“Tanto el aumento de la mortalidad como la disminución de la abundancia y los indicadores de reproducción -número de polluelos, parejas de cisnes y huevos-, sugieren que la población de cisne de cuello negro enfrentó una fuerte modificación del entorno natural desde el inicio del año 2004 ( ) Todos estos abruptos cambios observados en el humedal río Cruces coinciden con la puesta en funcionamiento de la planta Valdivia de celulosa Celco“.

Así de lapidaria es la conclusión a la que llegó Nelson Lagos, investigador asociado del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad Santo Tomás que, por encargo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), realizó el informe “Variabilidad de eventos de mortalidad y reproductivos del cisne de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter durante el período 2003 a 2005″, texto adjuntado a fines de 2008 al juicio seguido contra la celulosa Arauco por daño ambiental en el río Cruces.

Lagos basó su análisis en las bitácoras de observaciones que los guardaparques de Conaf realizan diariamente en el santuario por tratarse, señala, de “la única información disponible para cuantificar la magnitud de las fluctuaciones” del número de cisnes, huevos y polluelos. El biólogo marino analizó 2003, 2004 y 2005, cruzando los datos con los hitos de operación de la planta de Celco.

En este contexto, para el primer año de operación de la planta, el crecimiento de la mortalidad fue del orden del 669% entre el 2003 y 2004, en tanto que la abundancia del cisne de cuello negro bajó de 7.983 en mayo de 2004, a 518 aves en mayo de 2005.

“Concomitante” con el “aumento sostenido de mortalidad durante el año 2004″, Lagos registró una “severa disminución” en los eventos reproductivos del cisne.

“Entre 2003 y 2004, el número de polluelos y juveniles, y el número de parejas de cisnes cayó entre un 56% y 65%, respectivamente, mientras que en el año 2005 no se observaron polluelos y sólo una pareja de cisnes”, dice el texto. El número de huevos, además, bajó “drásticamente”, alcanzando un 97% menos en 2004.

NI CLIMA NI MIGRACIÓN

El estudio apunta que el aumento de la mortalidad de cisnes, por causas desconocidas, y la “total ausencia de eventos reproductivos durante los años 2004 y 2005″ no puede atribuirse a factores migratorios ni climáticos.

“Si bien la emigración es uno de los factores que explica una proporción de la drástica disminución de su abundancia durante el año 2004, este argumento no explica en forma alguna el aumento de la mortalidad por causas desconocidas ni la total ausencia de eventos reproductivos a partir de marzo del 2004″, dice el documento.

“Estas respuestas poblacionales no se manifestaron en relación a las variaciones climáticas registradas en el área. Estudios recientes han demostrado que, con excepción del río Cruces, las precipitaciones, radiación y temperatura no han presentado cambios significativos en la última década”.

FACTOR CELCO

El informe enfatiza que la “temporalidad de la desaparición de eventos reproductivos y el aumento de la mortalidad por causas desconocidas se corresponde con la puesta en marcha de la planta Valdivia de la celulosa Celco en el río Cruces”, pero además que el “patrón de variación espacial de la mortalidad” en 2004 “se asocia a los sectores norte y centro del humedal, que recibe aporte directo de los efluentes de la planta”.

EN QUÉ ESTÁ LA PLANTA

Tras operar casi tres años al 80% de su capacidad producto del escándalo ambiental, Celco Valdivia normalizó su operación en junio de 2008.

En febrero pasado, en tanto, presentó el estudio ambiental para construir el ducto que traslade sus residuos líquidos industriales hacia el mar, en la vecina comuna de Mariquina.

La causa contra la celulosa por daño ecológico continúa su tramitación en tribunales de Valdivia -y próximamente en el 13 Juzgado Civil de Santiago-, citando testigos de ambas partes.

Rodrigo de la O aceptó el desafío de transformarse en el primer guardacostas ambiental de Chile.

Es amante del surf, tiene 35 años y vive en Curanipe, comuna costera de la Región del Maule, donde estará el centro de operaciones de un inédito proyecto de patrullaje ecológico que comenzará a funcionar en febrero de 2009.

La iniciativa es dirigida en el país por la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), representante oficial de su par estadounidense Waterkeeper Alliance -que integra Robert Kennedy Jr- y en el que también colabora Safes de Waves, organización internacional de surfistas.

La misión del guardacostas será vigilar cerca de 130 kilómetros de costa, entre la desembocadura del río Maule y el Itata, para evitar que las aguas del Océano Pacífico se vean afectadas por la contaminación, en especial, de grandes proyectos industriales, como las plantas de celulosa.

Una de ellas, Celco Nueva Aldea ya terminó de construir su emisario submarino en las costas de Cobquecura, que estará operativo a comienzos de 2009.

En conversación con La Nación Rodrigo de la O identificó el ducto de Celco, la desembocadura del río Maule -donde hay otra celulosa- y la futura Termoeléctrica Los Robles como las zonas de principal preocupación. Por eso explica que su misión será clave, ya que tendrá que “realizar un monitoreo científico, independiente en la costa”.

ESPECIES AMENAZADAS

Este guardacostas es de profesión diseñador gráfico, hoy se dedica al turismo, pero ha tenido una estrecha relación con el mar. Fue pescador artesanal y actualmente es surfista, características que le facilitarán su trabajo arriba de la embarcación.

Sin embargo, Fernanda Pinochet, abogada y jefa del proyecto en FIMA, puntualizó que estos atributos fueron sólo algunas características que facilitaron su elección.

Las otras están relacionadas con su inserción en la comunidad como activista contra la construcción de la Termoeléctrica Los Robles, que equivale a un cuarto del proyecto de HidroAysén.

“El problema con la termoeléctrica es que no se señala en el estudio ambiental cuál es el área de influencia y eso es de gravedad. Sólo dice que van a existir efectos, pero no dice dónde”, explicó.

Pero los grandes proyectos no serán los únicos fiscalizados. En la zona hay otros impactos como la alta afluencia de turistas y el uso de pesticidas en la producción de frutillas.

En tanto, la bióloga marina de ONG Angelina Crocco explicó que entre las especies amenazadas por la acción del hombre están los cisnes de cuello negro y flamencos del humedal de Reloca, los delfines y los lobos marinos de Cobquecura.

Casi tres años después del desastre ecológico del río Cruces y de que la Universidad Austral culpara a Celco, otro estudio de la U. de Chile niega la responsabilidad de la empresa en la muerte de los cisnes de cuello negro. Mientras los empresarios forestales destapan botellas de champaña, los expertos ecológicos niegan la validez del último informe y cuestionan la imparcialidad de quien encabezó la investigación.

El 27 de mayo el escándalo ambiental más grande de la historia de Chile dio un giro. Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile, liderados por Víctor Marín, exculpó a Celco por la contaminación del santuario Carlos Andwanter que conmovió a Valdivia. El informe dice que las causas de la muerte de los cisnes fueron climáticas. La falta de agua y las bajas temperaturas habrían provocado la desaparición del alimento de las aves: el luchecillo.

Los empresarios celebraron, hicieron un acto de desagravio para la celulosa y manifestaron su “preocupación por el accionar de las autoridades”. La Universidad Austral aseguró que en un mes tendrá un estudio que vuelva a acreditar la culpa de Celco.

La socióloga y vocera de Acción por los Cisnes, Claudia Sepúlveda, dispara sin piedad contra el estudio de la Universidad de Chile, e incluso pone en duda la objetividad del científico a cargo.

-El informe de la Universidad de Chile niega lo que publicó la Universidad Austral sobre el caso de los cisnes de cuellos negro y que lo habría creído todo el país. ¿Qué opina?
-Hay que hacer las distinciones. El informe de la Universidad de Chile no es un informe científico. El de la Universidad Austral sí lo es en el sentido de que hicieron estudios y análisis en terreno. Lo que hace el informe de Marín es algo totalmente distinto. No recoge datos, no hay toma de muestras, no hay análisis de aguas y tampoco elabora una hipótesis. Lo que ellos llaman hipótesis no lo es. Una hipótesis científica requiere una fundamentación mínima que implica haber sometido a prueba la situación que se está examinando.

-Si no es un informe científico, entonces ¿qué es lo que hizo la Universidad de Chile?
-Lo que hace Marín es simplemente una especulación. Él especula que hay una relación causal entre los factores climáticos y la muerte de los cisnes, pero no lo somete a prueba. De haberlo sometido a prueba habría llegado a la conclusión de que los cisnes no pueden desaparecer sólo en un espacio limitado dentro de un ecosistema que es muy grande. Tampoco se hace cargo de todos los otros antecedentes que ya sabemos. ¿De dónde vienen los metales pesados que están depositados en el sedimento del humedal, que casualmente son los mismos que Celco ha depositado ilegalmente en el agua? Ésta es una consultoría pagada por Celco.

-Pero Celco no le pagó a la Universidad de Chile, le pagó a la Conaf.
-La Conaf y Ramsar son los mandantes, pero el financiamiento es de Celco. Yo creo que si el señor Marín fuera serio, no se habría prestado para esta historia. Habría que preguntarse a qué intereses responde Marín. Esto no beneficia ni a la imagen de las autoridades públicas ni de las instituciones del Estado ni de la ciencia, que se está desprestigiando con esto. Claramente beneficia a Celco, porque así tiene más espacio para impugnar todas las responsabilidades que le caben.

-¿Usted quiere decir que Marín está relacionado con Celco?
-Yo creo que uno tiene derecho a preguntarse eso. Él debería despejar esa duda, porque todo el mundo se está cuestionando lo mismo.

-Los que están felices con el informe son los empresarios forestales.
-Bueno, yo creo que les va a durar muy poco la fiesta. A mí me parece casi patética la situación, porque Celco tiene un prontuario gravísimo en materia medioambiental. Un motivo para celebrar sería que el santuario esté recuperado y que Celco esté cumpliendo parámetros medioambientales. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. Es triste que celebren.

Un mes. Ese es el plazo que se pone el científico de la Universidad Austral, Eduardo Jaramillo, para tener listos los resultados de un estudio que rebatirá la hipótesis del informe de la Universidad de Chile que exculpa a la planta Valdivia, de Celulosa Arauco, del daño ambiental que vive hace casi cuatro años el humedal del río Cruces.

Jaramillo fue el jefe del equipo que realizó, por encargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), la investigación que determinó que los cambios ambientales en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter se originaron por deterioro en la calidad del agua, hecho que coincidió con la puesta en marcha de la planta de celulosa.

Sin embargo, para el profesor de la U. de Chile Víctor Marín y su equipo (entre los cuales se encuentra la destacada experta en ecosistemas acuáticos, Irma Vila) la disminución del luchecillo, principal alimento de los cisnes de cuello negro, tuvo su origen en tres factores: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004.

“Una hipótesis es la mejor explicación que tienes para un fenómeno, lo que no significa que mañana no pueda haber una mejor. Por eso he sostenido que los cambios ambientales ocurridos en el humedal del río Cruces relacionados con la alteración en la calidad del agua siguen siendo la mejor explicación de lo que ocurrió”, explicó Jaramillo.

Hipótesis sin fundamento

Son dos hipótesis que se confrontan, pero Jaramillo asegura que la planteada por la Universidad Austral tiene fundamentos, mientras que la desarrollada por Marín en el informe “Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces” no tiene base.

“Cualquier científico tiene el derecho de ‘volarse’, de ir más allá del estudio que le encargaron y, con lo que analizó, proponer otras explicaciones. Pero si presento una hipótesis tengo el deber de fundamentarla bien y ése es el problema con esta hipótesis: no ha sido fundamentada. Eso es lo que molesta”, dijo Jaramillo.

“Estoy seguro que en la Universidad de Chile hay muchos científicos que no habrían cometido el error que cometió Víctor Marín al proponer una hipótesis sin fundamento”, agregó.

Para el científico, la situación derivada del estudio de la U. de Chile es compleja y por eso realizarán una nueva investigación. En concreto, Jaramillo y su equipo encargaron equipos al extranjero para medir la temperatura sobre y bajo las aguas del humedal, información que luego será complementada con el análisis de estadísticas históricas, ya que la hipótesis de Marín plantea que las temperaturas bajo cero afectaron al luchecillo y para esto sólo se consideraron datos del aeropuerto de Pichoy. “En los últimos 12 años me recuerdo de muchas heladas, pero antes de 2004 nunca le pasó nada al luchecillo”, comentó el académico de la UACh.

Consultado del porqué no se realizó un estudio de este tipo en el informe de la Conama, explicó que sólo analizaron datos pluviométricos y de temperatura. “Teníamos cinco meses para llegar a una respuesta, teníamos que terminar… Podríamos haber analizados miles de cosas (aire temperatura, radiación ultravioleta), pero tuvimos que decidir y apuntamos a lo más razonable. Por experiencia empírica, por lo que uno ha vivido en el área, más el conocimiento teórico, uno puede decidir a qué variables ambientales dedicarles más atención y a cuáles no”.

Un ejemplo: si bien la radiación ultravioleta no fue parte de sus primeros estudios -pese a que se levantó como una de las posibles causas de la crisis en el santuario- el fenómeno se estudió posteriormente y hace un mes terminaron un informe sobre este tema que refuta esta teoría y que hoy es revisado por una revista científica norteamericana.

El profesor Marín fue contactado por La Nación para tener su opinión, pero declinó referirse al tema debido a que el contrato con Conaf aún no termina.

CONAF REITERA RECHAZO A ESTUDIO DE U. DE CHILE

En una declaración pública, la Conaf reiteró los dichos de su directora Catalina Bau en Valdivia: la nueva hipótesis sobre lo ocurrido en el humedal del río Cruces contenida en el Informe Final de la Universidad de Chile es una tarea que no encomendó esa corporación y lo que se pedía era valorar las hipótesis existentes.

Por esa razón la dirección ejecutiva de Conaf rechazó el informe y así se lo comunicó a las autoridades de esa universidad.

Conaf aclaró que el estudio, patrocinado en conjunto por la Convención Ramsar y cuya licitación se adjudicó el equipo del profesor Víctor Marín, correspondía a un ejercicio de modelamiento de lo ocurrido en el conflicto ambiental de río Cruces que condujera a acuerdos básicos sobre la recuperación posible del humedal.

Lo anterior se realizó en el contexto del inicio de la implementación del Plan Integral de Gestión de Río Cruces elaborado por Conaf por encargo del Gobierno Regional de los Lagos.

MINISTRA URIARTE ESPERA INFORME

En el Ministerio de Medio Ambiente están a la espera del informe técnico sobre las conclusiones del estudio de la Universidad de Chile que contradicen la tesis con la que ha trabajado el Gobierno. Este no es el primer episodio en que Conaf contradice a Medio Ambiente. El año pasado la institución organizó el seminario “Planificación para la conservacion de la biodiversidad en Chile” que sería inaugurado por Ana Lya Uriarte, pero todo quedó en nada porque la Conama y la ministra no sabían que uno de los auspiciadores era Celco. Un hecho que indignó a Uriarte y que terminó con la cancelación del evento.

CORMA APOYA A CELCO Y CRITICA A LA ADMINISTRACIÓN LAGOS

El informe de la Universidad de Chile caló hondo en el sector forestal. Tan hondo, que ayer la Corporación Chilena de la Madera (Corma) organizó un almuerzo de apoyo a Celulosa Arauco donde participó la directiva de la firma -el presidente del holding Empresas Copec, Roberto Angelini, y el presidente del directorio de la celulosa, José Tomás Guzmán- junto al presidente de Empresas CMPC, Eliodoro Matte, y el gerente de Masisa Chile, Gastón Urmeneta.

Tras el almuerzo, el presidente de Corma, Fernando Léniz, criticó el comportamiento del gobierno de turno -la administración Lagos- tras el episodio en el río Cruces porque, dijo, resta confianza al sistema institucional y desprestigia al país y al sistema en su conjunto. “La autoridad se dejó llevar por presiones ecologistas, que son muy explicables, para que no se perjudique el medio ambiente, pero no debieron tomarse decisiones apresuradas sin tener estudios serios al respecto”, dijo Léniz. “No puede ser que una institución diga una cosa y después aparezca diciendo otra cosa distinta. Se pierde confianza y esa es una de las gracias que tiene Chile”. El empresario pidió al Gobierno reconocer sus errores y no insistir en ellos.

Angelini y Guzmán, por su parte, agradecieron el apoyo.

“Creemos que ya pasó la etapa de las hipótesis. No hemos contratado un estudio para hacer nuevas hipótesis”, indicó la titular de Conaf, quien agregó que el organismo aún “no ha dado la aprobación a dicho informe, y prontamente le vamos a dar nuestros comentarios técnicos. Pero lo que se ha publicado no es para el objetivo para el cual fue contratado”, insistió.

En esa misma línea Bau indicó que si el informe “está más allá de los términos de referencias por los cuales fue contratada la Universidad de Chile, vamos a tomar las medidas que nos corresponden como corporación”.

El polémico estudio denominado “Modelo Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces”, elaborado por un equipo de la Universidad de Chile dirigido por el profesor Víctor Marín, cuyas conclusiones que salieron a la luz a fines de mayo señalaban que el desastre ecológico producido en el humedal del río Cruces fue producto de factores naturales. Una tesis opuesta a la  Universidad Austral de Chile, cuyo informe encargado por la Conama, atribuyó los cambios en el santuario “Carlos Andwanter” a los residuos industriales líquidos provenientes de la Planta Valdivia de Arauco.

“Lo que vale acá es lo que determinó la resolución de la Corema, donde está claramente establecido qué pasó y cuáles eran las medidas que tomar, y en base a esa resolución, a la Conaf se le encargaron una serie de tareas. Y entre ellas, el Plan Integral para el Río Cruces, donde está claramente establecido qué fue lo que le causó el daño al humedal”, aseguró Catalina Bau.

Profesores del Centro de Estudios Ambientales (CEAM) advierten que si la Conaf oficializa una nueva hipótesis sobre la muerte de cisnes de cuello negro ésta podría a futuro tener peso jurídico, en circunstancias que no tiene peso científico.

Un grupo de académicos de la Universidad Austral de Chile (UACH) envió una dura carta a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la que cuestionan el estudio denominado “Modelo Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces”, elaborado por un equipo de la Universidad de Chile -dirigido por el profesor Víctor Marín- y cuyas conclusiones son utilizadas hoy para exculpar a Celulosa Arauco del desastre ambiental en el santuario Carlos Andwanter.

La Conaf está a cargo de la recuperación del santuario y en ese marco licitó la realización de este estudio. Sin embargo, la conducción de este proceso levantó polvareda porque que las conclusiones que entregó Marín a fines de mayo se oponen a los estudios que la Universidad Austral elaboró a petición de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), por la muerte de cisnes de cuello negro. En 2005, la UACH atribuyó los cambios ocurridos en el santuario a los residuos industriales líquidos provenientes de la Planta Valdivia de Arauco.

Piden no avalar hipótesis

Los profesores que firman la carta son Pablo Villarroel, Enrique Estrada y Juan Carlos Skewes, todos pertenecientes al Centro de Estudios Ambientales (CEAM) de la UACH y que asistieron a la presentación del informe de la U. de Chile.

La hipótesis principal del informe plantea que el luchecillo alimento de los cisnes- desapareció debido a la concurrencia de tres factores simultáneos: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004. Sin embargo, los académicos advierten que la presencia de luchecillo se mantuvo en otros cauces de la misma cuenca, lo que evidencia que el planteamiento del estudio es débil.

“Si se da reconocimiento oficial a esta hipótesis se desacredita el estudio realizado por el equipo científico de la UACH y, de paso, se establece un antecedente que podría tener peso jurídico por el hecho de ser aprobado por un organismo del Estado”, advierten los profesores del CEAM, por lo que piden a Bau no dar reconocimiento oficial al estudio.

Manipulación de Ramsar

La ONG Acción por los Cisnes tampoco está conforme con los resultados del estudio que levanta una segunda hipótesis a la crisis ambiental y pedirá a la Convención Ramsar, tratado internacional que protege al humedal del río Cruces, que termine con el convenio de trabajo que mantiene con la Conaf, para que realice su trabajo con mayor autonomía científica del organismo estatal.

“Si la hipótesis (de la U. de Chile) dice que todo se debió a un fenómeno climático, le estamos diciendo a todo el mundo que no hay necesidad de ejecutar un plan de recuperación del santuario”, señaló uno de los voceros del movimiento, José Araya.

Acción por los Cisnes recordó que los fondos del estudio cuestionado fueron entregados por Celco a Ramsar, organismo que los derivó finalmente a Conaf y ésta a la U. de Chile, mecanismo que a la luz de los resultados es sospechoso para los ambientalistas. “La misma Conaf anunció que se iba a hacer esta triangulación de platas, por lo que nosotros creemos que desde un principio se pensó en esta suerte de manipulación de este organismo internacional”, dijo Araya, quien pedirá se auditen los fondos.

Ciudad de papel, que recoje la crisis ambiental en el río Cruces de Valdivia, se distribuye con The Clinic y se estrenará en cines el segundo semestre.

En octubre del 2004, la aparición de decenas de cisnes muertos en el río Cruces de Valdivia, provocó un verdadero remezón ecológico y generó un movimiento ciudadano de inusitada fuerza y alcance. El documental Ciudad de papel recogió esta lucha entre estos sectores y la empresa Celco -acusada de contaminar el río-, y con ello se convirtió en un verdadero hito regional y en la cara visible de uno de los mayores conflictos ambientales del país. Hoy, el filme se distribuye junto al diario The Clinic y se apresta para su estreno en salas santiaguinas.

“Fue una bola de nieve que fue creciendo”, recuerda su productor ejecutivo Bruno Bettati. “El movimiento ciudadano tenía una verdad, que la planta (de Celco) era la fuente del desastre, y por ello se pensó que el conflicto iba a durar poco. Pero este dura hasta hoy, incluso en el transcurso del tiempo hubo un cambio para peor”, sostiene.

Ciudad de papel, dirigida por Jorge Garrido y Claudia Sepúlveda, fue presentado con gran éxito en el Festival de Cine de Valdivia, y muestra el origen del conflicto, con declaraciones realizadas por los ex presidentes Frei y Lagos, autoridades de la Décima Región y detalla con profusión el nacimiento del movimiento ciudadano valdiviano Acción por los Cisnes, el que llegó incluso a desbordar las instituciones ambientales.

Explicando la ausencia del filme en las salas santiaguinas, Bettati explica que la exhibición de documentales en cines ha tenido un bajo impacto de público, pese a la cantidad de títulos que se están estrenando, y eso explica que la cinta no haya sido presentada aún en el circuito de salas santiaguino. “Lo que sucede es que los últimos estrenos documentales, incluso algunos tan buenos como Los Angeles negros, fue muy poca gente al estreno. Por ello nos concentramos en el disco”. aludiendo a la banda sonora del documental, realizado por la banda valdiviana La Desooorden.

No obstante el productor sureño, quien está tras filmes nacionales como Ilusiones ópticas y El cielo, la tierra, la lluvia (ambas filmadas en Valdivia), planea estrenar Ciudad de papel el segundo semestre, para saldar la deuda y responder al esfuerzo de cuatro años de trabajo.

El científico Víctor Marín, director del Laboratorio de Modelación Ecológica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, presentó ayer los avances de un estudio encargado por Conaf, que se enmarca en la primera fase del Plan de Gestión Integral del Santuario del Río Cruces. En ella se incluyeron ocho hipótesis, incluyendo la de estudios anteriores sobre el mismo fenómeno, dos de las cuales (frío y bajo caudal) eran nuevas.

La exposición fue interrumpida en varias ocasiones por las preguntas de ambientalistas de Acción por los Cisnes y Armadores Fluviales, quienes se sienten afectados económicamente por al contaminación del santuario.

Sobre los resultados, Marín dijo que “no hay que entrar en la dialéctica de cuál es la hipótesis que tiene más o menos peso. Hay decisiones que son urgentes y esa urgencia no debiera esperar lo que los académicos hacemos al interior de nuestras universidades”.

La nueva tesis tuvo reparos entre docentes de la Universidad Austral de Chile (Uach). El científico Eduardo Jaramillo señaló que “lo que hemos analizado no concuerda con la hipótesis presentada por el grupo de la Universidad de Chile. Es una hipótesis más, no sirve para explicar y no está bien fundamentada”.

Agregó que “no veo para qué sirve este trabajo de siete meses, si todo esto ya lo sabíamos. Lo que propusimos en 2006 a Conaf es que los monitoreos en  terreno partieran de inmediato y no fue así”. Por su parte, Angelo Romano, gerente de Asuntos Públicos de Celco, afirmó que “la empresa asume que la Planta Valdivia (de Celco) no ha tenido impacto en la muerte del luchecillo y consiguiente migración de cisnes desde el humedal del río Cruces”.

La estrategia es conocida: pedir concesiones de explotación minera para un fin distinto a la explotación de minerales. “En principio no es legal, si bien es una práctica muy común”, advierten en el Ministerio de Minería.

Argumentan que la Constitución, en su artículo 19 Nº24, vincula el otorgamiento de las concesiones mineras con un fin de utilidad pública, que sólo se satisface con desarrollar las actividades mineras propias de la concesión. “La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés publico que justifica su otorgamiento”, dice el cuerpo legal.

Celulosa Arauco y Constitución es una sociedad anónima cuyo rubro no es la minería. Así se desprende de la memoria 2006 de la empresa -la correspondiente a 2007 no está disponible en la página de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)-, donde se establece que “la empresa realiza directamente actividades de producción y venta de celulosa y es la sociedad matriz de un conjunto de empresas industriales y forestales”. No se hace referencia a la actividad minera. La firma del grupo Angelini tampoco ha informado si se va a involucrar en una nueva actividad mediante un hecho esencial a la SVS.

Concesiones para futuro ducto

Pese a lo anterior, el 28 de marzo pasado, el representante de Celco, Mario Urrutia, presentó en el Juzgado de Letras de San José de Mariquina los documentos para conseguir la concesión minera para hacerse de los derechos de explotación.

Según el expediente, se trata de 5.790 hectáreas de subsuelo, tituladas como “Mariquina” del 1 al 15, que cubren toda la bahía de Mehuín, en particular la zona de Mehuín Alto, donde tienen asentamiento comunidades lafquenches opositoras al proyecto.

¿Qué hay tras esa petición? Celulosa Arauco tiene plazo hasta abril de 2009 para ingresar un Estudio de Impacto Ambiental con una alternativa de descarga para sus residuos líquidos de la planta Valdivia distinta al río Cruces, donde se produjo el desastre ecológico.

Con la reciente petición de concesiones en la zona la opción de un ducto que desemboque en la bahía de Mehuín toma cada vez mayor fuerza, pues los terrenos solicitados dibujan claramente el camino desde la planta hasta mar, por la caleta Mississippi.

Acciones legales

La edición del 10 de abril pasado del Boletín Oficial de Minería señala que la “manifestación minera” contiene 14 solicitudes de concesión, unas 600 hectáreas de terreno, por donde iría el ducto. El documento de manifestación ya fue sancionado y proveído por el titular del juzgado de Letras, Edison Lara, para su reciente publicación en el boletín de minería. A contar de entonces, Celco cuenta con un plazo de 120 días para ejecutar las mediciones técnicas, después de la cual, el tribunal queda en condiciones de pronunciarse y, de no mediar objeciones, otorgar la concesión definitiva a la Celulosa, y otorgarle derechos exclusivos sobre el subsuelo minero.

“Eso es lo que se llama un fraude a la ley”, comenta el abogado de la Fiscalía del Medio Ambiente, Fernando Dougnac. El jurista explica que para revertir la solicitud, se debe solicitar una nulidad de derecho público en el juzgado de letras correspondiente.

Las organizaciones que rechazan la construcción del ducto al mar por la bahía de Mehuín no descartaron acciones legales para salir al paso de las pretensiones de la firma. “Es una práctica habitual de las empresas para blindar las futuras obras, inscribiendo el subsuelo, para evitar que un tercero pueda hacerlo, con lo cual se impediría la construcción (del ducto). Eso se ha hecho en muchos otros megaproyectos”, señaló el abogado Hernando Silva, del Observatorio de Derechos Indígenas.

En Conama se informó que el proyecto para definir el ducto de descarga de la empresa aún no ha ingresado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo tanto, no hay conocimiento de las características de construcción que podría tener éste. Sin embargo, si éste tiene áreas subterráneas o superficiales igualmente debe ser evaluado en su totalidad por el SEIA. Celulosa Arauco declinó referirse a este tema.

Un ducto con historia

La planta Valdivia entró en operaciones en febrero de 2004 con una inversión de 1.200 millones de dólares. A fines de ese año, el vertido de sus residuos industriales líquidos en el río Cruces provocó la muerte y migración de miles de cisnes de cuello negro y el desastre ecológico en el Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter.

Las autoridades ambientales impusieron, entonces, una serie de restricciones a la planta para su operación: exigieron a Celco, entre otros puntos, proponer y poner en operaciones una opción alternativa de descarga para sus riles, distinta al río Cruces, en el plazo de un año. Dicha iniciativa deberá ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en forma de Estudio de Impacto Ambiental. La Corema de la Décima Región extendió el plazo hasta abril de 2007 y en enero de ese año, lo postergó nuevamente por dos años.

En ese momento, Celco pensó en la bahía de Mehuín y encontró la resistencia de los pescadores y la comunidad. No era la primera vez. El conflicto entre las partes comenzó en 1996 cuando los trabajadores de la zona expulsaron a los expertos de la empresa que habían ocupado el sector para evaluar la posibilidad de construir un ducto submarino en la bahía. El panorama cambió en octubre de 2007: algunos lafquenches alcanzaron un acuerdo con Celco a cambio de 8,9 millones de dólares. En el otro escenario, no hay mejoría: en noviembre de 2007, el científico de la UACH Eduardo Jaramillo explicó que el santuario del río Cruces no se ha recuperado desde 2004 y que las aves herbívoras siguen disminuyendo.

Fuente: La Nación