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EL ESPECTACULO DE COLBUN

EL ESPECTACULO DE COLBUN

Jan Bannister, Ingeniero Forestal.

Luego de varias extensiones de plazo, Colbún presentó la segunda Adenda respondiendo a las observaciones negativas realizadas por los servicios públicos y ciudadanía en general. Es un documento muy largo y que a simple vista sorprende por su extensión. Al terminar de leer el documento sorprende también que queden aún muchísimas dudas, las cuales se han planteado desde hace más de un año y que la empresa aún no responde o simplemente evade. Es más hay 3 preguntas que no se responden y 16 que se repiten (lo que le da más extensión al documento). Además se filtran las observaciones ciudadanas.

Luego de esta Adenda quedan muchas observaciones entre las cuales se puede resaltar que Colbún reconoce que habrá un efecto en el caudal del río bajo la represa, sobretodo en el primer año de construcción, lo que afectará toda la cuenca hasta Valdivia. Nuevamente la empresa se niega a presentar un plan de abandono luego que la represa cumpla su vida útil o simplemente deje de funcionar. Aún no se soluciona el tema del paso de peces absorbidos por turbinas, túneles, y no habrá obras civiles que aseguren el normal flujo de peces aguas arriba y abajo de la represa. Existen además dudas con el caudal ecológico bajo la represa y los derechos de agua. Por último se reconoce que el proyecto afectará el trabajo de los nalqueros que trabajan en el río y las acciones de mitigación y compensación son insuficientes y vergonzosas, entre muchas otras observaciones que aún se pueden realizar.

Existen muchas dudas más pero sobretodo preocupan tres temas: a) El cálculo de los caudales máximos y mínimos se hizo en base a un registro histórico de sólo 46 años lo que es absolutamente insuficiente. Los últimos estudios sobre caudales demuestran que se debe tener un registro mucho mayor para poder predecir las futuras sequías o tiempos de crecidas. Además producto del cambio climático cada vez los eventos secos y de crecidas serán más extremos. Para peor, el modelo que se construyó para ver hasta donde llega la cola del embalse se hizo con registros desde 1985 en adelante. a) En el caso hipotético que los modelos hechos por COLBÚN fueran correctos, en tiempos de crecida el lago Riñihue aumentaría 20 cm su nivel respecto a la situación sin proyecto y lo que es más grave 18 días al año durante el verano, el embalse se juntaría con el Lago Riñihue controlando el nivel de este. De esta forma el área de influencia directa del proyecto sería muchísimo más extensa en superficie que la que incluye el EIA presentado por Colbún. Esta es una situación que la empresa venía negando desde abril del 2007 y que hoy es reconocida por los propios datos que presenta Colbún en la Adenda; c) Se le pidió a la empresa que realizara un nuevo estudio sobre el impacto en el Turismo y que se tomara en cuenta la real potencialidad del río. Este requerimiento fue evadido y para peor se mintió señalando que hubo reuniones con Pueblito Expediciones principal operador turístico del río, las cuales nunca se llevaron a cabo.

Los opositores al proyecto venimos anunciando hace más de un año que el proyecto de embalse en el Río San Pedro tendría un efecto en el nivel del Lago Riñihue. Esto fue desmentido constantemente por la empresa y en esta última Adenda quedó a la luz pública. En este contexto queda la pregunta: Si Colbún mintió en las observaciones sobre el impacto en el turismo, con que seriedad se pueden acoger las otras respuestas en diversos temas mucho más complejos?

Si a esto se le suma la tala ilegal de bosque nativo realizada por Colbún en las orillas del Río San Pedro (infracción actualmente en fiscalía de Los Lagos) y las presiones a autoridades políticas y ciudadanas en Panguipulli, Los Lagos y Valdivia, no queda más que pedirle a los servicios públicos que sigan firmes realizando sus observaciones al proyecto, y a nuestras autoridades ambientales que rechacen un proyecto que desde sus inicios es malo.

Como ciudadanos de la Región de Los Ríos debemos exigir a nuestras autoridades regionales que no aprueben ningún proyecto hidroeléctrico antes que no se realice un Plan de Ordenamiento de las Cuencas de la Región. Luego de eso se sabrá en que río se pueden hacer proyectos hidroeléctricos y en cuales se priorizarán otros potenciales como el turístico o la protección de la naturaleza. Necesitamos energía, de eso no cabe duda, pero debemos ser responsables con nuestro futuro y planearlo de forma ordenada y no descontrolada o a corto plazo como lo están realizando nuestras autoridades actualmente.

Pascua Lama piensa instalar los tranques de relave en Chile

Es el primer proyecto minero binacional en el mundo. Con al menos US$ 2.400 millones de inversión, Pascua Lama -de la canadiense Barrick- es ahora la preocupación de los gobiernos de Chile y Argentina porque no han logrado llegar a un acuerdo sobre el sistema tributario que se aplicará a esta explotación, la que ya tiene un retraso de dos años.

Así, un fracaso en las tratativas pone en peligro otros cuatro proyectos binacionales en la zona, que representan una inversión por más de US$ 5.000 millones. Se trata de Las Flechas de Tenke Mining y CVRD; Pachón de Xstrata Copper; Vicuña de Lundin y Jogmec, y Amos Andrés, de Río Tinto (aunque este último por ahora está paralizado). “Para Pascua Lama, los gobiernos de Chile y Argentina armaron toda una arquitectura institucional que servirá para otras iniciativas mineras, que están viendo el desarrollo de este proyecto para decidir su futuro”, comentó un diplomático argentino. Fuentes del gobierno chileno y argentino, así como del sector minero, dicen que Barrick analiza traer al lado chileno los tranques de relaves de Pascua Lama -hoy planificados en la parte argentina del proyecto-, por dificultades con las autoridades de la provincia de San Juan.

“La gerencia de Barrick nos ha solicitado una reunión la próxima semana para analizar posibles modificaciones al proyecto”, dijo el seremi de Gobierno, Armando Flores. Sobre este punto, el gerente de Asuntos Corporativos de Barrick Chile, Rodrigo Rivas, señaló que “no es política de la empresa comentar sobre rumores o especulaciones”, agregando que por ahora la transnacional está “a la espera de la resolución de acuerdos tributarios transfronterizos y ciertos permisos antes de partir”. Y es enfático en señalar que “no daremos inicio a la construcción de Pascua Lama, mientras no se resuelvan satisfactoriamente los temas impositivos binacionales pendientes y obtengamos todos los permisos sectoriales, especialmente en Argentina”. Preocupados por la demora, en Barrick hacen ver que “los plazos para estas aprobaciones están fuera del control de la compañía”. El mayor escollo para modificar el proyecto y traer una parte de éste de Argentina a Chile es que requeriría un nuevo trámite ambiental.

“Si hay una modificación sustantiva al proyecto evaluado, éste tendría que ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia). Los tranques de relave no han sido evaluados ambientalmente en el país. Incluso si se presentara como un proyecto aparte, igual tendría que ingresar al Seia”, cuenta el director ejecutivo de la Conama, Álvaro Sapag. ¿Los plazos? Si el nuevo estudio no levanta dudas, debería resolverse en 180 días. Un profesional que sabe de la materia añade que “Barrick tiene compromisos mundiales y ya ha invertido mucho tiempo en este proyecto a la espera de su aprobación”. El profesional añade que Pascua Lama es un gran proyecto. “La idea es que lo desarrollen. La pregunta es cómo. En este minuto, Argentina le está poniendo muchos obstáculos”.

En cuanto a lo tributario, Barrick está a la espera de una definición tributaria. El Servicio de Impuestos Internos de Chile y el Servicio Tributario de Argentina no han logrado acuerdo, según comentan en la diplomacia transandina, en un ítem complejo: el de los servicios transfronterizos indivisibles. “Se trata de servicios como los de los camiones que sacan piedras adentro del hoyo y que circulan en Chile y Argentina”, explica el director de Impuestos Internos de Chile, Ricardo Escobar. Según esta autoridad, “la tributación (a la renta) de Pascua Lama está clarísima y no hay nada más pendiente que la de los servicios transfronterizos indivisibles, que yo espero se resuelva antes que finalice el 2008″. Pero en el Gobierno chileno dicen que Argentina busca que la mayor cantidad de tributos a las ganancias se quede allá, lo que no sería tal bajo el actual esquema, donde cerca del 80% se pagaría en Chile.

Gerente de Hidroaysen: “Chile no va a descansar en las energías renovables”

El gerente de la sociedad que componen Endesa y Colbún dice que las renovables hoy sólo son parte del debate, mientras no haya un proyecto del potencial energético de HidroAysén en el SEIA. No sólo eso: asegura que los países de la OCDE subsidian las renovables sólo hasta 4,8%, porque cuestan cuatro u ocho veces más que la hidroelectricidad. “Esos costos hay que sincerarlos”, apunta.

Hernán Salazar, gerente general de la sociedad HidroAysén, que el jueves ingresó a evaluación el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para construir cinco represas en la Patagonia, tiene clara la película: ni el auge mundial del carbón, que de aquí a seis años verá la entrada en funciones de cerca de 300 nuevas generadoras termoeléctricas a lo largo del planeta, ni las voces que piden que el Estado subsidie a las energías renovables no convencionales (ERNC) para hacerlas competitivas le nublan el discurso: “La energía hidroeléctrica a gran escala es la más competitiva del mundo”, asegura, y aterriza sus palabras en la realidad del país: Chile ha desarrollado sólo un 25% de su potencialidad hidroeléctrica y queda mucho por hacer.

-Las universidades que desarrollaron el estudio Aporte potencial de energías renovables no convencionales y eficiencia energética a la matriz eléctrica 2008-2025 piden subsidios para desarrollar las ERNC. ¿Qué le parece la propuesta?

-Eso es parte de las limitaciones de las energías renovables no convencionales, que nacieron, se han desarrollado y se van a morir en base a subsidios. Esa es una realidad y no porque los ingenieros que las desarrollaron no sean competentes, sino porque la naturaleza ofrece y dispone la energía en el viento, marea o el sol de una manera muy difusa, cuando las necesidades humanas son mucho más intensas. Entonces hay una limitación natural. Los países de la OCDE no subsidian las energías renovables sino hasta 4,8% de su matriz energética, y eso que son países tres veces ricos que nosotros. Usted no le puede imponer a la billetera de los chilenos que paguen energía cara por promover una forma de energía.

-Pero sí tenemos leyes aprobadas que las promueven.

-Y es necesario que sea así. Esas leyes fomentan una cobertura de energía renovable del 10% de la matriz energética del país de aquí a un cierto período (2024), lo cual es posible pero también es un desafío. Las energías renovables las vamos a usar, no hablamos en contra de ellas, pero hay que tener claro que son un complemento. No se puede pensar que el país va a descansar en las energías renovables. La pregunta es cuál va a ser el respaldo cuando no haya viento o sol. Las renovables tienen un factor de planta muy bajo y esos costos hay que sincerarlos. Esas energías, en realidad, cuestan de cuatro a ocho veces más caras que la hidroelectricidad convencional.

-Estos estudios aparecieron como una alternativa al proyecto HidroAysén.

-Una alternativa al proyecto HidroAysén es real cuando ingresa como una iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con una cantidad de energía y potencia como la que nosotros ingresamos. Mientras eso no ocurra es un tema que ayuda al debate y a la conversación, pero no representa una alternativa.

-¿Conoce la alternativa que plantea Hernán Sandoval, de un proyecto termosolar en el norte que incluso ha presentado en círculos políticos?

-El proyecto HidroAysén es mucho eficiente y respetuoso en sus aportes al país y a la competitividad nacional, que ha caído casi a los niveles que tenía en 1999. La energía juega un factor importante en eso y hay que pensar en soluciones sustentables y de bajo costo. No tenerlo claro es trabajar de espaldas a toda nuestra capacidad de producción de bienes y servicios exportables.

-¿Ve la opción nuclear como una amenaza al negocio de la hidroelectricidad?

-En ningún caso. Nuestro país tiene que duplicar su fuente de abastecimiento en los próximos diez años y todo ayuda; si hay que estudiar energía nuclear, hay que hacerlo. También ayudan la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales, pero por cierto que lo más importante es generar un abastecimiento competitivo y potente como lo es en base a energía hidroeléctrica, de la que Chile ha desarrollado sólo un 25% de su potencialidad.

-¿Por qué presenta el proyecto HidroAysén como un “proyecto país”, si en realidad es un proyecto privado?

-Esas cosas nacen del reconocimiento de la comunidad, de las entidades académicas, de los políticos que están atentos al tema de la energía. Es un proyecto país porque las escalas de tiempo que toman involucran varios períodos presidenciales, que a lo mejor pueden ser de partidos políticos distintos, y para que esto se desarrolle necesita ser entendido como un proyecto que el país necesita, más allá de cualquier visión política particular. //LND

La esperanza renovable

Un estudio de investigadores de las universidades de Chile y Técnica Federico Santa María, presentado la semana pasada, señala que dentro de 17 años las energías renovables no convencionales (ERNC) podrían abastecer hasta un 47,5% de los requerimientos del Sistema Interconectado Central (SIC), que representa el 69% de la matriz energética del país. Según el mismo informe, si las autoridades promovieran una buena política de eficiencia energética, este tipo de energía podría abastecer hasta el 70,8% del consumo del SIC. En base a estas proyecciones, diversas organizaciones ambientalistas propusieron que se aumentara el porcentaje que, según una ley de reciente aprobación, las empresas generadoras deben producir a partir de fuentes renovables, y que debería llegar al 10% del total en 2024.

Bachelet aboga por una institucionalidad medioambiental “moderna y eficiente”

Jefa de Estado firmó proyecto de ley que crea el Ministerio del ramo y la Superintendencia de Fiscalización ambiental.

“Este proyecto es un tremendo paso”, dijo la Presidenta Michelle Bachelet al firmar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Medioambiente y la Superintendencia de Fiscalización ambiental en una ceremonia realizada en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Rodeada de los ministros integrantes del concejo de la Conama, representantes del empresariado como Alfredo Ovalle y del mundo ecologista como sara Larraín, la jefa de Estado recordó que este proyecto fue compromiso de su campaña. Incluso se dio tiempo para bromear al contar una infidencia de la ministra Ana Lya Uriarte: “La ministra me decía me siento como cuando estuve en mi parto y yo le dije felcitaciones pariste un niño o una niña”, frase que grafica lo que Bachelet llama “un proceso para construir una respuesta a una necesidad y la respuesta será perfectible, pero nosotros no queremos no hacernos cargo de un tema que había que abordar con seriedad”.

Para la jefa de Estado el objetivo final tras este proyecto es lograr “una institucionalidad moderna y eficiente que busque la sustentabilidad, la integración y la calidad de vida de la comunidad. Estoy segura que este proyecto va a generar mucha discusión, para algunos será insuficiente y para otros excesivo, porque es claro que frente al tema de medioambiente hay distinas posturas e intereses, pero en el parlamento habrá el espacio para que los distintos actores digan cuanto más quieren o cuanto menos y por qué”.

El nuevo Ministerio colaborará con el Ejecutivo en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El proyecto de ley permite transformar la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, abocado exclusivamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, estará sujeto a un sistema de selección de Alta Dirección Pública a cargo de su administración, orientado a simplificar los trámites ambientales y proporcionar información adecuada para los proponentes y la comunidad.

Paralelamente se crea la Superintendencia de Fiscalización Ambiental como órgano autónomo, cuyo nombramiento será realizado por el Presidente de la República mediante el sistema de Alta Dirección Pública. Tendrá competencias en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental, tales como Resoluciones de Calificación Ambiental; Medidas de Planes de Prevención y Descontaminación; Normas de Calidad y de Emisión y Planes de Manejo de la Ley N° 19.300.

La fiscalización directa será realizada por la Superintendencia, por los órganos sectoriales, cuando correspondan, y por terceros acreditados mediante sistema de normalización. Se regula también un sistema de evaluación y certificación de conformidad privada, sometido a la disciplina y regulación de la Superintendencia y que sólo podrá ser realizado por sujetos certificados.

Se establece una regla de denuncia ciudadana por incumplimiento, que habilita a la Superintendencia a investigar y se obliga a responder los resultados de toda investigación. Al denunciante se le da la calidad de interesado para todo el procedimiento administrativo respectivo.

Asimismo otra de las propuestas incluidas, la cual fue destacada por la ministra Ana Lya Uriarte, es la creación de la Unidad de Medio Ambiente de las Municipalidades, donde se establece que aseo y ornato a nivel municipal pasará a desempeñar competencias ambientales a nivel local, como proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas; aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna; y elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental.

En cuanto al acceso a la información ambiental, el proyecto declara pública toda la información de carácter ambiental que está en poder de la administración, es decir: el estado de los componentes ambientales, así como de los factores que inciden en él y las medidas adoptadas; el establecimiento y administración de un sistema de información ambiental que considere un conjunto de información de acceso comprensible para los ciudadanos; y la obligación de emitir periódicamente un informe del estado del Medio Ambiente y la calidad del mismo a nivel nacional, regional y local.