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Copiapó: Termoeléctrica Castilla amenaza con destrucción de ecosistemas únicos

Denunció el arquitecto y ambientalista, Gonzalo Domínguez, quien ha dedicado 40 años a la preservación de ese hábitat. Esta denuncia se suma a la oposición de otros grupos ambientalistas preocupados por el tema.

Una extraordinaria reserva de flora y fauna única en Chile inserta en playas vírgenes de la Región de Atacama se verá severamente amenazada en caso de concretarse el proyecto Central Termoeléctrica Castilla que planea construir el empresario brasileño Eike Batista, y que también incluye la instalación de un terminal marítimo para la descarga del carbón que abastecerá a la industria.

El gigantesco proyecto, emplazado en 600 hectáreas de la hacienda Castilla en el sector costero de Punta Cachos, a 80 kilómetros al sur-oeste de Copiapó, contempla la construcción de una central termoeléctrica compuesta por seis unidades de tecnología de carbón pulverizado de 350 megawatts (MW) de potencia cada una, lo que totaliza una capacidad de generación de 2100 MW cuando esté en completa operación, el año 2016. De acuerdo a esta capacidad, el proyecto sólo es superado por Hidroaysén, que proyecta una generación de 2700 MW.

Además, contempla la instalación de un depósito de cenizas de aproximadamente 125 hectáreas, y la construcción de un terminal portuario para abastecer de carbón a la industria, el que no fue incluido en el estudio de impacto ambiental del proyecto ingresado en diciembre a la CONAMA, y tendrá que ser presentado con posterioridad.

Rechazo por contaminación.

La iniciativa generó el inmediato rechazo de grupos y personas defensores del medio ambiente, entre quienes se cuenta el destacado arquitecto Gonzalo Domínguez, quien visita la zona junto a su familia hace cuatro décadas y desde hace algunos años se radicó definitivamente allí como propietario de parte de los terrenos de la hacienda Castilla. Su presencia en el lugar fue completamente omitida en el estudio de impacto ambiental de la empresa MPX, controlada por Batista.

“Me parece muy lamentable que cuando en el mundo la tendencia es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y se hacen grandes esfuerzos para ello, las autoridades nacionales estén siquiera evaluando la posibilidad de autorizar centrales que contemplan el uso de combustibles tan contaminantes como ésta, sin considerar que esta situación conllevará la destrucción inevitable de una magnífica reserva natural del país. Para quienes nos hemos dedicado a preservar este lugar, es una lástima que empresarios extranjeros, con exclusivo afán de lucro, pretendan instalar tecnología tan contaminante sin pensar en sus nefastas consecuencias para el ecosistema del país”, señaló el arquitecto.

Domínguez ha dedicado grandes esfuerzos a la conservación del medio ambiente, aspecto por el que es reconocido en la zona, y decidió oponerse seriamente al proyecto, por lo que reunió un equipo de profesionales del área legal y expertos medioambientales, con el fin de sustentar su posición.

Ecosistema amenazado

La zona de Punta Cachos, donde el empresario extranjero pretende levantar la central, cuenta con una extraordinaria biodiversidad, destacando por ejemplo una colonia de tortugas marinas que ha sido descrita en foros científicos como la más austral del mundo. Asimismo, existen poblaciones de pingüinos Humboldt y Guanay, que se encuentran en estado de conservación vulnerable y que residen en el islote Cima Cuadrada, frente al cual se instalará la central. A estas especies se suman lobos marinos, guanacos y diversas aves propias del lugar, entre otras.

Además, en este sector se produce el fenómeno de desierto florido, único en el mundo, que según el proyecto planteado será intervenido con el paso de líneas de alta tensión.

De ahí la preocupación por el daño irreversible que esta central provocará, toda vez que se considera que el uso del carbón como combustible es la opción más contaminante que existe para generar energía, debido a los desechos altamente tóxicos que produce, cuya magnitud en este caso resultaría catastrófica para la zona.

El proyecto se encuentra en etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental presentado a la CONAMA de la Región de Atacama, organismo que se encuentra emitiendo el informe que recoge cientos de observaciones formuladas por parte de los diversos servicios públicos con competencia en materia ambiental.

A juicio del abogado Patricio Escobar, quien forma parte del equipo profesional reunido por Domínguez, el estudio de impacto ambiental adolece de graves falencias. “En primer término, constituye una exposición parcial realizada a la autoridad de un proyecto mayor que considera necesariamente un terminal portuario a través del cual se abastecerá de carbón a la central. En consecuencia, el proyecto en su totalidad involucra numerosos y variados impactos ambientales que no han sido considerados por el titular en el estudio de impacto ambiental presentado y que por tanto, no pueden ser aún evaluados por la autoridad”, expresó.

El profesional advierte también sobre la omisión que se hace de la presencia de personas en el área de la central. “El estudio presentado omite la existencia de ciertos residentes y propietarios en el área del proyecto, y presenta una visión incompleta de la situación de flora, fauna y, en general, del ecosistema existente.

Por todas estas deficiencias es que lo consideramos inviable y así lo hemos expuesto ante las autoridades de CONAMA Regional. Además, nos encontramos desarrollando estudios técnicos que servirán de base a las observaciones que presentaremos oportunamente con el objeto de evitar que el proyecto se apruebe, al menos en los términos que se ha planteado”, concluyó.

Suprema visa proyecto hidroeléctrico en Parque Puyehue

Puyehue

Puyehue

El proyecto de Mini Centrales Hidroeléctricas que se erigirá en el Parque Puyehue cuenta desde esta semana con la aprobación de la Corte Suprema luego que la Tercera Sala del máximo tribunal dictaminara que dicha construcción no vulnera ninguna garantía que afecte el ecosistema del lugar.

La resolución se tomó tras desechar el recurso de protección presentado por un grupo de diputados y senadores de la zona, quienes denunciaron que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) otorgó el permiso para el inicio de las faenas sin considerar que provocará efectos adversos en el caudal de los ríos Correntoso y Pulelfu, la alteración del hábitat acuático, la vegetación y por ende la flora y fauna del sector.

La obra hidroeléctrica cuenta con un presupuesto de US$ 20.000.000 y se emplazará entre estos ríos ubicados en Puyehue, localidad de la provincia de Osorno.

Sus bocatomas y parte de las tuberías que conducirán las aguas -según el proyecto- pasan por el extremo sur del parque nacional de la zona.

Esto último es lo que ha causado molestia en los parlamentarios y parte de la población pues en el futuro se verá afectado el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pues a su juicio el lugar será intervenido por las mini centrales comprometerá el equilibrio ecológico de las especies naturales que habitan en la actualidad.

En tanto, Hidroaustral S.A., empresa a cargo del proyecto, se defendió señalando que las entidades jurisdiccionales correspondientes han fijado planes de trabajo para la generación de programas de mitigación y compensación por las obras.

Esto “de acuerdo a los objetivos del parque y de los criterios que establece la Zona Primitiva que corresponde al área en que se emplazará la obra”, señaló la firma ante la Corte Suprema.

La resolución contó con el voto en contra de la ministra Sonia Araneda, quien indicó que ninguna de las protecciones al ecosistema planteadas por los organismos gubernamentales aseguran que no se generen consecuencias inciertas en el mantenimiento de poblaciones de especies hidrobiológicas.

Inician trámite ambiental de segundo proyecto eólico para abastecer a zona norte

Estará en Tocopilla y demandará US$ 230 millones. Lentamente está emergiendo el potencial para desarrollar energías renovables no convencionales (ERNC) que tiene el Norte Grande de nuestro país.

Así lo reflejan los proyectos geotérmicos, solares y eólicos que están surgiendo para aprovechar los recursos de esa zona y ayudar a superar la estrechez de abastecimiento eléctrico que existe en la zona, desde que comenzaron los cortes en los envíos de gas natural desde Argentina.

En el plano de la energía eólica, la empresa Ingeniería Seawind inició la tramitación ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del segundo proyecto que aprovechará la fuerza del viento en esta parte de nuestro territorio.

Se trata del parque eólico Quillagua que, con una capacidad instalada de 100 MW, estará ubicado en la provincia de Tocopilla (Región de Antofagasta), a unos seis kilómetros del pueblo del mismo nombre.

Los titulares de esta iniciativa están ligados a un proyecto del mismo tipo (40 MW) que Codelco desarrollará en las inmediaciones de la mina Gabriela Mistral, con el fin de contar con energía que cubra aquellos consumos que no son constantes, pues una limitante para estos proyectos es variabilidad.

Quillagua contempla ubicar 50 aerogeneradores de 2 MW de capacidad, distribuidos en una superficie de 1.241 hectáreas emplazadas en una zona “desértica absoluta”, declaró la firma. A diferencia de la iniciativa de la estatal, el objetivo de este parque es conectarlo al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

En paralelo, Ingeniería Seawind señaló que gestionarán la obtención y venta de bonos de carbono asociados al desplazamiento de energía generada con combustibles fósiles en diferentes centrales de la zona, donde actualmente predominan unidades alimentadas con diésel y carbón. Este procedimiento está ligado al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto y -precisó la empresa en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA)- estos bonos favorecerán los indicadores financieros del proyecto, debido a los ingresos que generen.

Niegan a HidroAysén derecho a uso de aguas de ríos patagónicos

Resolución de la DGA denegó permisos solicitados por la empresa el año pasado y que son vitales para la construcción de las cinco centrales hidroeléctricas que abarca el proyecto.

Según fue dado a conocer este martes, la Dirección General de Aguas (DGA) denegó a HidroAysén la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas en los ríos Pascua y Baker, con el fin de construir cinco megacentrales hidroeléctricas.

En agosto del año pasado, luego de anunciar la reducción de las áreas de inundación de 9.300 a 5.910 hectáreas, la sociedad de Endesa y Colbún solicitó nuevos derechos a la Dirección General de Aguas (DGA).

En su respuesta, del 29 de octubre de este año, la DGA indica que “los referidos derechos ya existentes son incompatibles con la constitución del derecho solicitado”. Ello debido a que los puntos de captación y restitución solicitados por HidroAysén “se encuentran dentro del área de inundación de los derechos constituidos en el año 90″ por la dueña original de estos derechos, Endesa, que los puso a disposición de Hidroaysén, sociedad que mantiene con Colbún para las cuestionadas represas.

Esta nueva resolución contra el proyecto de las eléctricas Endesa Chile y Colbún se suma a las observaciones negativas recibidas de 32 servicios públicos a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y a las “precisiones adicionales” que pidió el gobierno al mismo EIA.

Sobre la decisión de la Dirección General de Aguas conocida hoy, el abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, Marcelo Castillo, señaló que “estamos muy contentos que la DGA haya acogido uno de nuestros argumentos en contra de estas solicitudes porque el no otorgamiento de los derechos de agua significa un reconocimiento a las serias inconsistencias del Proyecto Hidroeléctrico de Aysén al no coincidir los derechos de aguas solicitados con el Estudio de Impacto Ambiental presentado”.
El proyecto denominado HidroAysén nació en el 2006 impulsado por Endesa Chile y la generadora chilena Colbún. Endesa Chile es el brazo generador del grupo Enersis, que es la matriz de inversión en Latinoamérica de Endesa España y posee además generadoras en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

Son cinco las centrales que HidroAysén pretende construir en los cauces de los caudalosos ríos Pascua y Baker, tres en el primero y otras dos represas en el segundo. El complejo de generación de energía eléctrica tendría una potencia total de 2.750 MW y una inversión total de 3.200 millones de dólares.

Razones por las cuales el Gobierno NO debe admitir a trámite el Estudio Ambiental para construir Represas en Aysén

9 RAZONES PARA UN RECHAZO.
Razones por las cuales el Gobierno NO debe admitir a trámite el Estudio Ambiental para construir Represas en Aysén

1.- El proyecto Hidroaysén, de Endesa y Colbún, debe ser declarado inadmisible ya que viola dos acuerdos internacionales, con Argentina y Canadá, puesto que no existe un “Plan General de Utilización” de las cuencas de los ríos Baker y Pascua conforme a lo exigido por el “Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República de Chile y la República Argentina”. Legislación que además es parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá.

2.- La aprobación del proyecto consolidaría el monopolio del agua en Aysén al concentrar el
100% de los derechos de los ríos Pascua y Baker, sin resguardar adecuadamente las solicitudes de otros usuarios, impactando y vulnerando el derecho humano al agua. Ello pese a que la Dirección General de Aguas (DGA) ha declarado Aysén como zona de escasez hídrica (Decreto Nº 227 del MOPDGA, marzo 2008).

3.- El proyecto vulnera el derecho constitucional a la igualdad de trato en materia económica, ya que generaría una perdida anual de más de 4 mil empleos en el sector turismo e impediría el riego de más de 5 mil hectáreas de la cuenca del Baker, afectando el desarrollo de la agricultura y la ganadería de la zona.

4.- La aprobación del proyecto afectaría gravemente 24 áreas protegidas como el Parque Nacional Laguna San Rafael; 3 zonas de interés turístico y 26 humedales. Además de la inundación que generarían las 5 represas proyectadas, la línea de transmisión eléctrica de 2.270 kilómetros de largo, que cruzaría 9 regiones y 66 comunas, violaría diversos tratados internacionales como el Convenio de Conservación de la Biodiversidad afectando especies emblemáticas en peligro como el huemul.

5.- Endesa y Colbún engañan a la opinión pública al informar una reducción del área de inundación a 5.900 hectáreas, siendo que no han renunciado a derechos de agua vigentes que le permiten inundar 32.000 hectáreas, seis veces lo declarado. Por el contrario, con esto han pretendido realizar un “canje ambiental” con la autoridad requiriendo a cambio caudales gratuitos adicionales a los que ya posee, vulnerando la legalidad.

6.- La empresa abusa de la legislación utilizando fraudulentamente pertenencias mineras para un proyecto eléctrico, con la finalidad de presionar a los propietarios de las zonas a inundar, de reducir el valor comercial de sus propiedades y de obligar a la autoridad a otorgar permisos para el ingreso a los predios y para obras civiles en éstos. Dichas propiedades quedan prisioneras y sujetas al arbitrio de la empresa.

7.- Los componentes del proyecto serán evaluados parcialmente pues aunque se trata de 5 mega centrales hidroeléctricas y de sus obras anexas, entre las que se encuentran puertos, aeródromos y poblaciones, además de una extensa línea de transmisión eléctrica, única y exclusiva, de casi 2.300 km., sólo serán evaluadas las centrales contraviniendo nuestra Constitución, la Ley General de Bases del Medio Ambiente, e incumpliendo la obligación de fijar una línea de base clara sobre el área de influencia del proyecto como un todo, así como la de ingresar el proyecto en la Dirección Ejecutiva de CONAMA para ser evaluado en su conjunto.

8.- No se han formulado planes para la gestión integrada de las cuencas de los Ríos Baker y Pascua de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cuencas, compromiso adquirido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno y reiterado en su Mensaje del 21 de mayo de 2006: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente (…) incorporaremos el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas como eje de nuestra nueva política”.

9.- Falta de garantías en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental debido a la intervención de Ministros de Estado quienes, teniendo ingerencia en el proceso, y sin que el proyecto se haya evaluado, han dado públicamente un veredicto favorable al mismo, en un antejuicio que viola las garantías de un debido y probo procedimiento.