado y muy poco oportuno”.

El ejecutivo reiteró que la empresa decidió paralizar indefinidamente el funcionamiento de la planta Licancel, y que asumirán la responsabilidad que les cabe en ambos incidentes.

“La imagen nos preocupa mucho y tenemos que tomar medidas duras como lo fue detener el funcionamiento de la planta, el despido de tres ejecutivos o ahora el anuncio de la suspensión o cierre indefinido hasta que implementemos nuevas tecnologías”, señaló.

Señaló además que la planta estaba cumpliendo la prohibición de funcionar decretada por las autoridades y que hasta antes del segundo vertido, sólo se realizaban labores de tratamiento de líquidos para mantenerlos neutralizados.

Ante la posibilidad de nuevos derrames, Kimber indicó que “se ha trabajado junto con la autoridad, para que si hay exceso de lluvia que ponga en riesgo los niveles de estas lagunas se tomen medidas de emergencia a objeto de prevenir cualquier desastre al interior de la planta que pueda impactar al río”.

Fuente: www.latercera.cl

G. ORELLANA y M. TERESA SOLINAS

Reconociendo la existencia de “graves anomalías” en la operación de su planta Licancel, el gerente general de Celulosa Arauco, Matías Domeyko, salió a enfrentar personalmente el serio conflicto ecológico que atraviesa la firma tras el hallazgo de cientos de peces muertos en el río Mataquito, Región del Maule (VII), las que son atribuidas al funcionamiento de dicha planta, que descarga sus residuos precisamente en ese curso fluvial.

La primera determinación de Domeyko fue separar de sus puestos al gerente de planta de Licancel, Eduardo Quezada, al subgerente de operación, José Bello, y su subgerente de Medioambiente, Carlos Valenzuela.

Estos tres ejecutivos, según reconoció el gerente de asuntos corporativos y comerciales de Celulosa Arauco, Charles Kimber, ocupaban cargos de directa relación con la operación de la cuestionada planta.

Kimber reconoció que, efectivamente, los resultados preliminares que arrojan los estudios de la empresa sobre la situación detectaron una serie de anomalías e incumplimientos de los procedimientos, pero aún no hay información concluyente que determine que la operación de Licancel es la responsable de la muerte de peces en Mataquito.

“Lo que se está reconociendo es que los procedimientos internos de la compañía no fueron respetados”, dijo el ejecutivo.

Recuperación del río

Domeyko, además, informó que el actual gerente del área Celulosa del brazo forestal del grupo Copec, Jorge Garnham, encabezará la intervención que Celulosa Arauco hará de la planta industrial, que tiene como desafíos inmediatos terminar la investigación interna y concretar la regularización del funcionamiento de la planta.

La empresa también iniciará un programa de recuperación de las aguas del río Mataquito, en coordinación con las autoridades locales. Esto, según explicó el ejecutivo, “a pesar de que aún no se han emitido los informes técnicos” que establecen las causas del desastre ecológico.

Tras el hallazgo de cientos de peces muertos en el mencionado curso fluvial, tanto la empresa como los entes fiscalizadores -como Corema y Seremi de Salud- iniciaron sendas investigaciones para determinar las causas del fenómeno.

El pasado domingo, la Seremi de Salud del Maule prohibió el funcionamiento de la planta Licancel debido a que, a su juicio, existen una serie de antecedentes que dejan de manifiesto que fueron los derrames de residuos industriales líquidos los que provocaron la mortandad de peces. Además, una inspección efectuada el pasado viernes por la directora regional de la Conama, Mónica Rivera, detectó la presencia de ductos no autorizados para descargar riles.

La empresa sostuvo que esos ductos estaban cerrados.

Operación suspendida

Además de la investigación que inició la empresa para determinar las causas de la muerte de los peces del río Mataquito, Celulosa Arauco decidió no retomar las operaciones en la planta de Licancel, lo que estaba programado para estos días, al menos en su fase de “marcha blanca”.

La empresa anunció, además, que se hará cargo de la asistencia económica a los pescadores del río Mataquito, sobre quienes pesa una prohibición de ejercer su actividad.

INTERVENCIÓN

LA EMPRESA dejó a su gerente del área Celulosa, Jorge Garnham, al mando de Licancel.
Discrecionalidad y falta de normas claras marcan la realidad chilena en materia de contaminación de las empresas
Las normativas que regulan las emisiones de sustancias contaminantes en Chile son escasas. Es por eso que las ONG ambientalistas tienen en la mira a las empresas y las sanciones que éstas reciben por parte de las autoridades.

Existen casos, como la contaminación que afectó al río Loa, en que la resolución de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decretó no ejercer acciones contra Codelco ni empresa alguna, ya que según el informe de ese organismo “no se lograron reunir antecedentes que permitieran imputar responsabilidad”.

La minera estatal estuvo en medio de la polémica cuando un decreto supremo -cuya legalidad fue reconocida recientemente por el Tribunal Constitucional- le concedió, a la División El Teniente, la posibilidad de emitir sustancias por sobre los niveles máximos permitidos a otras empresas. Según Samuel Leiva, de Greenpeace, la situación se debe a que “las empresas estatales no sufren la misma fiscalización que las privadas y tampoco cumplen con los estándares internacionales”.

Otro ejemplo es la Empresa Sanitaria de Antofagasta. En sólo cinco años, desde 2002, se le han cursado 12 sumarios sanitarios, los cuales le han significado multas que van desde 50 a 1.000 UTM. El abogado Fernando Dougnac, quien hoy presentará un recurso de protección en contra de la entidad, señala que la falta de normas duras provoca que muchas veces las empresas prefieran pagar multas.

También difieren las decisiones de las empresas que reconocen anomalías. Por ejemplo, Enap asumió el costo de limpieza por el reciente derrame de petróleo en Talcahuano, pero aún no ha definido responsabilidades individuales, a diferencia del caso de Licancen.

Fuente: www.elmercurio.cl

Unas 400 personas continuaban hoy luchando por controlar el petróleo vertido el pasado viernes en la bahía del sureño puerto chileno de San Vicente y por evitar que la fauna de la zona corra la misma suerte que el primer lobo marino aparecido muerto.

El gobernador marítimo de la zona, Daniel Sarzosa, se mostró satisfecho con las labores de limpieza y aseguró que aunque todavía hay un estado de emergencia, un 90 por ciento de vertido ya se ha recuperado.

Las investigaciones determinaron que el hidrocarburo se derramó al mar debido a una fisura en un conducto submarino de la estatal Empresa Nacional del Petróleo (Enap) que se produjo por fatiga del material, cuando un buque descargaba petróleo para la refinería.

La preocupación se centra ahora en los efectos que los más de 350 metros cúbicos de petróleo derramados al mar puedan haber tenido sobre los cultivos de mariscos y la fauna de la zona.

El derrame ya produjo la muerte de, al menos, un lobo marino y varias aves, y otras especies presentan manchas de petróleo, por lo que se solicitó la presencia de veterinarios en la zona.

Los lobos marinos, que suman unos 300 en el área, son los que corren mayor peligro porque el crudo los ciega, no pueden capturar comida y, si no son rescatados, morirán.

El observatorio de aves El Pidén advirtió que “los cisnes, patos, cuervos y taguas ya se han ido y tal vez tarden años en volver a anidar en la zona”.

Por su parte, los mariscadores de San Vicente, a 530 kilómetros de Santiago, dan por perdida su área de manejo porque el petróleo tapó la superficie del mar en grandes extensiones, llegó a la costa y mató o contaminó a los recursos que cuidan.

El abogado de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, Ignacio Poblete, explicó que “a 50 centímetros la semilla de mariscos y moluscos está contaminada porque la capa de petróleo es de entre 10 y 40 centímetros”.

Por este motivo, la autoridad sanitaria prohibió la extracción y venta de recursos marinos de la zona afectada por el vertido.

Andrea Aste, responsable sanitaria de la zona, especificó que la prohibición durará “hasta que el muestreo determine que están libres de hidrocarburos”.

Ante estas circunstancias, los pescadores de la zona ya protagonizaron algunas manifestaciones, preocupados por el impacto del desastre ecológico en su actividad y algunos ecologistas exigen que se inicie el rescate de los animales afectados.

En respuesta, la gobernadora de la región, María Soledad Tohá aseguró a pescadores y ecologistas “que serán consideradas cada una de las peticiones, tanto en términos de daño económico como ambiental”.

Tohá afirmó, asimismo, que se indemnizará a todos aquellos que hayan sufrido pérdidas.

En las últimas horas y debido al viento, la mancha de petróleo se ha desplazado hacia Lenga, en la Península de Hualpén, que es la cala estrella de la gastronomía marina de la región.

Asimismo, si el hidrocarburo sigue moviéndose en la misma dirección, en las próximas horas podría llegar a la Península de Tumbes y amenazar una colonia de pingüinos de Humboldt y Magallanes que habitan en la zona.

La Comisión Nacional del Medioambiente (Conama), coordinará un estudio que debe determinar las dimensiones del daño que provocó el derrame y espera en un mes tener un primer informe, aunque los monitoreos van a seguir.

Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación para determinar si hay delito en el derrame y, de ser así, depurar responsabilidades.

La organización “Acción Ciudadana por un Talcahuano Sustentable” acusó a Enap de negligencia, porque, en su opinión, “hay que estar atentos cuando se realiza una faena de tal envergadura y no esperar a que lleguen 350 metros cúbicos de petróleo a la bahía”.

Entretanto, la Enap informó que un nuevo terminal, que entrará en servicio en el primer trimestre del 2009, minimizará los riesgos de accidentes como éste.

En cualquier caso, según algunos especialistas, la contaminación en San Vicente podría tener efectos durante los próximos 15 años.

Fuente: www.cronica.com.mx

El accidente se produjo cuando el buque tanque “New Constellation” desembarcaba petróleo para la refinería.

En la ocasión cayeron al mar 350 metros cúbicos, según el último cálculo de las autoridades que aseguraron anoche que el 90% ya se había recuperado.

Respecto de la hendidura en el ducto, el comandante Sarzosa indicó: “Están trabajando buzos que harán reparaciones de fortuna (emergencia) lo que permitirá retirar el petróleo que queda en la línea. Una vez que se haga eso podremos saber sí el terminal está apto o no para seguir operando”.

- ¿De qué dimensión es la fisura?

No sabemos. Esto está enterrado un par de metros bajo la arena. Hay que realizar un trabajo de limpieza primero y luego hacer la reparación de fortuna.

- ¿ Cómo detectaron la falla?

Por burbujas y el trabajo de los buzos.
- ¿Pudo ocurrir un problema como en el caso del incendio de San Vicente en que un ancla dañó un ducto?

No, no. Lo descarto absolutamente ello. Esto se halla a 20 metros de la línea de la playa y no es producto de un golpe o algo mecánico sino fatiga de material.
En ese sentido subrayó que “la empresa (Enap) está clara y disponible para enfrentar todas las tareas que caben, entendiendo que el terminal es de ellos, es de su competencia y de su responsabilidad”.

Agregó: “Le dimos un plazo de 10 días, desde la fecha de incidente, a la empresa para recuperar el área y dejarla lo más parecida a lo normal. Como autoridad marítima queremos señalar, para tranquilidad de todos, que en el sector no ha habido índice de explosividad por estos hidrocarburos volátiles en suspensión. Hacemos permanentes mediciones. No hay riesgo de incendio, esa es la verdad”.

La rápida recuperación, explicó, se logró gracias a que gran parte del derrame se confinó (dentro de un cerco de barreras) al momento del incidente.

“Aunque esto se ve tremendo, ha sido relativamente sencillo cumplir los difíciles trabajos de recuperación”, aseguró.