La Presidenta Michelle Bachelet y su ministra Ana Lya Uriarte decidieron reformar uno de los estamentos más criticados de la legislación ambiental chilena: las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (Coremas), que serán eliminadas debido a que la politización de sus decisiones afectó, en muchos casos, la credibilidad del sistema.
Se trata del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental -enviado el jueves a la Cámara de Diputados-, el que propone terminar con las instancias que hasta ahora evalúan y califican ambientalmente los proyectos de empresas públicas y privadas en las distintas regiones del país.
Según la ministra Uriarte, eliminar estos consejos ha sido una de las principales demandas para la reforma ambiental en marcha. Lo han pedido diversos sectores, precisa, desde los ambientalistas hasta los empresarios, pasando por las comunidades y los parlamentarios.
“Ello, fundamentalmente por la circunstancia de que en un órgano de 20 miembros (Corema) concurrían sujetos con competencia pública, pero también con decisión política, lo que para muchos genera en la aprobación y rechazo de proyectos la consideración de aspectos diversos a los regulados, dando origen a confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectando la credibilidad del sistema”, admite.
Uriarte recalca que a la hora de calificar un proyecto debe primar el mérito técnico, por lo que la reforma en marcha apunta a perfeccionar el marco institucional, dando claridad y eficacia a las reglas del juego, para lo cual se estructuran incentivos que promueven conductas deseadas y establecen el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollarán en cada región.
En lugar de las actuales Coremas, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo crea comisiones de Seremis en cada una de las 15 regiones del país. La nueva instancia estará integrada por el seremi del Medio Ambiente, quien la presidirá, y otros nueve seremis.
“En consecuencia, no forman parte del órgano que decidirá proyectos ambientales los intendentes ni los gobernadores ni los consejeros regionales”, acota Uriarte.
Aunque la idea de la ministra es descomprimir de factores políticos las decisiones que toman las Coremas, cabe hacer notar que los seremis también son funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo. La idea, así, de la reforma es que opere el criterio técnico de los seremis, sin que éste sea contaminado por el factor político que puedan introducir sus jefes a nivel regional, que son los intendentes.
El rediseño de la institucionalidad ambiental se basa en la necesidad de distinguir tres ámbitos: la dictación de las políticas y normas ambientales, radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; la gestión ambiental, que reside en el Servicio de Evaluación Ambiental, y la fiscalización, centrada en la Superintendencia del Medio Ambiente.
Consultado sobre el proyecto que lo excluye de la posibilidad de decidir qué proyectos se realizan o no en su región, el intendente Metropolitano, Álvaro Erazo, dijo que había recibido el texto sólo el jueves, por lo que declinó pronunciarse: “Voy a estudiar la propuesta y luego mandaré mi respuesta al Gobierno”.
En cambio, su colega de la Región de los Lagos, Sergio Galilea, se mostró partidario de la modificación legal. “Creo que ello implicará que las Comisiones de Seremis puedan adoptar decisiones en forma más ágil”, acotó desde Puerto Montt.
Para la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, los bullados casos de la planta de gas propano en Peñalolén y de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia son dos ejemplos que revelan el deficiente cometido de las Coremas. “Hay un consenso transversal de que esos órganos simplemente no dan para más”, sostiene.
“La propuesta es positiva y más transparente. Este paso va a dar garantías a todos los sectores. Las decisiones tienen que ser técnicas para terminar con eso de que no le gustó al intendente, al partido político de turno o el lobby que tuvieron los distintos sectores”, concluye Sara Larraín.
CONDICIÓN
OCDE: Este rediseño ambiental le permitiría a Chile entrar al club de naciones industrializadas y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Quiénes integran las comisiones
Cada Corema está integrada por el intendente regional, quien la preside; los gobernadores provinciales de la región; los secretarios regionales de los ministerios que forman el consejo directivo de Conama (Economía, Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Planificación, Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia); cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo consejo, y el director regional de la Conama, que actúa como secretario.
Hay además un comité técnico de Corema, integrado por el director regional de Conama, que lo preside, y los directores regionales de los servicios públicos con competencia en materias ambientales.
Un ejemplo de cómo el factor político influye en el análisis técnico de una Corema ocurrió en 2006, cuando la correspondiente a la Región Metropolitana rechazó la instalación de una planta de transferencia de basura en Quilicura, propuesta por la empresa Gersa.
En la época, el representante de Gersa era el abogado DC Clemente Pérez -hoy presidente de Metro-, quien acusó una operación política para negar el permiso ambiental a la planta pese a que ésta contaba con evaluaciones favorables de los organismos técnicos. “En este caso hubo una concertación o alianza, o acuerdo político de todos los sectores, entre el PPD y la UDI, por el rechazo al proyecto”, reclamó Pérez, aludiendo al entonces intendente Víctor Barrueto (PPD).
El abogado de Gersa opinaba con conocimiento de causa, ya que anteriormente ejerció como director ejecutivo de la Conama.
La comisión gubernamental creada para abordar la crisis salmonera tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Los ambientalistas piden frenar el crecimiento de esta industria para hacer mejorías de fondo en este sector. 
Parlamentarios de la Bancada Verde y ONGs anti represas firman en documento que ingresaron ayer en la Contraloría.
