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Gobierno no frenará expansión salmonera

Gobierno no frenará expansión salmoneraLa comisión gubernamental creada para abordar la crisis salmonera tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Los ambientalistas piden frenar el crecimiento de esta industria para hacer mejorías de fondo en este sector. 

 
Organismo creado por el Ejecutivo para proponer medidas para enfrentar desastre provocado por el virus ISA no se pronunciará sobre un tema clave para los ecologistas: el crecimiento de la industria. Sólo lo hará en materias como la revisión de reglamentos sanitarios y control de ovas.
 
La comisión gubernamental que se creó para abordar la crisis de la industria del salmón tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Sin embargo, ninguna de ellas apuntará a frenar la expansión de la industria como lo habían solicitado ONG ambientalistas, a raíz de los problemas provocados en el sector por el virus ISA (anemia infecciosa del salmón).

La instancia -que preside el ministro de Economía, Hugo Lavados, secundado como secretario ejecutivo por el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval- tuvo la tarea de recabar información sobre los problemas que aquejan al sector y sus posibles soluciones.

Pero la expansión no será tema, así como tampoco la situación laboral de los trabajadores, ni el uso de antibióticos (ver nota aparte). En cambio, sí se buscarán mecanismos para regular el ingreso de ovas al país, ya que el virus ISA llegó a Chile desde el extranjero.

Paralelamente se revisarán los dos instructivos del sector: el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) y el Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA), propuestas que no incluyen cambios estructurales o requieran una discusión legislativa.

La comisión tendrá ahora dos meses para profundizar en estos temas y definir cuál será el nivel de importancia que tendrá cada uno. En diciembre, deberán ser implementadas. Cualquier otro cambio de fondo será materia de análisis el próximo año, lo que para las ONG es el peor escenario, debido al tema electoral.

La directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, dijo que sería una mala noticia que ninguna de las propuestas apunte a frenar momentáneamente la expansión de la industria para abordar los problemas de fondo de este sector.

“Lo propicio sería frenar la expansión de la industria, porque se necesitan hacer cambios regulatorios y de ordenamiento territorial importantes que son muy difíciles de hacer cuando esta industria se sigue expandiendo”, dijo.

Para el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, quien ayer viajó a Noruega para denunciar el doble estándar con el que a su juicio operan las salmoneras en nuestro país, sostuvo que detener el crecimiento de las concesiones acuícolas es clave para resolver el problema en que se encuentra hoy el país y que se ha traducido en el despido de miles de personas.

Moratoria temporal

“Nuestra principal demanda es que se aplique una moratoria temporal a la entrega de nuevas concesiones, hasta que el Estado asegure que puede resguardar el medio ambiente, la salud pública y los derechos de trabajadores, y comunidades costeras”, señaló.

En Oceana, su director Alex Muñoz, dijo que su ONG emitirá una opinión oficial una vez que las propuestas sean dadas a conocer por el Gobierno.

Sin embargo, afirmó que en el caso que no se considere el fin al uso de antibióticos o no se incluyan acciones para frenar la expansión de salmoneras en la Duodécima Región, abogarán porque la comisión reformule sus prioridades.

 
LA POLÉMICA POR LOS ANTIBIÓTICOS
 
Además de la preocupación por los efectos negativos de la expansión de la industria, las ONG también están inquietas por el uso de antibióticos. Un tema que no aparece dentro de las propuestas de la comisión, pero que podría abordarse a la hora de revisar los reglamentos sanitarios.

Esta semana la ONG Ecoceanos lanzó una campaña para proteger a los consumidores y pidió la creación de una agencia estatal que monitoree el uso de antimicrobianos en animales para consumo humano, un tema de alta preocupación para la Organización Mundial de la Salud.

Según estudios del Instituto de Farmacia de la Universidad Austral, el salmón que se vende en supermercados presenta residuos de medicamentos que están prohibidos en países como EEUU.

Lo mismo quiere Fundación Terram. En su presentación a la comisión denunció que no hay información pública disponible de las cantidades reales de antibióticos que se utilizan en acuicultura, así como en la ganadería y avicultura, a diferencia de los que ocurre en salud humana.

“A lo que se suma una preocupante descoordinación con organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la autorización de vacunas que reemplacen el uso de antibióticos administrados en baños o a través del alimento”, dijo la ONG.

Informe estadounidense constata graves problemas sanitarios y ambientales en salmoneras chilenas

Informe de entidad estadounidense constata graves problemas sanitarios y ambientales en salmoneras chilenas

La salmonicultura chilena vive una crisis profunda. Expresión de esto es que la transnacional noruega Marine Harvest (MH), está cerrando sus plantas y centros en nuestro país. La razón son las enormes pérdidas operacionales que tiene en Chile y que están afectando seriamente sus resultados globales. Las acciones de MH –que se cotizan en la bolsa de Oslo- tuvieron el año pasado una merma de un 27%, según señala el balance de esta empresa que es la primera productora mundial de salmónidos, siendo también la principal de Chile.

La crisis de MH no es un caso aislado. Las acciones de las dos salmoneras chilenas que cotizan en la bolsa de Santiago, Multiexport (en la bolsa es Multifood) e Invertec (Ivermar), registran un descenso de más de un 40% en los 4 primeros meses de este año. El precio de la libra de salmón chileno, que el 2006 valía 4 dólares, el 2007 se cotizaba a un dólar. Sólo este año las salmoneras han despedido a 4.800 trabajadores y MH anunció para junio 1.200 nuevos despidos.

El borde costero de la décima región está siendo testigo de cómo los otrora bullentes centros de engorda de salmónidos (CES), son abandonados tal como ocurriera con las salitreras de la pampa nortina desde fines de los años veinte del siglo pasado. En el Estuario de Reloncaví más de la mitad de los 31 CES son hoy sólo estructuras flotantes. Mainstream ha cerrado sus centros en Calbuco, Quellón y Achao. Esta tendencia se reproduce en toda la décima región, donde se produce –o producía- el 70% del salmón chileno hasta el 2007.

La razón de este descalabro: las inmensas mortalidades fruto del imparable avance del ISA (anemia infecciosa del salmón) y de la plaga de piojos de mar (caligus sp), que están arrasando los CES de la décima y undécima regiones. Y lo peor está por venir.

El informe Ellis

La compleja situación de la industria salmonera está siendo atentamente monitoreada por los países consumidores entre los que destaca Estados Unidos, el mayor importador de salmones chilenos. El año pasado los retornos por ventas de salmones a este país fueron de 862 millones de dólares, lo que representó un 35 por ciento de los envíos totales del pescado.

En este contexto es que se da la visita de la FDA a Chile. Su delegación llegó a Chile el 19 de abril y tiene programado estar un mes en el país. Uno de sus objetivos principales será evaluar los sistemas de producción de la industria salmonera y verificar que se adecuen a las exigencias de la acuicultura de Estados Unidos.

La visita de la FDA se da un mes después que el New York Times publicara -el 27 de marzo pasado- el reportaje titulado “Virus del salmón pone en tela de juicio métodos pesqueros chilenos”. Esta nota dio cuenta al gran público estadounidense de los estragos provocados por el ISA, el enorme daño ambiental ocasionado por la salmonicultura chilena y la contaminación con antibióticos de los salmones producidos en Chile. Cuatro días después de aparecida esta publicación, Safeway -una de las tres cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos con 1775 locales- anunció que suspendía la compra de salmones chilenos.

La posición de las salmoneras chilenas en Estados Unidos se torna aún más grave si se considera que el gobierno norteamericano tiene en su poder, desde agosto del año pasado, un informe del Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS, USDA, por sus siglas en inglés, entidad equivalente al SAG de Chile). Este informe, que hasta ahora no había sido divulgado por la prensa, es firmado por el miembro de ese organismo y especialista en la materia, Stephen K. Ellis. Se titula “Riesgos y factores que inciden en la propagación del ISA en Chile”. Fechado el 24 de agosto de 2007, hace un lapidario balance de la situación sanitaria de la salmonicultura chilena.

Antes de partir con el fondo de su exposición, Ellis se preocupa de denunciar que la jefa de acuicultura de Sernapesca, Alicia Gallardo, no lo recibió. Y que nadie de esta repartición respondió sus preguntas. Respecto del fondo, el mencionado informe da cuenta de las grandes mortalidades provocadas por el ISA; de la excesiva manipulación de los peces; de lo cerrado –con poca circulación de corrientes- de los sitios marinos donde se encuentran muchos centros. Asimismo, expresa que “la resistencia de los piojos de mar al benzoato de emamectina está ampliamente extendida. La infestación –señala Ellis- se ubica entre los 200 y 400 caligus (piojos de mar) por pescado en casos extremos”.

El reporte señala que hay una “ausencia total” de las medidas de bioseguridad que necesariamente deben ser usadas para evitar las enfermedades y su propagación. Evidencia de esto sería la carencia de tecnología y laboratorios en Chile que permitan detectar el ISA. Esto es corroborado por el biólogo experto en salmonicultura Héctor Kol, quien a este respecto señaló que “para detectar el ISA mandan los salmones con síntomas de la enfermedad a Canadá y allá hacen el diagnóstico”.

Otra muestra de los problemas de bioseguridad, que según Ellis existen en la salmonicultura nacional, es que en Chile no hay “estandarizacion de los servicios ofrecidos por Sernapesca para los diagnósticos de laboratorio”. Esto significa que los laboratorios ocupan distintas técnicas de análisis, por lo que la inspección de un mismo salmón puede dar resultados distintos si se hace en más de un laboratorio.

La APHIS/USDA, en su reporte, también señala que “no hay separación de reproductores”. Kol lo explica: “Esto se refiere a que no están separadas las ovas que se compran en el extranjero de las que se producen en Chile”. Agrega el biólogo chileno: “Sin hacer esas separaciones es muy difícil seguir una trazabilidad, o sea el origen de la enfermedad ¿de dónde vino?, ¿de Noruega, o se produjo en Chile?”. El Informe Ellis critica también el manejo de las aguas residuales de las plantas de proceso.

Este documento es el principal antecedente que tiene Estados Unidos sobre los problemas de la salmonicultura chilena. “El artículo del Times -que no menciona la existencia del paper- lo que hizo fue agitar las aguas de la opinión pública norteamericana y reforzar la decisión del gobierno de Estados Unidos de enviar a la FDA a Chile”, asegura Kol. En este contexto, la inspección de la FDA inevitablemente tendrá como uno de sus principales objetivos certificar, corregir o eventualmente desmentir lo planteado por la APHIS/USDA.

Problemas con los Antibióticos

Bastaría que los funcionarios de la Agencia de Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por su sigla en inglés), emitieran un informe que describiera los tipos, cantidades y formas de administración de los antibióticos usados en la salmonicultura chilena, para provocar el cierre del mercado norteamericano. Esto porque su uso en Chile contraviene numerosas normas sanitarias existentes en el país del norte.

En la salmonicultura norteamericana, por ejemplo, sólo se permite el suministro de antibióticos a través de inyecciones. En la salmonicultura chilena los antibióticos se usan disueltos en los alimentos. Esto tiene como consecuencia una gran pérdida o disolución de estos en el medio acuático y la consiguiente contaminación de la fauna silvestre.

Hay más: desde 2006 existen estudios que con absoluta claridad demuestran que en la salmonicultura chilena se usan antibióticos prohibidos en Estados Unidos. Uno de estas investigaciones es “Antibióticos y Acuicultura en Chile”, del doctor en microbiología y académico del New York College, Felipe Cabello (Revista Médica de Chile, Nº 132, 2006). Allí se señala que entre los 16 tipos de antibióticos que se usan en Chile, hay 14 que están prohibidos por la acuicultura norteamericana. Entre ellos hay algunos que pertenecen a la familia de las quinolonas, que son la última generación de antibióticos existentes en el mundo. Las quinolonas están estrictamente restringidas para el uso humano en Estados Unidos. Esto, debido a que su uso en la producción de alimentos genera resistencias a enfermedades, no sólo en los animales tratados sino también entre sus consumidores.

Una investigación de la Fundación Oceana, dada a conocer en julio de 2006, reveló que el 40 por ciento de los peces silvestres testeados en el Estuario de Reloncaví contenían antibióticos que con certeza provenían de la industria salmonera. Por otra parte, Fundación Pumalín y Ecoceanos dieron a conocer, el 28 de abril pasado, un estudio realizado por el Instituto de Farmacia de la Universidad Austral, que detectó dos tipos de antibióticos de la familia de las quinolonas en salmones que se venden en supermercados y ferias de la Región de los Lagos. Se trata de flumequina y ácido oxolínico, en concentraciones de 16,1 y 15,2 partes por billón (ppb) respectivamente. En sólo uno de los casi 600 centros de cultivo existentes en Chile, se ocuparon -durante el 2006- más antibióticos que los usados en toda la producción de salmónidos en Noruega en el mismo lapso. Nos referimos al centro Punta Tres Cruces, ubicado en el Estuario de Reloncaví, comuna de Cochamó, que ocupó 789 kilos de antibióticos para producir 700 toneladas de salmón. En Noruega se usaron aquel año 600 kilos de estos químicos en toda su producción.

Esta información del centro Punta Tres Cruces, fue extraída de la propia Declaración de Impacto Ambiental presentada por su propietaria, Trusal. Aparece citada en el estudio “Efectos ambientales y económicos de la salmonicultura intensiva en el Estuario de Reloncaví” (marzo, 2007) (www.conapach.cl/salmones), dirigida por Héctor Kol, por encargo de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.

El hecho que la FDA no haya detectado estos químicos en los cargamentos que ingresan a Estados Unidos, se podría adjudicar a falencias en los sistemas de detección utilizados por esta organización encargada de la verificación de los estándares de calidad de los alimentos que se consumen en Estados Unidos.

En este sentido es importante mencionar que el 2007, Chile exportó a Estados Unidos 118 mil toneladas de salmón. La FDA sólo tomó 40 muestras, que según diversos estudiosos de la materia consultados por este medio, serían insuficientes para detectar los antibióticos ocupados en la producción de salmónidos. Pero no sólo las muestras son insuficientes sino que también lo son los tipos de químicos buscados. Hasta el 2006 la FDA sólo controlaba la ivermectina, pesticida que nunca se ha utilizado en la salmonicultura chilena, por lo que su búsqueda es y era poco útil. Desde el 2007 las indagaciones se ampliaron a la flumequina, ácido oxolínico, cristal violeta y verde malaquita (estos dos últimos son funguicidas). Esta información fue proporcionada el 4 de abril pasado por la propia FDA a Pure Salmon (campaña internacional por la producción limpia de salmón).

La directora de la campaña de acuicultura de Pew Environment Group, Andrea Kavanagh, solicitó públicamente a la FDA, el 17 de abril pasado, que realice un muestreo mucho más grande a las partidas de salmón chileno que llegan a Estados Unidos y efectúe pruebas a un rango más amplio de antibióticos y químicos.

Fuente: El Mostrador

Denuncian a contratistas de salmoneras por desastre ambiental en playas de Aysén

Además del grave daño ambiental, las faenas de estas empresas del sector salmonero ponen en riesgo la salud de los pobladores de la localidad y afectan el desarrollo de actividades económicas como el turismo y la pesca.

Un nuevo desastre ambiental en las playas de Puerto Cisnes, en la Región de Aysén, está generando la industria del cultivo de salmón. Esta vez, las denuncias de los operarios de turismo y pescadores artesanales apuntan a las faenas de las empresas contratistas de este sector productivo que se dedican a la confección de fondeos o “muertos”, estructura que permite mantener la balsa-jaula fija a un lugar.

Anteriormente, el hecho que causó preocupación en los lugareños, fue la disposición de desechos industriales en un vertedero ilegal emplazado al interior de las instalaciones de la empresa salmonera Los Fiordos/ Agrosuper, a tres kilómetros de Puerto Cisnes. Estos residuos contaminaron napas subterráneas y el propio Río Cisnes, situación que fue constatada por la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (BIDEMA), de la Policía de Investigaciones

El empresario turístico Ronald Pfeil, denunció que “en todas las playas en que los últimos 12 meses se han fabricado “muertos”, queda una zona de desastre con grandes pozos de lastre, toda la basura que sobra después de la faena como la gran cantidad de plásticos, talbas de moldaje, fierros, bolsas vacías de cemento y todos los desperdicios que dejó la cuadrilla durante 60 días o más”.

El empresario afirmó a Ecoceanos News que “la primera denuncia al respecto fue presentada hace dos años en contra de una empresa que se estableció en la Isla Tortuga, donde terminaron su faena sin limpiar la playa y restituir el lugar a su estado original. Luego hubo otra faena en la playa de Puerto Cisnes, una zona turística, donde dejaron las estructuras de cemento que aún están en el lugar”.

Así la actividad ha ido creciendo, y ya son al menos diez las empresas que se dedican a la fabricación de “muertos” para centros de cultivo de salmones en la zona de Puerto Cisnes. “El daño se agrava día a día pues las faenas aumentan en intensidad y extensión a medida que pasa el tiempo, sin ir más lejos basta señalar que se ha desembarcado una retro excavadora con la cual se trabaja a ritmo acelerado haciendo cada vez más irreparable el daño”, precisó.

Según la denuncia de Pfeil, las playas afectadas son Rauco, Puerto Cisnes, Río de las Truchas, Isla Tortuga, Playa de la Medialuna, Catalina, Villegas, Río Anita, y muchos otros lugares al norte y sur de Puerto Cisnes.

Recientemente, los pescadores artesanales también pudieron constatar actividad de extracción de áridos, construcción y acopio de “muertos” para fondeo en los terrenos de playa ubicados en Puerto Laguna; Playas Largas en Isla Melchor; Caleta Vidal en Canal Pilcomayo y Calata Andrade en Puerto Aguirre. La mayoría de las empresas no contaban con los permisos respectivos, como los otorgados por el Ministerio de Obras Públicas para la extracción de áridos.

Cabe consignar, que la administración de los terrenos de playa, bienes nacionales de uso público, corresponden al Ministerio de Defensa y su fiscalización corresponde a la autoridad marítima.

En el sector de playa Estero Rauco, ubicado en el Extremo Norte de la Isla Zañartu del lado del continente, se iniciaron faenas de este tipo sin ninguna autorización. Al respecto, Ronald Pfeil afirma que “a consecuencias de ello, se ocasionó prácticamente la destrucción de la otrora prístina playa por cuanto se retiraron cientos de metros de áridos, se desembarcó material inerte, se dejó basura, hay construcciones no autorizados en terreno privado y se produjo un daño irreparable en la desembocadura del río de dicha playa en el Jacaff”,

Los miles de litros de cemento y fraguantes químicos también están causando moralidad de la flora y fauna marina en la región de Aysén. “He visto cientos de jaivas, mitílidos, caracoles, luche, entre otras especies, muertas”.

FALTA DE FISCALIZACIÓN
Pfeil comentó que recurrió a la Fiscalía para consultar por la presentación de una denuncia, pero se encontró con la sorpresa que “la destrucción de una playa no es delito, tampoco el arrojar toneladas de desperdicios y basura generada por unos 40 barcos de abastecimiento de las salmoneras, que circulan por el área todos los días con una dotación promedio de ocho tripulantes. ¡Esto corresponde a la basura generada por 60 casas todos los días vertidas en nuestro mar!”.

La Capitanía de Puerto de Puerto de Cisnes no cuenta con embarcaciones, por lo que no puede realizar su labor fiscalizadora. Además, las playas no son chequeadas, antes ni después de la entrega del permiso que entrega la Autoridad Marítima. Tampoco se fiscaliza la cantidad de áridos extraídos, ni el tiempo de permanencia, que siempre es excedido.

Según Ronald Pfeil, “supuestamente la condición del permiso consiste en que se deje la playa en su estado original, lo que no es posible después que cientos de toneladas se hayan extraído. Pese al desastre que causan estas faenas al medioambiente, las empresas no cuentan con Declaración, ni menos Estudios de Impacto Ambiental”.

La BIDEMA de la Policía de Investigaciones se encuentra verificando en terreno los hechos denunciados, que además del daño ambiental pone en riesgo la salud de los pobladores de la localidad y afecta el desarrollo de actividades económicas como el turismo y la pesca. Víctor Espinoza, Jefe de la BIDEMA de Aysén dijo a Ecoceanos News, que “en caso de verificar el hecho, nosotros actuamos como denunciante ante la Fiscalía”

Las empresas contratistas cuestionadas prestan servicios a grandes compañías salmoneras nacionales y multinacionales, como Los Fiordos/ Agrosuper, Cultivos Marinos Chiloé, Marine Harvest, Multiexport, entre otras.

Fuente: www.ecoceanos.cl

Manifiestan inquietud ciudadana por vertedero industrial en Chiloé

Inquietud ha generado entre los habitantes de Chiloé el proyecto de la compañía Agrícola Corcovado para “Regularizar zanjas de disposición final de lodos” del principal vertedero industrial de la isla. De acuerdo a información entregada por la ONG Ecoceanos, la real intención de la empresa -que ya presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a evaluación de las autoridades- sería aumentar en 8,7 veces la recepción de lodos provenientes principalmente de la industria del salmón.

Además, según Ecoceanos, la DIA contiene numerosas omisiones de información y fue realizada por la consultora POCH & Asociados, en la cual participan el ex Intendente regional Jorge Vives y el ex director de la Conama de la Región de Los Lagos, José García Huidobro.

Desde 2005, Agrícola Corcovado (vinculada a la salmonera Pacific Star) tiene autorización para depositar en este vertedero ubicado en el sector Mocopulli, en la comuna de Dalcahue, un volumen promedio mensual de 120 metros cúbicos (m3) de lodos. En la DIA presentada en julio pasado se solicita aprobar un volumen promedio aproximado de 1.044 m3 al mes (12.528 m3 al año). Es decir, aumentará en casi 9 veces el volumen de recepción de estos residuos del cluster salmonero.

Cuestionamientos

El proyecto fue presentado a la Conama como “una alternativa para mejorar de forma sustentable, la forma de disposición de lodos y la infraestructura de las zanjas actuales y futuras”. Sin embargo, la comunidad y algunas autoridades de Chiloé han cuestionado la verdadera intención del proyecto.

El encargado del Departamento de Fomento Productivo Municipalidad de Dalcahue, Dr. Oscar Ramírez, señaló que “el nombre del proyecto de Sociedad Agrícola Corcovado no tiene relación con su objetivo, cual es ampliar el vertedero”.

Además cuestiona la falta de información, señalando: “No existe una carta Gantt, por ejemplo de apertura, de cierre y abandono de zanjas, y eso nos preocupa porque si bien se propone un mejoramiento en la tecnología de la impermeabilización y el retiro de los percolados, no existe una claridad con respecto al número de zanjas nuevas y a su plan de trabajo”.

Por otra parte, la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas se ha pronunciado “inconforme sobre la Declaración de Impacto Ambiental” y afirma que el proyecto “no cumple con la normativa ambiental vigente”; mientras que la Conama Regional también ha manifestado inquietud por la ausencia de información en el documento entregado por la empresa.

El proyecto de 2005 contempla la recepción de lodos biológicos no orgánicos y lodos biológicos de talleres de redes, que cuenten con sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos autorizados por la Autoridad Sanitaria y Ambiental.
Agrícola Corcovado precisa ahora que recibirá lodos del sector salmonero, pesquero sanitario y de talleres de redes salmoneras.

Recientemente, el Municipio de Dalcahue envió a la Conama sus argumentos técnicos para rechazar el proyecto. Además se consideró el pronunciamiento de la comunidad local, agrupada en el Comité Medioambiental Mocopulli, conformado por cerca de 70 familias.

El doctor Ramírez aseguró que “en innumerables oportunidades hemos recibido reclamos por parte de la comunidad por el mal funcionamiento de este vertedero, por la generación de malos olores y el movimiento de camiones que hace que el tema vial también sea complejo”.

Agregó que “el Municipio de Dalcahue espera que la Corema tenga los elementos de juicio para poder tomar su decisión libremente”. Sin embargo, precisó que “los antecedentes aportados por el Municipio y la comunidad van a tener el peso suficiente, porque al final es el perjuicio a las personas y al medioambiente el que tiene que prevalecer por sobre cualquier miramiento de tipo netamente económico”.

La dirigente vecinal Gladys Barría vive a 500 metros del vertedero Corcovado, cruzando la Ruta 5. Ella lidera el Comité Ambiental que se formó en medio del conflicto surgido en 2006 con otro vertedero industrial ubicado en el sector de Piruquina.

Por años las comunidades de Mocopulli han sido afectadas por el mal manejo sanitario y ambiental de los vertederos industriales y de la proliferación de basurales clandestinos, que reciben principalmente residuos de la industria del salmón.

“Las familias de la comunidad se dedican a la agricultura y han visto mermadas sus producciones debido a la contaminación del vertedero Corcovado. En este momento no podemos cerrar los ojos a lo que va a venir próximamente”, aseveró Barría.

Y añadió: “El sector de Mocopulli se está rodeando de vertederos. Además los líquidos percolados se van a las quebradas y corren hacia el río, por lo que ya no existen espacios recreativos”.

11 Vertederos

Según Oscar Ramírez, Dalcahue cuenta con 11 basurales industriales. “Algunos vertederos han sido notificados por faltas graves, por lo que están en proceso de cierre y sumarios sanitarios. Los pozos de mortalidad quedaron obsoletos y muchas empresas salmoneras optaron por contratar los servicios, en vez de manejar sus propios basurales”.

Para el médico veterinario “por la envergadura de estos proyectos, debieran entrar al SEIA no como Declaración, sino como Estudio”. Una idea que esperan tome vuelo y pueda ser discutida a nivel regional.

En tanto, el Director de la Autoridad Sanitaria Provincial de Chiloé, Oscar Neumann, informó a Ecoceanos que “la Sociedad Agrícola Corcovado solicitó este año ampliar su capacidad para recibir los lodos de ESSAL, puesto que la empresa sanitaria no tiene sitios de disposición final”.

El Dr. Ramírez ratificó la información, y explicó que “la Autoridad Sanitaria le autorizó al vertedero el uso de las últimas celdas para la recepción de lodos de ESSAL, pero de manera provisoria por cinco meses”.

Fuente: Ecoceanos

La carta que busca frenar a Lagos ante la ONU

Veinte organizaciones ecológicas firman la misiva dirigida a Ban Ki-moon

Ayer en la tarde, los líderes de las organizaciones ecologistas que pedirán formalmente la remoción de Ricardo Lagos de su cargo de “enviado especial contra el cambio climático” afinaban los últimos detalles para que la carta que enviarán hoy llegase directamente a las manos del Secretario General de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon.

La carta, a la que tuvo acceso “El Mercurio”, explica en detalle por qué los ecologistas aseguran que el Gobierno de Ricardo Lagos “demostró una total insensibilidad respecto del medioambiente”.

En ella, las veinte organizaciones que firman el documento aseguran que su gestión impulsó “políticas atentatorias contra la sustentabilidad ambiental en beneficio de los intereses de los grandes grupos económicos, incluso defendiendo internacionalmente delitos contra la naturaleza”.

La alusión corresponde al caso de la planta de la empresa Lucchetti instalada en Lima, en terrenos correspondientes a una reserva natural. Al respecto, la carta señala: “Lagos intervino para lograr la impunidad de delitos relacionados a atentados al medio ambiente. Es el caso de de un multimillonario que era perseguido por los tribunales peruanos por delitos de corrupción”, dice.

La carta también critica la actuación de Lagos en el plano interno, haciendo alusión al Plan de Descontaminación Atmosférica de Santiago, en el que el ex mandatario habría “demantelado los avances generados en gobiernos anteriores en materia ambiental”, y complementa que “con ello, benefició a los especuladores inmobiliarios a costa de la salud de la población de Santiago”.

Asimismo, recuerda los casos Celco: “Nunca cumplió su deber fiscalizador, el que bien ejercido habría evitado la tragedia” de los cisnes del río Cruces; Pascua-Lama: “Los glaciares están en franco retroceso y debiesen tener una protección especial, pero en Chile, son sacrificados a la codicia”; la aprobación del “petcocke” como combustible complementario, “pese a los severos cuestionamientos internacionales al respecto y pese a los niveles de contaminación existentes en varias zonas de Chile”.

Un párrafo especial está dedicado a la decisión de Lagos de nombrar como subsecretario de Pesca a Daniel Albarrán, quien es cuestionado también en la carta porque “había sido recientemente presidente de la Asociación de Empresas Salmoneras. Como se dice en Chile, ‘puso al gato a cargo de la pescadería’”. Y rememora que éste fue removido en 2001, gracias a denuncias ciudadanas que demostraron que su “nombramiento violó la ley de probidad vigente”.

Además, hace cuenta de que “el gobierno del señor Lagos se caracterizó por la construcción de autopistas urbanas, lo que ha generado un notable incremento en el uso del automóvil particular, con todas sus nefastas consecuencias ambientales”, y agrega respecto de Transantiago que “fue elaborado con total negligencia y se ha convertido en un verdadero desastre para la ciudadanía, provocando un aumento aún mayor en el uso de automóviles”. Finalmente, los ambientalistas piden a Ban “reemplazar al señor Lagos por una personalidad que sí reúna los requisitos de idoneidad ética necesarios”.

Quiénes no la firmaron

Entre las organizaciones que no suscriben la carta, llama la atención la ausencia de algunas organizaciones que fueron férreos opositores a la gestión de Lagos en materia ambiental.

Es el caso de las ONG “Chile Sustentable”, que dirige Sara Larraín, y “Ecosistemas”, liderada por Juan Pablo Orrego. Eso sí, esta última sí se uniría a la campaña para que las Naciones Unidas reconsideren el nombramiento del ex Presidente.

En cambio, la organización a cargo de Larraín “no alcanzó a ser avisada” de la creación de la carta, pues la ambientalista se encuentra en Alemania. Sin embargo, los organizadores esperan que pronto adhiera al movimiento.

No es el caso del Instituto de Ecología Política, dirigido por Manuel Baquedano, que prefirió abstenerse de firmar la carta, aun cuando no se opuso a ella.

Los otros

De los tres personeros designados por la ONU como “enviados especiales para el cambio climático”, las objeciones sólo se centran en Ricardo Lagos, pues los ecologistas no tienen reparos con los otros dos.

Incluso, de la ex ministra noruega Gro Harlem Brundtland, aseguran que “llena plenamente los requisitos”.

En tanto, al ex ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Han Seungsoo, no lo objetan, por tratarse de un político responsable, aunque con poca contingencia en materia ambiental.

Los tres personajes deberán contactarse y recoger los puntos de vista de los diferentes jefes de Estado respecto del calentamiento global.

Hitos de la gestión ambiental del ex Presidente

Pocos logros se registraron en esta materia durante su mandato.

Los seis años de gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) estuvieron cruzados por una serie de eventos relacionados con el medio ambiente que el ex Mandatario debió enfrentar, con dispar suerte.

De hecho, es difícil encontrar en la prensa de la época hitos que hablen positivamente de la gestión ambiental de Lagos.

Sin embargo, cuando surgieron los primeros cuestionamientos a su mandato en estos temas, fue él mismo quien se defendió. En su oportunidad, dijo que “En mi gobierno hubo esfuerzos (en materia medioambiental). En Codelco se luchó por disminuir los gases perjudiciales que se emitían en El Teniente. Se pudo hacer más, pero el día tiene 24 horas”, sostuvo.

También podría incluirse la aplicación del Decreto Supremo 90, que regula la emisión de residuos líquidos. Asimismo, uno de las acciones que mayor impacto causó fue el cierre, en 2005, de la planta Valdivia de Celulosa Arauco, tras la larga crisis que produjo la muerte de los cisnes que habitaban el Río Cruces, que incluyó multas por más de 500 millones de pesos.

Otro de los puntos altos del mandato del nuevo “enviado especial para el cambio climático” en este ámbito fueron las sanciones cursadas a la empresa Aguas Andinas, por los hedores emanados por la planta de tratamiento “La Farfana”.

En su oportunidad, Lagos pidió incluso que su embajador en España, Enrique Krauss, presentara las aprensiones del gobierno chileno a las autoridades españolas por la mala calidad de las soluciones que entregaba la sanitaria.

 Fuente: www.elmercurio.cl