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Se Congela Ley sobre Protección de Glaciares.

Acusan al Ejecutivo de desistir en la idea de legislar por presiones de mineras. En la Sociedad Nacional de Agricultura explican que hubo reuniones con el sector minero para evitar confrontaciones, pero no se llegó a puerto. El autor del proyecto de ley, el senador Antonio Horvath, critica la decisión de las autoridades y asegura que, con o sin el apoyo del Gobierno, habrá ley.

Fue el primer impulsor de una ley de protección a glaciares y hoy es el primer desencantado porque las autoridades echaron pie atrás en la idea de legislar. “Lo lógico es que el Ejecutivo sea un actor relevante para proteger los glaciares y no que ceda a las presiones de las mineras”, dice el senador Antonio Horvath. Pero las señales que llegaban desde la Conama iban en esa dirección: el proyecto de ley espera hace más de un año las indicaciones del Ejecutivo para pasar desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado a la sala.

Junto con el turismo, la actividad minera es la que mayor impacto negativo genera en los glaciares, pero las empresas que los realizan no están de acuerdo con someter a un Estudio de Impacto Ambiental sus actividades. Eso establece uno de los artículos del proyecto que luego fue complementado en un trabajo conjunto por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Chile Sustentable y el Instituto Geográfico Militar.

Presiones

“Las presiones se iniciaron con el proyecto Pascua Lama cuando la Barrick quería remover glaciares”, explica el presidente de la SNA, Luis Schmidt. La minera canadiense pretendía remover los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, lo que habría provocado problemas en el embalse Santa Juana y en los valles del Carmen y del Tránsito en la III Región. “Las mineras nos decían que estábamos llevando a que no hubiera desarrollo en el país. Pero ya ves lo que pasó con Pascua Lama: no se intervienen glaciares, pero el proyecto se hará igual. Eso demuestra que pueden invertir y hacer más sustentable sus proyectos”.

Schmidt explica que el proyecto de ley recorrió un largo camino para evitar la confrontación con las mineras. Él mismo participó en reuniones con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y con los entonces ministros de Agricultura, Álvaro Rojas; de Minería, Karen Poniachik; y de la Secretaría General de la Presidencia, Paulina Veloso. “Tratamos de llegar a consensos para que no hubiera dificultades”, cuenta Schmidt. Incluso, a principios del año pasado, la SNA y la Sonami acordaron trabajar en conjunto en una propuesta de ley, pero la idea se cayó por choque de visiones. Horvath también se reunió con el mundo minero para tratar el tema. “Nosotros tuvimos reuniones con la Sonami y después ellos negaron los acuerdos. No quieren avanzar en esto”, acusa.

Política Nacional de Glaciares

En un principio, el Ejecutivo estuvo dispuesto a trabajar sobre este tema. “Incluso la Segpres le hizo indicaciones al proyecto”, cuenta Schmidt. Pero el escenario cambió y hoy está buscando una vía alternativa a través de la Dirección General de Aguas (DGA), organismo que tiene la tuición sobre las aguas líquidas y que reconoce el daño que la actividad minera genera en los glaciares. Según fuentes de Conama, el proyecto de ley no está del todo descartado, pero se optó por avanzar en la elaboración de una política nacional de glaciares y un registro de glaciares, según determinó el Consejo Directivo de Conama el año pasado. “Sin perjuicio de lo que se está intentado hacer por medio de la DGA, es más importante una ley”, sigue Schmidt.

Los datos no dan para relajarse. En Chile se han catastrado 1.751 glaciares hasta el año 2002. El 87% presenta evidentes retrocesos, según los estudios más recientes. “Yo no doy la pelea por perdida. Vamos a sacar una ley sí o sí”, dice Horvath.

DGA FISCALIZARÁ PASCUA LAMA

A fines de enero de 2007, el MOP creó la Unidad de Glaciares en la DGA para monitorear reservas de agua dulce con un presupuesto de $ 625 millones. Uno de los objetivos que tiene esa unidad para este año es la construcción de un refugio de alta montaña en el valle de Huasco para la fiscalización del proyecto Pascua Lama -uno de los reparos de la aprobación de ese proyecto se relaciona con no tocar los glaciares-, lo que corresponde a un compromiso que Bachelet hizo en Copiapó hace diez meses.

Otro refugio se construirá en el valle de Copiapó para monitorear los glaciares en el Cerro Tronquitos y realizar mediciones de la nieve acumulada en los alrededores. El plan incorpora convenios con centros de investigación: la Universidad de Chile para el estudio de glaciares y nieve de la región de Aconcagua; la U. de Magallanes para monitoreos hidrometeorológicos del Glaciar Tyndall, en Campo de Hielo Sur; y con el Centro de Estudios Científicos (CECS) para el balance glaciológico e hídrico en el glaciar Nef, Campo de Hielo Norte. Precisamente el ministro del MOP, Sergio Bitar, visitará esta tarde el CECS en Valdivia.

Se complica situacion de Celco luego de exposiciones ante comision de medio ambiente del senado

Este martes 20 de mayo expusieron todas las partes involucradas en la denominada “guerra del ducto” ante los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, en la que participa Andrés Allamand. Ministra de Medio Ambiente también expuso.

Ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado llegó el grave conflicto social y ambiental generado en Mehuín y Missisipi por las intenciones de la empresa forestal Arauco (Celco) de construir un ducto al mar para la planta Valdivia ubicada en la comuna de San José de la Mariquina.

La sesión de este martes, en la que estuvieron los senadores Andrés Allamand, Antonio Horvath, Pablo Longueira, Alejandro Navarro y Nelson Avila, quien además preside la Comisión, se realizó a las 12.00 horas y concluyó pasadas las 14.10 horas. Abrieron las exposiciones Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, seguido de Joaquín Vargas, dirigente de los pescadores de Mehuín que recibe dinero de la empresa forestal, previa firma de un convenio, quienes durante 20 minutos defendieron la realización de estudios para un ducto que evacue los residuos de la planta Valdivia frente a la playa de Mehuín.

El ejecutivo de la empresa forestal se refirió al acuerdo que firmó con los pescadores de la caleta de Mehuín, para poder iniciar las mediciones que se requieren para la elaboración del respectivo Estudio de Impacto Ambiental.

Kimber hizo ver a los legisladores que desde junio de 2005 se le exige a la empresa del Grupo Angelini buscar un curso receptor distinto del río Cruces donde verter su efluente y que en Chile y en el mundo estos efluentes terminan o van directo al mar.

Vargas, por su parte dijo que el grupo mayoritario de pescadores de la localidad de Mehuín firmó el millonario convenio en 2007, para que otros no lucraran con el conflicto.

En los 20 minutos siguientes de la sesión, expusieron quienes se oponen a la iniciativa de Arauco, entre los que estaban Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, red de organizaciones de pescadores y comunidades lafquenches; Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach); además del apoyo de Nancy Yañez, abogada y codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas; Juan Carlos Skewes, antropólogo de la Universidad Austral de Chile y Jaime Soto, antropólogo del Centro Intercultural para el Desarrollo Sustentable Kume Fullen, quien además es consultor del Programa Orígenes.

A juicio de Nancy Yañez, abogada, se logró poner en discusión la denominada “negociación entre privados” sobre temas de interés público y la preocupación por el tipo de convenio que condiciona la entrega de dinero a la aprobación del proyecto, que genera condiciones de enfrentamiento entre ambas partes.

También se relevó el “abuso del derecho” que se daba en esta situación al utilizar la Legislación Minera para blindar la pretensión de Arauco de construir un ducto al mar.

“Las concesiones de exploración o explotación sobre el territorio donde se prospecta este ducto, busca blindar esta propiedad y evitar que se ponderen otros intereses, como los intereses indígenas o implicancias ambientales, aprovechando la protección especial que otorgan las leyes mineras”, explicó la abogada.

Finalmente, la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, cerró el ciclo de exposiciones y aclaró el punto de vista del gobierno en este conflicto, para dar paso a una discusión que fue moderada por el presidente de la Comisión.

Uriarte, en sus palabras, rectificó los dichos de Charles Kimber y aclaró que la autoridad ambiental, a través de la RCA 377 de 2005, no ha señalado que la solución al proyecto sea un ducto al mar.

La ministra fue enfática en señalar que la preocupación de la autoridad en la RCA era que no era factible que se viertan desechos industriales de la fábrica al Río Cruces o sus afluentes, pero que eso no significaba necesariamente una salida al mar.

En la discusión también se habló sobre las alternativas ambientalmente sustentables que le van quedando a la empresa para seguir operando, en donde se trató el tema de circuitos cerrados, que han dado resultado en plantas de celulosa de menor volumen.

“Las alternativas que van quedando, es que se reduzcan los niveles de producción, al punto de hacer viable un circuito cerrado de manejo de desechos o la inviabilidad ambiental de la planta de celulosa”, dijo la abogada.

Además, se planteó la necesidad de que Chile cuente con una gestión integral de cuencas, que permita un desarrollo efectivamente sustentable.

Luego de la discusión generada por las exposiciones, en los representantes de las organizaciones que se oponen al ducto quedó la sensación de que se logró transmitir el problema en forma integral a los senadores.

“Tengo una buena evaluación de la sesión, porque no sólo pudieron exponerse todas las posiciones de quienes han sido más afectados por esta situación, sino que también la situación de violencia que allí ocurre. Siento además, que estas posturas permearon en quienes se encontraban presentes en esta comisión”, expresó Nancy Yañez, abogada.

Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, adelantó que se espera una visita a terreno de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Derechos Humanos, que debiera realizarse antes del 21 de junio, fecha en que comienza el período de estudios invernales que requiere la empresa y que nuevamente podrían terminar en hechos de violencia, como ocurrió en los meses del verano recién pasado y que no han permitido a la empresa trabajar en las mediciones.

“Acá no habrá ducto y no habrá diálogo con esta empresa, porque nosotros no tenemos nada de qué conversar con ellos”, sentenció Hualme.

Chile: la amenaza transgénica

Actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley que busca la liberalización de los transgénicos en nuestro país. Senadores de la Alianza por Chile, de la Concertación e independientes presentaron, el 2006, el proyecto, próximo a aprobarse. “Yo llamaría a esta moción, la moción Monsanto”, dice María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL). La moción se discutirá a pesar que el tema “no está presente en el debate nacional” y no es “de necesidad urgente”. Lo único que lo explica es la presión de las transnacionales de los transgénicos que quieren la liberalización total. Detrás está Monsanto.

Monsanto, dueña de Semillas Seminis, Agrosearch, Limagrain, Pioneer y Ventrabioscience -las transnacionales que dominan el mercado exportador de semillas transgénicas en Chile-, controla el 90 por ciento de la producción de transgénicos en el mundo, según una investigación de la periodista francesa Marie-Monique Robin, presentada en el documental “El Mundo según Monsanto”. Según la investigación el crecimiento de cultivos transgénicos es monstruoso: En 2007 ya cubrían 100 millones de hectáreas.

La lista de horrores de Monsanto es conocida. En su sede de Saint Louis, estado de Missouri (EEUU) se fabricó el “Agente Naranja” utilizado como “herbicida” en la guerra de Vietnam y cuyos horrores aún se pueden ver en el Museo de Ho Chi Minh, ex Saigón. “El Mundo según Monsanto” revela vínculos de la transnacional con los gobiernos de Bill Clinton y Tony Blair. Además que el ex secretario de Defensa de la administración de George W. Bush, Donald Rumsfeld, trabajó como director de la División farmacéutica de Monsanto.

La Asociación Médica Británica, el Consejo Nacional de Investigación de EEUU, el Crii-Gen de Francia y otras instituciones aconsejan “prohibir el uso de transgénicos y sus productos”, e investigar “los impactos de largo plazo en la salud y el ambiente”. Según el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), la contaminación con transgénicos “pone en peligro una biodiversidad que es fundamental para la seguridad alimentaria de la humanidad”.

La Ley de Introducción de Transgénicos

El diputado Marco Enríquez-Ominami (PS), la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile) y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), se oponen al proyecto de ley que intenta la liberación de semillas transgénicas en nuestro país.

“La falta de rigor del gobierno en materia agrícola perjudica a los productores agrícolas, ya que en este caso la inoperancia abre camino al ingreso de cultivos transgénicos al país. Este es un camino sin retorno, debido a los efectos irreversibles de los transgénicos en la agricultura y el medio ambiente. El tema se debate en todo el mundo, mientras en Chile hay desconocimiento sobre los efectos y riesgos de la introducción de transgénicos”, dice Enríquez-Ominami. “Es inaceptable que la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, omitiera el tema al dar a conocer el plan de trabajo de su cartera”, agrega.

Actualmente nuestro país autoriza la producción de semillas transgénicas “para la exportación”. Según María Elena Rozas, cada vez hay más evidencias respecto de los daños que producen los transgénicos en la salud de los consumidores. Afirma que un estudio en ratas de laboratorio, alimentadas durante la gestación con soya transgénica RR -de Monsanto-, concluyó con más de la mitad las crías muertas en las tres primeras semanas de vida. “Nos preocupan los efectos de la contaminación de cultivos convencionales con transgénicos y los daños que ello acarreará a los agricultores orgánicos. En países como España y México la coexistencia entre ambos tipos de cultivos se ha demostrado imposible”, dice.

Por su parte, Camila Montecinos, experta en transgénicos y consultora de ANAMURI, critica que la ley no incluya sanciones por la contaminación de cultivos con transgénicos. Las autoridades tendrán apenas 60 días para aprobar la introducción de un cultivo transgénico y será sobre la base de información entregada por las propias empresas interesadas: “Más grave es que se incluye un mecanismo por el cual las transnacionales pueden cuestionar los decretos gubernamentales. Aunque la ley se denomina ‘de bioseguridad’, de seguridad no tiene nada. Debería denominarse claramente Ley de Introducción de Transgénicos. En lugar de traer un avance tecnológico, proporcionará mano de obra barata local para las transnacionales, tanto a nivel de productores como de investigadores que trabajarán para ellas”, dice.

“La liberalización de los cultivos transgénicos, en las condiciones que presenta esa ley, dejará al país en total indefensión en cuanto a proteger la salud y el ambiente”, dice el diputado Enríquez-Ominami. Si se aprueba la ley las empresas podrán cuestionar las clausuras de salvaguardas. Francia, en febrero pasado, congeló los cultivos de maíz transgénicos. Polonia, Alemania y Hungría ya lo habían hecho. Las organizaciones ciudadanas advierten que, además de que el proyecto no incluye sanciones en caso de contaminación de cultivos por transgénicos, las empresas podrán apropiarse de los cultivos contaminados.

Tras haber sido aprobado el primer informe en la Comisión de Agricultura, el proyecto continúa en trámite. De aprobarse la ley, advierten, el maíz que se come en Chile podría contaminarse, por ejemplo, con maíz transgénico que exporta Limagrain -que tiene un alto contenido de lipasa gástrica de perro-. Señalan que la contaminación que se podría generar debido a la liberación de cultivos transgénicos sería completamente irreversible.

Agrotóxicos, transgénicos y precariedad laboral

En Chile, los temporeros agrícolas -250.000 son mujeres- padecen una de las peores condiciones de precariedad laboral. Más de un 60 por ciento no tiene contrato laboral y es “enganchado” por contratistas, sufriendo incontables abusos, y el riesgo de enfermedades y muerte por el uso intensivo e indiscriminado de agrotóxicos. Muchos de estos son los de mayor peligro según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de los agrotóxicos usados en Chile pueden ser causa de abortos, cáncer, daños neurológicos, alteraciones reproductivas y malformaciones congénitas.

En enero, 13 temporeros resultaron intoxicados -por insecticida Zero 5 EC, un piretroide de ANASAC-, en un maizal transgénico en Pelarco, VII Región, mientras el Ministerio de Salud daba a conocer las cifras de intoxicados en 2007. El maizal de la Sociedad Agrícola Beyce, produce semillas para Massai Agricultural Services que exporta semillas híbridas y transgénicas, cuya producción de maíz y soja proviene -entre otros- de semillas importadas de Monsanto y Syngenta. Los cultivos transgénicos no disminuyen el uso de agrotóxicos. “Los trabajadores están sometidos a riesgos, y además, los cultivos tradicionales y nativos próximos podrían contaminarse”, dice RAP-Chile. El predio se ubica en la misma comuna donde, el 2004, temporeras de San Clemente sufrieron graves quemaduras. “Ese incidente rompió el secreto oficial, develando uno de los muchos lugares del país en que se cultivan transgénicos destinados a la exportación. Hay una intensa campaña del empresariado y el gobierno a favor del proyecto de ley aprobado en primer trámite por el Senado, que pretende liberar los cultivos transgénicos en el país”, agrega RAP-Chile.

La mayoría de las intoxicaciones por agrotóxicos en la actividad agrícola y forestal se produce entre septiembre y marzo. El año 2007, según cifras del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, fueron notificados 710 casos de intoxicaciones por agrotóxicos. La VII Región concentró 60 casos. El 2006, tasa más alta de envenenamientos lo tuvo la VI Región.

“Hay un cierto progreso en la reacción de los servicios públicos ante este tipo de emergencias, ya que cuando se produjo la intoxicación masiva de 2004, los fiscalizadores concurrieron a terreno sólo once días después. Esta vez, la fiscalización se inició de inmediato. Por lo general los sumarios sanitarios son muy limitados en sus resultados, y el problema de fondo permanece: grandes empresas insertas en el mercado global que obtienen enormes utilidades, ocasionando serios daños a la salud de las personas y sometiendo a la mano de obra a pésimas condiciones laborales”, señala RAP-AL.

Bachelet durante su campaña presidencial prometió que no permitiría la entrada de cultivos transgénicos.

Los cultivos transgénicos y su paquete tecnológico asociado, aumentan el hambre y destruyen la agricultura campesina porque:

- Estimulan los monocultivos que eliminan la biodiversidad.

- Aumentan el uso de agrotóxicos altamente venenosos para la salud humana y animal.

- Aumentan la contaminación de todos los recursos naturales.

- Intensifican la deforestación.

- No contribuyen a la creación de nuevos empleos, ya que este tipo de cultivos requieren poca mano de obra, y genera concentración de la propiedad de la tierra.

- Aumentan la expulsión de campesinos y campesinas del campo.

El proyecto que pretende aprobarse apunta, entre otros, a hacer factible la producción subsidiada de agrocombustibles anunciada por Bachelet hace sólo unos meses.

Fuente: Argenpress –
C. Patricio Santa Cruz V.
Ingeniero Forestal – Proyectos de Desarrollo Local
Telefono: (09) 9780531 -
e-mail: patricio.santacruz@gmail.com , patosantacruz@hotmail.com

Sr. Frei ¿Que negocios tiene con los españoles?

ORGANIZACION DEFENSORA DEL RIO SAN PEDRO PIDE A SENADOR FREI QUE EXPLIQUE:

Siguen las reacciones de organizaciones ciudadanas de la Región de Los Ríos
a cuestionamientos emitidos por el senador Eduardo Frei hace algunos días en
contra de quienes se oponen a proyectos hidroeléctricos.

DECLARACION PUBLICA:

En relación al acuerdo en el Senado impulsado por el senador Frei y otros,
comunicamos lo siguiente:

1. Desconocemos la autoridad de los senadores Frei y Allamand en la Región
de Los Ríos, a pesar de que los ciudadanos los hayan elegido por votación
popular. Ellos no son de esta región y tampoco representan el espíritu de
nuestro territorio. Por lo tanto, creemos que no tienen la calidad moral
para tomar decisiones por nosotros ni menos impulsar iniciativas que
comprometan nuestro futuro.

2. El Senador Frei es sindicado por muchos pehuenches como el gran
responsable de los megaproyectos Pangue y Ralco y además fue el que puso la
primera piedra para la construcción de la fábrica de celulosa. Los problemas
que estos megaproyectos han generado son más que conocidos por toda la
comunidad nacional e internacional.

3. Cuando Frei fue presidente se privatizaron, entre otras cosas, los
servicios sanitarios, quedando en su mayoría en manos de los españoles ¿Por
qué el senador no explica qué negocio tiene con los españoles?

4. Es impresentable que estos senadores desconozcan el trabajo de base
realizadas por organizaciones que defienden el patrimonio social y ambiental
en la Región de Los Ríos, sobre todo en casos tan conocidos como Celco y las
hidroeléctricas de Colbún, Endesa España y SN Power. Estos grupos
denominados “ambientalistas” son conscientes y trabajan con y para la
ciudadanía, a diferencia de ellos que sólo actúan para acrecentar sus arcas
personales.

5. Son muchos los fundamentos científicos y técnicos para oponerse a la
construcción de centrales hidroeléctricas y no son solamente caprichos de
grupos minoritarios como se muestra por los medios de información. La
hidroelectricidad, más que una solución a los problemas energéticos de
nuestro país, es simplemente un gran peligro, representando una amenaza para
las comunidades humanas y para la biodiversidad en general.

Coordinadora de Defensa del Río San Pedro

El conflicto socio ambiental en Mehuín y Missisipi y el actuar de CELCO

AGRUPACIÓN DE INGENIEROS FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO – AIFBN

Declaración Pública
El conflicto socio ambiental en Mehuín y Missisipi y el actuar de CELCO

En el contexto de los últimos acontecimientos ocurridos en las localidades de Mehuín y Missisipi (Región de Los Ríos) y en concordancia con su misión y visión crítica del modelo forestal implementado en Chile, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN, considera fundamental hacer públicos los siguientes antecedentes:

1 – Existe una escandalosa, impresentable y vergonzosa estrategia recientemente implementada por CELCO, mediante la que solicita diversas concesiones mineras de explotación para una superficie de 600 hectáreas (considerando incluso el subsuelo de ambas riberas del río Lingue), catalogándolas de tierras abiertas e incultas, marcando incuestionablemente el trazado de un ducto que evacuará residuos industriales altamente nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente.

2 – CELCO ha estado corrompiendo a pescadores y dirigentes mediante la entrega de dinero, con la intención de inmovilizar y dividir la oposición ciudadana a la construcción del ducto de la planta de Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución, que vertiría sus residuos tóxicos al mar. Ello ha generado un profundo conflicto social al interior de las comunidades, cuyo principal objetivo comprende anular el legítimo rechazo de los ciudadanos a las políticas productivas planteadas por dicha empresa, buscando someter la voluntad pública para el beneficio económico de la industria primaria de celulosa. Esta entrega de dineros ha sido efectuada en conocimiento del Intendente de la Región de Los Ríos, Iván Flores, a través de quien el Gobierno manifiesta su incompetencia en estas materias con el argumento de que se trata de un “asunto entre privados”, política aplicada en todo el territorio mapuche.

3 – El gobierno ejerce un rol facilitador a los intereses de la empresa y ha tenido un actuar errático en este conflicto, donde destacan acciones que involucran directamente a las autoridades regionales y de altas esferas gubernamentales:

• La Autoridad Marítima no interviene en el acontecimiento de robos en áreas de manejo pertenecientes a las comunidades opositoras a la construcción del ducto de CELCO, a pesar de la existencia de una resolución judicial a raíz del recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Más aún, deriva responsabilidad en el intendente, quien ha utilizado medios violentos para reprimir las manifestaciones contrarias a la construcción del ducto.

• La permanencia de fuerzas especiales alojadas en un establecimiento educacional, interrumpiendo y atemorizando a niños y niñas totalmente ajenos al conflicto representa una prueba más de la política represiva del gobierno.

Ante el grave conflicto desarrollado, es necesario cuestionar las responsabilidades políticas de las autoridades locales. En este sentido, exigimos una posición clara del gobierno central, quien hasta ahora ha destinado recursos para proteger a la empresa CELCO en desmedro de sus obligaciones con la ciudadanía que los eligió.

4 – La estrategia de difusión implementada por CELCO a través de los medios de comunicación local es otra muestra del engaño de la empresa a la opinión pública, entregando una imagen preocupada por el medioambiente y por el desarrollo sustentable, mientras en sus prácticas productivas no duda en provocar serias intervenciones sociales y destructivas del entorno ambiental, confundiendo conceptos que afectan la ética profesional de los ingenieros forestales, posición compartida por el Colegio de Ingenieros Forestales del capítulo Valdivia.

5 – La AIFBN impugna las declaraciones de los senadores Frei y Allamand, en torno a su apoyo irresponsable e infundado a la empresa CELCO, y demanda una postura clara frente a la estrategia poco transparente, beligerante y corrupta implementada por la empresa, que actualmente tiene sumidas a las comunidades locales en una crisis social y en un clima de represión y beligerancia nunca antes visto.

6 – El conflicto desarrollado por la empresa CELCO plantea un peligroso precedente, a partir del cual la imagen internacional del país será irreversiblemente dañada, evidenciando el privilegio con que cuentan los proyectos industriales en desmedro del bienestar y de los intereses ciudadanos.

Frente a todo lo anterior, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo manifiesta su total rechazo a la planificada presión y amedrentamiento del que están siendo sujetos pescadores y comunidades lafkenche del borde costero de la Provincia de Valdivia, y declara también su rechazo al ducto industrial planificado por CELCO bajo las actuales condiciones de operación.

Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo AIFBN
Janequeo 355, Valdivia – Chile
56-63-333 233