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Acusan a minera Quiborax de poner en peligro a flamencos de monumento natural

Pese a que Corporación rechazó que minera Quiborax ampliara sus faenas en el Salar de Surire, la firma inició igual los trabajos, amparándose en un decreto supremo de 1978 que no garantiza los mínimos resguardos ambientales. Seremi de Minería encargó estudio jurídico para zanjar controversia.

Una delicada y anómala situación se vive en el monumento natural Salar de Surire, en la Región de Arica y Parinacota, hace una semana. Maquinaria de la minera Quiborax comenzó una exploración minera en su interior sin la autorización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) poniendo en peligro uno de los cuatro sitios de nidificación de flamencos más importantes de Chile.

La información fue confirmada a La Nación por el director regional del organismo forestal, Jorge Torres, quien explicó que la firma utilizó el decreto supremo (DS) 116 de 1978 para realizar las faenas en pleno corazón del salar, pese a que el 28 de julio la Conaf les informó que dicho documento carecía de validez.

Quiborax hace décadas extrae material en la zona protegida gracias al citado decreto y a otro de 1989.

Sin embargo, para la Conaf la nueva exploración minera “es un proyecto totalmente nuevo” que no puede ampararse en las citada autorizaciones, una de los cuales se emitió antes de la subdivisión del Parque Nacional Lauca, que permitió la creación de la reserva Las Vicuñas y el monumento natural Salar de Surire.

Nidos en peligro

“Nuestra posición es que ese decreto es ineficaz hoy en día (el de 1978), por lo tanto, la empresa debería obtener -por un lado- un nuevo decreto presidencial para cumplir con la ley de minería, además de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, por tratarse de un área silvestre protegida”, dijo el funcionario.

Torres explicó que en una primera instancia se negó la autorización para la extracción de ulexita (mineral que se utiliza para la elaboración de ácido bórico) porque el decreto de 1989 establecía que las explotaciones no podían estar a menos de 700 metros de los cursos de agua ni a menos de 3 mil metros de las zonas de nidificación. “Cuando nos presentan el polígono de explotación, éste se encontraba aledaño a los sitios de nidificiación. Les dijimos, en consecuencia, que no podían hacerla bajo ese decreto la explotación”, indicó el director regional, cuyos temores se confirmaron con los últimos reportes de los guardaparques que informaron que la maquinaria está hoy a mil metros de los nidos.

Sin embargo, la empresa arremetió y le señaló a la corporación que no se amparaban en el DS de 1989, sino que en el de 1978, que para Conaf es débil en términos ambientales, porque no establece restricciones, sólo plantea que la empresa deberá tomar las precauciones para no afectar la flora y fauna del lugar.

Como la firma no acató la resolución de la Conaf, Torres reportó la situación a las seremi de Agricultura (superior jerárquico del organismo) y a la de Minería para que tomarán cartas en el asunto, ya que Surire también es área de interés científico para la minería, condición que obliga a contar con una autorización presidencial para la extracción de minerales.

Evaluación legal

El seremi de Minería se reunió ayer con Quiborax para conocer su plan de manejo y recabar mayores antecedentes. En la Región de Arica y Parinacota reconocen que la situación a la que están enfrentados no es habitual, razón por la que ayer despacharon una serie de antecedentes para que se realice una evaluación jurídica del conflicto.

La empresa guarda silencio

En tanto, Quiborax, de capitales nacionales, fue contactada por este medio para obtener una declaración, pero hasta el cierre de esta edición no se pronunciaba sobre el tema. En su sitio web (www.quiborax.com) la minera destaca su preocupación por el medio ambiente del salar y da cuenta de un convenio con la Conaf para evaluar el impacto de sus operaciones en la zona. La información fue confirmada por el director regional de la corporación, Jorge Torres, quien señaló que existe “un estricto seguimiento de las variables ambientales en las explotaciones amparadas en el decreto de 1989, que establece que no se pueden realizar explotaciones cerca de los cursos de agua y de los sitios de nidificación”.

El funcionario aclaró que este protocolo no rige para las nuevas faenas, pero que de igual modo los guardaparques están siguiendo todos los movimientos de las maquinarias para evitar daño ambiental.

Liberan lechuzas blancas para controlar hanta en Región del Maule

Con el objeto de reinsertar la especie y de controlar de forma natural el ratón colilarga, portador del virus hanta, la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, encabezó el lanzamiento de Proyecto de Reinserción de la Lechuza Blanca en el sector de San Clemente, Región del Maule.

La actividad, a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), primero contempló el anillado de varios ejemplares que se encontraban en el Centro de Rehabilitación “Casa Noé” de Linares, hasta donde fueron derivadas debido a que estaban heridas o habían sido atacadas por actividades humanas.

Posteriormente, la secretaria de Estado se trasladó con funcionarios del SAG hasta San Clemente para concretar la liberación de una lechuza blanca, la que pudo ser monitoreada a través de equipos de radio telemetría. Para ello, la Ministra también participó de la instalación de un collar telemétrico en el ejemplar, con el que se espera evaluar el comportamiento de las aves tras su liberación.

En el lugar, Hornkohl destacó que este programa busca principalmente “enfrentar la pérdida de biodiversidad y enfermedades emergentes como el síndrome cardiopulmonar producido por hantavirus”. De esta forma, indicó la autoridad, “rescatamos una especie que producto del deterioro del paisaje ha visto fuertemente dañado su hábitat, por lo que este control natural del ratón colilarga es escaso”.

El programa desarrollado en la Región del Maule contempla la liberación de un total de 10 lechuzas blancas adultas, que serán reinsertadas en su hábitat con collares telemétricos para su seguimiento.

Las actividades comprendidas en este proyecto incluyen un plan de manejo de hábitat, que implica la construcción e implementación de casas anideras, perchas y comederos, y el desarrollo de un plan de educación y comunicación a escuelas rurales y postas de salud rural sobre conservación de aves rapaces.

La Ministra destacó que este control biológico de hantavirus con aves rapaces y con la participación de las comunidades locales, a partir de escuelas y postas rurales, no tiene precedentes en Sudamérica.

Por ello, concluyó la autoridad, “sus componentes, educación, salud, prevención y biodiversidad, constituyen un enfoque atractivo y efectivo para abordar la conservación de aves rapaces vinculándolo a problemáticas cotidianas”.

Vacas contaminantes

La ganadería insume muchos kilogramos de alimento vegetal para producir cada kilo de carne y es una enorme fuente de gases invernadero en Latinoamérica.

La carestía alimentaria y el recalentamiento global han puesto en evidencia algunos males de la ganadería, como su elevado consumo de proteína vegetal para generar poca carne y su papel en la contaminación climática.

Por culpa de la ganadería bovina, Brasil está entre los mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero, pues la actividad penetra en la Amazonia y provoca la mayor parte de la deforestación. En 1994, la tala representaba el 75% de las emisiones brasileñas de gases que recalientan la atmósfera.

La destrucción de bosques, acelerada desde los años 80, coincide con la expansión ganadera. De 1994 a 2006, el rebaño vacuno creció de 158 a 205 millones de cabezas, y 82% de ese aumento se dio en la Amazonia, según el estudio “El reino del ganado” de la ONG Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña, divulgado en enero.

El ganado amazónico -73,7 millones de cabezas en 2006- ocupaba 74% de toda el área deforestada.

Pero la causa original de la deforestación no es la ganadería, sino la falta de estímulos para una producción sustentable en la Amazonia, alega Mario Menezes, director adjunto de Amigos de la Tierra y coautor del estudio. Sin ordenamiento agrario, control estatal y políticas de fomento productivo, la “expansión es desordenada”, dice.

La mayor parte de las tierras amazónicas son públicas, pero el Gobierno no las controla, y muchos ganaderos las ocupan ilegalmente y gastan muy poco en eliminar los bosques, corrobora Paulo Barreto, investigador del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia.

Mientras, recuperar pastizales degradados cuesta dos veces y media más, agrega.

Con una productividad de poco más de una cabeza por hectárea, la ganadería brasileña tiene hambre de tierras baratas. Deforestar casi sin riesgo de sanción es el camino lógico.

En la Amazonia, además, el vacuno encontró “sol, calor y agua todo el año”, lo que favorece una carne más barata, “competitiva pese a la distancia” de los centros industriales, dice el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, Assuero Veronez.

Atribuir tres cuartos de los gases invernadero a la deforestación es erróneo, considera Veronez, porque el cálculo incluye toda la biomasa del área, olvidando que antes de las “quemadas” (incendios forestales), se saca la madera útil y luego quedan muchos residuos, por lo que arde sólo “30 a 40% de la biomasa original”.

FIJAR CARBONO

Tito Díaz, oficial de Salud y Protección Animal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en América Latina, también destaca que “los pastos fijan carbono en sus raíces” en un volumen “bastante considerable que no se toma en cuenta”.

La presión se intensifica. El Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC) inició en marzo la campaña “Cambia el consumo para no cambiar el clima”, exhortando al público y a los supermercados a exigir el rastreo de la carne y el rechazo de la proveniente de ganado que haya contribuido a la deforestación.

Según Lisa Gunn, gerenta de Información del IDEC, la carne vacuna “no es sustentable” porque resulta de la conversión de una cantidad mucho mayor de alimento y proteína vegetal, además de exigir demasiada tierra. Pero sólo es posible “cambiar hábitos gradualmente”, por eso “recomendamos reducir el consumo” en lugar de eliminarlo, dice.

En una ganadería pastoril como la sudamericana se produce un kilogramo de carne con 18 a 20 kilos de pastos, mientras en corral, usando granos, se necesitan seis a ocho kilos de alimento, apunta Francisco Santini, veterinario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina.

El ganado confinado ocupa menos espacio, pero también provoca deforestación, ya que se alimenta de soja, de la que Brasil y Argentina son grandes productores. Ese efecto se evidencia en el aumento del área deforestada en la Amazonia cada vez que sube el precio internacional de la soja.

Hay que sumar también el metano liberado por la fermentación intestinal de los rumiantes y el óxido nitroso de los excrementos, gases emitidos en menor cantidad, pero que tienen, respectivamente, 21 y 300 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono de los bosques quemados.

El ejemplo chileno

En Argentina la ganadería cedió a la agricultura 11 millones de hectáreas en los últimos 14 años, manteniendo un rebaño de 54 millones de cabezas. Las emisiones de metano se redujeron aumentando la alimentación con granos, observó Santini. Pero el dato más reciente indica que la agropecuaria genera 44% de las emisiones nacionales de gases invernadero, con mayor participación del metano de origen bovino.

En Uruguay, que tiene 10 millones de vacunos -tres veces la población humana- además de 15,2 millones de ovinos, la agropecuaria genera 91% de las emisiones nacionales de metano y es la segunda fuente de gases invernadero del país.

Un informe de la FAO de 2006 estimó que la ganadería genera 18% de los gases invernadero del mundo, superando al transporte. El cálculo suma la deforestación, el cultivo de alimentos y sus insumos químicos, los gases de los animales, el procesamiento de la carne y su transporte.

En casi toda América Latina se perdieron bosques por la ganadería y la soja, pero Chile y Uruguay ampliaron su cobertura arbórea, lo que indica que puede multiplicarse el ganado “sin necesidad de acabar con el bosque”, destaca Díaz.

La región tiene la ventaja de alimentar sus rebaños con pastos y forrajes, que no compiten con la alimentación humana, ante los altos precios de los cereales que Europa y Estados Unidos utilizan en su ganadería subsidiada, observa.

Pero, para no perder esa oportunidad, la región debe promover “sistemas ganaderos sostenibles” y recuperar pasturas degradadas, recomienda el experto de la FAO.

Ministra Uriarte afirma que las Coremas serán eliminadas para terminar con su politización

La Presidenta Michelle Bachelet y su ministra Ana Lya Uriarte decidieron reformar uno de los estamentos más criticados de la legislación ambiental chilena: las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Coremas), que serán eliminadas debido a que la politización de sus decisiones afectó, en muchos casos, la credibilidad del sistema.

Se trata del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental -enviado el jueves a la Cámara de Diputados-, el que propone terminar con las instancias que hasta ahora evalúan y califican ambientalmente los proyectos de empresas públicas y privadas en las distintas regiones del país.

Según la ministra Uriarte, eliminar estos consejos ha sido una de las principales demandas para la reforma ambiental en marcha. Lo han pedido diversos sectores, precisa, desde los ambientalistas hasta los empresarios, pasando por las comunidades y los parlamentarios.

“Ello, fundamentalmente por la circunstancia de que en un órgano de 20 miembros (Corema) concurrían sujetos con competencia pública, pero también con decisión política, lo que para muchos genera en la aprobación y rechazo de proyectos la consideración de aspectos diversos a los regulados, dando origen a confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectando la credibilidad del sistema”, admite.

Uriarte recalca que a la hora de calificar un proyecto debe primar el mérito técnico, por lo que la reforma en marcha apunta a perfeccionar el marco institucional, dando claridad y eficacia a las reglas del juego, para lo cual se estructuran incentivos que promueven conductas deseadas y establecen el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollarán en cada región.

En lugar de las actuales Coremas, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo crea comisiones de Seremis en cada una de las 15 regiones del país. La nueva instancia estará integrada por el seremi del Medio Ambiente, quien la presidirá, y otros nueve seremis.

“En consecuencia, no forman parte del órgano que decidirá proyectos ambientales los intendentes ni los gobernadores ni los consejeros regionales”, acota Uriarte.

Aunque la idea de la ministra es descomprimir de factores políticos las decisiones que toman las Coremas, cabe hacer notar que los seremis también son funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo. La idea, así, de la reforma es que opere el criterio técnico de los seremis, sin que éste sea contaminado por el factor político que puedan introducir sus jefes a nivel regional, que son los intendentes.

El rediseño de la institucionalidad ambiental se basa en la necesidad de distinguir tres ámbitos: la dictación de las políticas y normas ambientales, radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; la gestión ambiental, que reside en el Servicio de Evaluación Ambiental, y la fiscalización, centrada en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Consultado sobre el proyecto que lo excluye de la posibilidad de decidir qué proyectos se realizan o no en su región, el intendente Metropolitano, Álvaro Erazo, dijo que había recibido el texto sólo el jueves, por lo que declinó pronunciarse: “Voy a estudiar la propuesta y luego mandaré mi respuesta al Gobierno”.

En cambio, su colega de la Región de los Lagos, Sergio Galilea, se mostró partidario de la modificación legal. “Creo que ello implicará que las Comisiones de Seremis puedan adoptar decisiones en forma más ágil”, acotó desde Puerto Montt.

Para la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, los bullados casos de la planta de gas propano en Peñalolén y de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia son dos ejemplos que revelan el deficiente cometido de las Coremas. “Hay un consenso transversal de que esos órganos simplemente no dan para más”, sostiene.

“La propuesta es positiva y más transparente. Este paso va a dar garantías a todos los sectores. Las decisiones tienen que ser técnicas para terminar con eso de que no le gustó al intendente, al partido político de turno o el lobby que tuvieron los distintos sectores”, concluye Sara Larraín.

CONDICIÓN

OCDE: Este rediseño ambiental le permitiría a Chile entrar al club de naciones industrializadas y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Quiénes integran las comisiones

Cada Corema está integrada por el intendente regional, quien la preside; los gobernadores provinciales de la región; los secretarios regionales de los ministerios que forman el consejo directivo de Conama (Economía, Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Planificación, Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia); cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo consejo, y el director regional de la Conama, que actúa como secretario.

Hay además un comité técnico de Corema, integrado por el director regional de Conama, que lo preside, y los directores regionales de los servicios públicos con competencia en materias ambientales.

Un ejemplo de cómo el factor político influye en el análisis técnico de una Corema ocurrió en 2006, cuando la correspondiente a la Región Metropolitana rechazó la instalación de una planta de transferencia de basura en Quilicura, propuesta por la empresa Gersa.

En la época, el representante de Gersa era el abogado DC Clemente Pérez -hoy presidente de Metro-, quien acusó una operación política para negar el permiso ambiental a la planta pese a que ésta contaba con evaluaciones favorables de los organismos técnicos. “En este caso hubo una concertación o alianza, o acuerdo político de todos los sectores, entre el PPD y la UDI, por el rechazo al proyecto”, reclamó Pérez, aludiendo al entonces intendente Víctor Barrueto (PPD).

El abogado de Gersa opinaba con conocimiento de causa, ya que anteriormente ejerció como director ejecutivo de la Conama.

El senador por Aysén Antonio Horvath (RN) se define ante megarrepresas

“Prefiero alternativas menos invasivas”

Para él, es fundamental definir la vocación de las cuencas antes de instalar megaproyectos en ellas. “Y si hay que expropiar derechos de agua para salvaguardar el ecoturismo o la biodiversidad, hagámoslo”. Acusa que la indecisión estatal para apoyar alternativas renovables impone la lógica de las represas y la energía nuclear.

Más tiempo del que quisiera ha gastado el senador RN Antonio Horvath en hacer aclaraciones. Hace un mes tuvo que salir al paso de que su nombre apareciera en un proyecto de acuerdo firmado por Eduardo Frei, Andrés Allamand y Adolfo Zaldívar impulsando la hidroelectricidad y entregando un espaldarazo a las cinco represas de HidroAysén. “Si me metí en eso fue para suavizar ese texto”, apunta.

La semana pasada le bajó el pulgar a otros seis senadores que hicieron un llamado al Ejecutivo para que patrocine un proyecto de ley a favor de la opción de la energía nuclear. Horvath contraataca: “Esa iniciativa fue declarada inadmisible y no tuvo el respaldo de la sala del Senado”, dice sobre la intención de Jaime Orpis, Ricardo Núñez, Juan Antonio Coloma, Jorge Pizarro, Pablo Longueira y Baldo Prokurica. “En su mayoría son parlamentarios de la zona norte, donde hay que impulsar la geotermia con subsidios del Estado”, dice. “No me niego al estudio de la energía nuclear, pero con este potencial: pequeñas y medianas centrales, centrales de pasada, geotermia, mareomotriz, biocombustibles, cómo tomar un paso irreversible en cuanto a la seguridad o al manejo de los residuos radioactivos “.

-¿Podría estar el lobby detrás de ese llamado?
-Ellos representan regiones que tienen intereses mineros y sería bueno que transparenten si hay lobby de las mineras detrás.

El senador por la Región de Aysén tiene otra definición pendiente: las cinco megarrepresas del proyecto HidroAysén. “Se está poniendo la carreta antes de los bueyes. Existe un compromiso presidencial para definir previamente el manejo integrado de las cuencas del país, especialmente donde hay pensados proyectos o mega proyectos. Por ejemplo, si el ecoturismo en el Futaleufú es prioritario para la comunidad o la región, y los derechos de agua pertenecen a una empresa, el Estado tiene que comprárselos. Si hay que comprar o expropiar derechos de agua para salvaguardar el ecoturismo o la biodiversidad, hagámoslo”.

-¿El Estado tiene la voluntad de hacerlo en favor de la ciudadanía?
-La voluntad del Estado debe definirse por las prioridades ciudadanas. Si la comunidad presiona por una determinada línea, a las autoridades no les va a quedar otra que hacerse eco de ello.

-Esa idea no le va a gustar a las empresas hidroeléctricas.
-Por eso hay que definir de antemano la vocación de las cuencas, si no, las empresas van a traer proyectos absurdos como las líneas de trasmisión, porque van a privilegiar la ruta más económica y eso no es compatible con los intereses locales o regionales.

-¿Cuál debiera ser la vocación de la cuenca del Baker, donde se pretenden construir dos megarrepresas?
-En la zona austral no son muchas las cuencas y hay que definir su uso ahora. En la región se hizo el ordenamiento territorial participativo en un período de cuatro años y están los elementos para sentar en la mesa a los actores y a los que pretenden hacer los proyectos para ver si llegan a algún acuerdo. Ahora, si me pregunta a mí, las vocaciones en la región están claras: las áreas de conservación son la mitad de la región; la acuicultura está zonificada, no como en la Región de Los Lagos, que se saturó; la agricultura y la ganadería tradicionales en una línea orgánica; el turismo en toda época del año, y sólo las fórmulas de energía que permitan compatibilizar con eso.

-¿Las megarrepresas permiten compatibilizar con eso?
-Hay que definir el manejo integrado de cuencas, las áreas de baja inundación y las rutas posibles de interconexión, si las hay. Pero tiene que haber mucha claridad en lo que gana la región con estos proyectos: si van a llevar problemas sociales y ambientales o van a resolver problemas. Esa discusión está pendiente.

-Usted ha dicho que llevan su posición sobre las megarrepresas de un lado a otro: defínase.
-No soy blanco o negro, pero estoy a favor de centrales renovables. Prefiero alternativas menos invasivas, pero hay que empujarlas para que sean realidad y, en vez de eso, el Estado le pone obstáculos administrativos para hacerlas competitivas. Es el mismo Estado el que nos hace jugar en esta lógica de represas gigantes o energía nuclear”.

CONECTIVIDAD SIN CABLES

Horvath aclara otro tema: su postura a favor de la conectividad austral por vía terrestre nada tiene que ver con facilitar una ruta a las líneas de trasmisión de Transelec para el proyecto de HidroAysén. “Planteo la conectividad sólo para el camino. Estamos hablando de un camino de penetración, que permite el paso de dos vehículos en forma segura, pero que se adapta a la naturaleza. Eso quiere la zona austral. Pero las torres son incompatibles. En ese sector tienen que buscar un valle paralelo o hacerlo subterráneo o submarino. Ahora, sabemos que submarino vale ocho veces más. Es el Estado y las regiones los que tienen que poner las reglas del juego: por este valle sí, por este valle no”.

-O sea, usted descarta que la ruta continental sea una luz verde al tendido eléctrico de las megarrepresas.

-Lo descarto, definitivamente.