Actualmente, una serie de proyectos de represamiento de ríos amenazan La Patagonia, y de concretarse alguno de estos proyectos, la estabilidad geológica futura de esta zona, está sentenciada a sufrir graves terremotos.
La responsabilidad recae en las autoridades gubernamentales y políticas aquejadas de corrupción y por mentir a las comunidades; en las corporaciones por su codicia criminal y profitar sin respeto por la vida y el medio ambiente; y la ingenuidad de los ciudadanos por creer que las autoridades dicen la verdad, y no en que la verdad es la autoridad.

El documento “REPRESAS Y TERREMOTOS EFECTOS EN LAS CUENCAS PATAGONICAS”, detalla en forma simple, la relación entre las represas
y los terremotos, en una región donde se ubica una de las fallas geológicas o complejos volcánicos más peligrosos de planeta.

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represas y terremotos en la patagonia

Autor:  Mauricio Fierro, Mayo del 2009

Un nuevo traspié sufrió el proyecto Trayenko de la firma Noruega SN Power luego de que el viernes la Comisión de Medio Ambiente (Conama) de la Región de los Ríos declarara inadmisible el ingreso de la central Maqueo debido a “temas formales”, según especificaron en la repartición pública, aludiendo al primer trámite conducente al estudio de fondo de la millonaria inversión.

El tropiezo afecta a la central Maqueo, situado cerca de Futrono y del lago Maihue, Región de los Ríos, y se trata del mayor de los cuatro complejos hidroeléctricos de Trayenko que además tiene en carpeta inversiones en Pellaifa, Reyehuico y Liquiñe, enclavados en el sector cercano a los lagos Panguipulli y Calafquén.

Los trabajos en la Región de los Ríos ya habían sido postergados en 2007 para profundizar el diálogo con los habitantes que se oponen a la ejecución de las obras, entre ellas las comunidades mapuches.

Maqueo 400 MW

El proyecto Maqueo -ingresado el 18 de febrero pasado- pretende estar operativo en 2013 para la generación de 400 MW de electricidad mediante estanques de regulación con ocho bocatomas que inundarán 114 hectáreas. No se trata de una central de pasada, ni tampoco de un embalse.

Según la empresa, el diseño contempla la captación de aguas de los ríos Pillanleufú, Curriñe, Ipela, Huenteleufú, Hueinahue, Chaichayén, Correntoso y Rupumeica, para su conducción hacia una “casa de máquinas subterránea que a la vez minimiza el impacto visual y ambiental de las instalaciones ubicadas en la zona de Maqueo”, señala SN Power.

El proyecto global está siendo desarrollado desde 2006 “Hidroeléctrica Trayenko S.A.”, en la que SN Power participa con un 80% de la propiedad. El restante 20% está en manos de la sociedad Centinela, en manos del empresario chileno Gustavo Pavez.

Mientras Maqueo aumentó de 320 a 400 MW la energía a generar, las aún en estudios Liquiñe, Pellaifa y Reyehueico mantienen los 118, 108 y 38 MW proyectados, respectivamente.

220 misivas de 34 países piden a frenar la construcción de las megarepresas

“Le pedimos que reconozca el creciente compromiso para los consumidores internacionales de producción responsable y que mantenga su promesa como Grupo Matte de proteger los extraordinarios y únicos bosques nativos de Chile y no destruirlos. Grupo Matte por favor retírese del proyecto HidroAysén e inviertan en las energías renovables de bajo impacto lo mejor para Chile y el planeta”, dice Donna Jo Loeper desde Georgia, Estados Unidos.

Ésta y unas 219 cartas más fueron entregadas ayer por el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) al líder del Grupo Matte (CMPC-Colbún), Eleodoro Matte, en el edificio corporativo de Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), ubicado en Agustinas 1343, donde se solicitó al clan económico que desista de la construcción del proyecto hidroeléctrico HidroAysén en la Patagonia chilena.

“Son cartas que le dicen que el proyecto dejaría una huella imborrable en el patrimonio ambiental chileno, del cual la familia Matte sería cómplice de este daño histórico. No olvidemos que ellos como CMPC firmaron un acuerdo el año 2003, conocido como el acuerdo de Home Depot, donde se comprometían a que sus proyectos no iban a cortar ni eliminar bosque nativo y al contrario, lo iban a proteger. Aquí se estarían talando miles de hectáreas de bosque nativo, destruyendo importantes ecosistemas y por lo tanto le estamos pidiendo que cumpla su palabra”, dijo Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del CDP, quien llegó hasta el edificio ubicado en Agustinas 1343, junto a Bernardo Reyes, representante de International Rivers, grupo asociado al CDP.

Rodrigo explicó que las misivas están pidiendo que Matte “tenga el coraje de frenar el proyecto y lidere otros que no generen este tipo de gigantescos impactos”.

Organizaciones y personas de 34 países se sumaron a la protección de los ecosistemas sub-antárticos y en especial a los ríos prístinos de la zona, considerados hoy por hoy un patrimonio ecológico de la humanidad.

Absolutamente confiado en que podrán responder las 2.643 consultas de los organismos públicos y a las 11 mil de las organizaciones ciudadanas en los 9 meses que solicitaron de plazo para postergar la tramitación del proyecto HidroAysén, se manifestó ayer el presidente de la compañía, Antonio Albarrán, quien pese a eso dijo que veía imposible que el proyecto fuera aprobado en 2009.

“Iniciar la construcción (de la primera central) a fines de 2009 se ve ajustado hoy día, porque vamos a entregar las respuestas del primer Icsara el 26 de agosto y de ahí es imposible que salgan las aprobaciones durante el 2009″, aclaró.

Sin embargo, esta suspensión no es la única que ve durante el proceso de análisis de la obra, cuya inversión llega a los US$ 3.200 millones, pues indicó -sin mayores dramatismos- que es normal que en una iniciativa de envergadura haya varias solicitudes para responder Icsaras (Informes Consolidados de Observaciones).

“Es común en los proyectos que hayan dos Icsaras. En este es probable que haya más de un Icsara”, enfatizó.

LOBBY

El cambio de discurso de la empresa -que meses atrás estaba muy confiada de cumplir sus plazos de construcción, comenzando con la primera represa en 2009- es visto por las organizaciones ciudadanas como una nueva estrategia para seguir reforzando lo que, aseguran, ha hecho hasta ahora: usar el lobby político para dar curso al proyecto.

“Demuestra lo que hemos dicho siempre, que la empresa siempre ha optado, más que concentrar sus esfuerzos en un proyecto sustentable, altamente técnico y coherente con lo que es la Patagonia, por el lobby y la presión política. Ahora no les resultó, porque los organismos públicos le destrozaron su estudio y no me extrañaría que ahora su análisis sea ese (incidir en el próximo gobierno)”, dijo Patricio Segura, miembro de Patagonia Sin Represas.

11 mil Observaciones Ciudadanas

Ayer fueron ingresadas a la Conama de Aysén más de 11 mil observaciones ciudadanas de pobladores, organizaciones regionales y nacionales y centros de investigación al estudio de impacto ambiental de HidroAysén.

Los cuestionamientos, el mayor número nunca antes presentado a una iniciativa sometida en Chile a evaluación ambiental, se suman a los 3 mil 150 que hace un mes y medio 32 servicios públicos hicieran al proyecto que pretende construir 5 represas en los ríos Baker y Pascua.

Según fue dado a conocer este martes, la Dirección General de Aguas (DGA) denegó a HidroAysén la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas en los ríos Pascua y Baker, con el fin de construir cinco megacentrales hidroeléctricas.

En agosto del año pasado, luego de anunciar la reducción de las áreas de inundación de 9.300 a 5.910 hectáreas, la sociedad de Endesa y Colbún solicitó nuevos derechos a la Dirección General de Aguas (DGA).

En su respuesta, del 29 de octubre de este año, la DGA indica que “los referidos derechos ya existentes son incompatibles con la constitución del derecho solicitado”. Ello debido a que los puntos de captación y restitución solicitados por HidroAysén “se encuentran dentro del área de inundación de los derechos constituidos en el año 90″ por la dueña original de estos derechos, Endesa, que los puso a disposición de Hidroaysén, sociedad que mantiene con Colbún para las cuestionadas represas.

Esta nueva resolución contra el proyecto de las eléctricas Endesa Chile y Colbún se suma a las observaciones negativas recibidas de 32 servicios públicos a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y a las “precisiones adicionales” que pidió el gobierno al mismo EIA.

Sobre la decisión de la Dirección General de Aguas conocida hoy, el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, señaló que “estamos muy contentos que la DGA haya acogido uno de nuestros argumentos en contra de estas solicitudes porque el no otorgamiento de los derechos de agua significa un reconocimiento a las serias inconsistencias del Proyecto Hidroeléctrico de Aysén al no coincidir los derechos de aguas solicitados con el Estudio de Impacto Ambiental presentado”.
El proyecto denominado HidroAysén nació en el 2006 impulsado por Endesa Chile y la generadora chilena Colbún. Endesa Chile es el brazo generador del grupo Enersis, que es la matriz de inversión en Latinoamérica de Endesa España y posee además generadoras en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

Son cinco las centrales que HidroAysén pretende construir en los cauces de los caudalosos ríos Pascua y Baker, tres en el primero y otras dos represas en el segundo. El complejo de generación de energía eléctrica tendría una potencia total de 2.750 MW y una inversión total de 3.200 millones de dólares.

Jan Bannister, Ingeniero Forestal.

Luego de varias extensiones de plazo, Colbún presentó la segunda Adenda respondiendo a las observaciones negativas realizadas por los servicios públicos y ciudadanía en general. Es un documento muy largo y que a simple vista sorprende por su extensión. Al terminar de leer el documento sorprende también que queden aún muchísimas dudas, las cuales se han planteado desde hace más de un año y que la empresa aún no responde o simplemente evade. Es más hay 3 preguntas que no se responden y 16 que se repiten (lo que le da más extensión al documento). Además se filtran las observaciones ciudadanas.

Luego de esta Adenda quedan muchas observaciones entre las cuales se puede resaltar que Colbún reconoce que habrá un efecto en el caudal del río bajo la represa, sobretodo en el primer año de construcción, lo que afectará toda la cuenca hasta Valdivia. Nuevamente la empresa se niega a presentar un plan de abandono luego que la represa cumpla su vida útil o simplemente deje de funcionar. Aún no se soluciona el tema del paso de peces absorbidos por turbinas, túneles, y no habrá obras civiles que aseguren el normal flujo de peces aguas arriba y abajo de la represa. Existen además dudas con el caudal ecológico bajo la represa y los derechos de agua. Por último se reconoce que el proyecto afectará el trabajo de los nalqueros que trabajan en el río y las acciones de mitigación y compensación son insuficientes y vergonzosas, entre muchas otras observaciones que aún se pueden realizar.

Existen muchas dudas más pero sobretodo preocupan tres temas: a) El cálculo de los caudales máximos y mínimos se hizo en base a un registro histórico de sólo 46 años lo que es absolutamente insuficiente. Los últimos estudios sobre caudales demuestran que se debe tener un registro mucho mayor para poder predecir las futuras sequías o tiempos de crecidas. Además producto del cambio climático cada vez los eventos secos y de crecidas serán más extremos. Para peor, el modelo que se construyó para ver hasta donde llega la cola del embalse se hizo con registros desde 1985 en adelante. a) En el caso hipotético que los modelos hechos por COLBÚN fueran correctos, en tiempos de crecida el lago Riñihue aumentaría 20 cm su nivel respecto a la situación sin proyecto y lo que es más grave 18 días al año durante el verano, el embalse se juntaría con el Lago Riñihue controlando el nivel de este. De esta forma el área de influencia directa del proyecto sería muchísimo más extensa en superficie que la que incluye el EIA presentado por Colbún. Esta es una situación que la empresa venía negando desde abril del 2007 y que hoy es reconocida por los propios datos que presenta Colbún en la Adenda; c) Se le pidió a la empresa que realizara un nuevo estudio sobre el impacto en el Turismo y que se tomara en cuenta la real potencialidad del río. Este requerimiento fue evadido y para peor se mintió señalando que hubo reuniones con Pueblito Expediciones principal operador turístico del río, las cuales nunca se llevaron a cabo.

Los opositores al proyecto venimos anunciando hace más de un año que el proyecto de embalse en el Río San Pedro tendría un efecto en el nivel del Lago Riñihue. Esto fue desmentido constantemente por la empresa y en esta última Adenda quedó a la luz pública. En este contexto queda la pregunta: Si Colbún mintió en las observaciones sobre el impacto en el turismo, con que seriedad se pueden acoger las otras respuestas en diversos temas mucho más complejos?

Si a esto se le suma la tala ilegal de bosque nativo realizada por Colbún en las orillas del Río San Pedro (infracción actualmente en fiscalía de Los Lagos) y las presiones a autoridades políticas y ciudadanas en Panguipulli, Los Lagos y Valdivia, no queda más que pedirle a los servicios públicos que sigan firmes realizando sus observaciones al proyecto, y a nuestras autoridades ambientales que rechacen un proyecto que desde sus inicios es malo.

Como ciudadanos de la Región de Los Ríos debemos exigir a nuestras autoridades regionales que no aprueben ningún proyecto hidroeléctrico antes que no se realice un Plan de Ordenamiento de las Cuencas de la Región. Luego de eso se sabrá en que río se pueden hacer proyectos hidroeléctricos y en cuales se priorizarán otros potenciales como el turístico o la protección de la naturaleza. Necesitamos energía, de eso no cabe duda, pero debemos ser responsables con nuestro futuro y planearlo de forma ordenada y no descontrolada o a corto plazo como lo están realizando nuestras autoridades actualmente.

1.- El proyecto Hidroaysén, de Endesa y Colbún, debe ser declarado inadmisible ya que viola dos acuerdos internacionales, con Argentina y Canadá, puesto que no existe un “Plan General de Utilización” de las cuencas de los ríos Baker y Pascua conforme a lo exigido por el “Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República de Chile y la República Argentina”. Legislación que además es parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá.

2.- La aprobación del proyecto consolidaría el monopolio del agua en Aysén al concentrar el
100% de los derechos de los ríos Pascua y Baker, sin resguardar adecuadamente las solicitudes de otros usuarios, impactando y vulnerando el derecho humano al agua. Ello pese a que la Dirección General de Aguas (DGA) ha declarado Aysén como zona de escasez hídrica (Decreto Nº 227 del MOPDGA, marzo 2008).

3.- El proyecto vulnera el derecho constitucional a la igualdad de trato en materia económica, ya que generaría una perdida anual de más de 4 mil empleos en el sector turismo e impediría el riego de más de 5 mil hectáreas de la cuenca del Baker, afectando el desarrollo de la agricultura y la ganadería de la zona.

4.- La aprobación del proyecto afectaría gravemente 24 áreas protegidas como el Parque Nacional Laguna San Rafael; 3 zonas de interés turístico y 26 humedales. Además de la inundación que generarían las 5 represas proyectadas, la línea de transmisión eléctrica de 2.270 kilómetros de largo, que cruzaría 9 regiones y 66 comunas, violaría diversos tratados internacionales como el Convenio de Conservación de la Biodiversidad afectando especies emblemáticas en peligro como el huemul.

5.- Endesa y Colbún engañan a la opinión pública al informar una reducción del área de inundación a 5.900 hectáreas, siendo que no han renunciado a derechos de agua vigentes que le permiten inundar 32.000 hectáreas, seis veces lo declarado. Por el contrario, con esto han pretendido realizar un “canje ambiental” con la autoridad requiriendo a cambio caudales gratuitos adicionales a los que ya posee, vulnerando la legalidad.

6.- La empresa abusa de la legislación utilizando fraudulentamente pertenencias mineras para un proyecto eléctrico, con la finalidad de presionar a los propietarios de las zonas a inundar, de reducir el valor comercial de sus propiedades y de obligar a la autoridad a otorgar permisos para el ingreso a los predios y para obras civiles en éstos. Dichas propiedades quedan prisioneras y sujetas al arbitrio de la empresa.

7.- Los componentes del proyecto serán evaluados parcialmente pues aunque se trata de 5 mega centrales hidroeléctricas y de sus obras anexas, entre las que se encuentran puertos, aeródromos y poblaciones, además de una extensa línea de transmisión eléctrica, única y exclusiva, de casi 2.300 km., sólo serán evaluadas las centrales contraviniendo nuestra Constitución, la Ley General de Bases del Medio Ambiente, e incumpliendo la obligación de fijar una línea de base clara sobre el área de influencia del proyecto como un todo, así como la de ingresar el proyecto en la Dirección Ejecutiva de CONAMA para ser evaluado en su conjunto.

8.- No se han formulado planes para la gestión integrada de las cuencas de los Ríos Baker y Pascua de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cuencas, compromiso adquirido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno y reiterado en su Mensaje del 21 de mayo de 2006: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente (…) incorporaremos el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas como eje de nuestra nueva política”.

9.- Falta de garantías en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental debido a la intervención de Ministros de Estado quienes, teniendo ingerencia en el proceso, y sin que el proyecto se haya evaluado, han dado públicamente un veredicto favorable al mismo, en un antejuicio que viola las garantías de un debido y probo procedimiento.

“El ecoturismo es por lejos más beneficioso que las hidroeléctricas y el tendido eléctrico para la Región de Aysén. Si el Estado protegiera el bien público, es decir, buscara para la población el desarrollo económico más rentable, tendría que inclinarse por no avalar ese proyecto”. Ésa es la principal conclusión a la que llegó Fernando Salamanca luego de realizar el estudio de rentabilidad social regional del proyecto HidroAysén-Transelec versus actividades turísticas en Región de Aysén.

Salamanca, sociólogo y Ph. D. Development Planning Studies de la University College of London, explica que su análisis parte de la premisa de que la naturaleza o belleza escénica es un bien económico de alto valor, superior en rentabilidad privada y social a otros recursos escasos como los combustibles o la producción embalsada de energía.

Según el estudio, los factores de pérdidas económicas para la región se reparten en la disminución del flujo turístico en la Carretera Austral; la reducción en las estadías en hostales y lodges a lo largo de la misma vía; la baja de los ingresos y empleo turísticos; la mengua del volumen y de los precio en las ventas inmobiliarios en la zona; y la pérdida de activos forestales.

Pérdidas

Por el contrario, los beneficios de la construcción de las cinco represas y de las líneas de trasmisión que trasportaría la energía están concentrados en la generación de empleo para la zona. Las estimaciones sobre ese ámbito apuntan a que con el proyecto se perderían 3.921 empleos netos por la construcción y operación de las represas y líneas que se distribuyen en 91% en pérdidas en comercio, turismo y transporte, y 9% en pérdida de empleos ganaderos. “Si tú comparas esos 4 mil empleos menos con los 250 que en promedio se van a generar, no hay dónde perderse”, dice Salamanca.

El estudio pone en la balanza beneficios e impactos negativos del proyecto de HidroAysén y de las líneas de trasmisión, negocio que la sociedad aún no cierra con Transelec. “Estoy comparando una inversión (el turismo) que tiene ventajas sociológicas: opera con pequeños empresarios, es muy sustentable y tiene un potencial creciente, tal como lo demuestran los ejemplos de Nueva Zelandia o la misma Argentina, con otra inversión (centrales y torres) que es intensiva en capital, pero que tiene poco encadenamiento en la región y es destructiva y sustitutiva, no complementaria como la hace aparecer la empresa. ¿Cómo vamos a hacer conciliar un lodge con una torre de alta tensión?”, explica el autor.

Otro punto es la rápida depreciación de los terrenos que producirán las torres de trasmisión eléctrica. “Hoy existe un buen mercado inmobiliario en la costa occidental del lago General Carrera. Para qué decir lo que va a pasar más al norte, en el sector de la orilla occidental del lago Llanquihue: Puerto Varas, Frutillar. Es una aberración en términos estéticos. Lo estético no es un capricho, es plata, los turistas pagan por eso. En términos económicos, el paisaje es una mercancía de altísimo valor”.

Turismo: casi 40 millones de dólares anuales

Salamanca también participó en el estudio Impacto de los Proyectos de Represas en Aysén en el Desarrollo del Turismo de la Región, realizado por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y que también será presentado hoy.

Ese trabajo arrojó que en el período de construcción de las mega represas, las pérdidas para el sector turístico llegarían a casi 40 millones de dólares anuales replicados por los años que dure la fase de edificación del proyecto.

Más de 22 millones de dólares anuales dejaría de percibir la actividad turística en la Región de Aysén si el proyecto de cinco represas hidroeléctricas llega a puerto. El escenario sería aún peor en el período de construcción de las mega represas: las pérdidas llegarían a casi 40 millones de dólares anuales replicados por los años que dure la fase de edificación del proyecto.

Ésas son parte de las conclusiones del estudio Impacto de los Proyectos de Represas en Aysén en el Desarrollo del Turismo de la Región realizado por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile -encargada por la Cámara de Turismo de Puerto Tranquilo- que fue presentado ayer en Coyhaique por el coordinador de la investigación, Rodolfo Sapiaíns.

Para llegar a esas cifras, el estudio le resta el 40% de quienes visitan la región y que admiten que no regresarían si existiesen represas a la cifra de visitantes entregada por Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), lo que se traduciría en una pérdida de 44.142 visitantes anuales. En términos económicos, se puede estimar una pérdida de un 40% del total de ingresos: US$ 22.724.507.

El otro escenario considera la disminución del flujo de turistas durante la eventual construcción de las represas. La investigación estima esta baja en un 71% y proyecta una pérdida de 78.352 turistas cada año. En términos económicos, el impacto en este caso sería mucho mayor, llegando a un total de US$ 39.760.000 anuales, los que deben proyectarse por el tiempo que demore la construcción de las represas, entre 5 a 10 años. Es decir, las costos acumuladas durante este período fluctuarán entre 200 y 400 millones de dólares.

“La perdida económica para Chile va a ser monstruosa”, comenta Fernando Salamanca, sociólogo y economista que participó en la investigación. “La región puede perder un handicap turístico importante por una mala decisión. Si tengo que poner una torre de transmisión, no la voy a poner en el Vaticano”.

Más números rojos

Otra estrategia de análisis se desarrolló en base al cálculo del nivel de dinero gastado por los turistas en la región considerando el gasto promedio y la variable de si se trata de turistas nacionales o extranjeros, pues el mayor desembolso proviene de los foráneos. Se calculó la suma total de ingresos económicos que se espera que la región reciba durante año 2008, cuyo monto es de $ 30.439.077.063,32, es decir, 57.513.608 millones de dólares.

Para estimar la disminución potencial en el ingreso total económico, se consideró la proporción de turistas que señaló no estar dispuesto a volver a visitar Aysén en la eventualidad de que se construyan las mega represas. Al interior de este grupo de turistas, quienes no están dispuestos a visitar Aysén hacen un aporte de $ 12.696.598.000, por lo que la región dejaría de percibir 23.989.794 millones de dólares.

Finalmente, debido a que al interior de este mismo grupo un 71,5% de los turistas no estarían dispuestos a visitar la región durante el período de la construcción de las represas, se espera una disminución de $ 20.410.972.000 por cada año que dure la construcción de las represas, es decir, 38.565.843 millones de dólares.

Rentabilidad

La muestra se focalizó en 2.022 turistas encuestados -62,1% chilenos y 37,6% extranjeros- quienes reconocen el atractivo de la región en sus paisajes, la calidad del entorno, los parques nacionales, la tranquilidad y la seguridad de la zona. En 2001, Sernatur declaró zona de interés turístico (ZOIT) al lago General Carrera y existen otras 4 áreas en carpeta pasa ser declararlas ZOIT. Paula Roempler, directora regional de Sernatur, reconoce que el sector privado turístico está “bastante preocupado” y agrega un dato: las autoridades de la región definieron como estrategia de desarrollo el turismo, la acuicultura y la ganadería. Nada se dice de proyectos energéticos. Miriam Chible, directora de la Cámara de Turismo de Coyhaique, estuvo en la presentación del estudio. “Los gobiernos han hecho negocios con los empresarios de la región aplicando instrumentos de fomento con esta imagen de región prístina y de un momento nos cambiarían las condiciones. Las autoridades tienen que darnos cierta tranquilidad”.

Bancada verde y ONG los acusan de trasgredir principio de “probidad y transparencia”
 

El apoyo que el titular del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, entregaron al proyecto que pretende represar la Patagonia está ahora en manos del contralor para definir si contravienen la legislación sobre probidad administrativa.
 
 
Una veintena de parlamentarios de la bancada verde y representantes del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) presentaron ayer un requerimiento a la Contraloría General de la República donde se solicita que establezca que las conductas y los dichos de los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, sobre el proyecto HidroAysén contravienen la legislación sobre probidad administrativa. En el caso del ministro de la Segpres, se solicitó además su inhabilidad para conocer cualquier materia relacionada con ese proyecto, pues encabeza el Consejo Directivo de la Conama.

El argumento de la presentación es que ambos ministros han expresado su apoyo al proyecto hidroeléctrico -Pérez Yoma en febrero y Viera-Gallo la semana pasada en un seminario donde compartió panel con Bernardo Larraín, gerente general de Colbún- sin que éste haya ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, instancia que debe evaluar su viabilidad.

A la cabeza de los parlamentarios, el diputado PPD Enrique Accorsi pidió a la Presidenta Bachelet que aplique el principio de probidad y transparencia. “Esto es una presión indebida: Pérez Yoma es jefe de todos los seremis del país. ¿Con qué independencia van a actuar si su jefe hace este tipo de declaraciones?”. Pérez Yoma es también jefe directo de la presidenta de la Corema de Aysén, la intendenta Silvia Moreno, organismo que debe pronunciarse sobre el proyecto. Accorsi explicó que por esta razón se hace necesario un sistema de evaluación de proyectos que sea técnico y no político, lo que está incorporado en la reforma ambiental que ingresará al Parlamento en junio próximo.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara agregó que “más grave aún es lo de Viera-Gallo porque es ministro integrante de la Conama. No puede ser juez y parte en esta materia”. También calificó de “indignante” que el ministro de la Segpres pida que la participación ciudadana no sea “un abuso”.

“La participación ciudadana en este tipo de proceso es nula: no existe. Se suponía que este era un gobierno ciudadano. A lo mejor él (Viera-Gallo) quiere otro tipo de democracia”, le respondió.

“Además, solicitamos que se investigue si los ministros tienen algún tipo de relaciones con las empresas eléctricas o las tuvieron mientras trabajaron en el sector privado”, explicó el abogado del CDPLorenzo Soto.

Campaña

El secretario ejecutivo del CDP, Patricio Rodrigo, dijo que los resultados de la encuesta CERC, que entregó un 53% de rechazo al proyecto de las represas en la Región de Aysén, dio paso a una “campaña orquestada del mundo empresarial, de algunos políticos y ministros de Gobierno para salir en la defensa irracional de un proyecto que no ha sido evaluado.

Rodrigo llamó la atención de las autoridades respecto de dos fenómenos que no han despertado su interés. Uno, el vaciamiento del lago Cachet en abril: “Si las represas hubieran estado construidas se podían haber roto porque subió tres veces el caudal del río Baker y nadie ha dicho nada de eso”.

Dos, la erupción del volcán Chaitén: “Si la postación eléctrica hubiera estado trazada, estaría cortada. Estaríamos en un black out constante”, advirtió.

 
ESTRATEGIA
 
El documento presentado ayer en la Contraloría es el primero de una artillería legal que preparan los abogados del Consejo de Defensa de la Patagonia para impedir que el proyecto de cinco represas de la sociedad Endesa y Colbún llegue a buen puerto. La idea es inundar el plan de HidroAysén de incertidumbre y buscar en la justicia las garantías que no entregan las autoridades de Gobierno, al no ocultar su simpatía por el proyecto.