Una decena de edificaciones arqueológicas pehuenches de hace 7 siglos están en riesgo. Colbún quiere construir en Huequecura una hidroeléctrica, lo que no sólo significa inundar la zona y estas kueles, sino trasladar a 43 familias, 9 de las cuales llegaron allí por otra represa: Pangue.

Tom Dillehay, el arqueólogo norteamericano mundialmente conocido por haber descubierto -junto a su equipo de la Universidad Austral- el asentamiento humano más antiguo de América, en Monte Verde, anda por estos días investigando los kueles, verdaderas pirámides mapuches descubiertas hasta ahora principalmente en la zona de Lumaco y Purén. Dillehay identificó allí docenas de estos túmulos de uso funerario que superan en algunos casos los 40 metros de altura y que serían una minimalización de los volcanes cordilleranos.

A principios de marzo, Dillehay visitó los que serían los primeros kueles de gran tamaño al norte del Biobío: uno en Coyanco cerca de Los Ángeles, en el sector llamado precisamente Kuel, y otro en la zona de Los Notros, de Santa Bárbara hacia la cordillera, justo donde el río Huequecura se junta con el Biobío.

Es allí precisamente donde la empresa Colbún tiene intenciones de construir una represa hidroeléctrica llamada Angostura, de 305 MW, que implicaría inundar la zona adyacente al kuel, donde habrían importantes restos arqueológicos y una antigua cancha de nguillatún. No es todo. Allí también vive un grupo de familias pehuenches, cuyas tierras debieran estar protegidas por ley.

Sin embargo, están siendo abordados regularmente, desde hace casi un año, para decirles que tendrán que relocalizarse sí o sí por la construcción de una represa. Se trata de 43 familias, entre ellas nueve que llegaron a la zona tras ser sacadas de sus tierras -a mediados de los ’90- por la construcción de otra central: Pangue.

“Están diciendo que nos van a sacar de nuevo. No sabemos como va a ser. Según ellos se va a hacer la represa y que ya está aprobada” cuenta Juana Méndez Curriao, miembro de una de las familias pehuenches que fueron trasladadas prácticamente sin compensación y cuando recién tomaba fuerza la campaña del Biobío, que después convulsionó al país por la relocalización de cientos de pehuenches para construir el embalse de Ralco.

Pese a que en ese entonces el Estado se comprometió ante la OEA a no realizar más proyectos en la zona, la realidad dice otra cosa. Endesa, empresa dueña de Pangue y Ralco no lo ha hecho. Pero sí lo está haciendo Colbún, su flamante socio en el controvertido proyecto Hydroaysén en la Patagonia.

¿KUEL PEHUENCHE?

En el sector de la confluencia del Biobío con el Huequecura, muchos saben del valor religiosos e histórico del cerrito puntudo que mira en todas direcciones.

En ese sitio habrían sepultados un importante número de habitantes. La historia oral cuenta que los cerritos que se ven arriba de la loma se habrían hecho a mano y que fue rellenado por muchas manos pehuenches con significados políticos y funerarios y construidos alrededor de los siglos XIII y XIV, poco antes de la llegada de los españoles.

José Purrán, que habitan allí hace años, recuerda incluso haber participado en nguillatunes en la cancha ubicada en una planicie del sector. Un dato que le entregó al arqueólogo norteamericano en su reciente visita, donde observó desde abajo el montículo puntiagudo que hoy se conoce como El Calvario y reconoció en la planicie inferior -que sería inundada si se implementara la central- una parte vital del complejo del kuel: “Me imagino que toda esta terraza, la planicie, tiene sitios domésticos que están asociados con el cerro sagrado. Ése es el patrón que hemos encontrado en muchos lugares”, dijo el arqueólogo para quien, “es muy importante conservar los kueles, porque son parte del patrimonio del Estado, de la etnicidad mapuche. Puede cambiar la identidad histórica cultural de los mapuche”, agregó.

Lo mismo piensa Osvaldo Cáceres, del consejo consultivo del Consejo Nacional de la Cultura. “Hay que salvar al Huequecura de la inundación”, agregando que la zona es “un lugar de encuentro ceremonial, de límite entre mapuches y pehuenches, tierra donde renacerán las identidades de estas culturas que dan riqueza a nuestro diversificado y heterogéneo país”.

PUEBLO SE OPONE

La oposición en Santa Bárbara se debe en gran parte a que el río Huequecura es la zona de mayor desarrollo turístico. En este afluente del Biobío que lleva al sector interior de Lo Nieves y Quillaileo se ubican magníficos pozones que en el verano se usan para bañarse. En la confluencia existe además un hermoso cañón que cruza el Punte Piulo, y que tiene sentido histórico para las víctimas del ’73 que allí fueron eliminadas. Al lado del imponente cañón hay un antiguo puente colgante ferroviario, O sea, la zona toda, tiene claramente un gran potencial turístico que recién se comienza a desarrollar y que se esboza como parte del plan estratégico de la comuna.

Podría verse fuertemente alterado, así como los planes de investigaciones arqueológicas del kuel y su alrededores, si se llegase a aprobar y se terminara implementando la represa Angostura.

La Evaluación de Impacto Ambiental estaría a punto de ser presentada a la Corema de Concepción. La empresa sigue avanzando a full, apostando a que su proyecto se haga. La táctica imitará la que tuvo Endesa en el Alto Biobío a mediados de los ‘90: trasladar gente antes de obtener los permisos necesarios, con el fin de debilitar el rechazo a la iniciativa. De hecho, el 24 de marzo de este año estuvieron en la notaría de Selim Parra, Bernardo Larraín Matte, ingeniero comercial y Emilio Pellegrini, ingeniero civil, ambos en representación de Colbún S.A. con el fin de adquirir en 55.300.000 pesos un predio de 12,04 hectáreas con algunos derechos de agua por los que se pagaron 2.300.000 pesos.

La parcela Resto del Lote B Dos A “Rucapequén” era de Nelson Herminio Labrín y queda en el sector de La Paz, a cerca de un kilómetro de donde se piensa en levantar un muro. Podría perfectamente ser destinada para los relocalizados, quienes ya están siendo llevados a ver terrenos.

Siguen las reacciones de organizaciones ciudadanas de la Región de Los Ríos
a cuestionamientos emitidos por el senador Eduardo Frei hace algunos días en
contra de quienes se oponen a proyectos hidroeléctricos.

DECLARACION PUBLICA:

En relación al acuerdo en el Senado impulsado por el senador Frei y otros,
comunicamos lo siguiente:

1. Desconocemos la autoridad de los senadores Frei y Allamand en la Región
de Los Ríos, a pesar de que los ciudadanos los hayan elegido por votación
popular. Ellos no son de esta región y tampoco representan el espíritu de
nuestro territorio. Por lo tanto, creemos que no tienen la calidad moral
para tomar decisiones por nosotros ni menos impulsar iniciativas que
comprometan nuestro futuro.

2. El Senador Frei es sindicado por muchos pehuenches como el gran
responsable de los megaproyectos Pangue y Ralco y además fue el que puso la
primera piedra para la construcción de la fábrica de celulosa. Los problemas
que estos megaproyectos han generado son más que conocidos por toda la
comunidad nacional e internacional.

3. Cuando Frei fue presidente se privatizaron, entre otras cosas, los
servicios sanitarios, quedando en su mayoría en manos de los españoles ¿Por
qué el senador no explica qué negocio tiene con los españoles?

4. Es impresentable que estos senadores desconozcan el trabajo de base
realizadas por organizaciones que defienden el patrimonio social y ambiental
en la Región de Los Ríos, sobre todo en casos tan conocidos como Celco y las
hidroeléctricas de Colbún, Endesa España y SN Power. Estos grupos
denominados “ambientalistas” son conscientes y trabajan con y para la
ciudadanía, a diferencia de ellos que sólo actúan para acrecentar sus arcas
personales.

5. Son muchos los fundamentos científicos y técnicos para oponerse a la
construcción de centrales hidroeléctricas y no son solamente caprichos de
grupos minoritarios como se muestra por los medios de información. La
hidroelectricidad, más que una solución a los problemas energéticos de
nuestro país, es simplemente un gran peligro, representando una amenaza para
las comunidades humanas y para la biodiversidad en general.

Coordinadora de Defensa del Río San Pedro

Los principales problemas medioambientales de los últimos años tienen un denominador común en Chile: el agua. Pequeñas-grandes luchas se libran en su nombre en todo el territorio. Y en todas el conflicto es el mismo: la mercantilización de los recursos hídricos versus las dificultades para una participación ciudadana real en la toma de decisiones.

La realidad chilena echa por tierra el pronóstico de que en el futuro las guerras serán por agua. Suena incluso a broma de mal gusto. Porque aquí -desde hace tiempo y sin armas convencionales- se vienen librando pequeñas y grandes batallas por el vital líquido.

Los adversarios son concretos: quienes quieren mantener la cantidad y calidad de los recursos versus quienes abogan por su uso productivo intensivo.

¿Tiene hoy Chile mecanismos efectivos y democráticos para resolver estas diferencias? Todo indica que no. Porque “bajo el agua” hay un Estado que considera los recursos hídricos como estratégicos, pero que los entrega completamente a la administración privada y existe no sólo una clara desigualdad de condiciones para la participación y ejercicio del poder entre los involucrados, sino una diferencia de visiones sobre cómo construir nuestra sociedad.

El mercado del agua

El Código Civil, en su artículo 595, establece que “todas las aguas son bienes nacionales de uso público” y su dominio pertenece a la nación toda (sic). Letra muerta al establecer la Constitución que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

De hecho, el sitio web de la Dirección General de Aguas posee un link titulado “Mercado de Derechos”, que en su interior posee otro rotulado “Mercado del Agua”. Y es que el código (modificado en 2005) establece que al obtener alguien la administración del recurso, el caudal solicitado pasa a ser de su propiedad y se puede hacer de él, a perpetuidad y gratuitamente, lo que se quiera (siguiendo, de todas formas, ciertas normas en torno al cambio físico y biológico).

“Lo que el Código de Aguas de 1981 produjo fue la acumulación de este recurso natural en pocas manos, primero de chilenos, que luego lo vendieron a las transnacionales del agua”, dice Sara Larraín, del Programa Chile Sustentable, quien asegura que el principal instrumento de administración de los recursos hídricos es inequitativo y antidemocrático.

Similar opinión tiene Juan Pablo Orrego, coordinador internacional de la ONG Ecosistemas: “Es impresionante, basta que una empresa tenga los derechos de agua constituidos en un río y eso le permite al final avasallar una cuenca entera, ecológicamente exquisita, habitada por un pueblo indígena precolombino”, señala, recordando su experiencia con la construcción de Pangue y Ralco, lucha que derivó en que se levantaran sólo dos de las siete represas que Endesa tenía originalmente proyectadas para el río Bío Bío.

Hoy, casi un 80% de los derechos no consuntivos otorgados pertenecen a una sola empresa, Endesa Chile. Otro dato relevante es que más de un 30% de la electricidad del país la consume la minería. Un volumen similar, el sector industrial.

Para el director general de Aguas, Rodrigo Weisner, el sistema no es un problema: “Mercados del agua existen en todo el mundo y existen en países en que la intervención estatal y los permisos que se otorgan para el agua son precarios. En segundo lugar, el mercado es un buen mecanismo para la reasignación del recurso y a mi juicio la más importante, porque el mercado entrega una señal de precios que es un muy buen indicador desde el punto de vista de la escasez del bien en general… No es bueno que el agua sea gratis en su uso y en exceso todo lo que es gratis se mal usa”, señala.

Pese a eso, el Gobierno tiene claridad de que hay un problema de método en la asignación y que no basta con administrar los recursos hídricos con un sentido propietarista.

En su discurso del 21 de mayo de 2006 lo dijo la Presidenta Bachelet: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente. Tampoco evaluaremos proyectos aislados, sino que incorporaremos el ordenamiento territorial, el manejo integrado de cuencas, como eje de nuestra nueva política”.

El investigador de la Cepal Axel Dourojeanni sostiene que -sin embargo- “en Chile hay demandas claras para que las cuencas se gestionen de manera más coordinada. Son demandas que provienen de los usuarios de los sectores productivos y del agua, de actores que ya están siendo afectados por una gestión insuficiente de las intervenciones de las cuencas”.

Un caso dramático es el de Copiapó, cuyo tranque de acumulación Lautaro se secó durante este verano, a pesar de que según las autoridades la entrega de derechos se ha hecho en conformidad con la legislación. Y cuando hay agua, muchos copiapinos la sacan de sifones, reclamando entre dientes que la culpa de su situación la tiene el “sueldo de Chile”. Una opinión distinta tiene Rodrigo Weisner, para quien “en caso alguno es la actividad minera -en este caso puntual- el motivo de la sequía. Siempre son causas meteorológicas, nunca responsabilidad de una empresa”.

SEIA versus Tribunales

“Agua sí, oro no”. “Queremos trabajo”. “El agua no se vende”. Las paredes se han trasformado en el espacio público de discusión. En la Cuenca del Valle del Río Huasco el proyecto de oro Pascua Lama se sitúa en la cima de la cordillera y amenaza con afectar irremediablemente la calidad y cantidad de las aguas que escurren a la vera del sinuoso camino que corta Chile en ese tramo. Los pobladores saben que el escaso recurso hídrico es fundamental para su economía de regadío y se movilizaron ante la idea de mover tres glaciares para extraer el oro. Hoy, Barrick con su SEIS (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) aprobado espera iniciar construcción a principios de 2008.

Mauricio Ríos se mantiene desde el principio en la pelea por evitar que muera el valle, lo que para él y muchos pasa por que no se concrete el proyecto. Es presidente del Consejo de Defensa del Valle del Huasco y como muchos no se considera ambientalista y defiende lo que cree propio. Para ellos, es un tema de supervivencia. “Esto es grave, el agua del valle nace allá. Cuando se presentó el estudio los servicios públicos hicieron muchas observaciones, pero al final igual se aprobó el proyecto”, dice.

No es extraño. De los estudios mineros sometidos al SEIA, 23 se han aprobado y cero se han rechazado. Esta especie de certeza en la aprobación minera preocupa: Barrick, informa Ríos, es parte de una megaavanzada transnacional para desarrollar 54 proyectos en la majestuosa y blanca montaña en esa zona del país.

Dicen los críticos que esta situación permisiva es coherente con la doctrina Frei, estrenada durante la inauguración de la cuestionada central Pangue el 6 de marzo de 1997: “Ninguna inversión se detendrá por consideraciones ambientales”, acorde con el instructivo presidencial Nº 1161 del 28 de agosto de 1996, donde dictaminara que los funcionarios públicos no están para determinar si los proyectos de inversión se hacen o no, sino “para lograr que ellos se realicen ajustándolos a la ley ambiental”. Esto en contradicción con la Ley 19.300, que establece, claramente, que las alternativas son rechazar o aprobar.

Consultado por el SEIA, Fernando Crisosto, gerente de Asuntos Externos de Minera Los Pelambres, dice que “definitivamente creemos que estos sistemas permiten al país una institucionalidad que vela por los derechos de los distintos interesados, tanto los particulares como los intereses de tipo ambiental o de desarrollo para el país. Reconocemos en los servicios del Estado a organismos técnicos altamente competentes”.

Las estadísticas le dan la razón. El SEIA, al igual que a gran parte de este tipo proyectos, los ha favorecido. Donde no les ha ido bien hasta ahora, como en Pascua Lama, es en el ámbito judicial. Un litigio con el agricultor Víctor Ugarte por el derecho a usar las aguas mantiene en vilo el proyecto del tranque de relave El Mauro, con un 95% de avance, pero que fuera detenido a fines de agosto por orden judicial. Los críticos plantean que además de usar la poca agua disponible, el tranque contaminará las napas freáticas.

Para Crisosto, estos temores chocan con la realidad. “El Proyecto Mauro, considerando el sistema de tuberías para el transporte de relaves y recuperación de aguas industriales y su recirculación a proceso a 60 kms de distancia, requiere una inversión de aproximadamente 500 millones de dólares. De diez gotas de agua usadas para el proceso de concentración, sólo dos son de agua fresca y las ocho restantes son aguas recirculadas”.

Guerra total en CaimANES

En Caimanes, el poblado más cercano al proyecto de Pelambres, el uso del agua por parte de la minera de los Luksic los tiene completamente divididos. La junta de vecinos histórica, la Nº 4, concentra a los opositores. La Nº 5 nació hace tres años y está integrada por quienes lo apoyan, fundamentalmente trabajadores y gente vinculada a la compañía. La guerra por el agua es brutal. “Si comienza a operar el relave tendremos que irnos. Incluso le entregamos una carta a la Presidenta planteando la solicitud de Caimanes, porque encontramos que no es justo que la gente se tenga que ir cuando ha vivido toda una vida aquí”, reclama Mireya Ardiles, presidenta de la junta Nº 4, pensando que seguirán la misma suerte que El Mauro, porque donde se construye el relave, antes vivía gente.

Carlos Cortés, hijo del presidente de la junta Nº 5, opina lo contrario. Vivía en Santiago pero con el proyecto regresó. “Quería volver a mi tierra y gracias a El Mauro pude venir”, cuenta este relacionador público en la flamante sede vecinal, única instalación comunitaria que cuenta con Internet, gracias a un fondo especial que instituyó la empresa. Entrega una carpeta con datos hídricos históricos que muestran que la sequía que hoy vive el pueblo es cíclica y que no se puede achacar a Pelambres. El dossier también incluye un trabajo básico de inteligencia que consigna cómo los dirigentes opositores son todos parientes y que entre seis se distribuyen los cargos directivos de las principales organizaciones. La batalla no tiene tregua.

En gran parte de estos conflictos la diferencia de gestión entre las empresas y las comunidades es abismal. Por ello muchas veces recurren al apoyo de organismos profesionales, algo resistido por las empresas que critican a los activistas pagados, tanto nacionales como extranjeros. “Los que se ganan la vida en esto”, como diría Bernardo Matte representando un pensamiento de la elite económica. Las que no dejan producir, que no dejan dar trabajo.

Las empresas quieren relacionarse sólo con las comunidades. Pero normalmente la ciudadanía de los territorios donde se instalan megaproyectos no tiene los recursos, el conocimiento técnico ni la experiencia para enfrentarse en igualdad de condiciones a grandes compañías.

“Esperamos un aporte constructivo de las ONG, sabemos que hay temas que desarrollar, conversar, mejorar y esperamos que su aporte ayude al progreso y el bien del país”, explica Angelo Romano, gerente de Asuntos Públicos de Arauco, en la Región de Los Lagos.

La comunidades, en tanto, han debido especializarse. Los agricultores del Valle del Huasco y Caimanes se vieron obligados a adentrarse en el conocimiento del proceso del oro y el cobre, el uso de cianuro y los impactos de la gran minería, los habitantes de Valdivia sobre las celulosas, los riles y el luchecillo que desapareció, y hoy patagones de la Región de Aysén saben de hidroelectricidad, y los impactos ambientales y sociales de las represas y líneas de alta tensión. Y es que el Estado ve esto como un conflicto entre privados. Ello pese a declaraciones como las del gerente general de Endesa Chile, el español Rafael Mateo, quien en la Junta de Accionistas de abril de este año dijo: “Estamos colaborando con el ente regulador para que se establezcan normas acordes a nuestros intereses”.

Para muchos la participación ciudadana es sólo un “gesto” para que el proceso parezca democrático. ¿Un botón? El proyecto de la planta de aluminio en Aysén (Alumysa), con un costo de 2 mil 750 millones de dólares, constaba de 24 tomos de información, cuadros y anexos. “¿Quién puede revisar eso? ¿Podemos hablar, en estos casos, de real participación ciudadana? Las comunidades afectadas dicen que no. LN

Visiones contrapuestas

La guerra del agua en Valdivia es paradigmática. Celco fue para algunos la gran oportunidad de industrializar la zona. “Éste era el proyecto que faltaba. Más de 10 mil trabajadores en dependencia directa de Celulosa Arauco y Valdivia”, dice Hugo Ceballos, representante de los forestales que prestan servicios a la empresa de Angelini.

Pero la promesa de derrotar el desempleo en San José de la Mariquina (donde se emplaza la planta), choca con la realidad. Cuando la Presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto de creación de la Región de Los Ríos, en marzo de este año, la prensa local tituló: “Mariquina quiere derrotar el desempleo”.

La contaminación ha marcado esta zona y parte de la población pone en duda si su tierra vale el desarrollo prometido. “Acá está involucrado el bien común. Porque cuánto tiene de duración una planta de celulosa, ¿20 años? O sea, con todo el impacto que tienen asociado las plantaciones exóticas para los suelos, los cursos de aguas, etc. Acá estamos hablando de algo de muy corto plazo en términos de desarrollo. El terremoto nos quiso decir algo, uno ve Valdivia y es una ciudad bonita, y sabe que tiene otras posibilidades, no de las chimeneas humeando”, dice Ximena Rosales, vocera de Acción por los Cisnes.

Aysén: un conflicto latente

En Aysén, la guerra por el agua se está iniciando. Cinco represas que proyectan Colbún y Endesa, y tres la minera Xstrata, tienen a la región en vilo. Como contraparte, múltiples organizaciones regionales críticas reunidas en la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida.

Lo explica Peter Hartmann, director de Codeff: “Aysén desde hace muchos años tiene asociado el concepto de reserva de vida y todos los esfuerzos del Gobierno, del sector privado, de la ciudadanía, han sido dirigidos a concretar esta visión. Y obviamente convertir a la región en la despensa energética no es coherente con ella, porque nada tienen de naturales las represas y las líneas de alta tensión”.

En tanto, HidroAysén (Endesa y Colbún), gerenciada por Hernán Salazar, no cree que hoy existan problemas con las comunidades. “En Aysén actualmente no hay conflictos”, dice, a pesar de las diversas manifestaciones que se han organizado hasta ahora.

Fuente: www.lanacion.cl

Cochrane

“El agua constituye un recurso natural abundante en Chile y debemos utilizarla para dar solución a los problemas del país, como contar con una energía soberana, confiable, de menor costo, que contribuya a la estabilidad del sistema energético de Chile”. Con esta reflexión bajo la manga y confirmando que el crecimiento de la demanda energética entre 2008 y 2017 se situará en torno al 6,8% anual, el gerente general de HidroAysén

-consorcio formado por Endesa (51%) y Colbún (49%)-, Hernán Salazar, dio a conocer en Cochrane, Región de Aysén, el detalle del proyecto hidroeléctrico que entrará al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante el primer trimestre del próximo año. Según explicó Salazar, dicho estudio lo realizará una compañía sueca con experiencia en el manejo de fiordos que está trabajando con consultores chilenos.

Se trata de una nueva versión del anteproyecto dado a conocer por Endesa en julio de 2005, que contempla la construcción de cinco centrales -dos en el río Baker y tres en el río Pascua-, manteniendo su aporte al Sistema Interconectado Central (SIC) de 18.430 GW/h/año, lo que según el ejecutivo representaría alrededor del 20% de la demanda del SIC hacia fines de la próxima década.

DISMINUYE ZONA INUNDADA

Sin embargo, la principal modificación respecto al anteproyecto es la reducción del 36,5% en la superficie de los embalses manteniendo la capacidad de generación de energía. Según explicó Salazar, eso se logra optimizando el uso de los recursos hídricos disponibles en la zona donde se emplazarán las centrales, disminuyendo la altura de los muros y construyendo las cinco centrales de generación.

Sobre la base de los datos recopilados durante los últimos diez meses para la elaboración de la Línea de Base Ambiental y las prospecciones de ingeniería realizadas desde julio de 2005, “concluimos la viabilidad de reducir el área de los embalses a sólo 5.910 hectáreas, un 36,5% menos que el anteproyecto”, señaló Salazar durante el lanzamiento del proyecto. El ejecutivo explicó que las centrales proyectadas en el río Baker disminuyen la superficie de los embalses en un 45,4%, alcanzando 4.300 hectáreas, mientras que en el río Pascua la superficie del embalse aumenta un 14,2%. Salazar aclaró que de las 5.910 hectáreas que se inundarán, 1.900 corresponden a la superficie actual de los ríos, y por ello el incremento es de sólo 4.010 hectáreas. “En términos de aprovechamiento, es casi tres veces Ralco”, graficó el ejecutivo.

Respecto a la capacidad instalada, el ejecutivo precisó que en las centrales Baker I y II será de 660 MW y 360 MW, respectivamente, mientras que en el Pascua, la unidad I tendrá 460 MW. Por su parte, los 940 MW asignados originalmente para la central Pascua II, se dividieron en las unidades 2,1 y 2,2, que en cada caso tendrán potencias de 770 MW y 500 MW, lo cual da como resultado los 2.750 MW de nueva capacidad asignadas al complejo.

Si bien estas modificaciones al anteproyecto implicarán un aumento de la inversión presupuestada inicialmente de 2.430 millones de dólares, Salazar no especificó el nuevo monto de inversión. Tampoco hizo alusión a la fecha de entrega del estudio de impacto ambiental del tendido eléctrico de Transelec, que llevará la energía de la Patagonia a la zona central del país. “Le hemos encargado a Transelec que está haciendo todos los estudios. Tienen una tarea importante porque es una línea de casi dos mil kilómetros y hay aspectos técnicos que tienen que ser mirados con cuidado por las autoridades respectivas. Es una línea que se está pensado en corriente continua y prefiero esperar las definiciones que pueda alcanzar este operador calificado”, dijo Salazar.

RESPETO AL TURISMO

Otro importante anuncio realizado por el ejecutivo fue que el salto en la confluencia de los ríos Baker y Nef, el sector de Valle Grande y el sector de lodges de pesca, sitios considerados de gran relevancia turística y ambiental por la comunidad de Aysén, quedan excluidos de la zona de los embalses. De esta manera, añadió, se protege los valores ambientales de importancia para la región.

Según el cronograma de la empresa, en el primer trimestre de 2009 se comenzará las obras de infraestructura previa para la central Baker I, mientras que la Baker II comenzará en 2017. Respecto a las centrales en el río Pascua, Salazar explicó que a mediados de 2.011 comenzarán las obras de infraestructura de la central Pascua 2.2; en el segundo semestre de 2.013 las obras de la central Pascua 2.1; y en el 2.015 las obras de la central Pascua I. La primera central estará operativa aproximadamente en 2014, aclaró Bernardo Canales, gerente técnico de HidroAysén.

Uno de los beneficios del proyecto, planteó Salazar, será la reducción del costo de energía para los habitantes de Aysén. Canales adelantó que para fin de año estaría lista la fórmula para reducir el costo de la energía en Aysén.

Quienes no se mostraron convencidos de los beneficios del proyecto, fueron un grupo de manifestantes de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, quienes vociferaron con altoparlante frases como “ladrones”, “no queremos represas” y “den la cara”, afuera de la “Casa Abierta” de HidroAysén, lugar donde se llevaba a cabo la presentación del proyecto a los medios de comunicación.

Fuente: www.lanacion.cl

Diversos privados, entre ellos dueños de termas, también han manifestado su oposición a que en Coñaripe y Liquiñe se ubiquen cinco centrales hidroeléctricas por parte de una empresa de origen noruego.
Hace algunas semanas este Diario dio a conocer las intenciones que tendría una empresa Noruega por instalar cinco centrales hidroeléctricas en el sector colindante a Coñaripe, incluyendo Liquiñe y parte de la zona lacustre de La Araucanía, generando preocupación e incertidumbre en los habitantes del lugar y sobre todo de las comunidades mapuches allí presentes, cuyos representantes o lonkos por nada del mundo desean que se instalen estas centrales, ejemplificando el tema con lo sucedido hace algunos años en el Alto Bío Bío.

“A diferencia de lo que pasó en Ralco, en el Alto Bío Bío, donde las comunidades mapuches terminaron cediendo a la invasión extranjera, en Coñaripe esto no sucederá y las pretensiones de esta empresa encontrarán un tajante rechazo de nuestra parte, ya que no puede ser que pretendan construir estas cinco centrales en un terreno que no es apto, quebrantando la convivencia social de los mapuches. Hay una serie de fundos particulares que están en mejores condiciones, entonces… ¿porqué no instalan sus centrales allí?”, comentó Abraham Cafuluán Curipán, werkén de la comunidad mapuche José Cafuluán de Coñaripe.

El werkén también señala que el “daño” ecológico que se produciría en el territorio, si es que prospera el proyecto, sería inmenso. “Se intervendría el cauce de los ríos Llancahue y Mellizos, lo cual también afectaría al lago Calafquén, que comparten varias localidades de la zona lacustre. Es por ello que no daremos nuestro brazo a torcer y ya estamos en contacto con abogados para garantizar nuestra convivencia”.

El abogado que está asesorando a las comunidades mapuches y algunos privados, como dueños de termas, que también se oponen al proyecto, es Mario Osses, quien sostuvo que “sobre 30 mil personas se verían afectadas con este mega proyecto, por lo que vamos a tomar todas las medidas del caso para que no prospere”.

Por Rodrigo Salas.

Fuente: www.australtemuco.cl