Para el médico veterinario este monocultivo industrial intensivo de especies carnívoras introducidas en aguas chilenas es del tipo “pan para hoy, hambre para mañana”, con ciclos de auge productivo y estrepitosas caídas posteriores, tal como lo ha sido el caso del archipiélago de Chiloé.
“El actual proceso de asalto a la biodiversidad patagónica que pretende implementar la industria del salmón está repitiendo los mismos patrones que provocaron la mega-crisis ocurrida en la región de Los Lagos el 2007”, señalo el Director de Ecocéanos.
Agregó que en Magallanes se observa una “preocupante falta de transparencia y de acceso a la información pública en relación con el actual proceso de zonificación costera. A ello se unen los sorprendentes anuncios de algunas autoridades y empresarios salmoneros sobre dispares números de concesiones que estarían siendo aprobadas del total de 1.600 solicitudes. Ello a pesar que restan 6 meses para que concluya dicho proceso “técnico”.
El médico veterinario alertó que “se implementará una salmonicultura intensiva en los frágiles y prístinos ecosistemas costeros patagónicos. Esto respaldado por los anuncios de aumentar en 1.300% las producciones regionales en una década, así como el posible aumento de la actual superficie ocupada por la actividad salmonera de 221 a unas 4.200 has”.
Cárdenas llamo la atención sobre “la débil capacidad fiscalizadora y de monitoreo del Estado, el cual no tiene infraestructura, presupuesto, ni personal para una adecuada fiscalización de los 52.000 km. de litoral interno de una de las regiones más extensas de Chile en términos costeros”.
“Actualmente el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) solo tiene 5 funcionarios de planta, 22 a contrata y 27 a honorarios en Magallanes, sin infraestructura ni recursos adecuados para fiscalizar y monitorear un explosivo aumento de 44 a 500 o 600 centros de cultivos de salmónidos, algunos de ellos ubicados a 8 horas del centro poblado más próximo”.
El director de Ecoceanos también se refirió a la falta de infraestructura sanitaria (hospitales), habitacional, educacional y de jardines infantiles para recibir a los 3.000 a 5.000 trabajadores y sus familias que la industria anuncia contratar, y que mayoritariamente provendrían de las regiones de Los Lagos y Bio-Bio.
El médico veterinario indicó además los potenciales impactos ambientales y sobre la salud pública que significara la actual falta de vertederos industriales en Magallanes para la disposición final de los desechos que provendrían de las 80 mil ton. anuales de salmónidos anunciadas por las compañías para los próximos años. 
Cárdenas agregó que además, la industria y las autoridades regionales están creando falsas expectativas respecto al tema laboral. “Los anuncios de un alto número de empleos seducen a la población local, pero la pregunta es qué calidad tendrán, ya que estos se han caracterizados por ser precarios, de alto riesgo y mortalidades, extensas jornadas y bajos salarios, con alto porcentaje de infraccionalidad laboral y prácticas antisindicales, siendo creciente el empleo de subcontratistas. Un ejemplo de esto es la situación de los buzos en los centros de cultivos, de los cuales hay 19 trabajadores muertos en los últimos seis años”.
El director de Ecoceanos afirmó que “la actual ruptura de la patronal SalmonChile, con la salida de 5 grandes empresas, entre ellas la principal productora chilena de salmón y una transnacional japonesa, evidencian la desconfianza existente al interior de la propia industria sobre la real implementación de las anunciadas nuevas normativa sanitaria; el cuestionamiento al sistema de “autoregulación” ambiental, laboral y sanitario por parte de un importante sector de las compañías; el creciente control de las transnacionales noruegas y lo excluyente que son las modificaciones de la Ley de Pesca y Acuicultura.
“Lo paradojal es que muchas de estas críticas son compartidas por organizaciones ciudadanas, ambientalistas, pueblos originarios, comunidades costeras y operadores de turismo local”, afirmó Cardenas.

Pedro Arrey,  Director Regional del Comité Nacional Pro de Defensa de la Fauna y Flora (Codeff), denunció que autoridades y parlamentarios pretenden levantar la veda a la caza del lobo marino, para iniciar una matanza, dando como razón el deterioro de la actividad pesquera artesanal en la zona,  “culpando a los lobos marinos de ser los responsables de la crisis de la pesca artesanal. Sin ahondar en las causas reales que están vinculadas a la pesca industrial, la salmonicultura, y la legislación vigente, justificando con esto una matanza “controlada” de esta especie marina.”
A pesar de estar vigente hasta el año 2012 la veda extractiva del lobo marino el actual gobierno, a través de la Subsecretaría de Pesca se encuentra estudiando la posibilidad de levantar esta veda amparada en los decretos 3º y 5º, donde se establece que la medida se puede suspender en el caso que existan lobos cebados y agresivos. Las autoridades señalan que de 22.500 ejemplares existentes en 1996 su número ha subido a 62.000 en el 2007.
CODEFF, ha  llevado adelante por más 20 años, estudios censales anuales y de  protección de lobos marinos en Cobquecura, Santuario de la Naturaleza, a partir de los cuales “podemos afirmar responsablemente que la población de esta especie ha disminuido en el periodo 1970-2010 y la tendencia se mantiene a la baja. En sólo 40 años, la población de lobos marinos de la zona, ha disminuido dramáticamente. Es así como de una población de 15 mil individuos que se contabilizaban en 1982, se pasó a la reducida cifra de 1.363 en el año 2009.” asegura Pedro Arrey.”
El senador Camilo Escalona, que está por levantar la veda a la caza del lobo marino, ha sido duramente criticado por sectores medio ambientales, entre ellos Juan Carlos Cárdenas, Director ejecutivo de Ecocéanos, lo acusa de no mencionar “Ni una palabra …sobre las responsabilidades que tienen en la actual crisis las “medidas de parche” implementadas en su región por el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, que  autorizó la captura de merluza austral en plena veda reproductiva, aumentando el endeudamiento de los pescadores artesanales.”.
La otra cara de la propuesta de matanza de lobos marinos, asegura Cárdenas, “es que ella es una “moneda de cambio” en la cual el senador Escalona espera intermediar entre los dirigentes pesqueros, el Ministerio de Economía y el Subsecretario de Pesca, para negociar el respaldo a la dictación de 15 reglamentos contenidos en la nueva normativa de la modificada Ley General de Pesca y Acuicultura, de la cual el senador fue uno de sus principales impulsores.”.

La visita de la viuda de Francoise Mitterrand responde a la invitación hecha por el alcalde de Tortel, Bernardo López, en noviembre cuando junto al senador Guido Girardi y al secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, visitó Francia para dar a conocer ante líderes europeos los conflictos por los proyectos de HidroAysén y Energía Austral.

En el encuentro se contempla además la participación del experto español Pedro Arrojo, el edil López, el obispo de Aysén, Luis Infanti, y otros dirigentes de organizaciones regionales.

Seminario en Santiago

En Santiago, en tanto, los organizadores de la visita de Mitterrand, también realizarán el seminario “La Plataforma del Agua en Chile”, que se realizará la mañana del lunes 27 de abril en el salón plenario del Congreso en Santiago. En ésta expondrán líderes de la Campaña por la Nacionalización del Agua entre quienes estará también el obispo Luis Infanti

Puyehue

El proyecto de Mini Centrales Hidroeléctricas que se erigirá en el Parque Puyehue cuenta desde esta semana con la aprobación de la Corte Suprema luego que la Tercera Sala del máximo tribunal dictaminara que dicha construcción no vulnera ninguna garantía que afecte el ecosistema del lugar.

La resolución se tomó tras desechar el recurso de protección presentado por un grupo de diputados y senadores de la zona, quienes denunciaron que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) otorgó el permiso para el inicio de las faenas sin considerar que provocará efectos adversos en el caudal de los ríos Correntoso y Pulelfu, la alteración del hábitat acuático, la vegetación y por ende la flora y fauna del sector.

La obra hidroeléctrica cuenta con un presupuesto de US$ 20.000.000 y se emplazará entre estos ríos ubicados en Puyehue, localidad de la provincia de Osorno.

Sus bocatomas y parte de las tuberías que conducirán las aguas -según el proyecto- pasan por el extremo sur del parque nacional de la zona.

Esto último es lo que ha causado molestia en los parlamentarios y parte de la población pues en el futuro se verá afectado el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pues a su juicio el lugar será intervenido por las mini centrales comprometerá el equilibrio ecológico de las especies naturales que habitan en la actualidad.

En tanto, Hidroaustral S.A., empresa a cargo del proyecto, se defendió señalando que las entidades jurisdiccionales correspondientes han fijado planes de trabajo para la generación de programas de mitigación y compensación por las obras.

Esto “de acuerdo a los objetivos del parque y de los criterios que establece la Zona Primitiva que corresponde al área en que se emplazará la obra”, señaló la firma ante la Corte Suprema.

La resolución contó con el voto en contra de la ministra Sonia Araneda, quien indicó que ninguna de las protecciones al ecosistema planteadas por los organismos gubernamentales aseguran que no se generen consecuencias inciertas en el mantenimiento de poblaciones de especies hidrobiológicas.

“Estamos frente a una emergencia ambiental en la Sexta región en el Lago Rapel, que puede terminar con muchas pérdidas de empleo para esta temporada por lo cual demandados que se hagan investigaciones lo más pronto posible y se tomen las medidas de mitigación para evitar este daño al turismo y la flora y fauna de la sexta región”, sostuvo Letelier.

Agregó que “estamos absolutamente alarmados por la contaminación que se está viviendo en el Lago Rapel, situación absolutamente anómala, la contaminación cuyo origen no está identificado, pero que pareciera que estuviese vinculado al aumento de l amoniaco y de fosfato en las aguas de la región que produce unas microalgas muy invasivas, de corta vida que se pudren y deja un hedor insoportable en varias bahías del lago”.

“En mi calidad de senador de la Región –agregó- he pedido a la Conama y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuyo organismo es responsable de fiscalizar los riles, es decir, los residuos industriales líquidos superficiales, que son los que pueden identificar qué empresas o cómo las empresas están vertiendo líquidos a los cauces naturales que terminan en el Lago Rapel”.

Al mismo tiempo, solicitó al ministerio de Salud que realice muestras “para identificar a los responsables y, que se tomen las medidas preventivas para evitar que esta situación genere no solamente un mayor daño sino para ver como mitigar el daño que ya se está produciendo en la vida animal y flora de la zona, y también estudiar las responsabilidades de Endesa que no ha reaccionado que es dueña del dueño el embalse colindante y al igual para buscar mitigar el daño.

La contaminación del lago ha provocado que los proyectos inmobiliarios y turísticos hoy estén detenidos. La Armada y las autoridades sanitarias iniciaron una investigación que determinó que esto sería una microalga, llamada cianobacteria. También se cree que se trataría de restos de excrementos humanos o de cerdos y no se descarta que sean desechos de la empresa Endesa.

Para él, es fundamental definir la vocación de las cuencas antes de instalar megaproyectos en ellas. “Y si hay que expropiar derechos de agua para salvaguardar el ecoturismo o la biodiversidad, hagámoslo”. Acusa que la indecisión estatal para apoyar alternativas renovables impone la lógica de las represas y la energía nuclear.

Más tiempo del que quisiera ha gastado el senador RN Antonio Horvath en hacer aclaraciones. Hace un mes tuvo que salir al paso de que su nombre apareciera en un proyecto de acuerdo firmado por Eduardo Frei, Andrés Allamand y Adolfo Zaldívar impulsando la hidroelectricidad y entregando un espaldarazo a las cinco represas de HidroAysén. “Si me metí en eso fue para suavizar ese texto”, apunta.

La semana pasada le bajó el pulgar a otros seis senadores que hicieron un llamado al Ejecutivo para que patrocine un proyecto de ley a favor de la opción de la energía nuclear. Horvath contraataca: “Esa iniciativa fue declarada inadmisible y no tuvo el respaldo de la sala del Senado”, dice sobre la intención de Jaime Orpis, Ricardo Núñez, Juan Antonio Coloma, Jorge Pizarro, Pablo Longueira y Baldo Prokurica. “En su mayoría son parlamentarios de la zona norte, donde hay que impulsar la geotermia con subsidios del Estado”, dice. “No me niego al estudio de la energía nuclear, pero con este potencial: pequeñas y medianas centrales, centrales de pasada, geotermia, mareomotriz, biocombustibles, cómo tomar un paso irreversible en cuanto a la seguridad o al manejo de los residuos radioactivos “.

-¿Podría estar el lobby detrás de ese llamado?
-Ellos representan regiones que tienen intereses mineros y sería bueno que transparenten si hay lobby de las mineras detrás.

El senador por la Región de Aysén tiene otra definición pendiente: las cinco megarrepresas del proyecto HidroAysén. “Se está poniendo la carreta antes de los bueyes. Existe un compromiso presidencial para definir previamente el manejo integrado de las cuencas del país, especialmente donde hay pensados proyectos o mega proyectos. Por ejemplo, si el ecoturismo en el Futaleufú es prioritario para la comunidad o la región, y los derechos de agua pertenecen a una empresa, el Estado tiene que comprárselos. Si hay que comprar o expropiar derechos de agua para salvaguardar el ecoturismo o la biodiversidad, hagámoslo”.

-¿El Estado tiene la voluntad de hacerlo en favor de la ciudadanía?
-La voluntad del Estado debe definirse por las prioridades ciudadanas. Si la comunidad presiona por una determinada línea, a las autoridades no les va a quedar otra que hacerse eco de ello.

-Esa idea no le va a gustar a las empresas hidroeléctricas.
-Por eso hay que definir de antemano la vocación de las cuencas, si no, las empresas van a traer proyectos absurdos como las líneas de trasmisión, porque van a privilegiar la ruta más económica y eso no es compatible con los intereses locales o regionales.

-¿Cuál debiera ser la vocación de la cuenca del Baker, donde se pretenden construir dos megarrepresas?
-En la zona austral no son muchas las cuencas y hay que definir su uso ahora. En la región se hizo el ordenamiento territorial participativo en un período de cuatro años y están los elementos para sentar en la mesa a los actores y a los que pretenden hacer los proyectos para ver si llegan a algún acuerdo. Ahora, si me pregunta a mí, las vocaciones en la región están claras: las áreas de conservación son la mitad de la región; la acuicultura está zonificada, no como en la Región de Los Lagos, que se saturó; la agricultura y la ganadería tradicionales en una línea orgánica; el turismo en toda época del año, y sólo las fórmulas de energía que permitan compatibilizar con eso.

-¿Las megarrepresas permiten compatibilizar con eso?
-Hay que definir el manejo integrado de cuencas, las áreas de baja inundación y las rutas posibles de interconexión, si las hay. Pero tiene que haber mucha claridad en lo que gana la región con estos proyectos: si van a llevar problemas sociales y ambientales o van a resolver problemas. Esa discusión está pendiente.

-Usted ha dicho que llevan su posición sobre las megarrepresas de un lado a otro: defínase.
-No soy blanco o negro, pero estoy a favor de centrales renovables. Prefiero alternativas menos invasivas, pero hay que empujarlas para que sean realidad y, en vez de eso, el Estado le pone obstáculos administrativos para hacerlas competitivas. Es el mismo Estado el que nos hace jugar en esta lógica de represas gigantes o energía nuclear”.

CONECTIVIDAD SIN CABLES

Horvath aclara otro tema: su postura a favor de la conectividad austral por vía terrestre nada tiene que ver con facilitar una ruta a las líneas de trasmisión de Transelec para el proyecto de HidroAysén. “Planteo la conectividad sólo para el camino. Estamos hablando de un camino de penetración, que permite el paso de dos vehículos en forma segura, pero que se adapta a la naturaleza. Eso quiere la zona austral. Pero las torres son incompatibles. En ese sector tienen que buscar un valle paralelo o hacerlo subterráneo o submarino. Ahora, sabemos que submarino vale ocho veces más. Es el Estado y las regiones los que tienen que poner las reglas del juego: por este valle sí, por este valle no”.

-O sea, usted descarta que la ruta continental sea una luz verde al tendido eléctrico de las megarrepresas.

-Lo descarto, definitivamente.

Fue el primer impulsor de una ley de protección a glaciares y hoy es el primer desencantado porque las autoridades echaron pie atrás en la idea de legislar. “Lo lógico es que el Ejecutivo sea un actor relevante para proteger los glaciares y no que ceda a las presiones de las mineras”, dice el senador Antonio Horvath. Pero las señales que llegaban desde la Conama iban en esa dirección: el proyecto de ley espera hace más de un año las indicaciones del Ejecutivo para pasar desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado a la sala.

Junto con el turismo, la actividad minera es la que mayor impacto negativo genera en los glaciares, pero las empresas que los realizan no están de acuerdo con someter a un Estudio de Impacto Ambiental sus actividades. Eso establece uno de los artículos del proyecto que luego fue complementado en un trabajo conjunto por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Chile Sustentable y el Instituto Geográfico Militar.

Presiones

“Las presiones se iniciaron con el proyecto Pascua Lama cuando la Barrick quería remover glaciares”, explica el presidente de la SNA, Luis Schmidt. La minera canadiense pretendía remover los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, lo que habría provocado problemas en el embalse Santa Juana y en los valles del Carmen y del Tránsito en la III Región. “Las mineras nos decían que estábamos llevando a que no hubiera desarrollo en el país. Pero ya ves lo que pasó con Pascua Lama: no se intervienen glaciares, pero el proyecto se hará igual. Eso demuestra que pueden invertir y hacer más sustentable sus proyectos”.

Schmidt explica que el proyecto de ley recorrió un largo camino para evitar la confrontación con las mineras. Él mismo participó en reuniones con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y con los entonces ministros de Agricultura, Álvaro Rojas; de Minería, Karen Poniachik; y de la Secretaría General de la Presidencia, Paulina Veloso. “Tratamos de llegar a consensos para que no hubiera dificultades”, cuenta Schmidt. Incluso, a principios del año pasado, la SNA y la Sonami acordaron trabajar en conjunto en una propuesta de ley, pero la idea se cayó por choque de visiones. Horvath también se reunió con el mundo minero para tratar el tema. “Nosotros tuvimos reuniones con la Sonami y después ellos negaron los acuerdos. No quieren avanzar en esto”, acusa.

Política Nacional de Glaciares

En un principio, el Ejecutivo estuvo dispuesto a trabajar sobre este tema. “Incluso la Segpres le hizo indicaciones al proyecto”, cuenta Schmidt. Pero el escenario cambió y hoy está buscando una vía alternativa a través de la Dirección General de Aguas (DGA), organismo que tiene la tuición sobre las aguas líquidas y que reconoce el daño que la actividad minera genera en los glaciares. Según fuentes de Conama, el proyecto de ley no está del todo descartado, pero se optó por avanzar en la elaboración de una política nacional de glaciares y un registro de glaciares, según determinó el Consejo Directivo de Conama el año pasado. “Sin perjuicio de lo que se está intentado hacer por medio de la DGA, es más importante una ley”, sigue Schmidt.

Los datos no dan para relajarse. En Chile se han catastrado 1.751 glaciares hasta el año 2002. El 87% presenta evidentes retrocesos, según los estudios más recientes. “Yo no doy la pelea por perdida. Vamos a sacar una ley sí o sí”, dice Horvath.

DGA FISCALIZARÁ PASCUA LAMA

A fines de enero de 2007, el MOP creó la Unidad de Glaciares en la DGA para monitorear reservas de agua dulce con un presupuesto de $ 625 millones. Uno de los objetivos que tiene esa unidad para este año es la construcción de un refugio de alta montaña en el valle de Huasco para la fiscalización del proyecto Pascua Lama -uno de los reparos de la aprobación de ese proyecto se relaciona con no tocar los glaciares-, lo que corresponde a un compromiso que Bachelet hizo en Copiapó hace diez meses.

Otro refugio se construirá en el valle de Copiapó para monitorear los glaciares en el Cerro Tronquitos y realizar mediciones de la nieve acumulada en los alrededores. El plan incorpora convenios con centros de investigación: la Universidad de Chile para el estudio de glaciares y nieve de la región de Aconcagua; la U. de Magallanes para monitoreos hidrometeorológicos del Glaciar Tyndall, en Campo de Hielo Sur; y con el Centro de Estudios Científicos (CECS) para el balance glaciológico e hídrico en el glaciar Nef, Campo de Hielo Norte. Precisamente el ministro del MOP, Sergio Bitar, visitará esta tarde el CECS en Valdivia.