En abril pasado el Juzgado de Garantía de Talcahuano formalizó la investigación en contra de tres ejecutivos de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), a raíz de la emergencia ocurrida el 25 de mayo de 2007. Los ejecutivos enfrentan cargos por infracción al artículo 136 de la Ley de Acuicultura y Pesca, que sanciona a quienes introduzcan un elemento contaminante a un cuerpo de agua, que genere daños en los recursos hidrobiológicos.

Walton Cherres, gerente general de Refinerías Biobío de esa época, Héctor Correa, jefe del Departamento de Mantención, y Marcelo Garcés, jefe de división de equipos estáticos del mismo departamento, enfrentan cargos por infracción al artículo 136 de la Ley de Acuicultura y Pesca, que sanciona a quienes introduzcan un elemento contaminante a un cuerpo de agua, que generes daños en los recursos hidrobiológicos.

Durante la audiencia, el Ministerio Público propuso la posibilidad de la suspensión condicional del procedimiento, siempre y cuando ENAP acatara, en un plazo de tres años, la realización de dos puntos.

Uno de ellos tiene que ver con la puesta en servicio del terminal petrolero aéreo en bahía San Vicente, por un monto de US$50 millones, que debiera estar terminado durante el 2009.

A esto se suma la disposición de un fondo de $300 millones para la construcción e implementación de un centro de rehabilitación, tratamiento y liberación de especies de ave y fauna marinas en riesgo de extinción. Ambas deben ser ejecutadas en un lapso no superior a tres años a contar de esta fecha.

Si ENAP no llega a cumplir lo estipulado por el juez Raúl Martínez, existe la posibilidad que el proceso sea revocado y se reabra el caso.

Al respecto, la fiscal Ana María Aldana dijo que la sanción a la cual se podrían haber expuesto los imputados en la causa era de multas “y hay que calcular que los montos de los dineros invertidos en labores medioambientales y en la construcción del muelle tipo pasarela, se aplica más o menos el 25.000% de lo que podríamos haber obtenido con la multa si hubiéramos llegado a un juicio”.

Agregó que “la salida alternativa era muy por lo lejos una de las mejores salidas que se podría haber conseguido, y por la envergadura una de las más grande que ha habido de esta naturaleza”.

En tanto, el gerente de ENAP Refinerías, Sergio Arévalo, manifestó que respetan el procedimiento, reiterando que se trata de un incidente fortuito, “en que no existen responsabilidades del punto de vista de acciones u omisiones de personas que lo hayan producido. Por eso nosotros frente a esto estamos tranquilos y dispuestos a cumplir cabalmente lo que hoy se ha establecido como salida a este procedimiento”.

En ese sentido dijo que es un hecho fortuito, un evento no deseado, y por el cual han tomado todas las medidas necesarias, “pusimos a disposición todos los recursos para poder evitar que se difundiera el producto derramado, hicimos todas las labores de limpieza, y hemos dispuesto todo el apoyo para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes”.

Asimismo, dijo que se han efectuado las labores de limpieza en que han participado entidades y organismos internacionales del más alto nivel, “y en el cual hemos demostrado que la limpieza efectuada fue en un altísimo porcentaje. En algunos lugares 100% de recuperación de hidrocarburo, y en las cuales hubo menos recuperación fue 93 ó 95%, por lo tanto en ese sentido nosotros estamos con la tranquilidad de haber utilizado todos los medios”

Respecto a las demandas interpuestas por los pescadores, Arévalo manifestó que se encuentran en todo su derecho, “y en ese sentido vamos a ir a los tribunales para entregar todos los antecedentes que obran en nuestro poder. Tenemos la mejor disposición y mejor espíritu de colaboración para llevar a cabo estos procedimientos y acuerdos”.

Sin embargo, manifestó que deben ser cuidadosos con los recursos, “somos una empresa del Estado y por lo tanto los recursos del Estado tenemos que cuidarlos y, en ese aspecto, las formalizaciones son parte de procedimientos transparentes, serios y responsables”.

Fuente: www.lanacion.cl

El Ministerio Público, representado por la fiscal Ana María Aldana, ofreció a los imputados y a la firma, la suspensión condicional del procedimiento, siempre que Enap cumpla, en el plazo de tres años, con dos iniciativas que tienen como objetivo la protección del medioambiente y la minimización de los riesgos ante un eventual nuevo derrame.

“La primera de las condiciones es la construcción de un muelle pasarela, que minimice los riesgos de que una situación similar a la vivida el año pasado vuelva a ocurrir. La segunda, es la creación de un centro de observación y tratamiento de flora y fauna en Talcahuano”, explicó la fiscal Aldana.

COSTOS MILLONARIOS
Las condiciones para la suspensión del procedimiento, implican un elevado costo monetario. La edificación del muelle, tendrá un valor de 50 millones de dólares, mientras que el observatorio medioambiental, “deberá tener fondos aportados por Enap, por un total de 300 millones de pesos, pagaderos en a lo menos, $100 millones al año, a instituciones que ejecutarán el proyecto, como Codeff y la Universidad San Sebastián, a través de su facultad de Medicina Veterinaria”, sostuvo Aldana.

La fiscal que encabezó la investigación por el vertimiento de crudo, afirmó que ambas condiciones serán controladas por “empresas externas que van a informar al Ministerio Público que los hechos se están cumpliendo en el pazo estipulado de tres años”.

Si Enap Refinerías Biobío, dejara de cumplir cualquiera de las condiciones establecidas, “se revocaría la suspensión del proceso, se reabre el caso y seguimos camino a un eventual juicio”.

DERRAME
El 26 de mayo de 2007, debido a una fisura en el centro de un ducto submarino de la empresa Enap Refinerías S.A, se provocó el derrame de 350 metros cúbicos de petróleo -según indicó la empresa-, que afectó a la bahía de San Vicente, en la Octava Región.El accidente se originó cuando un buque desembarcaba el combustible en la terminal de la firma, generando una gran mancha de crudo en la caleta El Infiernillo.

Fuente: www.latercera.cl

La desembocadura del canal, sector conocido como Rocuant, se encuentra en proceso de evaluación ambiental para ser autorizada como balneario.

Hasta 2002 fue considerado como de alta contaminación por la ONU. Tenía dos lagunas de residuos estancadas donde el olor y la emanación de gases hacían insufrible la vida de 70 mil personas de poblaciones aledañas.

En momentos críticos se constató la presencia de 15 toneladas de ácido sulfhídrico (H2S), impidiendo toda forma de vida. Unas 70 especies marinas y aves acuáticas desaparecieron. Las dos lagunas acumulaban 100.000 metros cúbicos de lodo contaminado. La polución de la playa y de las aguas hicieron que en 1974 se prohibiera el uso de Rocuant como balneario.

Gracias a un plan de descontaminación, iniciado en 2002 por el municipio, y del MOP, y donde se han invertido $3.530 millones, el canal El Morro luce hoy dos lagunas cristalinas, y se han recuperado 70 especies de fauna, incluyendo una gran cantidad de aves migratorias.

En el plan se aplicó un alga bacticida presente en una de las lagunas. Anualmente se analizan ocho puntos de la zona, constatándose incluso condiciones para la pesca con caña.

Las siete industrias que contaminaban se mantienen en el sector, pero a fines de los ochenta y por medio de un compromiso voluntario, reemplazaron sus ductos y chimeneas por procesos cerrados de eliminación de residuos. También, el mejoramiento de los sistemas de alcantarillado permitió eliminar los residuos domiciliarios que se vertían al canal El Morro.

Guillermo Rivera, director de medio ambiente del municipio, dijo que en dos años se reabrirá la playa, y que este mes se conocerá el informe de calidad del agua. “Se constata una gran recuperación, con presencia de machas y algas en un sector donde a fines de los ochenta se comprobó la muerte de 28 billones de moluscos, según un estudio de la Universidad Católica”.

Unas 400 personas continuaban hoy luchando por controlar el petróleo vertido el pasado viernes en la bahía del sureño puerto chileno de San Vicente y por evitar que la fauna de la zona corra la misma suerte que el primer lobo marino aparecido muerto.

El gobernador marítimo de la zona, Daniel Sarzosa, se mostró satisfecho con las labores de limpieza y aseguró que aunque todavía hay un estado de emergencia, un 90 por ciento de vertido ya se ha recuperado.

Las investigaciones determinaron que el hidrocarburo se derramó al mar debido a una fisura en un conducto submarino de la estatal Empresa Nacional del Petróleo (Enap) que se produjo por fatiga del material, cuando un buque descargaba petróleo para la refinería.

La preocupación se centra ahora en los efectos que los más de 350 metros cúbicos de petróleo derramados al mar puedan haber tenido sobre los cultivos de mariscos y la fauna de la zona.

El derrame ya produjo la muerte de, al menos, un lobo marino y varias aves, y otras especies presentan manchas de petróleo, por lo que se solicitó la presencia de veterinarios en la zona.

Los lobos marinos, que suman unos 300 en el área, son los que corren mayor peligro porque el crudo los ciega, no pueden capturar comida y, si no son rescatados, morirán.

El observatorio de aves El Pidén advirtió que “los cisnes, patos, cuervos y taguas ya se han ido y tal vez tarden años en volver a anidar en la zona”.

Por su parte, los mariscadores de San Vicente, a 530 kilómetros de Santiago, dan por perdida su área de manejo porque el petróleo tapó la superficie del mar en grandes extensiones, llegó a la costa y mató o contaminó a los recursos que cuidan.

El abogado de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, Ignacio Poblete, explicó que “a 50 centímetros la semilla de mariscos y moluscos está contaminada porque la capa de petróleo es de entre 10 y 40 centímetros”.

Por este motivo, la autoridad sanitaria prohibió la extracción y venta de recursos marinos de la zona afectada por el vertido.

Andrea Aste, responsable sanitaria de la zona, especificó que la prohibición durará “hasta que el muestreo determine que están libres de hidrocarburos”.

Ante estas circunstancias, los pescadores de la zona ya protagonizaron algunas manifestaciones, preocupados por el impacto del desastre ecológico en su actividad y algunos ecologistas exigen que se inicie el rescate de los animales afectados.

En respuesta, la gobernadora de la región, María Soledad Tohá aseguró a pescadores y ecologistas “que serán consideradas cada una de las peticiones, tanto en términos de daño económico como ambiental”.

Tohá afirmó, asimismo, que se indemnizará a todos aquellos que hayan sufrido pérdidas.

En las últimas horas y debido al viento, la mancha de petróleo se ha desplazado hacia Lenga, en la Península de Hualpén, que es la cala estrella de la gastronomía marina de la región.

Asimismo, si el hidrocarburo sigue moviéndose en la misma dirección, en las próximas horas podría llegar a la Península de Tumbes y amenazar una colonia de pingüinos de Humboldt y Magallanes que habitan en la zona.

La Comisión Nacional del Medioambiente (Conama), coordinará un estudio que debe determinar las dimensiones del daño que provocó el derrame y espera en un mes tener un primer informe, aunque los monitoreos van a seguir.

Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación para determinar si hay delito en el derrame y, de ser así, depurar responsabilidades.

La organización “Acción Ciudadana por un Talcahuano Sustentable” acusó a Enap de negligencia, porque, en su opinión, “hay que estar atentos cuando se realiza una faena de tal envergadura y no esperar a que lleguen 350 metros cúbicos de petróleo a la bahía”.

Entretanto, la Enap informó que un nuevo terminal, que entrará en servicio en el primer trimestre del 2009, minimizará los riesgos de accidentes como éste.

En cualquier caso, según algunos especialistas, la contaminación en San Vicente podría tener efectos durante los próximos 15 años.

Fuente: www.cronica.com.mx

En la ocasión, la autoridad regional solicitó a la empresa realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a fin de determinar los daños producidos a raíz del accidente. Con este fin, “la empresa Enap, deberá solicitar los términos de referencia al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y se le va a contratar de forma externa y proceder a la limpieza completamente y medir qué evaluación o impacto puede haber tenido este derrame de crudo en el sector de la costa”, se precisó.

La intendenta afirmó además que también se dispuso la fiscalización de los traslados de los residuos por parte de la autoridad sanitaria. Junto a ello, la empresa se comprometió a acelerar los estudios de ingeniería para ejecutar las obras de un nuevo terminal de Enap, que permita tener un traslado, carga y descarga de petróleo en “óptimas condiciones”. Al respecto, Tohá recordó que “hoy tenemos un ducto submarino que está enterrado en la zona de la costa como al interior del mar, y que este evento sucedió y está localizado alrededor de 20 metros de la línea de costa”.

Asimismo, la máxima autoridad de la Octava Región afirmó que la Gobernación Marítima inició los sumarios respectivos y que se puso en conocimiento de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), “y en primer lugar la preocupación nuestra es confinar, recuperar, limpiar la costa y evitar que exista un mayor daño que es lo que podemos ver visible ahí. Entender que un 30% de este crudo se volatilizó, existió una precipitación en el fondo marino, y eso es lo que tendremos que evaluar con el Estudio de Impacto Ambiental”.

En otro punto, sobre la situación de los pescadores artesanales que se han visto afectados con el derrame, el gerente general de Enap, Sergio Arévalo, afirmó que “les vamos a restituir el daño que le pudimos haber producido tanto en los botes, elementos de pesca y los hemos contratado para la limpieza. Eso es fundamental, porque es una labor manual que requiere cuidado y donde están colaborando con bastante entusiasmo”.

Fuente: www.lanacion.cl

El accidente se produjo cuando el buque tanque “New Constellation” desembarcaba petróleo para la refinería.

En la ocasión cayeron al mar 350 metros cúbicos, según el último cálculo de las autoridades que aseguraron anoche que el 90% ya se había recuperado.

Respecto de la hendidura en el ducto, el comandante Sarzosa indicó: “Están trabajando buzos que harán reparaciones de fortuna (emergencia) lo que permitirá retirar el petróleo que queda en la línea. Una vez que se haga eso podremos saber sí el terminal está apto o no para seguir operando”.

- ¿De qué dimensión es la fisura?

No sabemos. Esto está enterrado un par de metros bajo la arena. Hay que realizar un trabajo de limpieza primero y luego hacer la reparación de fortuna.

- ¿ Cómo detectaron la falla?

Por burbujas y el trabajo de los buzos.
- ¿Pudo ocurrir un problema como en el caso del incendio de San Vicente en que un ancla dañó un ducto?

No, no. Lo descarto absolutamente ello. Esto se halla a 20 metros de la línea de la playa y no es producto de un golpe o algo mecánico sino fatiga de material.
En ese sentido subrayó que “la empresa (Enap) está clara y disponible para enfrentar todas las tareas que caben, entendiendo que el terminal es de ellos, es de su competencia y de su responsabilidad”.

Agregó: “Le dimos un plazo de 10 días, desde la fecha de incidente, a la empresa para recuperar el área y dejarla lo más parecida a lo normal. Como autoridad marítima queremos señalar, para tranquilidad de todos, que en el sector no ha habido índice de explosividad por estos hidrocarburos volátiles en suspensión. Hacemos permanentes mediciones. No hay riesgo de incendio, esa es la verdad”.

La rápida recuperación, explicó, se logró gracias a que gran parte del derrame se confinó (dentro de un cerco de barreras) al momento del incidente.

“Aunque esto se ve tremendo, ha sido relativamente sencillo cumplir los difíciles trabajos de recuperación”, aseguró.
 

MULTA MILLONARIA

De los 20 sumarios iniciados, siete se encuentran con sus procesos concluidos. En estos casos se van aplicar multas de 300 UTM (9 millones 700 mil pesos) y ya se encuentran en proceso de notificación.
Rojas aclaró que no se ha demostrado científicamente que el mal olor traiga un riesgo para la salud de las personas, sólo hay molestias y por eso las sanciones se aplicaron en virtud de eso. En todo caso lamentó que el país no cuente con normativas claras relativas a olores.

Fuente: http://www.lacronica.cl