Archive for December 28, 2007

Corema de los Rios en la disyuntiva

LA COREMA DE LOS RIOS EN LA DISYUNTIVA:
¿EL INTERES PRIVADO DE CELCO O LA DECISION CORRECTA?

Claudia Sepúlveda Luque
Socióloga, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente

El próximo 4 de enero la COREMA de Los Ríos debe resolver la solicitud
de CELCO de levantar la única medida de prevención de impactos
ambientales impuesta a la empresa: la reducción en un 20% de su
producción establecida en la Resolución 377 de junio de 2005. CELCO
argumenta que dicha restricción estaba condicionada a las demás
exigencias que la COREMA X le impuso en la Resolución 377, y que dado
que tales exigencias estarían hoy cumplidas, mantener reducida la
producción sería arbitrario.

Sin embargo, CELCO omite dos aspectos fundamentales sobre las
exigencias de la Resolución 377 que obligan a la COREMA no sólo a
mantener la reducción de la producción sino incluso a tomar medidas
mucho más severas y efectivas si quiere garantizar que el ecosistema
podrá recuperarse y que no se causarán impactos irreversibles sobre la
economía local y la salud humana.

La principal medida de la Resolución 377 fue la de pedir a CELCO que
retirara sus RILES del Río Cruces. La COREMA X le dio a la empresa un
plazo total de aproximadamente tres años para la implementación de una
descarga alternativa (9 meses para la presentación del Estudio de
Impacto Ambiental, 1 año estimado de evaluación ambiental y 15 meses
para la construcción de la nueva descarga). Sin embargo, cuando han
transcurrido dos años y medio desde la Resolución 377 el plazo para la
presentación del Estudio de Impacto de la descarga alternativa ya ha
sido prorrogado en tres años. Con ello, y de no producirse nuevas
prórrogas, recién el 2011 podría concretarse la principal medida
establecida en la Resolución 377.

Si la descarga alternativa al Río Cruces era la medida de fondo
establecida en la Resolución 377, la reducción en un 20% de la
producción de CELCO permitiría minimizar el impacto ambiental mientras
dicha solución definitiva se implementaba. Por lo tanto, si la COREMA
de Los Ríos levantara hoy la restricción del 20% estaría vulnerando el
sentido de fondo de la Resolución 377, el único que verdaderamente
apunta a resolver el desastre. Pero además estaría contraviniendo otras
importantes condiciones establecidas en la misma Resolución 377.

En efecto, entre las exigencias de la Resolución 377 estuvo la de que
CELCO determinara el origen de la enorme cantidad de Sulfatos
detectados en el Río Cruces y en el Santuario por el estudio de la
Universidad Austral de Chile (UACH), compuestos que estarían
directamente vinculados al origen del desastre de acuerdo a la
hipótesis industrial de tal estudio. Hasta ese momento CELCO no contaba
con la autorización ambiental legalmente exigida para descargar
Sulfatos en sus RILES pues nunca informó que los vertería al Río
Cruces. Peor aún, negó estar descargándolos a pesar de la evidencia
demostrada por la UACH a partir de los monitoreos realizados por la
propia empresa. No obstante, mediciones de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS) de diciembre de 2004 confirmaron lo
sostenido por la UACH: CELCO descargaba 59 toneladas diarias de
Sulfatos, equivalente al 92% de todos los Sulfatos existentes en el Río
Cruces.

En cumplimiento de lo exigido por la COREMA X en la Resolución 377,
CELCO contrató una auditoría a Knight Piesold para determinar el origen
de los Sulfatos del Río Cruces. En su informe de marzo de 2006 la
auditora concluyó que el 93,3% de todos los Sulfatos tenían su origen
en la planta de celulosa. Este dato confirma las conclusiones del
estudio de la UACH y su hipótesis industrial sobre el origen del
desastre en el Santuario así como las mediciones de la SISS.

Si la COREMA de Los Ríos aceptara que la exigencia de determinar el
origen de los Sulfatos se encuentra formalmente cumplida con el informe
de Knight Piesold sin si siquiera detenerse a evaluar los efectos
ambientales del enorme volumen de Sulfatos que la planta de CELCO
continúa descargando al Río Cruces cada día, estaría cometiendo una
falta grave. Sería una situación equivalente a la de una medida
cautelar (reducción del 20%) decretada por un juez (COREMA X) a fin de
proteger a una posible víctima (Santuario) en tanto se investiga la
responsabilidad del sospechoso (Sulfatos de CELCO). Una vez confirmada
la sospecha (93,3% de los Sulfatos son descargados por CELCO), otro
juez (COREMA de Los Ríos) decreta la revocación de la medida cautelar
con el argumento de haberse cumplido formalmente la condición
establecida (investigar el origen de los Sulfatos). De esta forma, deja
en libertad al sospechoso (levanta la restricción del 20%) para que
siga cometiendo su delito (desastre del Santuario).

Si la COREMA de Los Ríos se toma en serio su trabajo lo que le
corresponde exigir con el informe de Knight Piesold en sus manos es la
evaluación ambiental de los Sulfatos, el Aluminio, el Cloruro y el
Manganeso que la planta de CELCO ha venido descargando al Río Cruces
desde el primer día y sin la autorización que exige, sin excepciones,
la ley ambiental de Chile. Dicha evaluación ambiental debiera ser
realizada por un panel internacional de expertos, completamente
independiente de la empresa y del Estado de Chile a fin de garantizar
transparencia.

Por último, los argumentos económicos esgrimidos por CELCO no resisten
ningún análisis. La reducción del 20% de la producción de CELCO se
encuentra más que compensada en términos de utilidades con el precio
que alcanza la celulosa, un 23% más alto que el precio promedio del año
2004. Además, como se sabe, esta planta tiene una rentabilidad del 25%,
el doble de la de sus competidores más cercanos. No en vano mantiene a
sus contratistas sofocados por deudas y por los pagos más bajos del
mercado.

En su sesión del 4 de enero la COREMA de Los Ríos enfrentará la
disyuntiva de respaldar los intereses privados de CELCO o de aplicar la
ley, velando por el bien común de todos los habitantes de la nueva
región. Los ciudadanos comprometidos con el futuro sustentable de este
territorio hacemos votos para que las autoridades hagan lo correcto.

Se inicia investigación sobre efectos del calentamiento global en la Antártica chilena

La expedición del Centro de Estudios Científicos de Valdivia visitará la zona antártica más alejada de la costa, evaluando los efectos del aumento de las temperaturas.

El director del Centro de Estudios Científicos de Valdivia (CECS), Claudio Bunster, y los glaciólogos Gino Casassa y Andrés Rivera, aterrizaron el pasado miércoles en la Antártica, para comenzar la “Expedición Chilena al Polo Sur de Inaccesibilidad y al Lago Recovery D”, para investigar los impactos del calentamiento global en el continente blanco.

Tras posponerse el viaje una semana debido a las malas condiciones atmosféricas y de visibilidad, alrededor de las 18:30 horas del miércoles llegó a la Antártica el avión Ilyushin-76 que transportaba a los tres miembros de la expedición, quienes tendrán la misión de estudiar cómo ha influido el cambio climático en el hielo continental antártico, donde las temperaturas han aumentado en una proporción seis veces mayor que en el resto del planeta.

El objetivo de la investigación es establecer, por primera vez con modernos sensores, las características del lago subglacial Recovery D, descubierto recientemente por científicos estadounidenses.

Los lagos subglaciales, denominados así por encontrarse bajo el hielo, posiblemente preservan especies biológicas únicas que datan de miles de años.

Además, estudios recientes indican que podrían tener un rol fundamental en los movimientos y estabilidad de los hielos antárticos.

La segunda actividad del CECS será una travesía desde el Polo Sur de Inaccesibilidad (el lugar en la Antártica más apartado de la costa) hasta la base de Patriot Hills, para estudiar las características de la cubierta de hielo en la zona.

Esta es la segunda campaña a la Antártica que realiza el CECS este año.
En noviembre pasado, científicos del centro, junto con investigadores del Instituto Chileno Antártico y de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), realizaron una expedición al glaciar Fleming, para buscar evidencia de un posible retroceso del glaciar.

Fuente: www.cooperativa.cl

Planta Licancel comenzó marcha blanca para reanudar operaciones

Con el compromiso de “no cometer los mismos errores” que a mediados de este año causaron la muerte de cientos de peces en el río Mataquito y le costaron una suspensión de seis meses, la planta de celulosa Licancel comenzó el proceso de marcha blanca que le permitirá reanudar su producción a partir de la segunda semana de enero.

Cabe recordar que en junio pasado la empresa protagonizó dos derrames de residuos líquidos industriales (riles) excedidos en pH y sólidos suspendidos que afectaron las aguas del río curicano y el ecosistema del lugar.

Tras ello, a expensas de las autoridades ambientales, la empresa debió cumplir una serie de exigencias para garantizar que cumple con las normativas y que sus operaciones no implican un riesgo para el entorno. Ello incluyó la realización de una serie de mejoras entre las que destaca la entrada en operaciones de un nuevo sistema de tratamiento de riles.

El encargado de conflictos y concejal de Licantén, Bruno González, indicó que la empresa se comprometió a no volver a cometer los mismos errores en esta nueva etapa de operación.

Al mismo tiempo, el municipio anunció que iniciará un plan de difusión turístico con el propósito de que las personas lleguen nuevamente a disfrutar la costa curicana.

Proyecto de Ley de Bosque Nativo fue aprobado por el Congreso tras 15 años de tramitación

Su último trámite legislativo cumplió ayer en la tarde el proyecto de Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, al ser aprobado por el Senado con 28 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, tras quince años de tramitación parlamentaria (ingresó al Congreso en abril de 1992). Con esto, el proyecto quedó en condiciones de ser enviado a Contraloría para su toma de razón, y su posterior firma por parte de la Presidenta de la República.

La Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal apunta hacia la conservación de los recursos forestales originarios del país y al desarrollo de los campesinos forestales. Para tal efecto, la iniciativa establece un sistema de bonificaciones, con dos concursos: uno para los pequeños propietarios y el otro para los demás interesados. Los dueños de predios podrán optar a los incentivos económicos ejecutando alguna de las tres actividades consideradas: de preservación, producción maderera y producción no maderera.

Con ello se pretende poner en valor un recurso nativo que no estaba siendo aprovechado tanto desde la perspectiva de la conservación de los ecosistemas forestales y de formaciones xerofíticas, como del progreso socio-económico de las comunidades rurales.

La Subsecretaría de Agricultura fue la responsable de convocar una Mesa Forestal Público-Privada, a través de la que se llegó rápidamente a un consenso, tras considerarse sólo las materias concordantes en una Ley Corta. Los temas en que no hubo acuerdo, como la habilitación-sustitución del bosque nativo, quedaron para una ley complementaria.

La Subsecretaria de Agricultura, María Cecilia Leiva, destacó que “desde un principio la Presidenta Michelle Bachelet planteó la necesidad de contar con este marco regulatorio y de fomento para el bosque nativo y por ello, como Subsecretaría, hemos trabajado intensamente hasta alcanzar un acuerdo general”. Al mismo tiempo, la autoridad subrayó que “para Chile, esta ley significa, entre otros aspectos, tener un instrumento para que los pequeños y medianos propietarios puedan hacer conservación y manejo del bosque nativo con una normativa que los apoye para estas actividades”.

La autoridad ministerial puso énfasis también en que este cuerpo legal colabora en la generación de nuevos empleos directos e indirectos dentro del sector, debido a las distintas actividades que se realizarán en el bosque, conforme a Planes de Manejo. Igualmente, señaló que esta impulsará la disponibilidad de nuevos recursos naturales para la generación de bioenergía.

Momento Histórico

Por su parte, Flavia Liberona, coordinadora de la Red Bosque Nativo y directora ejecutiva de Fundación Terram, quien ha impulsado y acompañado el proceso de discusión de esta ley durante los últimos diez años, indicó: “Asistimos a un momento clave para la historia ambiental del país. Si bien sabemos que esta ley no solucionará todos los problemas del bosque nativo, esperamos que sí signifique una importante contribución a su protección y conservación y manejo”.

La ecologista destacó que este cuerpo legal establece la obligación de hacer una autoevaluación de su funcionamiento cada tres años, “lo que permitirá realizar una medición permanente y evitar que se pierda el foco principal de esta ley, que son los pequeños propietarios forestales”.

Entre otros aspectos relevantes, la Ley establece además la creación de un consejo consultivo, el que estará encargado de revisar el reglamento, solicitar estudios y definir las evaluaciones que se hagan a esta ley de bosque. Este consejo estará formado por representantes del mundo académico, organizaciones sociales, empresarios y representantes de gobierno.

Además, se deberá dictar un reglamento en base a estudios científicos para regular la corta de árboles nativos en la proximidad de cursos de agua o en pendientes, aspecto central para prevenir y combatir la erosión, el mantenimiento de los cursos de agua y la desertificación.

El senador Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de la Cámara Alta, quien jugó un rol fundamental para impulsar la ley en esta última etapa, coincidió en señalar que “asistimos a un día histórico para el bosque nativo”, y agregó que es necesario que “un país invierta en su futuro”, en alusión al sistema de bonificaciones para el manejo y la conservación de bosque.

Desafíos y Temas Pendientes

El proyecto de Ley de Bosque Nativo aprobado ayer recibió un decisivo impulso tras el acuerdo alcanzado en la Mesa Forestal convocada por la Subsecretaría de Agricultura, que en agosto de 2006 consensuó los temas principales incorporados en el actual texto, y logró acuerdo sobre varios temas cruciales, como la definición de bosque nativo y la necesidad de enfocar el proyecto en los pequeños propietarios forestales.

La Directora Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, Catalina Bau, precisó que, “ahora el desafío es para la CONAF, en cuanto a cumplir con lo que le mandata la Ley y entregar estos incentivos para el manejo sustentable del bosque nativo. Como institución estamos preparados para enfrentar con éxito esta nueva tarea, pues estamos insertos en un proyecto de mejoramiento de la gestión, que acompañará a esta ley”.

Entre los próximos desafíos legislativos relativos al bosque nativo se encuentra la formulación y discusión de una ley para proteger el bosque esclerófilo, un tema crítico en la zona central del país, donde los intereses de los productores frutícolas y de palta incrementan la presión de sustitución.

Además, queda pendiente la creación de un sistema de áreas silvestres protegidas y lo relativo a la reforma de la institucionalidad del sector, especialmente el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de Conaf.

Japón suspende la captura de ballenas jorobadas

El gobierno japonés anunció hoy que ha decidido suspender la captura de ballenas jorobadas, que iba a emprender este año por primera vez desde la moratoria impuesta en 1963 y que había creado una fuerte controversia internacional.

El ministro portavoz japonés, Nobutaka Machimura, indicó que la caza de esas ballenas quedará suspendida mientras se negocia la reforma de la Comisión Ballenera Internacional, pero se mantendrá la llamada campaña científica para la captura de los otros cetáceos, según informó la agencia local Kyodo.

Los balleneros nipones tenían previsto cazar este año 50 ballenas jorobadas, además de 850 ballenas mink y medio centenar de ballenas de aleta pretextando fines científicos, pero su campaña ha estado rodeada este año de una especial controversia.

El gobierno de Australia decidió vigilar con barcos y aviones en la inminente campaña anual de los balleneros japoneses, en una operación dirigida desde la nave “Oceanic Viking”, para demostrar que no hay fines científicos en la campaña nipona.

El hecho de que los japoneses anunciasen su decisión de capturar este año la especie protegida de ballena jorobada no hizo más que azuzar las críticas.

La ballena jorobada, también conocida como yubarta, es un cetáceo de 40 toneladas de peso que pude llegar a medir 20 metros, con un cuerpo característico que recuerda a una joroba.

Esta especie es una de la especies más observadas por los turistas que contratan empresas de avistamiento de ballenas en todo el mundo, una industria que genera millones de dólares cada año.

Junichi Sato, responsable de asuntos marítimos de la organización ecologista Greenpeace, expresó su satisfacción por el hecho de que Japón abandone su intención de cazar esas especies protegidas, pero subrayó que mantiene su campaña ballenera.

Sato señaló que ello supondrá que Japón seguirá cazando mil ballenas este año, como hizo en 2007, y urgió a los balleneros nipones a que dejen de capturar estos cetáceos por completo.