Mehuin 18 de Octubre de 2010

El Comité de Defensa del Mar y las Comunidades Mapuche Lafkenche de la comuna de Mariquina expresan a la opinión publica lo siguiente.

EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE QUE VALIDA LA RESOLUCION AMBIENTAL DEL DUCTO AL MAR DE CELULOSA ARAUCO, ES UN RETROCESO PARA LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA APLICACION EN CHILE DEL CONVENIO 169, E INMORAL POR QUE VALIDA TAMBIEN LA CORRUPCION QUE ESTA EMPRESA HIZO DEL SISTEMA DE EVALUACION AMBIENTAL.

De la redacción del fallo de la Corte Suprema podemos indicar lo siguiente:

1.- Equipara la obligación a la consulta en los términos que demanda el Convenio 169 de la OIT, con la vulgar participación ciudadana de la Ley Ambiental de Chile. Esto es una burla para la ciudadanía en general, por cuanto estos procesos de participación han sido cuestionados por su manipulación y su nulo efecto en la Resolución Ambiental. En efecto, en los talleres realizados por la CONAMA de los Ríos para presentar el proyecto del ducto al Mar, fueron los propios funcionarios de esta repartición pública, los que indicaron a los presentes que la participación ciudadana del SEIA no es vinculante en la toma de decisiones de los proyectos.

2.- Declaramos que es inmoral que se atribuya a Celulosa Arauco el cumplimiento de las exigencias del Convenio 169 de la OIT, que incluyen la consulta de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias para recoger la opinión de las Comunidades Mapuche sobre este proyecto, cuando es de conocimiento publico el desastre social provocado en la población de Mehuin y alrededores, donde la tranquilidad se transformó en violencia producto de las grandes sumas de dinero que la empresa pago, y las presiones para asegurar una Resolución Ambiental favorable y la futura construcción del ducto al Mar en Mehuin. El fallo de la Corte Suprema legitima estas acciones que favorecen la corrupción.

3.- El fallo del Tribunal Suprema es una alerta para los Pueblos Indígenas de Chile. El fallo es un acto malicioso que pone en riesgo los derechos garantizados en los tratados internacionales de los que Chile se ha hecho parte. Denunciamos al juez  Pedro Pierre como responsable de estas manipulaciones que se suman a la defensa que las autoridades han hecho de los intereses de Celulosa Arauco.

4.- Por lo tanto, llamamos a los Pueblos Indígenas de Chile a estar alertas y denunciar las artimañas que se están estableciendo desde los poderes del Estado de Chile, que están decididos a no responder con las obligaciones del país en el ámbito de los derechos internacionales de los Pueblos Indígenas.

El fallo en contra de las comunidades Mapuche Lafkenche de la comuna de Mariquina es en contra de todos los pueblos originarios de Chile.

5.- El fallo de la Corte Suprema no altera de manera alguna la decisión de las comunidades Mapuche Lafkenche y del Comité de Defensa del Mar en oponerse a la construcción del ducto de Celco, como tampoco altera la decisión de denunciar internacionalmente al Estado de Chile que no garantiza justicia a las víctimas del modelos mafioso y cómplice de las multinacionales que invaden nuestras comunidades y los territorios ancestrales del pueblo Mapuche.

Comité de Defensa del Mar

Doce días después de que el Presidente Piñera anunciara la relocalización de la central Barrancones, en medio de las protestas de grupos ecologistas que veían amenazada la fauna del Parque Nacional Pingüino de Humboldt, en Punta de Choros, la Conama de la IV Región notificó oficialmente a la empresa GDF Suez Energy Andino de la aprobación ambienta: para la construcción del proceso.

El trámite reglamentario se cumplió el martes, a las 15.30 horas, momento en que la secretaria de la Conama regional entregó a la empresa la resolución ambiental que le permite construir la planta generadora, a 21 kilómetros al sur de Punta de Choros. La Conama deberá notificar de esta aprobación a todas las instituciones que participaron del proceso, entre ellas, unas 40 organizaciones ecologistas y ciudadanas que se opusieron al proyecto. De acuerdo con la ley medioambiental, las ONG tienen un plazo de 30 días para presentar un recurso administrativo ante la Conama, para pedir la revocación de esta resolución, de lo contrario, ésta se da por aprobada y la empresa Suez quedaría en condiciones de iniciar de inmediato la construcción de la central.

La paradojal situación se debe a que la intervención del Mandatario no se ajustó al procedimiento medioambiental, por lo que el proceso de estudio ad hoc y de aprobación siguió su curso.

Por lo mismo, sólo pocas horas después de la notificación, el intendente de la IV Región, Sergio Gahona, llamó a los ejecutivos de la empresa Suez para saber “¿qué iban a hacer?”. La decisión de la compañia seria seguir adelante con todas las etapas que fija la institucionalidad.

Hasta el momento, el gobierno no ha entregado a Suez una alternativa para la relocalización de esta central, que implicaba una inversión de US$ 1.100 millones. Con la aprobación ambiental en sus manos, la empresa tiene un plazo de cinco años para iniciar la ejecución del proyecto, sin necesidad de pedir nuevas autorizaciones medioambientales, periodo que excede al gobierno de Piñera.

El último estudio sobre proyección energética a 2025 lanza una conclusión tajante: el país tiene en carpeta proyectos que “superan con creces la demanda de los próximos 15 años” que, sumados a la contracción del consumo eléctrico, no sólo hace que HidroAysén sea “innecesario”.
También “que Chile podría prescindir en al menos un 40% de las nuevas plantas de carbón”.

La investigación titulada “¿Se necesitan represas en la Patagonia? Un análisis del futuro energético chileno” -a la que tuvo acceso La Nación- fue realizada por la consultora estadounidense de energía sustentable Stephen Hall & Asociados, y los expertos Roberto Román, Pablo Sánchez y Felipe Cuevas, del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile.

En 91 páginas, el libro se propuso “demostrar con datos precisos que es posible reemplazar el eventual aporte a la matriz energética del proyecto HidroAysén empleando energías renovables y un uso eficiente de energía”, por lo que en su introducción califica de “falsa” la tesis de Endesa en torno a que las cinco megarrepresas en la Patagonia responden a la “imperiosa necesidad de energía que demandaría la economía chilena” en el futuro.

Respaldado por el Consejo de Defensa de la Patagonia y la ONG Natural Resources Defense Council (NRDC), vinculada a Robert Kennedy Jr., el texto actualiza no sólo la cartera cerca de 200 proyectos concretos de generación eléctrica en base a energías renovables convencionales y no convencionales en desarrollo, sino también realiza una actualizada predicción de demanda eléctrica a 2025.

SOBRARÁ ENERGÍA

En este sentido, si el pronóstico de la Comisión Nacional de Energía (CNE) estableció en abril de 2008 que hacia 2025 la demanda crecería entre 5,5% y 6,5% por año, el estudio revisa el dato estimando que la demanda crecerá al 3% en 2009-2011 y 4,5% en 2012-2025.

Si bien “el escenario oficial (de la CNE) dice que a 2025 Chile va a necesitar 22.736 MW”, los expertos chilenos y estadounidense advierten que, sólo con los proyectos aprobados por la Conama, “se alcanzan 23.143 MW”.

Es más, en el “nuevo escenario” presentado en la actualizada investigación, “Chile sólo necesita 18.452 MW”, afirman. “Resulta evidente -agregan-, que el país estaría sobrecargado de recursos eléctricos al año 2025″.

Por lo mismo, el estudio plantea que “claramente no se necesita la construcción de HidroAysén” y que “cerca del 40% de la nueva generación basada en carbón podría ser eliminada”.

Dado lo anterior, si los proyectos de generación convencional “son reemplazados por desarrollo anticipado de energías renovables y medidas de eficiencia energética”, la potencial demanda eléctrica a 2025 “puede ser alcanzada”.

Es más, el texto precisa que sólo la eficiencia energética (EE) proyectada en 2008 por el Programa de Investigación de Energías de la Universidad de Chile permitiría ahorrar más electricidad que la que pretende generar HidroAysén: mientras la EE llegará a 3.041 MW en 2025, las cinco mega represas en la Patagonia tiene un potencial de 2.750 MW.

El estudio -que será presentado mañana en la Escuela de Ingeniería de la U. de Chile-, también advierte que la “abundancia” de proyectos energéticos va a derivar en una “lucha para ver quién toma qué parte de un mercado que crece menos de lo esperado”.

Con todo, el texto sostiene que hay una “oportunidad en los próximos tres años para reorientar de manera estructural el sistema (…) El primer paso es suspender HidroAysén y posicionar la EE y las energías renovables no convencionales como prioridaes”, finaliza.

Fuente: www.lanacion.cl

“Recibimos las últimas observaciones hace un mes y estamos subsanando eso, para remitir el informe a nivel nacional, antes de que se traspase a la Contraloría”, indicó, agregando que “todo es a largo plazo, en primer lugar, es importante que la propia comunidad regule el uso de la leña”.

En esta línea, recalcó, según informaciones de El Centro, que una solución integral no es impedimento para que los diversos actores involucrados en el tema puedan avanzar en su resolución, sobre todo a escasos meses de que comience el período más crítico, como es el invierno.

Señaló que todas las medidas apuntan a combatir y prevenir la compra de leña húmeda, ya que es esta la que ocupa la mayor congestión total en la ciudad.

Al respecto, Rivera dijo que se “realizó un trabajo en conjunto con la fundación Crate, que consistió en hacer un registro de los vendedores formales e informales de la ciudad. Posteriormente, los datos fueron traspasados al municipio, para que fiscalicen y se conozca quienes están con sus papeles en regla y quienes no”.

Un nuevo traspié sufrió el proyecto Trayenko de la firma Noruega SN Power luego de que el viernes la Comisión de Medio Ambiente (Conama) de la Región de los Ríos declarara inadmisible el ingreso de la central Maqueo debido a “temas formales”, según especificaron en la repartición pública, aludiendo al primer trámite conducente al estudio de fondo de la millonaria inversión.

El tropiezo afecta a la central Maqueo, situado cerca de Futrono y del lago Maihue, Región de los Ríos, y se trata del mayor de los cuatro complejos hidroeléctricos de Trayenko que además tiene en carpeta inversiones en Pellaifa, Reyehuico y Liquiñe, enclavados en el sector cercano a los lagos Panguipulli y Calafquén.

Los trabajos en la Región de los Ríos ya habían sido postergados en 2007 para profundizar el diálogo con los habitantes que se oponen a la ejecución de las obras, entre ellas las comunidades mapuches.

Maqueo 400 MW

El proyecto Maqueo -ingresado el 18 de febrero pasado- pretende estar operativo en 2013 para la generación de 400 MW de electricidad mediante estanques de regulación con ocho bocatomas que inundarán 114 hectáreas. No se trata de una central de pasada, ni tampoco de un embalse.

Según la empresa, el diseño contempla la captación de aguas de los ríos Pillanleufú, Curriñe, Ipela, Huenteleufú, Hueinahue, Chaichayén, Correntoso y Rupumeica, para su conducción hacia una “casa de máquinas subterránea que a la vez minimiza el impacto visual y ambiental de las instalaciones ubicadas en la zona de Maqueo”, señala SN Power.

El proyecto global está siendo desarrollado desde 2006 “Hidroeléctrica Trayenko S.A.”, en la que SN Power participa con un 80% de la propiedad. El restante 20% está en manos de la sociedad Centinela, en manos del empresario chileno Gustavo Pavez.

Mientras Maqueo aumentó de 320 a 400 MW la energía a generar, las aún en estudios Liquiñe, Pellaifa y Reyehueico mantienen los 118, 108 y 38 MW proyectados, respectivamente.

Una extraordinaria reserva de flora y fauna única en Chile inserta en playas vírgenes de la Región de Atacama se verá severamente amenazada en caso de concretarse el proyecto Central Termoeléctrica Castilla que planea construir el empresario brasileño Eike Batista, y que también incluye la instalación de un terminal marítimo para la descarga del carbón que abastecerá a la industria.

El gigantesco proyecto, emplazado en 600 hectáreas de la hacienda Castilla en el sector costero de Punta Cachos, a 80 kilómetros al sur-oeste de Copiapó, contempla la construcción de una central termoeléctrica compuesta por seis unidades de tecnología de carbón pulverizado de 350 megawatts (MW) de potencia cada una, lo que totaliza una capacidad de generación de 2100 MW cuando esté en completa operación, el año 2016. De acuerdo a esta capacidad, el proyecto sólo es superado por Hidroaysén, que proyecta una generación de 2700 MW.

Además, contempla la instalación de un depósito de cenizas de aproximadamente 125 hectáreas, y la construcción de un terminal portuario para abastecer de carbón a la industria, el que no fue incluido en el estudio de impacto ambiental del proyecto ingresado en diciembre a la CONAMA, y tendrá que ser presentado con posterioridad.

Rechazo por contaminación.

La iniciativa generó el inmediato rechazo de grupos y personas defensores del medio ambiente, entre quienes se cuenta el destacado arquitecto Gonzalo Domínguez, quien visita la zona junto a su familia hace cuatro décadas y desde hace algunos años se radicó definitivamente allí como propietario de parte de los terrenos de la hacienda Castilla. Su presencia en el lugar fue completamente omitida en el estudio de impacto ambiental de la empresa MPX, controlada por Batista.

“Me parece muy lamentable que cuando en el mundo la tendencia es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y se hacen grandes esfuerzos para ello, las autoridades nacionales estén siquiera evaluando la posibilidad de autorizar centrales que contemplan el uso de combustibles tan contaminantes como ésta, sin considerar que esta situación conllevará la destrucción inevitable de una magnífica reserva natural del país. Para quienes nos hemos dedicado a preservar este lugar, es una lástima que empresarios extranjeros, con exclusivo afán de lucro, pretendan instalar tecnología tan contaminante sin pensar en sus nefastas consecuencias para el ecosistema del país”, señaló el arquitecto.

Domínguez ha dedicado grandes esfuerzos a la conservación del medio ambiente, aspecto por el que es reconocido en la zona, y decidió oponerse seriamente al proyecto, por lo que reunió un equipo de profesionales del área legal y expertos medioambientales, con el fin de sustentar su posición.

Ecosistema amenazado

La zona de Punta Cachos, donde el empresario extranjero pretende levantar la central, cuenta con una extraordinaria biodiversidad, destacando por ejemplo una colonia de tortugas marinas que ha sido descrita en foros científicos como la más austral del mundo. Asimismo, existen poblaciones de pingüinos Humboldt y Guanay, que se encuentran en estado de conservación vulnerable y que residen en el islote Cima Cuadrada, frente al cual se instalará la central. A estas especies se suman lobos marinos, guanacos y diversas aves propias del lugar, entre otras.

Además, en este sector se produce el fenómeno de desierto florido, único en el mundo, que según el proyecto planteado será intervenido con el paso de líneas de alta tensión.

De ahí la preocupación por el daño irreversible que esta central provocará, toda vez que se considera que el uso del carbón como combustible es la opción más contaminante que existe para generar energía, debido a los desechos altamente tóxicos que produce, cuya magnitud en este caso resultaría catastrófica para la zona.

El proyecto se encuentra en etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental presentado a la CONAMA de la Región de Atacama, organismo que se encuentra emitiendo el informe que recoge cientos de observaciones formuladas por parte de los diversos servicios públicos con competencia en materia ambiental.

A juicio del abogado Patricio Escobar, quien forma parte del equipo profesional reunido por Domínguez, el estudio de impacto ambiental adolece de graves falencias. “En primer término, constituye una exposición parcial realizada a la autoridad de un proyecto mayor que considera necesariamente un terminal portuario a través del cual se abastecerá de carbón a la central. En consecuencia, el proyecto en su totalidad involucra numerosos y variados impactos ambientales que no han sido considerados por el titular en el estudio de impacto ambiental presentado y que por tanto, no pueden ser aún evaluados por la autoridad”, expresó.

El profesional advierte también sobre la omisión que se hace de la presencia de personas en el área de la central. “El estudio presentado omite la existencia de ciertos residentes y propietarios en el área del proyecto, y presenta una visión incompleta de la situación de flora, fauna y, en general, del ecosistema existente.

Por todas estas deficiencias es que lo consideramos inviable y así lo hemos expuesto ante las autoridades de CONAMA Regional. Además, nos encontramos desarrollando estudios técnicos que servirán de base a las observaciones que presentaremos oportunamente con el objeto de evitar que el proyecto se apruebe, al menos en los términos que se ha planteado”, concluyó.

Un rotundo rechazo está provocando el proyecto que la firma South World prepara para la Isla Guafo, desconocido paraíso ubicado al sur de Chiloé, luego de que esta compañía confirmara la compra de las pertenencias mineras para explotar carbón como insumo para plantas termoeléctricas.

Los socios de esta firma son Rodrigo Danús y Paul Fontaine, y adquirieron los derechos para explotar una superficie equivalente al 40% de la isla.

La presencia de carbón en la zona se detectó en 1942, pero recién este año concluyeron los estudios que determinaron la existencia del recurso de alta calidad.

Entre los detractores al proyecto se encuentra el biólogo marino y académico de la Universidad Austral, Rodrigo Hucke, quien trabaja actualmente en el diseño de un Área Marina Costera Protegida para Chiloé, que incorpora a la Isla Guafo dentro de la zona de preservación.

“Sería un error que el destino de la isla sea el emprendimiento minero, ya que amenazaría a uno de los principales bastiones remanentes de la biodiversidad marina y terrestre de Chile. Se pueden encontrar significativas y singulares concentraciones de fauna bentónica y corresponde a una notable área de alimentación y cuidado de las amenazadas ballenas azules y jorobadas”, advierte.

Por ello explica que es “altamente probable” que el Gobierno apruebe el área de protección, tras concluir la investigación que lleva adelante con fondos del gobierno regional.

El consejero regional Eugenio Rivera destaca que los avances de estudio de Hucke serán analizados el martes en Puerto Montt, en una reunión que encabezará el intendente Sergio Galilea.

Rivera afirma que el tema de la isla no estará ausente “porque el aumento del tráfico marítimo será un factor de riesgo para los cetáceos que se alimentan y circulan en la zona”.

FRENTE POR LA ISLA

En tanto, el coordinador de la Federación Williche de Chiloé, Sergio Cuyul, también manifesta su preocupación y señala que organizarán un “frente” para defender a la Isla Guafo. En caso de concretarse el proyecto, pedirán que el Gobierno considere el Convenio 169 de la OIT.

“La isla ha sido utilizada históricamente por nuestra etnia como refugio durante faenas de pesca y vamos a exigir que se nos escuche”, señaló Cuyul, quien pidió una reunión con Galilea el próximo miércoles 17.

Los pescadores artesanales tampoco se quedan de brazos cruzados. Ayer el presidente del Consejo Provincial de Pesca Artesanal de Chiloé, Jorge Aránguiz, viajó hasta la Conama local para indagar sobre la viabilidad del proyecto de South World.

El temor de Aránguiz es que la instalación de un muelle para sacar el carbón destruya bancos naturales de erizos y locos. Este medio intentó ubicar a Danús y Fontaine, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron a los llamados.

Patrimonio natural en peligro

La Facultad de Ciencias de la Universidad Austral estudia hace cuatro años la biodiversidad de la isla. Por eso para el profesor Roberto Schlatter la intervención será “lamentable” y se producirá donde habita la colonia de fardelas (aves) más grandes del mundo, con cerca de cuatro millones. Por su parte, Héctor Pavés, académico de la misma facultad, releva que en el lugar habita el pingüino de Magallanes y que además se ubica la única población reproductiva de lobos finos del país y por tanto es un sitio de dispersión y reserva genética para la especie, explicó.

Pero eso no es todo. Antonio Ruiz-Tagle, del Centro Ballena Azul, recordó que Isla Guafo incluye importantes sitios paleontológicos y de yacimientos fósiles protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, además de una antigua estación ballenera.

Por su parte, Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana, manifestó que “les preocupa que se esté proyectando extraer el carbón en lugares importantes y sensibles ecológicamente, como la Isla Guafo, donde las actividades de explotación minera deberían estar prohibidas.

“El mundo entero -dice-, se mueve hacia las energías renovables y Chile va en la dirección contraria al fomentar la termoelectricidad basada en la combustión a carbón. Esperamos que esta política se revierta y se apueste por fuentes que satisfagan la demanda, pero que sean más amigables con el medio ambiente”, concluye.

Absolutamente confiado en que podrán responder las 2.643 consultas de los organismos públicos y a las 11 mil de las organizaciones ciudadanas en los 9 meses que solicitaron de plazo para postergar la tramitación del proyecto HidroAysén, se manifestó ayer el presidente de la compañía, Antonio Albarrán, quien pese a eso dijo que veía imposible que el proyecto fuera aprobado en 2009.

“Iniciar la construcción (de la primera central) a fines de 2009 se ve ajustado hoy día, porque vamos a entregar las respuestas del primer Icsara el 26 de agosto y de ahí es imposible que salgan las aprobaciones durante el 2009″, aclaró.

Sin embargo, esta suspensión no es la única que ve durante el proceso de análisis de la obra, cuya inversión llega a los US$ 3.200 millones, pues indicó -sin mayores dramatismos- que es normal que en una iniciativa de envergadura haya varias solicitudes para responder Icsaras (Informes Consolidados de Observaciones).

“Es común en los proyectos que hayan dos Icsaras. En este es probable que haya más de un Icsara”, enfatizó.

LOBBY

El cambio de discurso de la empresa -que meses atrás estaba muy confiada de cumplir sus plazos de construcción, comenzando con la primera represa en 2009- es visto por las organizaciones ciudadanas como una nueva estrategia para seguir reforzando lo que, aseguran, ha hecho hasta ahora: usar el lobby político para dar curso al proyecto.

“Demuestra lo que hemos dicho siempre, que la empresa siempre ha optado, más que concentrar sus esfuerzos en un proyecto sustentable, altamente técnico y coherente con lo que es la Patagonia, por el lobby y la presión política. Ahora no les resultó, porque los organismos públicos le destrozaron su estudio y no me extrañaría que ahora su análisis sea ese (incidir en el próximo gobierno)”, dijo Patricio Segura, miembro de Patagonia Sin Represas.

11 mil Observaciones Ciudadanas

Ayer fueron ingresadas a la Conama de Aysén más de 11 mil observaciones ciudadanas de pobladores, organizaciones regionales y nacionales y centros de investigación al estudio de impacto ambiental de HidroAysén.

Los cuestionamientos, el mayor número nunca antes presentado a una iniciativa sometida en Chile a evaluación ambiental, se suman a los 3 mil 150 que hace un mes y medio 32 servicios públicos hicieran al proyecto que pretende construir 5 represas en los ríos Baker y Pascua.

“Estamos frente a una emergencia ambiental en la Sexta región en el Lago Rapel, que puede terminar con muchas pérdidas de empleo para esta temporada por lo cual demandados que se hagan investigaciones lo más pronto posible y se tomen las medidas de mitigación para evitar este daño al turismo y la flora y fauna de la sexta región”, sostuvo Letelier.

Agregó que “estamos absolutamente alarmados por la contaminación que se está viviendo en el Lago Rapel, situación absolutamente anómala, la contaminación cuyo origen no está identificado, pero que pareciera que estuviese vinculado al aumento de l amoniaco y de fosfato en las aguas de la región que produce unas microalgas muy invasivas, de corta vida que se pudren y deja un hedor insoportable en varias bahías del lago”.

“En mi calidad de senador de la Región –agregó- he pedido a la Conama y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuyo organismo es responsable de fiscalizar los riles, es decir, los residuos industriales líquidos superficiales, que son los que pueden identificar qué empresas o cómo las empresas están vertiendo líquidos a los cauces naturales que terminan en el Lago Rapel”.

Al mismo tiempo, solicitó al ministerio de Salud que realice muestras “para identificar a los responsables y, que se tomen las medidas preventivas para evitar que esta situación genere no solamente un mayor daño sino para ver como mitigar el daño que ya se está produciendo en la vida animal y flora de la zona, y también estudiar las responsabilidades de Endesa que no ha reaccionado que es dueña del dueño el embalse colindante y al igual para buscar mitigar el daño.

La contaminación del lago ha provocado que los proyectos inmobiliarios y turísticos hoy estén detenidos. La Armada y las autoridades sanitarias iniciaron una investigación que determinó que esto sería una microalga, llamada cianobacteria. También se cree que se trataría de restos de excrementos humanos o de cerdos y no se descarta que sean desechos de la empresa Endesa.