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Razones por las cuales el Gobierno NO debe admitir a trámite el Estudio Ambiental para construir Represas en Aysén

August 22, 2008 / admin / 22 comments

9 RAZONES PARA UN RECHAZO.
Razones por las cuales el Gobierno NO debe admitir a trámite el Estudio Ambiental para construir Represas en Aysén

1.- El proyecto Hidroaysén, de Endesa y Colbún, debe ser declarado inadmisible ya que viola dos acuerdos internacionales, con Argentina y Canadá, puesto que no existe un “Plan General de Utilización” de las cuencas de los ríos Baker y Pascua conforme a lo exigido por el “Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República de Chile y la República Argentina”. Legislación que además es parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá.

2.- La aprobación del proyecto consolidaría el monopolio del agua en Aysén al concentrar el
100% de los derechos de los ríos Pascua y Baker, sin resguardar adecuadamente las solicitudes de otros usuarios, impactando y vulnerando el derecho humano al agua. Ello pese a que la Dirección General de Aguas (DGA) ha declarado Aysén como zona de escasez hídrica (Decreto Nº 227 del MOPDGA, marzo 2008).

3.- El proyecto vulnera el derecho constitucional a la igualdad de trato en materia económica, ya que generaría una perdida anual de más de 4 mil empleos en el sector turismo e impediría el riego de más de 5 mil hectáreas de la cuenca del Baker, afectando el desarrollo de la agricultura y la ganadería de la zona.

4.- La aprobación del proyecto afectaría gravemente 24 áreas protegidas como el Parque Nacional Laguna San Rafael; 3 zonas de interés turístico y 26 humedales. Además de la inundación que generarían las 5 represas proyectadas, la línea de transmisión eléctrica de 2.270 kilómetros de largo, que cruzaría 9 regiones y 66 comunas, violaría diversos tratados internacionales como el Convenio de Conservación de la Biodiversidad afectando especies emblemáticas en peligro como el huemul.

5.- Endesa y Colbún engañan a la opinión pública al informar una reducción del área de inundación a 5.900 hectáreas, siendo que no han renunciado a derechos de agua vigentes que le permiten inundar 32.000 hectáreas, seis veces lo declarado. Por el contrario, con esto han pretendido realizar un “canje ambiental” con la autoridad requiriendo a cambio caudales gratuitos adicionales a los que ya posee, vulnerando la legalidad.

6.- La empresa abusa de la legislación utilizando fraudulentamente pertenencias mineras para un proyecto eléctrico, con la finalidad de presionar a los propietarios de las zonas a inundar, de reducir el valor comercial de sus propiedades y de obligar a la autoridad a otorgar permisos para el ingreso a los predios y para obras civiles en éstos. Dichas propiedades quedan prisioneras y sujetas al arbitrio de la empresa.

7.- Los componentes del proyecto serán evaluados parcialmente pues aunque se trata de 5 mega centrales hidroeléctricas y de sus obras anexas, entre las que se encuentran puertos, aeródromos y poblaciones, además de una extensa línea de transmisión eléctrica, única y exclusiva, de casi 2.300 km., sólo serán evaluadas las centrales contraviniendo nuestra Constitución, la Ley General de Bases del Medio Ambiente, e incumpliendo la obligación de fijar una línea de base clara sobre el área de influencia del proyecto como un todo, así como la de ingresar el proyecto en la Dirección Ejecutiva de CONAMA para ser evaluado en su conjunto.

8.- No se han formulado planes para la gestión integrada de las cuencas de los Ríos Baker y Pascua de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cuencas, compromiso adquirido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno y reiterado en su Mensaje del 21 de mayo de 2006: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente (…) incorporaremos el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas como eje de nuestra nueva política”.

9.- Falta de garantías en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental debido a la intervención de Ministros de Estado quienes, teniendo ingerencia en el proceso, y sin que el proyecto se haya evaluado, han dado públicamente un veredicto favorable al mismo, en un antejuicio que viola las garantías de un debido y probo procedimiento.

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Pascua Lama piensa instalar los tranques de relave en Chile

August 19, 2008 / admin / No comments

Es el primer proyecto minero binacional en el mundo. Con al menos US$ 2.400 millones de inversión, Pascua Lama -de la canadiense Barrick- es ahora la preocupación de los gobiernos de Chile y Argentina porque no han logrado llegar a un acuerdo sobre el sistema tributario que se aplicará a esta explotación, la que ya tiene un retraso de dos años.

Así, un fracaso en las tratativas pone en peligro otros cuatro proyectos binacionales en la zona, que representan una inversión por más de US$ 5.000 millones. Se trata de Las Flechas de Tenke Mining y CVRD; Pachón de Xstrata Copper; Vicuña de Lundin y Jogmec, y Amos Andrés, de Río Tinto (aunque este último por ahora está paralizado). “Para Pascua Lama, los gobiernos de Chile y Argentina armaron toda una arquitectura institucional que servirá para otras iniciativas mineras, que están viendo el desarrollo de este proyecto para decidir su futuro”, comentó un diplomático argentino. Fuentes del gobierno chileno y argentino, así como del sector minero, dicen que Barrick analiza traer al lado chileno los tranques de relaves de Pascua Lama -hoy planificados en la parte argentina del proyecto-, por dificultades con las autoridades de la provincia de San Juan.

“La gerencia de Barrick nos ha solicitado una reunión la próxima semana para analizar posibles modificaciones al proyecto”, dijo el seremi de Gobierno, Armando Flores. Sobre este punto, el gerente de Asuntos Corporativos de Barrick Chile, Rodrigo Rivas, señaló que “no es política de la empresa comentar sobre rumores o especulaciones”, agregando que por ahora la transnacional está “a la espera de la resolución de acuerdos tributarios transfronterizos y ciertos permisos antes de partir”. Y es enfático en señalar que “no daremos inicio a la construcción de Pascua Lama, mientras no se resuelvan satisfactoriamente los temas impositivos binacionales pendientes y obtengamos todos los permisos sectoriales, especialmente en Argentina”. Preocupados por la demora, en Barrick hacen ver que “los plazos para estas aprobaciones están fuera del control de la compañía”. El mayor escollo para modificar el proyecto y traer una parte de éste de Argentina a Chile es que requeriría un nuevo trámite ambiental.

“Si hay una modificación sustantiva al proyecto evaluado, éste tendría que ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia). Los tranques de relave no han sido evaluados ambientalmente en el país. Incluso si se presentara como un proyecto aparte, igual tendría que ingresar al Seia”, cuenta el director ejecutivo de la Conama, Álvaro Sapag. ¿Los plazos? Si el nuevo estudio no levanta dudas, debería resolverse en 180 días. Un profesional que sabe de la materia añade que “Barrick tiene compromisos mundiales y ya ha invertido mucho tiempo en este proyecto a la espera de su aprobación”. El profesional añade que Pascua Lama es un gran proyecto. “La idea es que lo desarrollen. La pregunta es cómo. En este minuto, Argentina le está poniendo muchos obstáculos”.

En cuanto a lo tributario, Barrick está a la espera de una definición tributaria. El Servicio de Impuestos Internos de Chile y el Servicio Tributario de Argentina no han logrado acuerdo, según comentan en la diplomacia transandina, en un ítem complejo: el de los servicios transfronterizos indivisibles. “Se trata de servicios como los de los camiones que sacan piedras adentro del hoyo y que circulan en Chile y Argentina”, explica el director de Impuestos Internos de Chile, Ricardo Escobar. Según esta autoridad, “la tributación (a la renta) de Pascua Lama está clarísima y no hay nada más pendiente que la de los servicios transfronterizos indivisibles, que yo espero se resuelva antes que finalice el 2008″. Pero en el Gobierno chileno dicen que Argentina busca que la mayor cantidad de tributos a las ganancias se quede allá, lo que no sería tal bajo el actual esquema, donde cerca del 80% se pagaría en Chile.

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Plan antiesmog aborda Transantiago, catalíticos, estufas a leña y ciclovías

July 15, 2008 / admin / 7 comments

Desde la industria a las motos, la Conama aprobó el texto con nuevas exigencias para reducir el esmog: más filtros para Transantiago en 2009, cambio de estándares para la revisión técnica de catalíticos en 2010 y gradual prohibición de uso estufas a leña en 2011, entre otras medidas, serán sometidas a 60 días de discusión ciudadana.

El 11 de julio pasado la Conama aprobó el anteproyecto de actualización de Plan de Descontaminación (PPDA) de Santiago que contiene las nuevas exigencias con el objetivo de alcanzar las “normas de calidad del aire del PPDA en el año 2011″, resolución exenta que será publicado hoy por el Diario Oficial.

El texto establece un cronograma que comienza en marzo de 2009 y se extiende hasta pasado 2015 con medidas que van desde la calidad de los combustibles, a la exigencia de filtros para nuevos buses de Transantiago y camiones, además de diversas vías para controlar el esmog emitido por el parque de autos con y sin convertidor catalítico.

El texto puntualiza mayor control a emisiones industriales de esmog, y además establece un calendario de prohibición gradual de uso de estufas a leña que no cumplan con la norma más exigente.

Dentro de los próximos 60 días hábiles, el texto será sometido a una consulta ciudadana donde cualquier persona podrá formular “opiniones fundadas” conducentes a modificar las medidas antiesmog.

En el proceso también opinará el consejo consultivo de la Conama. Previo paso por el Consejo de Ministros, se espera que el texto final del PPDA comience a regir oficialmente en abril de 2009.

2010: Quemas agrícolas y otros
A partir de 2010, se establecerá la prohibición total de las quemas agrícolas durante todo el año en la Región Metropolitana.
A 2010 aumentarán en 1.800 nuevas hectáreas la dotación de áreas verdes.
El programa de lavado y aspirado de calles se mantendrá hasta 2010.
Se ejecutará un programa de seguimiento y control de emisiones intramuros; certificación de equipos de calefacción domiciliarios.

2009-2010: PM 2,5 y Ozono
2009-2010Se actualizará el sistema de pronósticos de PM10 vigente
Se desarrollará en fase de diagnóstico la modelación del PM 2,5 y se avanzará en la implementación de un modelo operacional para pronósticos de ozono troposférico.

2009-2012: Filtros para buses
A partir del 1 de septiembre de 2009, los nuevos buses de Transantiago que cuenten con la moderna tecnología Euro III, deberán adicionalmente contar con filtros que reducen en un 95% el esmog actual. A contar del 1 de septiembre de 2010, la norma se extiende a los nuevos Euro IV.
Los camiones deberán tener estos filtros a partir del 1 de septiembre de 2010 (Euro III) y del 1 de septiembre de 2012 (Euro IV).
Además, en un plazo de 12 meses después de publicada la actualización del PPDA, la Conama y los ministerios de Transportes y de Hacienda establecerán un programa de incentivos y financiamiento para filtros antiesmog.

2010-2012: Parque vehicular
En un plazo de un año después de publicado el PPDA, se actualizarán los estándares de emisión controlados en las plantas de revisión técnica. Dentro de 6 meses de publicado el PPDA, la Conama establecerá un programa para acelerar el retiro de los vehículos sin sello verde.
La Conama y los ministerios de Transportes (MTT) y de Hacienda, “en un plazo de 12 meses después de publicado el PPDA, establecerán un programa de incentivos para la implementación de tecnologías “de cero y ultra baja emisión directa”.
En el plazo de 6 meses, el MTT establecerá la forma en que el nivel de emisiones de dióxido de carbono (CO2) será comunicada a los consumidores.
Se implementarán nuevas normas para vehículos nuevos entre el 1 de septiembre de 2010 y el 1 de septiembre de 2012.

2009: Restricción vehicular
Durante fines de semana de alerta ambiental, se modifica a 4 dígitos la restricción para autos, motos, taxis, buses interurbanos, rurales y transporte de carga SIN SELLO VERDE. Se sube a 5 dígitos la restricción a transporte escolar en fines de semana de alerta.

2009-2015: estufas a leña
A partir del 1 de marzo de 2009 todo calefactor nuevo que se venda en Santiago “deberá contar con un rotulado que entregue información al consumidor sobre su nivel de emisiones.”
Se establecen nuevos límites de emisiones a partir del 1 de marzo de 2011 y de 2013.
La prohibición de “uso permanente” de estufas a leña será de modo gradual: en 2009 y 2010, se prohíbe el uso de chimeneas de combustión abierta y, gradualmente, entre 2011 y 2015 se ejecutará la prohibición permanente según al nivel de contaminación que emitan, previo registro oficial de los calefactores en uso que deberán realizar la Conama y los municipios.

2010: Industrias
A partir de 2010, paralizarán en preemergencia y emergencia las fuentes que incumplan sus metas de NOx (óxido de nitrógeno) y SO2 (dióxido de azufre).
Las empresas deberán informar a la autoridad cada cambio de combustible que haga aumentar sus emisiones.
Todas las fuentes emisoras del tóxico NOx deberán acreditar sus emisiones. Se mantienen metas de reducción de PM y NOx para grandes industrias.
Dentro de los 6 meses después de publicado el PPDA se establecerá monitoreo continuo de emisiones de contaminantes para mayores emisores.
Se hará un catastro establecimientos productores de aerosoles orgánicos (COV) que inciden en la formación del ozono más dañino para la salud.
Continuará el programa de control de grupo electrógenos.
Conama y Sernac mantendrán actualizada lista de modelos de calefactores que cumplen con la norma, además de información en puntos de venta.
A partir del 1 de marzo de 2010 se controlará el comercio de leña.

2012: ciclovías
Como parte del programa de incentivos al uso de vehículos no motorizados, se aumentará la red de infraestructura para bicicletas. En un plazo de 5 años (2012) se construirán 690 kilómetros de ciclovías en la Región Metropolitana.

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Se inicia trámite para crear Ministerio de Medio Ambiente

July 3, 2008 / admin / One comment

La nueva cartera tendrá entre sus competencias el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

Ayer se inició en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, la tramitación del proyecto de ley que crea por primera vez en Chile, el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.

Según la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, “estamos hablando, de la mayor reforma ambiental de los últimos 14 años en nuestro país”.

Asimismo, sostuvo que el objetivo final de esta discusión, es lograr “una institucionalidad moderna y eficiente, que busque la sustentabilidad, la integración y la calidad de vida de la comunidad, velando por los equilibrios entre crecimiento económico y protección de la naturaleza”.

El nuevo ministerio tendrá entre sus competencias el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El proyecto contempla además la creación de una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, la cual tendrá un conjunto de facultades para gestionar un sistema integrado de fiscalización ambiental, de manera de resolver las principales deficiencias del actual modelo.

Del mismo modo, la iniciativa permitirá que la actual Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) se transforme en un Servicio de Evaluación Ambiental.

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Ministra Uriarte afirma que las Coremas serán eliminadas para terminar con su politización

June 23, 2008 / admin / No comments

La Presidenta Michelle Bachelet y su ministra Ana Lya Uriarte decidieron reformar uno de los estamentos más criticados de la legislación ambiental chilena: las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Coremas), que serán eliminadas debido a que la politización de sus decisiones afectó, en muchos casos, la credibilidad del sistema.

Se trata del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental -enviado el jueves a la Cámara de Diputados-, el que propone terminar con las instancias que hasta ahora evalúan y califican ambientalmente los proyectos de empresas públicas y privadas en las distintas regiones del país.

Según la ministra Uriarte, eliminar estos consejos ha sido una de las principales demandas para la reforma ambiental en marcha. Lo han pedido diversos sectores, precisa, desde los ambientalistas hasta los empresarios, pasando por las comunidades y los parlamentarios.

“Ello, fundamentalmente por la circunstancia de que en un órgano de 20 miembros (Corema) concurrían sujetos con competencia pública, pero también con decisión política, lo que para muchos genera en la aprobación y rechazo de proyectos la consideración de aspectos diversos a los regulados, dando origen a confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectando la credibilidad del sistema”, admite.

Uriarte recalca que a la hora de calificar un proyecto debe primar el mérito técnico, por lo que la reforma en marcha apunta a perfeccionar el marco institucional, dando claridad y eficacia a las reglas del juego, para lo cual se estructuran incentivos que promueven conductas deseadas y establecen el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollarán en cada región.

En lugar de las actuales Coremas, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo crea comisiones de Seremis en cada una de las 15 regiones del país. La nueva instancia estará integrada por el seremi del Medio Ambiente, quien la presidirá, y otros nueve seremis.

“En consecuencia, no forman parte del órgano que decidirá proyectos ambientales los intendentes ni los gobernadores ni los consejeros regionales”, acota Uriarte.

Aunque la idea de la ministra es descomprimir de factores políticos las decisiones que toman las Coremas, cabe hacer notar que los seremis también son funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo. La idea, así, de la reforma es que opere el criterio técnico de los seremis, sin que éste sea contaminado por el factor político que puedan introducir sus jefes a nivel regional, que son los intendentes.

El rediseño de la institucionalidad ambiental se basa en la necesidad de distinguir tres ámbitos: la dictación de las políticas y normas ambientales, radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; la gestión ambiental, que reside en el Servicio de Evaluación Ambiental, y la fiscalización, centrada en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Consultado sobre el proyecto que lo excluye de la posibilidad de decidir qué proyectos se realizan o no en su región, el intendente Metropolitano, Álvaro Erazo, dijo que había recibido el texto sólo el jueves, por lo que declinó pronunciarse: “Voy a estudiar la propuesta y luego mandaré mi respuesta al Gobierno”.

En cambio, su colega de la Región de los Lagos, Sergio Galilea, se mostró partidario de la modificación legal. “Creo que ello implicará que las Comisiones de Seremis puedan adoptar decisiones en forma más ágil”, acotó desde Puerto Montt.

Para la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, los bullados casos de la planta de gas propano en Peñalolén y de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia son dos ejemplos que revelan el deficiente cometido de las Coremas. “Hay un consenso transversal de que esos órganos simplemente no dan para más”, sostiene.

“La propuesta es positiva y más transparente. Este paso va a dar garantías a todos los sectores. Las decisiones tienen que ser técnicas para terminar con eso de que no le gustó al intendente, al partido político de turno o el lobby que tuvieron los distintos sectores”, concluye Sara Larraín.

CONDICIÓN

OCDE: Este rediseño ambiental le permitiría a Chile entrar al club de naciones industrializadas y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Quiénes integran las comisiones

Cada Corema está integrada por el intendente regional, quien la preside; los gobernadores provinciales de la región; los secretarios regionales de los ministerios que forman el consejo directivo de Conama (Economía, Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Planificación, Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia); cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo consejo, y el director regional de la Conama, que actúa como secretario.

Hay además un comité técnico de Corema, integrado por el director regional de Conama, que lo preside, y los directores regionales de los servicios públicos con competencia en materias ambientales.

Un ejemplo de cómo el factor político influye en el análisis técnico de una Corema ocurrió en 2006, cuando la correspondiente a la Región Metropolitana rechazó la instalación de una planta de transferencia de basura en Quilicura, propuesta por la empresa Gersa.

En la época, el representante de Gersa era el abogado DC Clemente Pérez -hoy presidente de Metro-, quien acusó una operación política para negar el permiso ambiental a la planta pese a que ésta contaba con evaluaciones favorables de los organismos técnicos. “En este caso hubo una concertación o alianza, o acuerdo político de todos los sectores, entre el PPD y la UDI, por el rechazo al proyecto”, reclamó Pérez, aludiendo al entonces intendente Víctor Barrueto (PPD).

El abogado de Gersa opinaba con conocimiento de causa, ya que anteriormente ejerció como director ejecutivo de la Conama.

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