Una mirada a los conflictos en Pascua Lama, Pelambres, Celco y las represas en Aysén

Los principales problemas medioambientales de los últimos años tienen un denominador común en Chile: el agua. Pequeñas-grandes luchas se libran en su nombre en todo el territorio. Y en todas el conflicto es el mismo: la mercantilización de los recursos hídricos versus las dificultades para una participación ciudadana real en la toma de decisiones.

La realidad chilena echa por tierra el pronóstico de que en el futuro las guerras serán por agua. Suena incluso a broma de mal gusto. Porque aquí -desde hace tiempo y sin armas convencionales- se vienen librando pequeñas y grandes batallas por el vital líquido.

Los adversarios son concretos: quienes quieren mantener la cantidad y calidad de los recursos versus quienes abogan por su uso productivo intensivo.

¿Tiene hoy Chile mecanismos efectivos y democráticos para resolver estas diferencias? Todo indica que no. Porque “bajo el agua” hay un Estado que considera los recursos hídricos como estratégicos, pero que los entrega completamente a la administración privada y existe no sólo una clara desigualdad de condiciones para la participación y ejercicio del poder entre los involucrados, sino una diferencia de visiones sobre cómo construir nuestra sociedad.

El mercado del agua

El Código Civil, en su artículo 595, establece que “todas las aguas son bienes nacionales de uso público” y su dominio pertenece a la nación toda (sic). Letra muerta al establecer la Constitución que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

De hecho, el sitio web de la Dirección General de Aguas posee un link titulado “Mercado de Derechos”, que en su interior posee otro rotulado “Mercado del Agua”. Y es que el código (modificado en 2005) establece que al obtener alguien la administración del recurso, el caudal solicitado pasa a ser de su propiedad y se puede hacer de él, a perpetuidad y gratuitamente, lo que se quiera (siguiendo, de todas formas, ciertas normas en torno al cambio físico y biológico).

“Lo que el Código de Aguas de 1981 produjo fue la acumulación de este recurso natural en pocas manos, primero de chilenos, que luego lo vendieron a las transnacionales del agua”, dice Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable, quien asegura que el principal instrumento de administración de los recursos hídricos es inequitativo y antidemocrático.

Similar opinión tiene Juan Pablo Orrego, coordinador internacional de la ONG Ecosistemas: “Es impresionante, basta que una empresa tenga los derechos de agua constituidos en un río y eso le permite al final avasallar una cuenca entera, ecológicamente exquisita, habitada por un pueblo indígena precolombino”, señala, recordando su experiencia con la construcción de Pangue y Ralco, lucha que derivó en que se levantaran sólo dos de las siete represas que Endesa tenía originalmente proyectadas para el río Bío Bío.

Hoy, casi un 80% de los derechos no consuntivos otorgados pertenecen a una sola empresa, Endesa Chile. Otro dato relevante es que más de un 30% de la electricidad del país la consume la minería. Un volumen similar, el sector industrial.

Para el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, el sistema no es un problema: “Mercados del agua existen en todo el mundo y existen en países en que la intervención estatal y los permisos que se otorgan para el agua son precarios. En segundo lugar, el mercado es un buen mecanismo para la reasignación del recurso y a mi juicio la más importante, porque el mercado entrega una señal de precios que es un muy buen indicador desde el punto de vista de la escasez del bien en general… No es bueno que el agua sea gratis en su uso y en exceso todo lo que es gratis se mal usa”, señala.

Pese a eso, el Gobierno tiene claridad de que hay un problema de método en la asignación y que no basta con administrar los recursos hídricos con un sentido propietarista.

En su discurso del 21 de mayo de 2006 lo dijo la Presidenta Bachelet: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente. Tampoco evaluaremos proyectos aislados, sino que incorporaremos el ordenamiento territorial, el manejo integrado de cuencas, como eje de nuestra nueva política”.

El investigador de la Cepal Axel Dourojeanni sostiene que -sin embargo- “en Chile hay demandas claras para que las cuencas se gestionen de manera más coordinada. Son demandas que provienen de los usuarios de los sectores productivos y del agua, de actores que ya están siendo afectados por una gestión insuficiente de las intervenciones de las cuencas”.

Un caso dramático es el de Copiapó, cuyo tranque de acumulación Lautaro se secó durante este verano, a pesar de que según las autoridades la entrega de derechos se ha hecho en conformidad con la legislación. Y cuando hay agua, muchos copiapinos la sacan de sifones, reclamando entre dientes que la culpa de su situación la tiene el “sueldo de Chile”. Una opinión distinta tiene Rodrigo Weisner, para quien “en caso alguno es la actividad minera -en este caso puntual- el motivo de la sequía. Siempre son causas meteorológicas, nunca responsabilidad de una empresa”.

SEIA versus Tribunales

“Agua sí, oro no”. “Queremos trabajo”. “El agua no se vende”. Las paredes se han trasformado en el espacio público de discusión. En la Cuenca del Valle del Río Huasco el proyecto de oro Pascua Lama se sitúa en la cima de la cordillera y amenaza con afectar irremediablemente la calidad y cantidad de las aguas que escurren a la vera del sinuoso camino que corta Chile en ese tramo. Los pobladores saben que el escaso recurso hídrico es fundamental para su economía de regadío y se movilizaron ante la idea de mover tres glaciares para extraer el oro. Hoy, Barrick con su SEIS (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) aprobado espera iniciar construcción a principios de 2008.

Mauricio Ríos se mantiene desde el principio en la pelea por evitar que muera el valle, lo que para él y muchos pasa por que no se concrete el proyecto. Es presidente del Consejo de Defensa del Valle del Huasco y como muchos no se considera ambientalista y defiende lo que cree propio. Para ellos, es un tema de supervivencia. “Esto es grave, el agua del valle nace allá. Cuando se presentó el estudio los servicios públicos hicieron muchas observaciones, pero al final igual se aprobó el proyecto”, dice.

No es extraño. De los estudios mineros sometidos al SEIA, 23 se han aprobado y cero se han rechazado. Esta especie de certeza en la aprobación minera preocupa: Barrick, informa Ríos, es parte de una megaavanzada transnacional para desarrollar 54 proyectos en la majestuosa y blanca montaña en esa zona del país.

Dicen los críticos que esta situación permisiva es coherente con la doctrina Frei, estrenada durante la inauguración de la cuestionada central Pangue el 6 de marzo de 1997: “Ninguna inversión se detendrá por consideraciones ambientales”, acorde con el instructivo presidencial Nº 1161 del 28 de agosto de 1996, donde dictaminara que los funcionarios públicos no están para determinar si los proyectos de inversión se hacen o no, sino “para lograr que ellos se realicen ajustándolos a la ley ambiental”. Esto en contradicción con la Ley 19.300, que establece, claramente, que las alternativas son rechazar o aprobar.

Consultado por el SEIA, Fernando Crisosto, gerente de Asuntos Externos de Minera Los Pelambres, dice que “definitivamente creemos que estos sistemas permiten al país una institucionalidad que vela por los derechos de los distintos interesados, tanto los particulares como los intereses de tipo ambiental o de desarrollo para el país. Reconocemos en los servicios del Estado a organismos técnicos altamente competentes”.

Las estadísticas le dan la razón. El SEIA, al igual que a gran parte de este tipo proyectos, los ha favorecido. Donde no les ha ido bien hasta ahora, como en Pascua Lama, es en el ámbito judicial. Un litigio con el agricultor Víctor Ugarte por el derecho a usar las aguas mantiene en vilo el proyecto del tranque de relave El Mauro, con un 95% de avance, pero que fuera detenido a fines de agosto por orden judicial. Los críticos plantean que además de usar la poca agua disponible, el tranque contaminará las napas freáticas.

Para Crisosto, estos temores chocan con la realidad. “El Proyecto Mauro, considerando el sistema de tuberías para el transporte de relaves y recuperación de aguas industriales y su recirculación a proceso a 60 kms de distancia, requiere una inversión de aproximadamente 500 millones de dólares. De diez gotas de agua usadas para el proceso de concentración, sólo dos son de agua fresca y las ocho restantes son aguas recirculadas”.

Guerra total en CaimANES

En Caimanes, el poblado más cercano al proyecto de Pelambres, el uso del agua por parte de la minera de los Luksic los tiene completamente divididos. La junta de vecinos histórica, la Nº 4, concentra a los opositores. La Nº 5 nació hace tres años y está integrada por quienes lo apoyan, fundamentalmente trabajadores y gente vinculada a la compañía. La guerra por el agua es brutal. “Si comienza a operar el relave tendremos que irnos. Incluso le entregamos una carta a la Presidenta planteando la solicitud de Caimanes, porque encontramos que no es justo que la gente se tenga que ir cuando ha vivido toda una vida aquí”, reclama Mireya Ardiles, presidenta de la junta Nº 4, pensando que seguirán la misma suerte que El Mauro, porque donde se construye el relave, antes vivía gente.

Carlos Cortés, hijo del presidente de la junta Nº 5, opina lo contrario. Vivía en Santiago pero con el proyecto regresó. “Quería volver a mi tierra y gracias a El Mauro pude venir”, cuenta este relacionador público en la flamante sede vecinal, única instalación comunitaria que cuenta con Internet, gracias a un fondo especial que instituyó la empresa. Entrega una carpeta con datos hídricos históricos que muestran que la sequía que hoy vive el pueblo es cíclica y que no se puede achacar a Pelambres. El dossier también incluye un trabajo básico de inteligencia que consigna cómo los dirigentes opositores son todos parientes y que entre seis se distribuyen los cargos directivos de las principales organizaciones. La batalla no tiene tregua.

En gran parte de estos conflictos la diferencia de gestión entre las empresas y las comunidades es abismal. Por ello muchas veces recurren al apoyo de organismos profesionales, algo resistido por las empresas que critican a los activistas pagados, tanto nacionales como extranjeros. “Los que se ganan la vida en esto”, como diría Bernardo Matte representando un pensamiento de la elite económica. Las que no dejan producir, que no dejan dar trabajo.

Las empresas quieren relacionarse sólo con las comunidades. Pero normalmente la ciudadanía de los territorios donde se instalan megaproyectos no tiene los recursos, el conocimiento técnico ni la experiencia para enfrentarse en igualdad de condiciones a grandes compañías.

“Esperamos un aporte constructivo de las ONG, sabemos que hay temas que desarrollar, conversar, mejorar y esperamos que su aporte ayude al progreso y el bien del país”, explica Angelo Romano, gerente de Asuntos Públicos de Arauco, en la Región de Los Lagos.

La comunidades, en tanto, han debido especializarse. Los agricultores del Valle del Huasco y Caimanes se vieron obligados a adentrarse en el conocimiento del proceso del oro y el cobre, el uso de cianuro y los impactos de la gran minería, los habitantes de Valdivia sobre las celulosas, los riles y el luchecillo que desapareció, y hoy patagones de la Región de Aysén saben de hidroelectricidad, y los impactos ambientales y sociales de las represas y líneas de alta tensión. Y es que el Estado ve esto como un conflicto entre privados. Ello pese a declaraciones como las del gerente general de Endesa Chile, el español Rafael Mateo, quien en la Junta de Accionistas de abril de este año dijo: “Estamos colaborando con el ente regulador para que se establezcan normas acordes a nuestros intereses”.

Para muchos la participación ciudadana es sólo un “gesto” para que el proceso parezca democrático. ¿Un botón? El proyecto de la planta de aluminio en Aysén (Alumysa), con un costo de 2 mil 750 millones de dólares, constaba de 24 tomos de información, cuadros y anexos. “¿Quién puede revisar eso? ¿Podemos hablar, en estos casos, de real participación ciudadana? Las comunidades afectadas dicen que no. LN

Visiones contrapuestas

La guerra del agua en Valdivia es paradigmática. Celco fue para algunos la gran oportunidad de industrializar la zona. “Éste era el proyecto que faltaba. Más de 10 mil trabajadores en dependencia directa de Celulosa Arauco y Valdivia”, dice Hugo Ceballos, representante de los forestales que prestan servicios a la empresa de Angelini.

Pero la promesa de derrotar el desempleo en San José de la Mariquina (donde se emplaza la planta), choca con la realidad. Cuando la Presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto de creación de la Región de Los Ríos, en marzo de este año, la prensa local tituló: “Mariquina quiere derrotar el desempleo”.

La contaminación ha marcado esta zona y parte de la población pone en duda si su tierra vale el desarrollo prometido. “Acá está involucrado el bien común. Porque cuánto tiene de duración una planta de celulosa, ¿20 años? O sea, con todo el impacto que tienen asociado las plantaciones exóticas para los suelos, los cursos de aguas, etc. Acá estamos hablando de algo de muy corto plazo en términos de desarrollo. El terremoto nos quiso decir algo, uno ve Valdivia y es una ciudad bonita, y sabe que tiene otras posibilidades, no de las chimeneas humeando”, dice Ximena Rosales, vocera de Acción por los Cisnes.

Aysén: un conflicto latente

En Aysén, la guerra por el agua se está iniciando. Cinco represas que proyectan Colbún y Endesa, y tres la minera Xstrata, tienen a la región en vilo. Como contraparte, múltiples organizaciones regionales críticas reunidas en la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida.

Lo explica Peter Hartmann, director de Codeff: “Aysén desde hace muchos años tiene asociado el concepto de reserva de vida y todos los esfuerzos del Gobierno, del sector privado, de la ciudadanía, han sido dirigidos a concretar esta visión. Y obviamente convertir a la región en la despensa energética no es coherente con ella, porque nada tienen de naturales las represas y las líneas de alta tensión”.

En tanto, HidroAysén (Endesa y Colbún), gerenciada por Hernán Salazar, no cree que hoy existan problemas con las comunidades. “En Aysén actualmente no hay conflictos”, dice, a pesar de las diversas manifestaciones que se han organizado hasta ahora.

Fuente: www.lanacion.cl