Un profundo y extendido malestar se ha cernido sobre los trabajadores de nuestra institución, malestar que es transversal a todos los escalafones y que se ha arraigado abarcando desde los funcionarios más antiguos hasta los que se han incorporado recientemente al quehacer de CONAF, por las declaraciones realizadas por Sra. Catalina Bau ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados:

En dicha oportunidad, ante las consultas formuladas por los integrantes de esa Comisión, en relación al Proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y la participación de CONAF en la evaluación ambiental del mismo, la Sra. Bau Aedo, justificó su intervención directa a favor de la aprobación del mencionado proyecto, recurriendo a la descalificación de los profesionales de la Región Metropolitana de nuestra Corporación, que sostenían una opinión técnica en contrario. Para ello la autoridad política de CONAF profirió comentarios como los siguientes:

“Esto pasa porque no tenemos el personal capacitado para esto…”

“….considerando estas situaciones empezamos a trabajar con la Región Metropolitana, colaborando, ayudándoles a ellos para que puedan resolver estos problemas que tenían por capacidad técnica y profesional de la región, que es extremadamente pobre en profesionales”

“CONAF Metropolitana tenía una funcionaria que tiene grado 14 en la Corporación, …….haciendo la evaluación de este estudio de impacto ambiental tan complejo”

“evidentemente la presión sobre esa funcionaria es mucha porque no tiene capacidad técnica o de antecedentes para hacer todo el análisis”

Tales declaraciones son de falsedad absoluta, a la vez que contienen expresiones injuriosas en contra del equipo de profesionales partiendo por su Directora de la Región Metropolitana, y haciendo especial presa de su mezquindad a “una funcionaria grado 14”, expresión que usó para referirse a la trabajadora que le correspondió evaluar el aludido estudio. Es increíble los niveles a los que ha llegado Catalina Bau en su afán por destruir a la CONAF, e ir creando todos los argumentos posibles que puedan avalar y sustentar la destrucción y desmembramiento de la institución, no le basta con destruir la imagen institucional, sino que también las emprende en contra y de manera frontal hacia sus trabajadores. Denostando a toda una oficina regional.

A mayor abundamiento, en un comunicado dado a conocer a los trabajadores de la Corporación, la Directora Ejecutiva, lejos de aprovechar la ocasión para disculparse por sus dichos agraviantes, insiste en su postura descalificatoria, emitiendo frases como: “Y ello ocurre porque hay profesionales con una capacitación insuficiente en una materia altamente especializada como lo exigen los pronunciamientos del Sistema de Evaluación”.

Los profesionales aludidos por la Sra. Directora quienes supuestamente tienen una capacidad insuficiente en esta materia, altamente compleja, son todos Ingenieros Forestales que se desempeñan hace más de 15 años en CONAF, que han trabajado a lo menos los últimos 9 años en temas medio ambientales. Ello les otorga seguridad en sus posturas y una alta capacidad para soportar presiones y cualquiera de otros intentos por influir en las decisiones técnicas Precisamente, esta resistencia de los profesionales, llevó a la Sra. Bau a tomar un protagonismo en esta evaluación.

En cuanto a la profesional aludida por la Sra. Directora de CONAF, esta falta a la verdad cuando la califica como inexperta, dicha profesional se desempeña desde hace 13 años como evaluadora por parte de CONAF en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la Región Metropolitana, habiendo analizado más de 750 proyectos, de los cuales más de 90 corresponden a Estudios de Impacto Ambiental y sobre 650 Declaraciones de Impacto Ambiental, y efectuado además, capacitaciones en esta materia al interior de CONAF. Claramente, no se trata de una persona recién llegada a la Corporación, como se la quiere hacer aparecer para restarle valor a sus opiniones técnicas, ni tampoco ostenta el último grado del escalafón profesional, ya que ella detenta el grado 12, y aunque es un grado que no se condice con su antigüedad, experiencia y responsabilidad, eso refleja la mala condición remuneracional en que se encuentran la gran mayoría de los funcionarios de CONAF, situación que es de cargo de la Dirección Ejecutiva de turno hacer las gestiones para corregir esta inequidad.

A lo largo de todo Chile, distintos funcionarios de la Corporación, han recibido el apoyo y sentimientos de solidaridad de parte de trabajadores de otras instituciones del Estado, y es que escapa al entendimiento del normal de las personas que sea precisamente una jefe máximo de un servicio la que intente destruir la credibilidad y valoración profesional de trabajadores y trabajadoras de la que siempre ha sido una institución muy respetada por la ciudadanía, institución que por lo demás debiera ser dicha jefatura la que pusiera su esfuerzos en enaltecer, al menos es lo que se esperaría. Este lamentable episodio, se suma a los continuos desaciertos de la gestión directiva de la Sra. Bau.

A la luz de las declaraciones realizadas por Catalina Bau ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, es de opinión de las Organizaciones Sindicales Unidas de CONAF, que ella no puede, bajo ningún concepto, continuar ejerciendo la Dirección Ejecutiva de un Servicio que se ha dedicado a enlodar, por lo cual hacemos un llamado a la Sra. Ministra de Agricultura para que aplique las medidas correctivas inmediatas, solicitando a la Presidenta de la República la destitución de su cargo como Directora Ejecutiva de CONAF, en aras de recuperar para nuestra institución un ambiente de respeto, confianza, transparencia, los que se han visto severamente deteriorados durante su administración.

Manifestamos nuestra solidaridad y todo el apoyo para con nuestras compañeras(os) de trabajo de CONAF Región Metropolitana. No podemos, y no lo haremos, dejar que una persona cuya única valía es haber sido designada políticamente para llevar el destino temporal de nuestra institución, continúe gratuitamente maltratando y denostando a los trabajadores y trabajadoras de nuestra institución y su único norte parece ser la destrucción de CONAF.

Hacemos un llamado a todos los trabajadores de CONAF a solidarizar con los compañeros trabajadores de la CONAF Región Metropolitana, paralizándolas actividades por medio día el martes16 de junio, en una señal de protesta por estos hechos.
Organizaciones Sindicales Unidas de CONAF
Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF– SINAPROF
Federación Nacional de Sindicatos Regionales de CONAF – FENASIC

A cumplir las normas de los Parques Nacionales, las Reservas Nacionales y los Monumentos Naturales llamó Luis Duchens, Director Ejecutivo (s) de CONAF. Al respecto señaló que dichas normas permiten conservar y mantener las bellezas que caracterizan nuestras áreas protegidas y especialmente tener un agradable disfrute y vacaciones de todos los que conviven en esas áreas. La misión de controlar el cumplimiento de estas normas está a cargo del cuerpo de Guardaparques de Conaf con el activo apoyo de Carabineros de Chile

En este mismo sentido agradeció la preocupación y denuncia de algunos visitantes, especialmente en el Parque Nacional Pan de Azúcar, de la Región de Atacama, donde los reclamos se han centrado en jóvenes que han querido transformar los camping de esta unidad en zonas de “fiestas nocturnas”, lo que junto con alterar la tranquilidad de los visitantes, vulnera las normas establecidas en los Parques Nacionales respecto de su uso público. Por lo mismo, se acordó un trabajo especial con Carabineros y con la empresa concesionaria de los camping, Gran Atacama, para intensificar las inspecciones y detener el bullicio nocturno y la posible ingesta de alcohol por jóvenes.

En informaciones de estos últimos días, se ha constatado que los guardaparques del Parque Nacional Pan de Azúcar, en conjunto con Carabineros, han debido desalojar a algunos visitantes por no respetar las normas de comportamiento que se les han dado a conocer al ingreso a la unidad. Uno de los aspectos que destacó Luis Duchens es que estas medidas no son sólo en este Parque, sino que a nivel nacional, destacando el efectivo trabajo conjunto con Carabineros y las empresas concesionarias, quienes están conscientes que una de las principales atracciones de estos lugares es la tranquilidad que ofrecen estos sitios que son un patrimonio natural y cultural a nivel mundial.

Cabe destacar que los Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales son un polo de atracción turística nacional e internacional. Sólo el año pasado, estas unidades fueron visitadas por 1.762.255 personas, de las cuales 685.432 fueron extranjeros. En este mismo sentido, la Conaf ha reforzado en este último tiempo el Cuerpo de Guardaparques, incorporando el mes pasado 19 nuevos guardaparques entre las regiones de Antofagasta y Magallanes, destacando que todos ellos son profesionales y técnicos universitarios que se han incorporado a la labor de proteger los recursos naturales y culturales del país que se resguardan en estas unidades.

Sin embargo, pese a todos los resguardos que puede tomar Conaf, especialmente a través de sus guardaparques, el Director Ejecutivo (s), Luis Duchens, recalcó que ello no será posible si no se cuenta con la colaboración de la ciudadanía, primero respetando las normas existentes en estas unidades y segundo ayudando a denunciar a quienes no las respeten. En este aspecto, recordó que los 33 Parques Nacionales, 48 Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales, que cubren el 19% del territorio continental, son administrados por Conaf y pertenecen a todos los chilenos y chilenas.

Es así como el municipio de Valdivia, decidió financiar un estudio por cerca de 11 millones de pesos, con el objetivo de contar con antecedentes científicos para planificar las futuras intervenciones, que aseguren una convivencia armoniosa con estos animales.

De este documento se desprendió que, los cerca 50 lobos marinos que transitan por la costanera sureña, son en su mayoría machos muy jóvenes o ancianos, de lo que se infiere que esta es una colonia de descanso, donde no hay un incremento pronunciado de la población.

El informe da cuenta también de datos sobre la mayor presencia de lobos durante el período invernal, y una clara disminución durante el verano; que los lobos prefieren reposar sobre la madera que sobre el metal o el cemento; y la total falta de especimenes femeninos impide la reproducción de los mismos.

El estudio realizado por Layla Osman, de la Universidad Austral, tiene como objetivo mantener las medidas de seguridad que se han implementado en la costanera, tales como rejas de protección y balsas para el descanso de los mamíferos.

A pesar de estos datos se hace imprescindible mayores medidas de seguridad e información, para la gran cantidad de turistas, que transitan por la feria fluvial y en todo el borde costero de la capital de la Región de los Ríos.

Un rotundo rechazo está provocando el proyecto que la firma South World prepara para la Isla Guafo, desconocido paraíso ubicado al sur de Chiloé, luego de que esta compañía confirmara la compra de las pertenencias mineras para explotar carbón como insumo para plantas termoeléctricas.

Los socios de esta firma son Rodrigo Danús y Paul Fontaine, y adquirieron los derechos para explotar una superficie equivalente al 40% de la isla.

La presencia de carbón en la zona se detectó en 1942, pero recién este año concluyeron los estudios que determinaron la existencia del recurso de alta calidad.

Entre los detractores al proyecto se encuentra el biólogo marino y académico de la Universidad Austral, Rodrigo Hucke, quien trabaja actualmente en el diseño de un Área Marina Costera Protegida para Chiloé, que incorpora a la Isla Guafo dentro de la zona de preservación.

“Sería un error que el destino de la isla sea el emprendimiento minero, ya que amenazaría a uno de los principales bastiones remanentes de la biodiversidad marina y terrestre de Chile. Se pueden encontrar significativas y singulares concentraciones de fauna bentónica y corresponde a una notable área de alimentación y cuidado de las amenazadas ballenas azules y jorobadas”, advierte.

Por ello explica que es “altamente probable” que el Gobierno apruebe el área de protección, tras concluir la investigación que lleva adelante con fondos del gobierno regional.

El consejero regional Eugenio Rivera destaca que los avances de estudio de Hucke serán analizados el martes en Puerto Montt, en una reunión que encabezará el intendente Sergio Galilea.

Rivera afirma que el tema de la isla no estará ausente “porque el aumento del tráfico marítimo será un factor de riesgo para los cetáceos que se alimentan y circulan en la zona”.

FRENTE POR LA ISLA

En tanto, el coordinador de la Federación Williche de Chiloé, Sergio Cuyul, también manifesta su preocupación y señala que organizarán un “frente” para defender a la Isla Guafo. En caso de concretarse el proyecto, pedirán que el Gobierno considere el Convenio 169 de la OIT.

“La isla ha sido utilizada históricamente por nuestra etnia como refugio durante faenas de pesca y vamos a exigir que se nos escuche”, señaló Cuyul, quien pidió una reunión con Galilea el próximo miércoles 17.

Los pescadores artesanales tampoco se quedan de brazos cruzados. Ayer el presidente del Consejo Provincial de Pesca Artesanal de Chiloé, Jorge Aránguiz, viajó hasta la Conama local para indagar sobre la viabilidad del proyecto de South World.

El temor de Aránguiz es que la instalación de un muelle para sacar el carbón destruya bancos naturales de erizos y locos. Este medio intentó ubicar a Danús y Fontaine, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron a los llamados.

Patrimonio natural en peligro

La Facultad de Ciencias de la Universidad Austral estudia hace cuatro años la biodiversidad de la isla. Por eso para el profesor Roberto Schlatter la intervención será “lamentable” y se producirá donde habita la colonia de fardelas (aves) más grandes del mundo, con cerca de cuatro millones. Por su parte, Héctor Pavés, académico de la misma facultad, releva que en el lugar habita el pingüino de Magallanes y que además se ubica la única población reproductiva de lobos finos del país y por tanto es un sitio de dispersión y reserva genética para la especie, explicó.

Pero eso no es todo. Antonio Ruiz-Tagle, del Centro Ballena Azul, recordó que Isla Guafo incluye importantes sitios paleontológicos y de yacimientos fósiles protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, además de una antigua estación ballenera.

Por su parte, Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana, manifestó que “les preocupa que se esté proyectando extraer el carbón en lugares importantes y sensibles ecológicamente, como la Isla Guafo, donde las actividades de explotación minera deberían estar prohibidas.

“El mundo entero -dice-, se mueve hacia las energías renovables y Chile va en la dirección contraria al fomentar la termoelectricidad basada en la combustión a carbón. Esperamos que esta política se revierta y se apueste por fuentes que satisfagan la demanda, pero que sean más amigables con el medio ambiente”, concluye.

“Durante los últimos 25 años tuvimos una forma de vida muy lujosa, sin preocuparnos para nada del medio ambiente. Ahora hay que cambiar la forma en la que consumimos, compramos y comemos”, declaró el profesor británico John Anthony Allan, ganador del Premio del Agua de Estocolmo 2008, en una conferencia de prensa.

Este año, la Semana Mundial del Agua se centra en el tema del saneamiento y la higiene, teniendo en cuenta que un tercio de la humanidad carece de instalaciones sanitarias, o sea, alrededor de 2.600 millones de personas.

La situación puede tener consecuencias dramáticas sobre la salud pública, y se presenta como un desafío para la comunidad internacional.

Además, el aumento de la población mundial y el rápido desarrollo de Asia y África están agotando las reservas de agua del planeta.

Para el director de la Semana, Anders Berntell, es necesario “una toma de conciencia por parte de los dirigentes” sobre la urgencia de una solución para esa falta de instalaciones sanitarias.

Un quinto de la población mundial sufre actualmente la falta de agua y ese porcentaje alcanzará el 30% en 2025, según la ONU, que instituyeron 2008 como Año Internacional del Saneamiento.

“La falta de acceso a las instalaciones sanitarias es uno de los mayores escándalos de todos los tiempos”, denunció el príncipe Guillermo, el hijo mayor de la reina Beatriz de Holanda y presidente del Consejo Consultivo para el Agua y el Saneamiento ante la Secretaría General de la ONU.

El príncipe holandés subrayó que “7.500 personas mueren cada día por falta de higiene”, una situación que, criticó, “no ha cambiado desde hace siete años”.

Bajo el título ‘Progresos y perspectivas en el ámbito del agua: por un mundo más limpio y más sano’, la 18a. edición de la Semana Mundial del Agua se articula en talleres y conferencias animadas por científicos, representantes de empresas y gobiernos, y miembros de ONG y de Naciones Unidas.

“No es muy popular hablar de sanitarios, excrementos y menstruaciones, pero son cuestiones clave estrechamente ligadas al desarrollo”, explicó a AFP hace unos días Stephanie Blenckner, portavoz del Instituto Internacional del Agua (SIWI), organizador del evento.

“Cinco mil niños mueren cada día de diarrea por la falta de higiene y de sanitarios decentes”, añadió, precisando que la educación en torno a esas cuestiones es primordial.

Este martes, la jornada está dedicada a Asia, que representa el 60% de la población mundial, y cuyo desarrollo económico exponencial ha contribuido en gran medida a la reducción de los recursos de agua disponibles.

Hoy día, el agua disponible por persona representa en ese continente del 15 al 30% de lo que era en los años 50.

Blenckner señaló además que los países europeos no están libres del problema del agua, al destacar que “20 millones de europeos no tienen acceso a instalaciones sanitarias decentes”.

Los expertos analizarán también las soluciones concretas para adaptarse a los cambios climáticos.

“La cuestión no es ya saber si hay cambio climático o no. Sabemos que hay un calentamiento climático y ahora hay que reaccionar”, añadió Stephanie Blenckner.

Una delicada y anómala situación se vive en el monumento natural Salar de Surire, en la Región de Arica y Parinacota, hace una semana. Maquinaria de la minera Quiborax comenzó una exploración minera en su interior sin la autorización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) poniendo en peligro uno de los cuatro sitios de nidificación de flamencos más importantes de Chile.

La información fue confirmada a La Nación por el director regional del organismo forestal, Jorge Torres, quien explicó que la firma utilizó el decreto supremo (DS) 116 de 1978 para realizar las faenas en pleno corazón del salar, pese a que el 28 de julio la Conaf les informó que dicho documento carecía de validez.

Quiborax hace décadas extrae material en la zona protegida gracias al citado decreto y a otro de 1989.

Sin embargo, para la Conaf la nueva exploración minera “es un proyecto totalmente nuevo” que no puede ampararse en las citada autorizaciones, una de los cuales se emitió antes de la subdivisión del Parque Nacional Lauca, que permitió la creación de la reserva Las Vicuñas y el monumento natural Salar de Surire.

Nidos en peligro

“Nuestra posición es que ese decreto es ineficaz hoy en día (el de 1978), por lo tanto, la empresa debería obtener -por un lado- un nuevo decreto presidencial para cumplir con la ley de minería, además de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, por tratarse de un área silvestre protegida”, dijo el funcionario.

Torres explicó que en una primera instancia se negó la autorización para la extracción de ulexita (mineral que se utiliza para la elaboración de ácido bórico) porque el decreto de 1989 establecía que las explotaciones no podían estar a menos de 700 metros de los cursos de agua ni a menos de 3 mil metros de las zonas de nidificación. “Cuando nos presentan el polígono de explotación, éste se encontraba aledaño a los sitios de nidificiación. Les dijimos, en consecuencia, que no podían hacerla bajo ese decreto la explotación”, indicó el director regional, cuyos temores se confirmaron con los últimos reportes de los guardaparques que informaron que la maquinaria está hoy a mil metros de los nidos.

Sin embargo, la empresa arremetió y le señaló a la corporación que no se amparaban en el DS de 1989, sino que en el de 1978, que para Conaf es débil en términos ambientales, porque no establece restricciones, sólo plantea que la empresa deberá tomar las precauciones para no afectar la flora y fauna del lugar.

Como la firma no acató la resolución de la Conaf, Torres reportó la situación a las seremi de Agricultura (superior jerárquico del organismo) y a la de Minería para que tomarán cartas en el asunto, ya que Surire también es área de interés científico para la minería, condición que obliga a contar con una autorización presidencial para la extracción de minerales.

Evaluación legal

El seremi de Minería se reunió ayer con Quiborax para conocer su plan de manejo y recabar mayores antecedentes. En la Región de Arica y Parinacota reconocen que la situación a la que están enfrentados no es habitual, razón por la que ayer despacharon una serie de antecedentes para que se realice una evaluación jurídica del conflicto.

La empresa guarda silencio

En tanto, Quiborax, de capitales nacionales, fue contactada por este medio para obtener una declaración, pero hasta el cierre de esta edición no se pronunciaba sobre el tema. En su sitio web (www.quiborax.com) la minera destaca su preocupación por el medio ambiente del salar y da cuenta de un convenio con la Conaf para evaluar el impacto de sus operaciones en la zona. La información fue confirmada por el director regional de la corporación, Jorge Torres, quien señaló que existe “un estricto seguimiento de las variables ambientales en las explotaciones amparadas en el decreto de 1989, que establece que no se pueden realizar explotaciones cerca de los cursos de agua y de los sitios de nidificación”.

El funcionario aclaró que este protocolo no rige para las nuevas faenas, pero que de igual modo los guardaparques están siguiendo todos los movimientos de las maquinarias para evitar daño ambiental.

La aprobación por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Antofagasta del proyecto “Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase I”, de la Empresa Geotérmica del Norte S.A. despertó gran rechazo en las comunidades que se verían afectadas con la iniciativa.

La decisión fue adoptada el jueves por el voto a favor de 15 de los integrantes de la Corema y uno en contra (el consejero Claudio González) y incluye también diversas exigencias ambientales para llevar a cabo el proyecto, cuya inversión estimada es del orden de los 20 millones de dólares.

Esta primera fase busca realizar perforaciones geotérmicas profundas, con fines de exploración, en el sector del ex campamento CORFO, ubicado al sur del campo de géiseres de El Tatio, con el propósito de verificar la factibilidad técnica y económica de generar energía eléctrica a partir de los recursos geotérmicos existentes.

Ante la luz verde al proyecto, que contempla la perforación de cuatro pozos a una profundidad de 2.000 a 2.500 metros cada uno, la comunidad de Toconao realizó una declaración pública donde rechaza lo que considera una “nefasta noticia” y un “claro ejemplo del hambre del imperialismo neoliberal del estado de Chile y su desprecio por el reconocimiento a los territorios indígenas”.

“Teníamos la convicción que las llamadas ‘autoridades de la Corema’ votarían en contra de este proyecto que le da al alma de la cultura lickan antay ( ) Sólo somos unos pobres indios que nada tienen que decir, que les venden los territorios demandados a las transnacionales, que les venden el subsuelo a las empresas mineras, que usurpan el agua subterránea a diestra y siniestra”.

La comunidad acusa que “la estrategia del gobierno es inteligente y dilatará la entrega de nuestras demandas territoriales lo más que se pueda para que de aquí a 50 años las mineras no dejen nada para nuestro hijos y sólo quede desolación y muerte”.

En tanto, la Agrupación Turística y Medioambiental de San Pedro de Atacama (Atyma) también ha expresado su “rechazo absoluto” al permiso al proyecto por Geotermia del Norte, formada por la empresa italiana ENEL, junto a Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y Codelco, componen Geotérmica del Norte.

“La experiencia internacional de la explotación geotérmica tiene como resultado la destrucción total o parcial de las fumarolas, las cuales han tenido que reactivar con un sistema de reinyección teniendo resultados relativos, según lo demostró la misma consultora que hizo el estudio de impacto ambiental y su experto”, indicó Atyma.

“El proyecto se contradice con la voluntad política demostrada por los gobiernos de la concertación al firmar acuerdos internacionales y leyes nacionales de preservación de áreas de ecosistemas únicos y frágiles y de patrimonio cultural. Expresados en la Ley 19.300 de Bases general de Medio Ambiente, la ley 19.253 Ley Indígena. Pacto de derechos civiles de Costa Rica, Manifestación por parte de la ONU de considerar a Chile dentro de los países que protegen las áreas y grupos étnicos”, agrega la agrupación en un comunicado.

Sin embargo, el representante de ENEL en Chile, Óscar Valenzuela, defendió el proyecto de exploración geotérmica en los geysers de El Tatio, señalando que “este proyecto puede llevar a que generemos una energía eléctrica sustentable, una energía limpia que va a permitir avanzar en lo que requiere el país que es energía menos contaminante”.

Ayer, la ministra de Bienes Nacionales, que se encontraba de visita en la región, se refirió a la aprobación del proyecto de Geotermia y destacó la necesidad de “atender las necesidades energéticas del país y de la región”, a la vez que subrayó el tener que “respetar las tradiciones, la cultura y los derechos ancestrales en un adecuado equilibrio de ambas necesidades”.

Manuel Curilem está nervioso. Nunca antes viajó a Europa y nunca antes tuvo al frente a “gente tan preparada”, pese a las incontables reuniones con intendentes, alcaldes y seremis. “Esta gente es distinta, tiene la disposición de escucharme porque le interesa el tema indígena”, dice. Esa gente forma parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas y en la sesión del 6 de agosto a partir de las 15 horas en Ginebra, tomarán nota de lo que Manuel les va a decir: “Voy a reafirmar la acusación de racismo ambiental contra el Estado chileno por los basurales y las plantas de tratamiento de aguas servidas en territorio indígena”.

Dice que no es un experto y que le falta vocabulario técnico, pero el menosprecio de la autoridad lo exaspera. Entonces, afloran las palabras. “Chile firmó un convenio contra todo tipo de discriminación y esto no debería ocurrir”. Pero ocurre. Él lo sabe bien porque vive en la comunidad de Ancúe que recibe 143 toneladas mensuales de basura de Gorbea. “Este vertedero debió cerrar el 2003 y ya estamos en 2008. Eso ilustra la preocupación que tiene la autoridad”.

El escenario de Ancúe no es único: 18 vertederos de un total de 25 funcionan en territorios indígenas de la Novena Región. En el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, uno de los siete del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo saben. El 24 de agosto de 2007 llegó a la oficina del representante chileno en la ONU, Juan Antonio Martabit, una carta con un listado de preguntas al Estado chileno sobre el tema. Como no hubo respuestas, el Comité reiteró la carta en enero de este año, agregó que Chile no envía informes sobre discriminación racial desde el 2000 y dio como plazo máximo este viernes 30 de junio. Si nadie contesta se revisará la situación de nuestro país en la próxima reunión a realizarse entre el 28 de julio y el 16 de agosto en Ginebra. No es todo: Manuel invitará al relator especial de la ONU, James Anaya, para que vea la basura en que vive.

“El gobierno firma todos los acuerdos internacionales que le ponen por delante, pero no genera modificaciones para implementarlos internamente”, apunta Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. “Eso ha ocurrido especialmente en materia medioambiental y de derechos humanos, que es el caso de esta convención”, agrega.

Consultados por el tema, varios personeros de Gobierno declinaron referirse sobre la carta y la petición de la ONU. En tanto, la ministra de Mideplan, Paula Quintana dijo que “ese tema lo está viendo la intendenta de la novena región quien preside la mesa indígena regional- y el equipo del Comisionado para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña”.

A 120 metros de una escuela

A las comunidades se les agotó la paciencia y la confianza en las autoridades. Todavía está vivo el recuerdo de lo que pasó con la ex intendenta Berta Belmar. “Mientras conversábamos con ella para resolver el tema, autorizó la vida útil de varios basureros, entre ellos la ampliación de Boyeko. Lo que hizo fue un desprecio hacia las personas que no tienen cómo defenderse”, dice Manuel. “Hay gente que está viviendo y respirando al lado de la basura todos los días del año”, refuerza Claudio Sandoval, miembro del colectivo Acción por los Derechos Ambientales. “En Temuco, el vertedero de Boyeko se encuentra a 120 metros de la Escuela Básica, pese a que la legislación pide como mínimo 300. Y en otro casos, como el de Lumaco, la planta de tratamiento y el vertedero están a 500 metros de la primera casa de la comunidad. En Villarrica hay una planta de tratamiento de aguas servidas que se instaló en un terreno que es patrimonio cultural. Allí se celebró hace 100 años uno de los encuentros más grandes del pueblo mapuche. Y reconocido esto por el Consejo de Monumentos y con una resolución de la Corte Suprema, aun así la planta de tratamiento se instaló acá” agrega.

Blaise Pantel, investigador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, en tanto, sostiene que hay comunidades que no tienen agua potable y que ahora reciben el agua por camión. “Las soluciones del municipio han sido bastante básicas, como fumigar lugares o hacer llegar el agua a los lugares donde no hay. Pero el problema de fondo no se soluciona”, explica. El tema pudo ir más lejos. En agosto de 2000 falleció Aquiles Rodrigo Epul Huitraqueo. El menor, de 4 años, vivía en el sector Boyeko cerca del vertedero. Se cortó en uno de sus pies y fue curado con hierbas medicinales contiguas al basural. Los padres presentaron un recurso de protección donde atribuían la muerte del menor a las condiciones de funcionamiento del vertedero. La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el escrito. Los mapuches dicen que es la primera víctima de la basura en tierras indígenas. Tal vez, lo es.

Se trata del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental -enviado el jueves a la Cámara de Diputados-, el que propone terminar con las instancias que hasta ahora evalúan y califican ambientalmente los proyectos de empresas públicas y privadas en las distintas regiones del país.

Según la ministra Uriarte, eliminar estos consejos ha sido una de las principales demandas para la reforma ambiental en marcha. Lo han pedido diversos sectores, precisa, desde los ambientalistas hasta los empresarios, pasando por las comunidades y los parlamentarios.

“Ello, fundamentalmente por la circunstancia de que en un órgano de 20 miembros (Corema) concurrían sujetos con competencia pública, pero también con decisión política, lo que para muchos genera en la aprobación y rechazo de proyectos la consideración de aspectos diversos a los regulados, dando origen a confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectando la credibilidad del sistema”, admite.

Uriarte recalca que a la hora de calificar un proyecto debe primar el mérito técnico, por lo que la reforma en marcha apunta a perfeccionar el marco institucional, dando claridad y eficacia a las reglas del juego, para lo cual se estructuran incentivos que promueven conductas deseadas y establecen el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollarán en cada región.

En lugar de las actuales Coremas, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo crea comisiones de Seremis en cada una de las 15 regiones del país. La nueva instancia estará integrada por el seremi del Medio Ambiente, quien la presidirá, y otros nueve seremis.

“En consecuencia, no forman parte del órgano que decidirá proyectos ambientales los intendentes ni los gobernadores ni los consejeros regionales”, acota Uriarte.

Aunque la idea de la ministra es descomprimir de factores políticos las decisiones que toman las Coremas, cabe hacer notar que los seremis también son funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo. La idea, así, de la reforma es que opere el criterio técnico de los seremis, sin que éste sea contaminado por el factor político que puedan introducir sus jefes a nivel regional, que son los intendentes.

El rediseño de la institucionalidad ambiental se basa en la necesidad de distinguir tres ámbitos: la dictación de las políticas y normas ambientales, radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; la gestión ambiental, que reside en el Servicio de Evaluación Ambiental, y la fiscalización, centrada en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Consultado sobre el proyecto que lo excluye de la posibilidad de decidir qué proyectos se realizan o no en su región, el intendente Metropolitano, Álvaro Erazo, dijo que había recibido el texto sólo el jueves, por lo que declinó pronunciarse: “Voy a estudiar la propuesta y luego mandaré mi respuesta al Gobierno”.

En cambio, su colega de la Región de los Lagos, Sergio Galilea, se mostró partidario de la modificación legal. “Creo que ello implicará que las Comisiones de Seremis puedan adoptar decisiones en forma más ágil”, acotó desde Puerto Montt.

Para la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, los bullados casos de la planta de gas propano en Peñalolén y de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia son dos ejemplos que revelan el deficiente cometido de las Coremas. “Hay un consenso transversal de que esos órganos simplemente no dan para más”, sostiene.

“La propuesta es positiva y más transparente. Este paso va a dar garantías a todos los sectores. Las decisiones tienen que ser técnicas para terminar con eso de que no le gustó al intendente, al partido político de turno o el lobby que tuvieron los distintos sectores”, concluye Sara Larraín.

CONDICIÓN

OCDE: Este rediseño ambiental le permitiría a Chile entrar al club de naciones industrializadas y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Quiénes integran las comisiones

Cada Corema está integrada por el intendente regional, quien la preside; los gobernadores provinciales de la región; los secretarios regionales de los ministerios que forman el consejo directivo de Conama (Economía, Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Planificación, Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia); cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo consejo, y el director regional de la Conama, que actúa como secretario.

Hay además un comité técnico de Corema, integrado por el director regional de Conama, que lo preside, y los directores regionales de los servicios públicos con competencia en materias ambientales.

Un ejemplo de cómo el factor político influye en el análisis técnico de una Corema ocurrió en 2006, cuando la correspondiente a la Región Metropolitana rechazó la instalación de una planta de transferencia de basura en Quilicura, propuesta por la empresa Gersa.

En la época, el representante de Gersa era el abogado DC Clemente Pérez -hoy presidente de Metro-, quien acusó una operación política para negar el permiso ambiental a la planta pese a que ésta contaba con evaluaciones favorables de los organismos técnicos. “En este caso hubo una concertación o alianza, o acuerdo político de todos los sectores, entre el PPD y la UDI, por el rechazo al proyecto”, reclamó Pérez, aludiendo al entonces intendente Víctor Barrueto (PPD).

El abogado de Gersa opinaba con conocimiento de causa, ya que anteriormente ejerció como director ejecutivo de la Conama.