En el conglomerado estiman que son escollos políticos y no técnicos los que impiden a las dos instalaciones operar con normalidad, situación que les han significado un total de US$ 250 millones en menores ventas a la fecha. A sus contactos con las autoridades regionales se han sumado gestiones en La Moneda.
El grupo Angelini decidió pasar a la ofensiva en los conflictos que enfrentan sus plantas de celulosa Licancel y Valdivia en el sur chileno. A cinco meses de haber paralizado la primera, tras dos derrames de tóxicos al río Mataquito, Celulosa Arauco evalúa el cierre definitivo de la fábrica si las autoridades ambientales siguen postergando la decisión de permitir o no su funcionamiento.
En paralelo, la compañía está dispuesta a ir a tribunales si la Corema de la X Región no se pronuncia, en los próximos 10 días, sobre el aumento de producción de la planta de Valdivia, desde las actuales 440 mil toneladas a 550 mil toneladas anuale s.
“El cierre de Licancel es un escenario posible, el más extremo, pero posible”, afirma el gerente de asuntos corporativos y comerciales de la forestal, Charles Kimber. La paralización de esta planta, tras el vertido de efluentes ocurrido en junio, ha sido, a su juicio, un proceso “más largo de lo que se había estimado y de lo que consideramos razonable”. Hoy está en manos de las autoridades definirlo y por ello Celulosa Arauco decidió que en Licancel “sólo se volverá a producir si está todo claro y sin ningún tema pendiente”, según el ejecutivo.
El grupo Angelini no quiere dejar un flanco abierto como le ocurrió en Valdivia, cuando hace tres años –tras la muerte de cientos de cisnes de cuello negro- se restringió su producción en 20%, mientras tomaba medidas para mejorar su desempeño ambiental. “Pese a que hemos hecho todo lo que nos han pedido -y más-, aún no conseguimos las autorizaciones para normalizar nuestra producción”, se queja Kimber.
Aunque la estrategia ha sido entenderse con las autoridades regionales, Celulosa Arauco también ha recurrido a La Moneda para hacer ver qué pasa en Licancel y Valdivia. Altos ejecutivos de la forestal han hablado con el ministro del Interior, Belisario Velasco; el titular de la Secretaría General del Gobierno, José Antonio Viera Gallo, y con la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.
Y no sólo ellos han hecho ver el problema de los restrasos de las autoridades ambientales del Maule y Los Lagos a Palacio. Fernando Léniz, presidente de Corma, el gremio forestal, admitió que ha tenido conversaciones sobre el tema con el ministro Viera Gallo, a petición de Arauco.
Política en el Maule
En Licancel, el problema, reconocen autoridades maulinas y el grupo, es más político que ambiental. Ahí pesa la oposición del diputado DC Roberto León y el ascendiente de éste sobre la directora de la Conama del Maule, Mónica Rivera. Un episodio, relatado por altos funcionarios del gobierno del Maule, lo ilustra. “En la sesión del 23 de octubre pasado, la Corema no pudo tomar una decisión sobre la planta de Licancel, porque Rivera no envió la información a sus integrantes. Y éstos se quejaron y agendaron una nueva reunión para el 15 de noviembre”.
El diputado León le resta importancia al episodio. “Celco es una empresa que tiene una cultura de la contaminación. Si cierra Licancel es que no puede cumplir con la ley y es un reconocimiento de que todo estetiempo (desde que el grupo Angelini opera la planta) ha funcionado de forma ilegal”, afirma. Las relaciones entre León y Arauco están cortadas. El político dijo que recibió una llamada de José Tomás Guzmán, presidente de la forestal, pidiendo una reunión, pero él exigió que se hiciera en Talca, en la Corema. Y no se realizó.
Por eso la clausura de la planta no parece sólo una amenaza. De hecho, en Arauco manejan algunos plazos. Según ejecutivos de Licancel, si de aquí a diciembre no se resuelve la situación de la fábrica, empezarán a despedir a los contratistas, que hasta ahora siguen recibiendo sus salarios en espera de una reapertura. Y se verá el cierre de la instalación, que a la fecha ha dejado de percibir US$ 35 millones y ha invertido más de US$ 8 millones en mejoras.
Valdivia, a tribunales
La planta de Valdivia es otro dolor de cabeza para el grupo Angelini. A nueve meses de pedir autorización para elevar la producción, en septiembre la empresa decidió presentar un recurso de “silencio administrativo” dado que la Corema X Región no se había pronunciado en más de seis meses sobre su solicitud.
La autoridad regional alegó problemas en la forma de la presentación y no se pronunció sobre el fondo. Por eso la forestal interpuso el 1 de octubre un recurso de reposición. La Corema tiene 30 días hábiles para responder, pero esta vez sobre la autorización a elevar en 20% la producción, señala Kimber. Ese plazo vence el 14 de noviembre.
¿Y qué pasa si no lo acoge o lo aplaza de nuevo? “Pues que se judicializará el proceso”, responde el ejecutivo. Esto puede implicar, señalan ejecutivos de Arauco, que se interponga un recurso de protección para que obligue a la Corema a pronunciarse .
En este tema trabajan los cerebros jurídicos de Arauco, José Tomás Guzmán y Manuel Enrique Bezanilla, vicepresidente de la forestal, ambos del círculo más duro de Roberto Angelini. Junto a ellos trabaja el abogado ambientalista Enrique Pérez .
La rebaja en 20% de la producción autorizada de la planta Valdivia se determinó el 6 de junio del 2005como una medida provisoria mientras la empresa adecuaba su funcionamiento ambiental.
Por esto, Arauco ha dejado de percibir ventas por más de US$ 210 millones y, según los ejecutivos del grupo, ha despertado la inquietud de las AFP, los bancos de inversión y los analistas, dado que Arauco es filial de Copec, que se transa en Bolsa.
Fuente: La Tercera
