El anuncio es parte del programa digital que lleva a cabo el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).

El Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), dependiente de Corfo y el Ministerio de Agricultura, anunció al término de la administración Bachelet el país habrá integrado a un centenar de comunas al Sistema de Información Territorial en línea, con la finalidad de permitir a la población el acceso gratuito a la información sobre recursos naturales y productivos del país. El anuncio lo realizó el director del CIREN, Rodrigo Álvarez, en el trasfondo de la ceremonia de aniversario de la entidad.

El jefe de servicio declaró que “el democratizar la información ha sido nuestra bandera de lucha. Por ello, al término del gobierno de la Presidenta Bachelet, 100 comunas estarán integradas al sistema de de Biblioteca Digital, para cumplir así con uno de los lineamientos centrales de promover un desarrollo de carácter inclusivo”.

El Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), fundado hace 45 años con la finalidad de caracterizar físicamente al territorio nacional, para así reconstruir al país tras el terremoto de Valdivia en 1960, definió hoy los que serán sus lineamientos y objetivos para los próximos años.

“Hace muchos años se cuestiona si una economía respaldada en los recursos naturales puede tener un crecimiento sustentado, o si existe la “maldición de los recursos naturales” La experiencia nos dice que es posible. Nueva Zelandia, Australia e Irlanda son buenos ejemplos. La clave es que a los recursos naturales se le incorpore conocimiento y este es el camino que nuestro país ha definido y que estamos transitando”, declaró Álvarez.

Durante 2008, el CIREN confeccionó mapas de vulnerabilidad para la Comité de Emergencia Agrícola, y se espera que en el transcurso de este mes publique un estudio de Erosión Nacional.-

Mas info en www.ciren.cl

Así lo manifestó la autoridad, luego de asistir esta mañana a la ceremonia oficial donde el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, procedió a nombrar a estos once fiscales, los cuales representan a nueve regiones del país y que fueron elegidos por su experiencia en investigaciones relacionadas con este tipo de ilícitos, y por la ubicación estratégica de sus respectivas fiscalías locales.

Para la secretaria de Estado, “esta decisión del Fiscal Nacional da cuenta de una visión de país y de futuro que sintoniza plenamente con la reforma ambiental que el Gobierno de la Presidenta Bachelet está llevando a cabo”.

“Estos fiscales, tendrán como misión investigar y perseguir todos los delitos previstos en la Ley de caza, Ley de Bosques, Ley General de Pesca, Ley sobre control aplicable a las sustancias agotadoras de la Capa de Ozono, y los delitos contra la salud animal y vegetal contemplados en el Código Penal”, señaló la Ministra Uriarte.

Por su parte, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, sostuvo que “la persecución penal de los atentados en contra del medio ambiente, la salud pública y el patrimonio cultural, plantea una serie de desafíos relevantes atendida las particulares características que suponen muchos de estos ilícitos y las dificultades técnicas que presenta su investigación”.

1.- El proyecto Hidroaysén, de Endesa y Colbún, debe ser declarado inadmisible ya que viola dos acuerdos internacionales, con Argentina y Canadá, puesto que no existe un “Plan General de Utilización” de las cuencas de los ríos Baker y Pascua conforme a lo exigido por el “Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República de Chile y la República Argentina”. Legislación que además es parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá.

2.- La aprobación del proyecto consolidaría el monopolio del agua en Aysén al concentrar el
100% de los derechos de los ríos Pascua y Baker, sin resguardar adecuadamente las solicitudes de otros usuarios, impactando y vulnerando el derecho humano al agua. Ello pese a que la Dirección General de Aguas (DGA) ha declarado Aysén como zona de escasez hídrica (Decreto Nº 227 del MOPDGA, marzo 2008).

3.- El proyecto vulnera el derecho constitucional a la igualdad de trato en materia económica, ya que generaría una perdida anual de más de 4 mil empleos en el sector turismo e impediría el riego de más de 5 mil hectáreas de la cuenca del Baker, afectando el desarrollo de la agricultura y la ganadería de la zona.

4.- La aprobación del proyecto afectaría gravemente 24 áreas protegidas como el Parque Nacional Laguna San Rafael; 3 zonas de interés turístico y 26 humedales. Además de la inundación que generarían las 5 represas proyectadas, la línea de transmisión eléctrica de 2.270 kilómetros de largo, que cruzaría 9 regiones y 66 comunas, violaría diversos tratados internacionales como el Convenio de Conservación de la Biodiversidad afectando especies emblemáticas en peligro como el huemul.

5.- Endesa y Colbún engañan a la opinión pública al informar una reducción del área de inundación a 5.900 hectáreas, siendo que no han renunciado a derechos de agua vigentes que le permiten inundar 32.000 hectáreas, seis veces lo declarado. Por el contrario, con esto han pretendido realizar un “canje ambiental” con la autoridad requiriendo a cambio caudales gratuitos adicionales a los que ya posee, vulnerando la legalidad.

6.- La empresa abusa de la legislación utilizando fraudulentamente pertenencias mineras para un proyecto eléctrico, con la finalidad de presionar a los propietarios de las zonas a inundar, de reducir el valor comercial de sus propiedades y de obligar a la autoridad a otorgar permisos para el ingreso a los predios y para obras civiles en éstos. Dichas propiedades quedan prisioneras y sujetas al arbitrio de la empresa.

7.- Los componentes del proyecto serán evaluados parcialmente pues aunque se trata de 5 mega centrales hidroeléctricas y de sus obras anexas, entre las que se encuentran puertos, aeródromos y poblaciones, además de una extensa línea de transmisión eléctrica, única y exclusiva, de casi 2.300 km., sólo serán evaluadas las centrales contraviniendo nuestra Constitución, la Ley General de Bases del Medio Ambiente, e incumpliendo la obligación de fijar una línea de base clara sobre el área de influencia del proyecto como un todo, así como la de ingresar el proyecto en la Dirección Ejecutiva de CONAMA para ser evaluado en su conjunto.

8.- No se han formulado planes para la gestión integrada de las cuencas de los Ríos Baker y Pascua de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cuencas, compromiso adquirido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno y reiterado en su Mensaje del 21 de mayo de 2006: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente (…) incorporaremos el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas como eje de nuestra nueva política”.

9.- Falta de garantías en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental debido a la intervención de Ministros de Estado quienes, teniendo ingerencia en el proceso, y sin que el proyecto se haya evaluado, han dado públicamente un veredicto favorable al mismo, en un antejuicio que viola las garantías de un debido y probo procedimiento.

Se trata del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental -enviado el jueves a la Cámara de Diputados-, el que propone terminar con las instancias que hasta ahora evalúan y califican ambientalmente los proyectos de empresas públicas y privadas en las distintas regiones del país.

Según la ministra Uriarte, eliminar estos consejos ha sido una de las principales demandas para la reforma ambiental en marcha. Lo han pedido diversos sectores, precisa, desde los ambientalistas hasta los empresarios, pasando por las comunidades y los parlamentarios.

“Ello, fundamentalmente por la circunstancia de que en un órgano de 20 miembros (Corema) concurrían sujetos con competencia pública, pero también con decisión política, lo que para muchos genera en la aprobación y rechazo de proyectos la consideración de aspectos diversos a los regulados, dando origen a confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectando la credibilidad del sistema”, admite.

Uriarte recalca que a la hora de calificar un proyecto debe primar el mérito técnico, por lo que la reforma en marcha apunta a perfeccionar el marco institucional, dando claridad y eficacia a las reglas del juego, para lo cual se estructuran incentivos que promueven conductas deseadas y establecen el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollarán en cada región.

En lugar de las actuales Coremas, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo crea comisiones de Seremis en cada una de las 15 regiones del país. La nueva instancia estará integrada por el seremi del Medio Ambiente, quien la presidirá, y otros nueve seremis.

“En consecuencia, no forman parte del órgano que decidirá proyectos ambientales los intendentes ni los gobernadores ni los consejeros regionales”, acota Uriarte.

Aunque la idea de la ministra es descomprimir de factores políticos las decisiones que toman las Coremas, cabe hacer notar que los seremis también son funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo. La idea, así, de la reforma es que opere el criterio técnico de los seremis, sin que éste sea contaminado por el factor político que puedan introducir sus jefes a nivel regional, que son los intendentes.

El rediseño de la institucionalidad ambiental se basa en la necesidad de distinguir tres ámbitos: la dictación de las políticas y normas ambientales, radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; la gestión ambiental, que reside en el Servicio de Evaluación Ambiental, y la fiscalización, centrada en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Consultado sobre el proyecto que lo excluye de la posibilidad de decidir qué proyectos se realizan o no en su región, el intendente Metropolitano, Álvaro Erazo, dijo que había recibido el texto sólo el jueves, por lo que declinó pronunciarse: “Voy a estudiar la propuesta y luego mandaré mi respuesta al Gobierno”.

En cambio, su colega de la Región de los Lagos, Sergio Galilea, se mostró partidario de la modificación legal. “Creo que ello implicará que las Comisiones de Seremis puedan adoptar decisiones en forma más ágil”, acotó desde Puerto Montt.

Para la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, los bullados casos de la planta de gas propano en Peñalolén y de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia son dos ejemplos que revelan el deficiente cometido de las Coremas. “Hay un consenso transversal de que esos órganos simplemente no dan para más”, sostiene.

“La propuesta es positiva y más transparente. Este paso va a dar garantías a todos los sectores. Las decisiones tienen que ser técnicas para terminar con eso de que no le gustó al intendente, al partido político de turno o el lobby que tuvieron los distintos sectores”, concluye Sara Larraín.

CONDICIÓN

OCDE: Este rediseño ambiental le permitiría a Chile entrar al club de naciones industrializadas y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Quiénes integran las comisiones

Cada Corema está integrada por el intendente regional, quien la preside; los gobernadores provinciales de la región; los secretarios regionales de los ministerios que forman el consejo directivo de Conama (Economía, Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Planificación, Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia); cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo consejo, y el director regional de la Conama, que actúa como secretario.

Hay además un comité técnico de Corema, integrado por el director regional de Conama, que lo preside, y los directores regionales de los servicios públicos con competencia en materias ambientales.

Un ejemplo de cómo el factor político influye en el análisis técnico de una Corema ocurrió en 2006, cuando la correspondiente a la Región Metropolitana rechazó la instalación de una planta de transferencia de basura en Quilicura, propuesta por la empresa Gersa.

En la época, el representante de Gersa era el abogado DC Clemente Pérez -hoy presidente de Metro-, quien acusó una operación política para negar el permiso ambiental a la planta pese a que ésta contaba con evaluaciones favorables de los organismos técnicos. “En este caso hubo una concertación o alianza, o acuerdo político de todos los sectores, entre el PPD y la UDI, por el rechazo al proyecto”, reclamó Pérez, aludiendo al entonces intendente Víctor Barrueto (PPD).

El abogado de Gersa opinaba con conocimiento de causa, ya que anteriormente ejerció como director ejecutivo de la Conama.

El mismo día en que se inaugura la 60ª reunión de Comisión Ballenera Internacional (CBI) eligió la Presidenta Michelle Bachelet para firmar hoy en Quintay el proyecto de ley que busca declarar el territorio nacional libre de captura, caza y comercialización de cetáceos, y dos decretos supremos: uno que declara a los cetáceos monumento nacional y otro que da el carácter de indefinida la moratoria de caza de ballenas, vigente en el país hasta 2025. “La posición conservacionista de nuestro país está claramente declarada”, comentó la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.

De esa manera, Uriarte reiteró la posición de nuestro país en la cita internacional ante el lobby japonés que busca conseguir autorización para la caza científica de cetáceos, petición que formalizaría esta semana. “Podría surgir (esa petición), pero hay una clara manifestación de voluntad en el tiempo de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelandia y de los países de América del Sur. El bloque conservacionista es mayoritario”, agregó la ministra.

Steve Chadwick, ministra de Conservación de Nueva Zelandia, está en la misma línea: “Apoyamos fuertemente la moratoria y no vamos a abrir los espacios de comercio y matanza de ballenas”. Chadwick fijó además la posición de modernizar el proceso de la reunión ballenera privilegiando los consensos en vez de las votaciones de los temas más polémicos. Otras modificaciones sobre la mesa apuntan a incorporar la participación ciudadana y la consulta a los subcomités científicos.

Ballena humana

Uriarte y Chadwick coincidieron ayer en la convocatoria encabezada por la actriz Leonor Varela y The Whaleman Foundation -apoyada por Terram, Centro Ballena Azul y WWF Chile y que reunió a unas tres mil personas- para formar la figura de una ballena gigante que fue fotografiada desde el aire. “Las ballenas son un símbolo de nuestra conciencia y del deseo de cuidar nuestro ecosistemas”, comentó Varela. La actriz volverá al país en agosto para fortalecer su papel a favor del medio ambiente con la campaña denominada Suma Uno, donde buscará que los jóvenes del país sumen gente en pequeñas causas, como el desincentivo del uso del automóvil y hábitos de eficiencia energética.

El proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente establece multas de más de $ 4 mil millones por incidentes ambientales, un tema que generará discusión. Viernes 6 de junio de 2008

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebró en La Moneda con la firma de los proyectos que crean el Ministerio y la Superintendencia para que ingresen al Parlamento. Ese lugar será el escenario donde se moldeará la nueva institucionalidad. Como en toda negociación, quedarán heridos en el camino.

“Este ministerio es el eje del desarrollo sustentable y existe el compromiso de empoderarlo. ¿Cómo vamos a hablar, por ejemplo, de la expansión de la ciudad si no es desde esta mirada?”. Con esta premisa, la presidenta de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Denise Pascal Allende, le dio la bienvenida a los proyectos que crean el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental que la Presidenta Bachelet firmó ayer y que en el transcurso de la próxima semana -faltan un par de firmas- deberían hacer su ingreso a la Cámara para iniciar su discusión.

“Estoy segura que este proyecto va a generar mucha discusión”, comentó Bachelet en la ceremonia realizada en el salón Montt Varas de La Moneda. Pascal Allende lo sabe y entiende que su comisión será el primer ring. “En estos proyectos se topan muchos ministerios. Con algunos sólo en temas de coordinación y con otros hay topones que van a sacar roces”, comentó la parlamentaria. “Existe la voluntad para avanzar. ¿Si es posible adelantar una fecha para tener ministerio? Es muy pronto para establecer plazos”, agregó.

El mundo ambientalista será parte en la discusión. “Este proyecto es perfectible y vamos a dar esa pelea en el Parlamento”, adelantó Sara Larraín. Su mirada está puesta en algunos ejes: la participación ciudadana y las políticas sobre recursos naturales. También hay que pujar por la equidad en los plazos para la sociedad civil y las empresas en la discusión y evaluación de proyectos, y asegurar la eliminación de las autorizaciones provisorias.

Multas y atribuciones

En cartelera, hay que esperar la respuesta del mundo empresarial por las 10.000 Unidades Tributarias Anuales (más de 4 mil millones de pesos) como máximo de multa ante incidentes ambientales y por la tecnificación de la decisión de aprobar proyectos; el muñequeo entre ministerios (Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales por áreas protegidas, por ejemplo); o la pérdida de atribuciones políticas (intendentes y Coremas). Hay mucho paño por cortar.

Fair play

La numerosa presencia del mundo ambiental no pasó desapercibida. El envío de los proyectos al Parlamento era el primer punto del Acuerdo de Chagual que la entonces candidata presidencial de la Concertación firmó con los ambientalistas en noviembre de 2005. Su asistencia fue una suerte de “fair play” luego que en abril pasado el mundo ambiental rompiera relaciones con Bachelet por no cumplir el punto referido a la energía nuclear. “Como organizaciones ambientalistas la creación de un ministerio de medio ambiente -una de nuestras demandas por años- es algo en que nos vamos a restar. No vamos a dejar dar el apoyo a una iniciativa que va en esa dirección. Sería absurdo”, comentó Sara Larraín, quien estaba junto a Flavia Liberona, Manuel Baquedano y el presidente del Partido Ecologista, Félix González, entre otros.

Alfredo Ovalle. Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio: “La ley de Medio Ambiente llegó a funcionar bien, lo que pasa es que había mucha lentitud en la aprobación de los proyectos, tanto en las Declaraciones como en los Estudios de Impacto Ambiental. Esperamos que con esta nueva legislación se dé un paso en la dirección correcta. ¿Las sanciones más duras que aplicará la Superintendencia de Fiscalización Medioambiental? Tenemos que estudiarlas”.

Sara Larraín. Directora Chile Sustentable: “Es un consenso país que estamos mal y que la institucionalidad es insuficiente para que el desarrollo tenga criterios de sustentabilidad. Los empresarios también lo reconocen. Si queremos insertarnos en la comunidad internacional, se requiere una institucionalidad de este tipo. Ya no se puede esperar más. Se ha dilatado esta decisión porque no había una masa crítica y porque funcionó el lobby de quienes no querían avanzar en este tema”.

Marigen Hornkohl. Ministra de Agricultura: “La prueba más evidente de que la expertiz de la Conaf es importante es el hecho de que la Ministra de Medio Ambiente pasa a formar parte del Consejo de la Conaf que preside la ministra de Agricultura. De esta manera, lo que se está haciendo se seguirá haciendo de la misma forma. Nosotros tenemos áreas protegidas en la Conaf y lo queremos es protegerlas y fortalecerlas con las diversas política que ha anunciado la Presidenta, los proyectos de ley aprobados y los que pronto ingresaremos”.

“Este proyecto es un tremendo paso”, dijo la Presidenta Michelle Bachelet al firmar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Medioambiente y la Superintendencia de Fiscalización ambiental en una ceremonia realizada en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Rodeada de los ministros integrantes del concejo de la Conama, representantes del empresariado como Alfredo Ovalle y del mundo ecologista como sara Larraín, la jefa de Estado recordó que este proyecto fue compromiso de su campaña. Incluso se dio tiempo para bromear al contar una infidencia de la ministra Ana Lya Uriarte: “La ministra me decía me siento como cuando estuve en mi parto y yo le dije felcitaciones pariste un niño o una niña”, frase que grafica lo que Bachelet llama “un proceso para construir una respuesta a una necesidad y la respuesta será perfectible, pero nosotros no queremos no hacernos cargo de un tema que había que abordar con seriedad”.

Para la jefa de Estado el objetivo final tras este proyecto es lograr “una institucionalidad moderna y eficiente que busque la sustentabilidad, la integración y la calidad de vida de la comunidad. Estoy segura que este proyecto va a generar mucha discusión, para algunos será insuficiente y para otros excesivo, porque es claro que frente al tema de medioambiente hay distinas posturas e intereses, pero en el parlamento habrá el espacio para que los distintos actores digan cuanto más quieren o cuanto menos y por qué”.

El nuevo Ministerio colaborará con el Ejecutivo en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El proyecto de ley permite transformar la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, abocado exclusivamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, estará sujeto a un sistema de selección de Alta Dirección Pública a cargo de su administración, orientado a simplificar los trámites ambientales y proporcionar información adecuada para los proponentes y la comunidad.

Paralelamente se crea la Superintendencia de Fiscalización Ambiental como órgano autónomo, cuyo nombramiento será realizado por el Presidente de la República mediante el sistema de Alta Dirección Pública. Tendrá competencias en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental, tales como Resoluciones de Calificación Ambiental; Medidas de Planes de Prevención y Descontaminación; Normas de Calidad y de Emisión y Planes de Manejo de la Ley N° 19.300.

La fiscalización directa será realizada por la Superintendencia, por los órganos sectoriales, cuando correspondan, y por terceros acreditados mediante sistema de normalización. Se regula también un sistema de evaluación y certificación de conformidad privada, sometido a la disciplina y regulación de la Superintendencia y que sólo podrá ser realizado por sujetos certificados.

Se establece una regla de denuncia ciudadana por incumplimiento, que habilita a la Superintendencia a investigar y se obliga a responder los resultados de toda investigación. Al denunciante se le da la calidad de interesado para todo el procedimiento administrativo respectivo.

Asimismo otra de las propuestas incluidas, la cual fue destacada por la ministra Ana Lya Uriarte, es la creación de la Unidad de Medio Ambiente de las Municipalidades, donde se establece que aseo y ornato a nivel municipal pasará a desempeñar competencias ambientales a nivel local, como proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas; aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna; y elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental.

En cuanto al acceso a la información ambiental, el proyecto declara pública toda la información de carácter ambiental que está en poder de la administración, es decir: el estado de los componentes ambientales, así como de los factores que inciden en él y las medidas adoptadas; el establecimiento y administración de un sistema de información ambiental que considere un conjunto de información de acceso comprensible para los ciudadanos; y la obligación de emitir periódicamente un informe del estado del Medio Ambiente y la calidad del mismo a nivel nacional, regional y local.

Fue el primer impulsor de una ley de protección a glaciares y hoy es el primer desencantado porque las autoridades echaron pie atrás en la idea de legislar. “Lo lógico es que el Ejecutivo sea un actor relevante para proteger los glaciares y no que ceda a las presiones de las mineras”, dice el senador Antonio Horvath. Pero las señales que llegaban desde la Conama iban en esa dirección: el proyecto de ley espera hace más de un año las indicaciones del Ejecutivo para pasar desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado a la sala.

Junto con el turismo, la actividad minera es la que mayor impacto negativo genera en los glaciares, pero las empresas que los realizan no están de acuerdo con someter a un Estudio de Impacto Ambiental sus actividades. Eso establece uno de los artículos del proyecto que luego fue complementado en un trabajo conjunto por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Chile Sustentable y el Instituto Geográfico Militar.

Presiones

“Las presiones se iniciaron con el proyecto Pascua Lama cuando la Barrick quería remover glaciares”, explica el presidente de la SNA, Luis Schmidt. La minera canadiense pretendía remover los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, lo que habría provocado problemas en el embalse Santa Juana y en los valles del Carmen y del Tránsito en la III Región. “Las mineras nos decían que estábamos llevando a que no hubiera desarrollo en el país. Pero ya ves lo que pasó con Pascua Lama: no se intervienen glaciares, pero el proyecto se hará igual. Eso demuestra que pueden invertir y hacer más sustentable sus proyectos”.

Schmidt explica que el proyecto de ley recorrió un largo camino para evitar la confrontación con las mineras. Él mismo participó en reuniones con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y con los entonces ministros de Agricultura, Álvaro Rojas; de Minería, Karen Poniachik; y de la Secretaría General de la Presidencia, Paulina Veloso. “Tratamos de llegar a consensos para que no hubiera dificultades”, cuenta Schmidt. Incluso, a principios del año pasado, la SNA y la Sonami acordaron trabajar en conjunto en una propuesta de ley, pero la idea se cayó por choque de visiones. Horvath también se reunió con el mundo minero para tratar el tema. “Nosotros tuvimos reuniones con la Sonami y después ellos negaron los acuerdos. No quieren avanzar en esto”, acusa.

Política Nacional de Glaciares

En un principio, el Ejecutivo estuvo dispuesto a trabajar sobre este tema. “Incluso la Segpres le hizo indicaciones al proyecto”, cuenta Schmidt. Pero el escenario cambió y hoy está buscando una vía alternativa a través de la Dirección General de Aguas (DGA), organismo que tiene la tuición sobre las aguas líquidas y que reconoce el daño que la actividad minera genera en los glaciares. Según fuentes de Conama, el proyecto de ley no está del todo descartado, pero se optó por avanzar en la elaboración de una política nacional de glaciares y un registro de glaciares, según determinó el Consejo Directivo de Conama el año pasado. “Sin perjuicio de lo que se está intentado hacer por medio de la DGA, es más importante una ley”, sigue Schmidt.

Los datos no dan para relajarse. En Chile se han catastrado 1.751 glaciares hasta el año 2002. El 87% presenta evidentes retrocesos, según los estudios más recientes. “Yo no doy la pelea por perdida. Vamos a sacar una ley sí o sí”, dice Horvath.

DGA FISCALIZARÁ PASCUA LAMA

A fines de enero de 2007, el MOP creó la Unidad de Glaciares en la DGA para monitorear reservas de agua dulce con un presupuesto de $ 625 millones. Uno de los objetivos que tiene esa unidad para este año es la construcción de un refugio de alta montaña en el valle de Huasco para la fiscalización del proyecto Pascua Lama -uno de los reparos de la aprobación de ese proyecto se relaciona con no tocar los glaciares-, lo que corresponde a un compromiso que Bachelet hizo en Copiapó hace diez meses.

Otro refugio se construirá en el valle de Copiapó para monitorear los glaciares en el Cerro Tronquitos y realizar mediciones de la nieve acumulada en los alrededores. El plan incorpora convenios con centros de investigación: la Universidad de Chile para el estudio de glaciares y nieve de la región de Aconcagua; la U. de Magallanes para monitoreos hidrometeorológicos del Glaciar Tyndall, en Campo de Hielo Sur; y con el Centro de Estudios Científicos (CECS) para el balance glaciológico e hídrico en el glaciar Nef, Campo de Hielo Norte. Precisamente el ministro del MOP, Sergio Bitar, visitará esta tarde el CECS en Valdivia.

Bancada verde y ONG los acusan de trasgredir principio de “probidad y transparencia”
 

El apoyo que el titular del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, entregaron al proyecto que pretende represar la Patagonia está ahora en manos del contralor para definir si contravienen la legislación sobre probidad administrativa.
 
 
Una veintena de parlamentarios de la bancada verde y representantes del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) presentaron ayer un requerimiento a la Contraloría General de la República donde se solicita que establezca que las conductas y los dichos de los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, sobre el proyecto HidroAysén contravienen la legislación sobre probidad administrativa. En el caso del ministro de la Segpres, se solicitó además su inhabilidad para conocer cualquier materia relacionada con ese proyecto, pues encabeza el Consejo Directivo de la Conama.

El argumento de la presentación es que ambos ministros han expresado su apoyo al proyecto hidroeléctrico -Pérez Yoma en febrero y Viera-Gallo la semana pasada en un seminario donde compartió panel con Bernardo Larraín, gerente general de Colbún- sin que éste haya ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, instancia que debe evaluar su viabilidad.

A la cabeza de los parlamentarios, el diputado PPD Enrique Accorsi pidió a la Presidenta Bachelet que aplique el principio de probidad y transparencia. “Esto es una presión indebida: Pérez Yoma es jefe de todos los seremis del país. ¿Con qué independencia van a actuar si su jefe hace este tipo de declaraciones?”. Pérez Yoma es también jefe directo de la presidenta de la Corema de Aysén, la intendenta Silvia Moreno, organismo que debe pronunciarse sobre el proyecto. Accorsi explicó que por esta razón se hace necesario un sistema de evaluación de proyectos que sea técnico y no político, lo que está incorporado en la reforma ambiental que ingresará al Parlamento en junio próximo.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara agregó que “más grave aún es lo de Viera-Gallo porque es ministro integrante de la Conama. No puede ser juez y parte en esta materia”. También calificó de “indignante” que el ministro de la Segpres pida que la participación ciudadana no sea “un abuso”.

“La participación ciudadana en este tipo de proceso es nula: no existe. Se suponía que este era un gobierno ciudadano. A lo mejor él (Viera-Gallo) quiere otro tipo de democracia”, le respondió.

“Además, solicitamos que se investigue si los ministros tienen algún tipo de relaciones con las empresas eléctricas o las tuvieron mientras trabajaron en el sector privado”, explicó el abogado del CDPLorenzo Soto.

Campaña

El secretario ejecutivo del CDP, Patricio Rodrigo, dijo que los resultados de la encuesta CERC, que entregó un 53% de rechazo al proyecto de las represas en la Región de Aysén, dio paso a una “campaña orquestada del mundo empresarial, de algunos políticos y ministros de Gobierno para salir en la defensa irracional de un proyecto que no ha sido evaluado.

Rodrigo llamó la atención de las autoridades respecto de dos fenómenos que no han despertado su interés. Uno, el vaciamiento del lago Cachet en abril: “Si las represas hubieran estado construidas se podían haber roto porque subió tres veces el caudal del río Baker y nadie ha dicho nada de eso”.

Dos, la erupción del volcán Chaitén: “Si la postación eléctrica hubiera estado trazada, estaría cortada. Estaríamos en un black out constante”, advirtió.

 
ESTRATEGIA
 
El documento presentado ayer en la Contraloría es el primero de una artillería legal que preparan los abogados del Consejo de Defensa de la Patagonia para impedir que el proyecto de cinco represas de la sociedad Endesa y Colbún llegue a buen puerto. La idea es inundar el plan de HidroAysén de incertidumbre y buscar en la justicia las garantías que no entregan las autoridades de Gobierno, al no ocultar su simpatía por el proyecto.
 
 

Para participar solo debes linkear aquí

Esta es la recta final de la campaña “Chile 2008: Santuario de Ballenas” que impulsa Centro de Conservación Cetacea, Centro Ecoceanos y la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, y es fundamental que los chilenos ejerzamos nuestro derecho ciudadano y le exijamos a nuestras autoridades concretar esta iniciativa.

Para Bárbara Galletti, presidenta de CCC, “esta es una valiosa oportunidad para promover la participación ciudadana en un tema en el cual existe absoluto consenso y unidad nacional, como es la protección de los cetáceos, por lo que invitamos a todos a unirse a este esfuerzo de conservación nacional”.

Galletti agregó que “se acerca la CBI60 y aún no tenemos Santuario de Ballenas. Chile no puede desaprovechar esta histórica oportunidad”.

A través del sitio web www.ccc-chile.org, Centro de Conservación Cetacea invita a participar a todos quienes quieran ser parte de este trascendental avance en la conservación de nuestro medio ambiente marino.

Fuente: Centro de Conservación Cetacea