Archive for January 31, 2008

Liberan a dos tortugas verdes tras rehabilitarlas en centro de rescate

Dos tortugas de la especie Chelonia mydas (verde) fueron liberadas hoy en Caleta Constitución, tras una larga rehabilitación en el Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental (CREA) de la Universidad de Antofagasta.

Una de ellas, bautizada como “la mordida”, estuvo ocho meses en tratamiento tras ser descubierta flotando en la caleta de Antofagasta, enferma por haber comido plásticos de botella, cintas de cassette y basuras. La otra, llegó al CREA luego que la hélice de un bote la golpeara en la cabeza. Ambas fueron llevadas al centro por pescadores artesanales.

Se trata de una especie que se fue quedando en la zona de la península de Mejillones, atraída por las emisiones de agua tibia de una termoeléctrica ubicada al sur del puerto. Aunque en un momento existió una colonia de hasta 80 ejemplares, actualmente la población se ha visto reducida por la depredación, inusual, de los lobos marinos cebados.

El biólogo Carlos Guerra explicó que los lobos marinos se han instalado en la costa de Mejillones, convirtiendo instalaciones humanas, como bollas o botes abandonados, en loberas. Ahí aprendieron a alimentarse de tortugas, cosa que los lobos nunca han hecho.

El año pasado, cuando autoridades y científicos se dieron cuenta que los lobos marinos estaban depredando a las tortugas verdes, se rescató a 48 ejemplares, los que fueron trasladados a Caleta Constitución, al extremo sur de Punta Angamos una zona “libre de lobos”, donde los pescadores artesanales se han comprometido a mantener la limpieza y evitar a toda costa alimentarlos.

La tortuga verde es una especie amenazada, por tratarse de una especie migratoria, su conservación y manejo es de interés internacional.

Fuente: www.latercera.cl

Santiaguinos no colaboran a mitigar el cambio climático

FOTO_04  W:200  H:229  16 kb Santiaguinos no colaboran a mitigar el cambio climático
Los habitantes de la capital piden medidas urgentes y critican a las autoridades, pero puertas adentro hacen bien poco. La encuesta también desnuda la inequidad en la contaminación: pese a que emiten menos CO2, la población de menores recursos está más dispuesta a hacer esfuerzos económicos para disminuir el uso de la energía.
 
Hay algo que es incontrarrestable: el calentamiento global y sus efectos son un tema instalado en la sociedad. Así lo demuestra la Primera Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Cambio Climático que el Instituto de Ecología Política (IEP) presentó ayer. El 97% de los encuestados -santiaguinos de las comunas de Maipú, Pudahuel, Lo Espejo, La Pintana, La Reina y Ñuñoa- reconoce la importancia del problema, el 94% está al tanto de que sus efectos son “graves” y el 97% pide “medidas urgentes” para mitigar sus consecuencias.

Esa mirada urgente apunta directamente a las autoridades. El 95% de los encuestados pide un plan nacional, regional o comunal ante el cambio climático, el 76% dice que el Gobierno es el responsable de tomar las medidas y el 52% estima que las autoridades del país no están preocupadas por el tema. Sin embargo, no se asume totalmente la propia responsabilidad: si bien casi la totalidad de los encuestados estima que la sociedad civil debería organizarse para contribuir a enfrentar el cambio climático, los hábitos domiciliarios no se condicen con esa preocupación.

Ejemplos. El 32,9 % usa su automóvil como medio de transporte y el 30% buses. ¿La bicicleta? Apenas el 1,4.%. “Esto da cuenta de cómo se disparó el uso del automóvil como efecto del Transantiago”, comenta Baquedano. Otro dato: más del 40% reconoce que nunca o muy pocas veces desconecta los aparatos electrónicos del enchufe. “Hay muchos que no responden esa pregunta, es decir, ni siquiera se les ha ocurrido desconectar los electrodomésticos”. Más: el 40% nunca ha colaborado con el reciclaje del papel o depositado envases plásticos en basureros especiales y el 30% no utiliza la ducha a baja presión. “Falta información y educación para que los ciudadanos se sientan involucrados en la solución del problema”, explica el presidente del IEP. Una buena: la mitad de los consultados dice utilizar ampolletas de bajo consumo.

El estudio corroboró que la equidad no llega a las emisiones: un habitante de La Reina emite 2,7 toneladas/año de CO2, mientras que otro que vive en Pudahuel apenas supera las 1,1 tons/año; 0,8 si habita en La Pintana y 0,6 en Lo Espejo. Hay más: a la hora de saber si están dispuestos a aportar con un porcentaje de sus ingresos para disminuir en algún porcentaje el consumo de energía, la población de menores recursos se mostró más abierta a esa posibilidad. En Pudahuel y La Pintana el 45% dio el sí; en La Reina apenas se llegó al 10%.

Plan de acción

Esa planificación nacional que pide la ciudadanía verá la luz en marzo. En Conama explican que el plan de acción de la estrategia para adaptarse a los efectos del cambio climático en nuestro país está listo y sólo falta que pase por el Consejo Directivo para ser oficializado.

Hay un leve retraso: cuando la ministra Ana Lya Uriarte realizó la cuenta pública “verde” el pasado 5 de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, lo anunció para fines de este año. “No es bueno que se haya retrasado, no le hace bien al país porque se deben tomar medidas importantes. El empuje al tema se dio tarde”, comenta Baquedano.
 

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Fuente: www.lanacion.cl

Corema de Coquimbo abre investigaciones contra dos mineras por incumplimientos ambientales

Corema de Coquimbo abre investigaciones contra dos mineras por incumplimientos ambientales
Ambas empresas arriesgan recibir sanciones de parte de la autoridad ambiental ante las fallas presentadas en sus procesos.

La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Región de Coquimbo resolvió abrir sendos procesos de sanción contra las compañías mineras Dayton, en la comuna de Andacollo, y Talcuna, en Vicuña, por faltas a sus compromisos ambientales, ocasionando daños al medio en sus respectivos emplazamientos.

Ambas se arriesgan a recibir sanciones que pueden ir desde amonestaciones simples a millonarias multas o, en caso extremo, la revocación de la autorización ambiental para funcionar.

En el primer caso, una inspección realizada por la Dirección General de Aguas (DGA) el 30 de mayo de 2007, constató que en el sector de chancado de la planta Dayton –dedicada a la extracción de oro– se manejan residuos líquidos producto del proceso de abatimiento del polvo de molienda, los cuales se descargan a una quebradilla de la zona.

A juicio de la DGA, este hecho, junto a originar la contaminación del sitio, implica una falta a los compromisos ambientales adquiridos en el proyecto Desarrollo Fase IV – Andacollo Oro, resuelto en diciembre de 2005, en que se sostiene expresamente que “el proyecto no considera la generación de residuos industriales líquidos (riles)”.

Al respecto, la dirección regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) estableció otros hechos subsidiarios que refuerzan la acusación.

En el segundo caso, Talcuna Limitada –productora de cobre– es acusada por la DGA de incumplir los compromisos formulados para obtener la autorización de funcionamiento de su tranque de relaves Yenny 1-2.

“No se ha cumplido con la inspección de seguridad, un plan de inspección regular, un plan de inspección ante situaciones extraordinarias, un plan de procedimientos de emergencia durante la construcción-operación y un plan de prevención de riesgos ambientales y de contingencia para fallas del sistema de reciclaje de aguas claras y sistema de bombeo de relaves”, sostiene un informe de la autoridad hídrica, a partir de una inspección efectuada el 16 de mayo pasado.

Sobre este mismo caso ya la Secretaría Regional Ministerial de Salud había resuelto multar a la compañía, tras determinar que, efectivamente, existía una responsabilidad de la misma. Sin embargo, dada la apertura de una investigación en la Corema, dicha sanción quedó sin ejecutar, en beneficio de las mayores atribuciones con que cuenta la instancia ambiental, en cuyas manos fueron puestos los antecedentes reunidos por la autoridad sanitaria.

Fuente: www.latercera.cl

Chile es 5to continental en protección medioambiental

Estudio del Foro de Davos, puso a Suiza como el país que aplica mayores medidas a favor de la mantención del ecosistema. Costa Rica es primera en América y quinta del mundo.

Chile ocupa el quinto puesto en América en protección de los ecosistemas naturales de acuerdo a los antecedentes aportados hoy en el Índice de Actuación Medioambiental 2008, difundido por el Foro Económico Mundial en Davos.

El estudio puso a la cabeza del continente, y en el quinto lugar mundial, a Costa Rica y tras este país central se encuentran Colombia, Canadá, Ecuador y Chile, que está sobre Panamá, mientras los últimos puestos son para Bolivia y Haití.

Suiza está a la cabeza de la lista planetaria seguida de Suecia, Noruega, Finlandia y Costa Rica. Los cinco del extremo opuesto son todos africanos: Mali, Mauritania, Sierra Leona, Angola y Níger.

Estados Unidos (EE.UU.) ocupa el puesto 39 en el ránking, muy por detrás de otros países industrializados como Reino Unido (14), y Japón (21), y entre los países americanos está en la undécima posición.

Según el análisis, aunque EE.UU. obtiene buenas puntuaciones en algunos indicadores, su mala actuación en cuanto a polución del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero le llevan a descender muchas posiciones.

“Las mediciones sobre cambio climático del Índice, que colocan a EEUU, junto con India y China, cerca del final de la lista mundial, son una desgracia nacional”, señaló Gus Speth, decano de la Escuela de estudios medioambientales de Yale.

El Índice fue elaborado por un equipo de expertos medio ambientales de las Universidades de Yale y Columbia, ordena a 149 países de acuerdo a 25 indicadores basados en seis criterios: la salud medioambiental, polución del aire, recursos de agua, biodiversidad y hábitat, recursos naturales productivos y cambio climático.

Un primer análisis de los resultados sugiere que la riqueza es uno de los factores determinantes en el éxito y la aplicación de políticas de respeto del medio ambiente, aunque en cada nivel de desarrollo algunos países obtienen resultados que exceden significativamente a sus vecinos.

El Índice se centra fundamentalmente en dos objetivos: cómo se reducen los efectos medioambientales en la salud humana, y en cómo se promueve la vitalidad del ecosistema.

Proyecto de Pascua Lama continúa en suspenso

Casi dos años después de obtener la aprobación ambiental del Gobierno, el cuestionado proyecto aurífero Pascua Lama, de la trasnacional canadiense Barrick Gold Corporation, continúa sin fecha de construcción.

El yacimiento en la Cordillera de los Andes, entre cuatro mil 200 y cinco mil 200 metros sobre el nivel del mar, posee reservas probadas de 17 millones de onzas de oro y 689 millones de plata. La inversión para explotarlo asciende a dos mil 400 millones de dólares.

Es el primer proyecto binacional del mundo, ya que 80% del yacimiento está en la región de Atacama y el resto en la noroccidental provincia argentina de San Juan.

Un aspecto crucial es la definición de ambos países del reparto impositivo, dado que rige un convenio que impide la doble tributación.

En su página web, Barrick informa que “continúa avanzando en el proyecto”, pero que para anunciar la construcción de la mina “falta obtener aún permisos sectoriales, especialmente en Argentina, y que los gobiernos de ambos países finiquiten aspectos tributarios”.

En un comunicado difundido en octubre, indicó que “los plazos continúan siendo inciertos y no dependen de la empresa”. La empresa que maneja las relaciones públicas de Barrick, Extend Comunicaciones, declinó responder sobre fechas y autorizaciones pendientes.

El 15 de febrero de 2006, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Atacama aprobó con condiciones el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Barrick. En diciembre hizo lo propio el gobierno de la provincia de San Juan.

La Corema desechó la propuesta de la empresa de remover tres glaciares cercanos al yacimiento -Toro I, Toro II y Esperanza- que alimentan el sistema hídrico del Valle del Huasco y permiten la actividad de unos 70 mil pequeños agricultores. También le exigió un plan de manejo y control de éstos.

Así se desestimó la oposición de comunidades y organizaciones ambientalistas de ambos países, que no han cesado de realizar actividades de protesta por considerar que el proyecto tendrá graves consecuencias ambientales y socioculturales.

Encuentro binacional

Lucio Cuenca, director de la ONG Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), dijo que en febrero pretende realizar un audaz encuentro binacional en el inhóspito sector donde se ubica el yacimiento.

En Argentina también se discute el anuncio realizado en noviembre por el ex Presidente Néstor Kirchner de establecer en hasta 10% las retenciones a las exportaciones mineras.

Según la prensa, Chile exigiría que Barrick pague el 80% de sus impuestos en el país, en congruencia con la cantidad de mineral que extraerá de su territorio, fórmula que sería rechazada por Argentina, donde se procesaría toda la producción.

El argumento argentino es que el eventual daño ambiental y el reparto de los desechos no responden a la lógica 80/20. Ambientalistas argentinos sostienen que, además de la afectación de las cuencas hídricas, del lado sanjuanino quedará el denominado “dique de cola” que, una vez extraído el mineral con cianuro, contendrá desechos de roca de por vida.

Ramón Rada, secretario ejecutivo de la comisión chilena que administra el Tratado Minero binacional de 1997, negó que ambos países estén negociando “tasas” o “porcentajes” impositivos.

Sólo se están precisando “aspectos administrativos y de fiscalización” más adecuados al “modelo operativo y contractual que utilizarán las empresas que desarrollarán el proyecto”, aclaró.

Rada citó el artículo siete del Tratado Minero, según el cual “las rentas o ganancias originadas por ventas o exportación del mineral extraído del territorio de una Parte (…), sólo podrán ser sometidas a imposición por esa Parte”.

La Secretaría de Minería argentina sostuvo que resta “la adaptación a los protocolos que incluyen el Tratado, cuestiones muy técnicas y específicamente tributarias” sobre las cuales giró una propuesta en diciembre, que es evaluada por su par chilena.

Más trabas

Pero hay más trabas. Barrick mantiene un litigio judicial con un ingeniero chileno que la acusa de engañarlo al comprarle en 20 dólares -y no en el millón de dólares pactado- concesiones mineras aledañas al yacimiento.

La mina se construirá en terrenos que la comunidad indígena diaguita de los Huascoaltinos reivindica como propios. En enero de 2007, ésta denunció al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no proteger sus derechos.

Además, el OLCA espera que el Consejo de Defensa del Estado se pronuncie pronto sobre su solicitud de demandar a Barrick por el delito de daño ambiental.

Se la acusa de destruir entre 50 y 70% de los glaciares durante labores de prospección y construcción de caminos, deterioro certificado por la Dirección General de Aguas.

El senador Guido Girardi (PPD), está convencido de que el proyecto destruirá completamente los glaciares.

“Chile debe ser el único país donde los proyectos con informes técnicos negativos igual son aprobados”, afirmó.

El OLCA reveló en diciembre que las autoridades chilenas aprobaron la instalación de 363 torres de alta tensión, para llevar electricidad al yacimiento, en un sitio de la Región de Coquimbo declarado prioritario por el propio Gobierno, por ser rico en fauna endémica.

En Argentina, se oponen las Madres Autoconvocadas de la localidad de Jachal, aledaña a la mina, agrupaciones de viñateros, empresarios de turismo aventura y organizaciones ambientalistas, entre otros.

El defensor del Pueblo de ese país, Eduardo Mondino, recomendó suspender el proyecto a la espera de un plan maestro de protección de la Biosfera de San Guillermo, en la que está ubicada la mina.

Se espera, además, que la Corte Suprema de Justicia argentina se pronuncie sobre un recurso presentado para hacer efectivo el seguro ambiental establecido en la Ley 25.675 de Ambiente, que no se aplica por falta de reglamento, y que afectaría a Barrick.

“Todas estas cosas no necesariamente detienen por sí solas el proyecto, pero sí generan incertidumbre. Cada día que Barrick posterga el inicio de la construcción de la mina se pone en juego su imagen pública tanto a nivel internacional como frente a sus accionistas”, señaló Cuenca.

Al OLCA le preocupa el precedente que pueda sentar Pascua Lama en otros proyectos beneficiados por el Tratado Minero en la alta cordillera, “donde nacen las aguas”.

Fuente: www.lanacion.cl