Por antropólogo Juan Carlos Skewes Vodanovic, Ph.D de la Universidad de Minnesota (EE.UU), Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosfía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile.

Cuando los resultados de un acuerdo entre privados importan amenazas de muerte, destrucción de bienes e inseguridad de las personas, la materia pasa a ser de preocupación pública.

Si las autoridades prefieren dejar la situación en manos de los afectados, y, eventualmente de los tribunales, están faltando a la responsabilidad que a ellas la ciudadanía confirió. Es también responsabilidad de la autoridad asegurar la protección de los derechos ciudadanos, y tales derechos pueden ser severamente vulnerados cuando, en condiciones de extrema desigualdad, las personas son incitadas a actuar sobre la base de estímulos económicos o de otro tipo.

En tales circunstancias difícilmente podría presumirse que los contratos hayan sido libremente suscritos. Más bien, la circunstancia raya en la extorsión.

La capacidad para movilizar recursos posiciona a las grandes corporaciones en una situación límite respecto de las comunidades con que ellas se relacionan: mediante la oferta de dinero pueden inducir a las personas a obrar incluso contra sus propios intereses. Así lo ha hecho Celco en Mehuín, intentando obtener la obsecuencia de un grupo personas respecto a su proyecto de evacuar desechos líquidos al mar.

Un contrato, como el propuesto, que establece que, contra pagos diferidos, estas personas se abstendrán de oponerse, primero, a la realización de estudios para instalar un ducto, segundo, a la aprobación del mismo por parte de la autoridad ambiental, y, tercero, a la operación del mismo, es moralmente reprobable.

Más reprobable aún cuando semejante contrato introduce una profunda división en la comunidad, con imprevisibles consecuencias de las que, además, la empresa no se responsabiliza.

La autoridad no puede desentenderse de aquellos acuerdos cuyos resultados se tornan adversos a la ciudadanía ni menos de aquéllos que, como el aludido, son moralmente reprobables. No se trata de transferir más responsabilidades a los tribunales, no se trata de convertir a las cortes en jueces (o verdugos, según sea el caso) de la moral ciudadana. Más bien, se trata de legislar. Y, en este sentido, cada vez más se hace necesaria la auditoría ética como un medio de regulación respecto del uso de recursos públicos o privados para influir torcidamente en la voluntad de las personas.

NOTA:
El autor participó como investigador responsable en el Proyecto Conicyt: “Contribuciones desde la antropología ecológica contemporanea para el estudio de un conflicto ambiental: La resistencia de la comunidad de Mehuín frente a la construcción de un ducto para la evacuación de desechos industriales en la Bahía de Maiquillahue, X Región, 1996-1998