En votación abierta, ante un público conformado por diversas personas, ciudadanos, representantes de organizaciones sociales y dirigentes de la pesca artesanal, la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Los Ríos aprobó el viernes pasado el aumento de la producción de la planta de celulosa Valdivia, propiedad de Celulosa Arauco y Constitución, por una votación de 16 a favor y dos votos en contra.

La empresa venía solicitando esta autorización desde junio de 2005 para normalizar la producción de celulosa restringida a raíz del desastre ecológico ocasionado por la empresa en el Río Cruces, que terminó con la muerte de cientos de cisnes de cuello negro.

La aprobación estuvo sujeta a una serie de condiciones adoptadas a partir de sugerencias emitidas por el Comité de Fiscalización de la planta (COF) en septiembre. Entre ellas, que el aumento debe ser gradual y progresivo, y para ello deberá presentar un cronograma y un programa de trabajo, además de un plan de recuperación de la producción que la propia Corema tendrá que revisar y resolver antes de poder iniciar el proceso, lo que sería revisado en la próxima sesión del organismo.

Además, deberá tomarse en cuenta que este se prevé como un año seco, lo que tiene repercusión en los caudales. Por ello, según señaló el intendente Iván Flores, se va a pedir específicamente que no sea en los momentos de caudal bajo y que se realice un estudio del comportamiento del santuario en meses de sequía.

De igual modo, se exigen otros estudios, entre los que se cuentan análisis de dioxinas, así como el aumento de los monitoreos de mensuales a quincenales y en el caso de los sulfatos, a diario.

Además, el programa deberá ser auditado mensualmente.

El intendente de la Región de Los Ríos, Iván Flores, señaló: “si se cumplen requisitos es posible que antes de finales de enero pudiera echarse a andar lentamente un proceso de recuperación”.

Esta aprobación, implica que la celulosa podrá retomar su producción de 550.000 toneladas anuales, por lo que dejaría de perder US $128 millones y de entregar menor cantidad de energía eléctrica al Sistema Interconectado Central (SIC), ya que en las dependencias existe una generadora, también restringida.

Cabe recordar además que la Resolución Ambiental emitida por la Corema de Los Lagos en Puerto Montt, incluyó otras medidas, como el retiro de los riles del río Cruces (plazo que se cumple en abril de 2009), obligación que se ha postergado en dos ocasiones y que ha originado un quiebre entre los habitantes de la zona de San José de Mariquina, donde la empresa llegó a un millonario acuerdo con pescadores de Mehuín, para poder instalar el ducto en el mar, lo que ha provocado duros enfrentamientos entre éstos y los opositores.

Oposición a la Medida

Durante la reunión, el Director Regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Enrique Suárez, junto a la abogada de la misma institución y una representante de la Consultora Knight Piésold presentaron toda la documentación existente desde el Decreto 337/05 que disminuía la producción de la empresa a un 80%, incluyendo un resumen de la auditoría realizada por la consultora para demostrar que CELCO había cumplido con los puntos exigidos por la misma resolución.

A pesar de que el informe emitido por la consultora Knight Piésold que la planta producía más del 93% de sulfatos presentes en el río Cruces, la mayoría de los presentes votó a favor de permitir el aumento de la producción de celulosa.

Ante ello, los miembros de la Corema pudieron hacer consultas en donde se cuestionaron diversos puntos, como la cantidad de sulfatos que la planta emite al río, las consecuencias que tendría el aumento en el nivel de producción y la carencia de mediciones de las dioxinas que emite la planta en el informe. Frente a esto último, la consultora señaló que las mediciones de estos compuestos no habían sido incluidas en el Decreto 337/05.

Al momento de la votación, sólo la SEREMI de Salud, Estela Arcos, y el Consejero Regional Ítalo Martínez dieron su voto en contra, señalando que ante una situación en que aún no se conocen los reales impactos de los riles emitidos por CELCO, es preferible mantener a resguardo la salud de la población.

Arcos puntualizó que “cuando una actividad representa una amenaza para la salud humana o para el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no hayan sido totalmente determinadas de manera científica. Las medidas destinadas a prevenir los daños, por lo general, sólo se adoptan una vez que se ha establecido de manera significativa la evidencia del daño. A veces, ese momento puede ser demasiado tarde”.

Una vez conocida la votación realizada a mano alzada, representantes de diversas organizaciones sociales así como dirigentes de la pesca artesanal encararon a viva voz a varios de los miembros de la COREMA, entre ellos, el Seremi de Economía, Guillermo Quiroz, señalando que ahora sí le pasarán la cuenta a la Concertación, puesto que no han sido capaces de defender a los sectores que serán directamente afectados por esta medida, como es la pesca artesanal.

Representantes del Partido Socialista también manifestaron su clara desaprobación a la decisión de la Corema de Los Ríos. El diputado Alfonso De Urresti, señaló que “mi rechazo no va por el aumento de la producción de la planta, sino por la actitud de las autoridades que en su mayoría apoyaron la medida, la cual es una derrota para nuestra ciudadanía, que debería sentir más que nunca identificada con sus nuevos representantes, lo cual hoy no se refleja en esta votación”.

LA COREMA DE LOS RIOS EN LA DISYUNTIVA:
¿EL INTERÉS PRIVADO DE CELCO O LA DECISIÓN CORRECTA?

Claudia Sepúlveda Luque
Socióloga, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente

El próximo 4 de enero la COREMA de Los Ríos debe resolver la solicitud
de CELCO de levantar la única medida de prevención de impactos
ambientales impuesta a la empresa: la reducción en un 20% de su
producción establecida en la Resolución 377 de junio de 2005. CELCO
argumenta que dicha restricción estaba condicionada a las demás
exigencias que la COREMA X le impuso en la Resolución 377, y que dado
que tales exigencias estarían hoy cumplidas, mantener reducida la
producción sería arbitrario.

Sin embargo, CELCO omite dos aspectos fundamentales sobre las
exigencias de la Resolución 377 que obligan a la COREMA no sólo a
mantener la reducción de la producción sino incluso a tomar medidas
mucho más severas y efectivas si quiere garantizar que el ecosistema
podrá recuperarse y que no se causarán impactos irreversibles sobre la
economía local y la salud humana.

La principal medida de la Resolución 377 fue la de pedir a CELCO que
retirara sus RILES del Río Cruces. La COREMA X le dio a la empresa un
plazo total de aproximadamente tres años para la implementación de una
descarga alternativa (9 meses para la presentación del Estudio de
Impacto Ambiental, 1 año estimado de evaluación ambiental y 15 meses
para la construcción de la nueva descarga). Sin embargo, cuando han
transcurrido dos años y medio desde la Resolución 377 el plazo para la
presentación del Estudio de Impacto de la descarga alternativa ya ha
sido prorrogado en tres años. Con ello, y de no producirse nuevas
prórrogas, recién el 2011 podría concretarse la principal medida
establecida en la Resolución 377.

Si la descarga alternativa al Río Cruces era la medida de fondo
establecida en la Resolución 377, la reducción en un 20% de la
producción de CELCO permitiría minimizar el impacto ambiental mientras
dicha solución definitiva se implementaba. Por lo tanto, si la COREMA
de Los Ríos levantara hoy la restricción del 20% estaría vulnerando el
sentido de fondo de la Resolución 377, el único que verdaderamente
apunta a resolver el desastre. Pero además estaría contraviniendo otras
importantes condiciones establecidas en la misma Resolución 377.

En efecto, entre las exigencias de la Resolución 377 estuvo la de que
CELCO determinara el origen de la enorme cantidad de Sulfatos
detectados en el Río Cruces y en el Santuario por el estudio de la
Universidad Austral de Chile (UACH), compuestos que estarían
directamente vinculados al origen del desastre de acuerdo a la
hipótesis industrial de tal estudio. Hasta ese momento CELCO no contaba
con la autorización ambiental legalmente exigida para descargar
Sulfatos en sus RILES pues nunca informó que los vertería al Río
Cruces. Peor aún, negó estar descargándolos a pesar de la evidencia
demostrada por la UACH a partir de los monitoreos realizados por la
propia empresa. No obstante, mediciones de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS) de diciembre de 2004 confirmaron lo
sostenido por la UACH: CELCO descargaba 59 toneladas diarias de
Sulfatos, equivalente al 92% de todos los Sulfatos existentes en el Río
Cruces.

En cumplimiento de lo exigido por la COREMA X en la Resolución 377,
CELCO contrató una auditoría a Knight Piesold para determinar el origen
de los Sulfatos del Río Cruces. En su informe de marzo de 2006 la
auditora concluyó que el 93,3% de todos los Sulfatos tenían su origen
en la planta de celulosa. Este dato confirma las conclusiones del
estudio de la UACH y su hipótesis industrial sobre el origen del
desastre en el Santuario así como las mediciones de la SISS.

Si la COREMA de Los Ríos aceptara que la exigencia de determinar el
origen de los Sulfatos se encuentra formalmente cumplida con el informe
de Knight Piesold sin si siquiera detenerse a evaluar los efectos
ambientales del enorme volumen de Sulfatos que la planta de CELCO
continúa descargando al Río Cruces cada día, estaría cometiendo una
falta grave. Sería una situación equivalente a la de una medida
cautelar (reducción del 20%) decretada por un juez (COREMA X) a fin de
proteger a una posible víctima (Santuario) en tanto se investiga la
responsabilidad del sospechoso (Sulfatos de CELCO). Una vez confirmada
la sospecha (93,3% de los Sulfatos son descargados por CELCO), otro
juez (COREMA de Los Ríos) decreta la revocación de la medida cautelar
con el argumento de haberse cumplido formalmente la condición
establecida (investigar el origen de los Sulfatos). De esta forma, deja
en libertad al sospechoso (levanta la restricción del 20%) para que
siga cometiendo su delito (desastre del Santuario).

Si la COREMA de Los Ríos se toma en serio su trabajo lo que le
corresponde exigir con el informe de Knight Piesold en sus manos es la
evaluación ambiental de los Sulfatos, el Aluminio, el Cloruro y el
Manganeso que la planta de CELCO ha venido descargando al Río Cruces
desde el primer día y sin la autorización que exige, sin excepciones,
la ley ambiental de Chile. Dicha evaluación ambiental debiera ser
realizada por un panel internacional de expertos, completamente
independiente de la empresa y del Estado de Chile a fin de garantizar
transparencia.

Por último, los argumentos económicos esgrimidos por CELCO no resisten
ningún análisis. La reducción del 20% de la producción de CELCO se
encuentra más que compensada en términos de utilidades con el precio
que alcanza la celulosa, un 23% más alto que el precio promedio del año
2004. Además, como se sabe, esta planta tiene una rentabilidad del 25%,
el doble de la de sus competidores más cercanos. No en vano mantiene a
sus contratistas sofocados por deudas y por los pagos más bajos del
mercado.

En su sesión del 4 de enero la COREMA de Los Ríos enfrentará la
disyuntiva de respaldar los intereses privados de CELCO o de aplicar la
ley, velando por el bien común de todos los habitantes de la nueva
región. Los ciudadanos comprometidos con el futuro sustentable de este
territorio hacemos votos para que las autoridades hagan lo correcto.