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Vacas contaminantes

La ganadería insume muchos kilogramos de alimento vegetal para producir cada kilo de carne y es una enorme fuente de gases invernadero en Latinoamérica.

La carestía alimentaria y el recalentamiento global han puesto en evidencia algunos males de la ganadería, como su elevado consumo de proteína vegetal para generar poca carne y su papel en la contaminación climática.

Por culpa de la ganadería bovina, Brasil está entre los mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero, pues la actividad penetra en la Amazonia y provoca la mayor parte de la deforestación. En 1994, la tala representaba el 75% de las emisiones brasileñas de gases que recalientan la atmósfera.

La destrucción de bosques, acelerada desde los años 80, coincide con la expansión ganadera. De 1994 a 2006, el rebaño vacuno creció de 158 a 205 millones de cabezas, y 82% de ese aumento se dio en la Amazonia, según el estudio “El reino del ganado” de la ONG Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña, divulgado en enero.

El ganado amazónico -73,7 millones de cabezas en 2006- ocupaba 74% de toda el área deforestada.

Pero la causa original de la deforestación no es la ganadería, sino la falta de estímulos para una producción sustentable en la Amazonia, alega Mario Menezes, director adjunto de Amigos de la Tierra y coautor del estudio. Sin ordenamiento agrario, control estatal y políticas de fomento productivo, la “expansión es desordenada”, dice.

La mayor parte de las tierras amazónicas son públicas, pero el Gobierno no las controla, y muchos ganaderos las ocupan ilegalmente y gastan muy poco en eliminar los bosques, corrobora Paulo Barreto, investigador del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia.

Mientras, recuperar pastizales degradados cuesta dos veces y media más, agrega.

Con una productividad de poco más de una cabeza por hectárea, la ganadería brasileña tiene hambre de tierras baratas. Deforestar casi sin riesgo de sanción es el camino lógico.

En la Amazonia, además, el vacuno encontró “sol, calor y agua todo el año”, lo que favorece una carne más barata, “competitiva pese a la distancia” de los centros industriales, dice el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, Assuero Veronez.

Atribuir tres cuartos de los gases invernadero a la deforestación es erróneo, considera Veronez, porque el cálculo incluye toda la biomasa del área, olvidando que antes de las “quemadas” (incendios forestales), se saca la madera útil y luego quedan muchos residuos, por lo que arde sólo “30 a 40% de la biomasa original”.

FIJAR CARBONO

Tito Díaz, oficial de Salud y Protección Animal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en América Latina, también destaca que “los pastos fijan carbono en sus raíces” en un volumen “bastante considerable que no se toma en cuenta”.

La presión se intensifica. El Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC) inició en marzo la campaña “Cambia el consumo para no cambiar el clima”, exhortando al público y a los supermercados a exigir el rastreo de la carne y el rechazo de la proveniente de ganado que haya contribuido a la deforestación.

Según Lisa Gunn, gerenta de Información del IDEC, la carne vacuna “no es sustentable” porque resulta de la conversión de una cantidad mucho mayor de alimento y proteína vegetal, además de exigir demasiada tierra. Pero sólo es posible “cambiar hábitos gradualmente”, por eso “recomendamos reducir el consumo” en lugar de eliminarlo, dice.

En una ganadería pastoril como la sudamericana se produce un kilogramo de carne con 18 a 20 kilos de pastos, mientras en corral, usando granos, se necesitan seis a ocho kilos de alimento, apunta Francisco Santini, veterinario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina.

El ganado confinado ocupa menos espacio, pero también provoca deforestación, ya que se alimenta de soja, de la que Brasil y Argentina son grandes productores. Ese efecto se evidencia en el aumento del área deforestada en la Amazonia cada vez que sube el precio internacional de la soja.

Hay que sumar también el metano liberado por la fermentación intestinal de los rumiantes y el óxido nitroso de los excrementos, gases emitidos en menor cantidad, pero que tienen, respectivamente, 21 y 300 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono de los bosques quemados.

El ejemplo chileno

En Argentina la ganadería cedió a la agricultura 11 millones de hectáreas en los últimos 14 años, manteniendo un rebaño de 54 millones de cabezas. Las emisiones de metano se redujeron aumentando la alimentación con granos, observó Santini. Pero el dato más reciente indica que la agropecuaria genera 44% de las emisiones nacionales de gases invernadero, con mayor participación del metano de origen bovino.

En Uruguay, que tiene 10 millones de vacunos -tres veces la población humana- además de 15,2 millones de ovinos, la agropecuaria genera 91% de las emisiones nacionales de metano y es la segunda fuente de gases invernadero del país.

Un informe de la FAO de 2006 estimó que la ganadería genera 18% de los gases invernadero del mundo, superando al transporte. El cálculo suma la deforestación, el cultivo de alimentos y sus insumos químicos, los gases de los animales, el procesamiento de la carne y su transporte.

En casi toda América Latina se perdieron bosques por la ganadería y la soja, pero Chile y Uruguay ampliaron su cobertura arbórea, lo que indica que puede multiplicarse el ganado “sin necesidad de acabar con el bosque”, destaca Díaz.

La región tiene la ventaja de alimentar sus rebaños con pastos y forrajes, que no compiten con la alimentación humana, ante los altos precios de los cereales que Europa y Estados Unidos utilizan en su ganadería subsidiada, observa.

Pero, para no perder esa oportunidad, la región debe promover “sistemas ganaderos sostenibles” y recuperar pasturas degradadas, recomienda el experto de la FAO.

Polémica por luz verde a perforación en geysers El Tatio

Mientras comunidades indígenas rechazan luz verde a proyecto de exploración geotérmica en el sector, la sociedad empresarial responsable de la iniciativa destaca la posibilidad de nuevas energías para el país.

La aprobación por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Antofagasta del proyecto “Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase I”, de la Empresa Geotérmica del Norte S.A. despertó gran rechazo en las comunidades que se verían afectadas con la iniciativa.

La decisión fue adoptada el jueves por el voto a favor de 15 de los integrantes de la Corema y uno en contra (el consejero Claudio González) y incluye también diversas exigencias ambientales para llevar a cabo el proyecto, cuya inversión estimada es del orden de los 20 millones de dólares.

Esta primera fase busca realizar perforaciones geotérmicas profundas, con fines de exploración, en el sector del ex campamento CORFO, ubicado al sur del campo de géiseres de El Tatio, con el propósito de verificar la factibilidad técnica y económica de generar energía eléctrica a partir de los recursos geotérmicos existentes.

Ante la luz verde al proyecto, que contempla la perforación de cuatro pozos a una profundidad de 2.000 a 2.500 metros cada uno, la comunidad de Toconao realizó una declaración pública donde rechaza lo que considera una “nefasta noticia” y un “claro ejemplo del hambre del imperialismo neoliberal del estado de Chile y su desprecio por el reconocimiento a los territorios indígenas”.

“Teníamos la convicción que las llamadas ‘autoridades de la Corema’ votarían en contra de este proyecto que le da al alma de la cultura lickan antay ( ) Sólo somos unos pobres indios que nada tienen que decir, que les venden los territorios demandados a las transnacionales, que les venden el subsuelo a las empresas mineras, que usurpan el agua subterránea a diestra y siniestra”.

La comunidad acusa que “la estrategia del gobierno es inteligente y dilatará la entrega de nuestras demandas territoriales lo más que se pueda para que de aquí a 50 años las mineras no dejen nada para nuestro hijos y sólo quede desolación y muerte”.

En tanto, la Agrupación Turística y Medioambiental de San Pedro de Atacama (Atyma) también ha expresado su “rechazo absoluto” al permiso al proyecto por Geotermia del Norte, formada por la empresa italiana ENEL, junto a Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y Codelco, componen Geotérmica del Norte.

“La experiencia internacional de la explotación geotérmica tiene como resultado la destrucción total o parcial de las fumarolas, las cuales han tenido que reactivar con un sistema de reinyección teniendo resultados relativos, según lo demostró la misma consultora que hizo el estudio de impacto ambiental y su experto”, indicó Atyma.

“El proyecto se contradice con la voluntad política demostrada por los gobiernos de la concertación al firmar acuerdos internacionales y leyes nacionales de preservación de áreas de ecosistemas únicos y frágiles y de patrimonio cultural. Expresados en la Ley 19.300 de Bases general de Medio Ambiente, la ley 19.253 Ley Indígena. Pacto de derechos civiles de Costa Rica, Manifestación por parte de la ONU de considerar a Chile dentro de los países que protegen las áreas y grupos étnicos”, agrega la agrupación en un comunicado.

Sin embargo, el representante de ENEL en Chile, Óscar Valenzuela, defendió el proyecto de exploración geotérmica en los geysers de El Tatio, señalando que “este proyecto puede llevar a que generemos una energía eléctrica sustentable, una energía limpia que va a permitir avanzar en lo que requiere el país que es energía menos contaminante”.

Ayer, la ministra de Bienes Nacionales, que se encontraba de visita en la región, se refirió a la aprobación del proyecto de Geotermia y destacó la necesidad de “atender las necesidades energéticas del país y de la región”, a la vez que subrayó el tener que “respetar las tradiciones, la cultura y los derechos ancestrales en un adecuado equilibrio de ambas necesidades”.

Ambientalistas piden aclaraciones a Ramsar

En una carta enviada ayer al secretario general de la Convención Ramsar, Anada Tiega, Acción por los Cisnes solicitó un pronunciamiento sobre la forma en que el Gobierno ha cumplido los compromisos en la protección del río Cruces. “Las medidas de fondo han sido mal llevadas, los plazos no cumplidos y los objetivos son confusos” explica Claudia Sepúlveda, vocera de Acción por los Cisnes. En la carta se detalla la polémica desatada por el estudio de Víctor Marín, de la Universidad de Chile, en el marco del plan para la recuperación del santuario, del cual Ramsar es garante, que dio pie a una nueva hipótesis que exculpa a Celco. “Esto podría poner en entredicho la autonomía de la convención y la manera de despejar las dudas es que ellos se pronuncien”, concluye Sepúlveda.

Ministra Uriarte afirma que las Coremas serán eliminadas para terminar con su politización

La Presidenta Michelle Bachelet y su ministra Ana Lya Uriarte decidieron reformar uno de los estamentos más criticados de la legislación ambiental chilena: las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Coremas), que serán eliminadas debido a que la politización de sus decisiones afectó, en muchos casos, la credibilidad del sistema.

Se trata del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental -enviado el jueves a la Cámara de Diputados-, el que propone terminar con las instancias que hasta ahora evalúan y califican ambientalmente los proyectos de empresas públicas y privadas en las distintas regiones del país.

Según la ministra Uriarte, eliminar estos consejos ha sido una de las principales demandas para la reforma ambiental en marcha. Lo han pedido diversos sectores, precisa, desde los ambientalistas hasta los empresarios, pasando por las comunidades y los parlamentarios.

“Ello, fundamentalmente por la circunstancia de que en un órgano de 20 miembros (Corema) concurrían sujetos con competencia pública, pero también con decisión política, lo que para muchos genera en la aprobación y rechazo de proyectos la consideración de aspectos diversos a los regulados, dando origen a confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectando la credibilidad del sistema”, admite.

Uriarte recalca que a la hora de calificar un proyecto debe primar el mérito técnico, por lo que la reforma en marcha apunta a perfeccionar el marco institucional, dando claridad y eficacia a las reglas del juego, para lo cual se estructuran incentivos que promueven conductas deseadas y establecen el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollarán en cada región.

En lugar de las actuales Coremas, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo crea comisiones de Seremis en cada una de las 15 regiones del país. La nueva instancia estará integrada por el seremi del Medio Ambiente, quien la presidirá, y otros nueve seremis.

“En consecuencia, no forman parte del órgano que decidirá proyectos ambientales los intendentes ni los gobernadores ni los consejeros regionales”, acota Uriarte.

Aunque la idea de la ministra es descomprimir de factores políticos las decisiones que toman las Coremas, cabe hacer notar que los seremis también son funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo. La idea, así, de la reforma es que opere el criterio técnico de los seremis, sin que éste sea contaminado por el factor político que puedan introducir sus jefes a nivel regional, que son los intendentes.

El rediseño de la institucionalidad ambiental se basa en la necesidad de distinguir tres ámbitos: la dictación de las políticas y normas ambientales, radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; la gestión ambiental, que reside en el Servicio de Evaluación Ambiental, y la fiscalización, centrada en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Consultado sobre el proyecto que lo excluye de la posibilidad de decidir qué proyectos se realizan o no en su región, el intendente Metropolitano, Álvaro Erazo, dijo que había recibido el texto sólo el jueves, por lo que declinó pronunciarse: “Voy a estudiar la propuesta y luego mandaré mi respuesta al Gobierno”.

En cambio, su colega de la Región de los Lagos, Sergio Galilea, se mostró partidario de la modificación legal. “Creo que ello implicará que las Comisiones de Seremis puedan adoptar decisiones en forma más ágil”, acotó desde Puerto Montt.

Para la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, los bullados casos de la planta de gas propano en Peñalolén y de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia son dos ejemplos que revelan el deficiente cometido de las Coremas. “Hay un consenso transversal de que esos órganos simplemente no dan para más”, sostiene.

“La propuesta es positiva y más transparente. Este paso va a dar garantías a todos los sectores. Las decisiones tienen que ser técnicas para terminar con eso de que no le gustó al intendente, al partido político de turno o el lobby que tuvieron los distintos sectores”, concluye Sara Larraín.

CONDICIÓN

OCDE: Este rediseño ambiental le permitiría a Chile entrar al club de naciones industrializadas y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Quiénes integran las comisiones

Cada Corema está integrada por el intendente regional, quien la preside; los gobernadores provinciales de la región; los secretarios regionales de los ministerios que forman el consejo directivo de Conama (Economía, Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Planificación, Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia); cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo consejo, y el director regional de la Conama, que actúa como secretario.

Hay además un comité técnico de Corema, integrado por el director regional de Conama, que lo preside, y los directores regionales de los servicios públicos con competencia en materias ambientales.

Un ejemplo de cómo el factor político influye en el análisis técnico de una Corema ocurrió en 2006, cuando la correspondiente a la Región Metropolitana rechazó la instalación de una planta de transferencia de basura en Quilicura, propuesta por la empresa Gersa.

En la época, el representante de Gersa era el abogado DC Clemente Pérez -hoy presidente de Metro-, quien acusó una operación política para negar el permiso ambiental a la planta pese a que ésta contaba con evaluaciones favorables de los organismos técnicos. “En este caso hubo una concertación o alianza, o acuerdo político de todos los sectores, entre el PPD y la UDI, por el rechazo al proyecto”, reclamó Pérez, aludiendo al entonces intendente Víctor Barrueto (PPD).

El abogado de Gersa opinaba con conocimiento de causa, ya que anteriormente ejerció como director ejecutivo de la Conama.

Surge nuevo foco de Virus ISA: Se expande a la Región de Magallanes

El virus se detecto en seno Ultima Esperanza y ahora las organizaciones están solicitando información precisa sobre las causas de su aparición y el plan que se tendrá para controlar esta enfermedad.
Ecoceanos llamó a los magallánicos, ayseninos y chilotes ha organizarse para detener la incontrolable entrega de miles de nuevas concesiones .

El Servicio Nacional de Pesca confirmó este martes que el virus de la Anemia Infecciosa del Salmón, ISA, se ha expandido a la Región de Magallanes, luego de analizar muestras de especies obtenidas en un centro de cultivo de Caleta Donoso, en el seno Última Esperanza, a 10 kilómetros al sur oeste de Puerto Natales.

La información la había solicitado al Sernapesca el sindicato de Tripulantes de Punta Arenas (Sitoners), y a última hora del martes el director regional, Patricio Diaz Oyarzún, en una débil declaración a la edición regional de TVN, dijo que efectivamente dos ejemplares de salmones obtenidos en Caleta Donoso habían registrado positivo al análisis del virus.

El funcionario público además afirmó que estos “dos ejemplares” portaban este mal desde 2006. En Caleta Donoso operan a lo menos dos empresas una nacional y otra multinacional.

Ante esto, inmediatamente las críticas a estas singulares declaraciones no se hicieron esperar. El sindicato de tripulantes de Punta Arenas afirmó que no es posible que el Sernapesca no haya informado a la comunidad acerca de esta grave diseminación del virus en Magallanes y solo bajo presión haya dado a conocer esta grave información.

Jorge Cofre, presidente de los tripulantes dijo a Ecoceanos News que “se confirmó la presencia del virus ISA tal como lo decía la información que manejaba nuestra organización. Nos llama la atención que no se haya hecho pública esta lamentable información de interés de todos los sectores de Magallanes. No es posible que el Sernapesca actúe de esta forma y que la industria anuncie su expansión a esta zona y lo haga de la peor forma, contaminando nuestro patrimonio sanitario”.

Agregó que “el Seno Última Esperanza, donde se detecto el virus, es una zona con solo una salida a aguas de canales y fiordos, tiene una escasa diferencia de mareas y por tanto tememos que el virus se expanda rápidamente y contamine todos estos lugares”.