Mehuin 18 de Octubre de 2010

El Comité de Defensa del Mar y las Comunidades Mapuche Lafkenche de la comuna de Mariquina expresan a la opinión publica lo siguiente.

EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE QUE VALIDA LA RESOLUCION AMBIENTAL DEL DUCTO AL MAR DE CELULOSA ARAUCO, ES UN RETROCESO PARA LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA APLICACION EN CHILE DEL CONVENIO 169, E INMORAL POR QUE VALIDA TAMBIEN LA CORRUPCION QUE ESTA EMPRESA HIZO DEL SISTEMA DE EVALUACION AMBIENTAL.

De la redacción del fallo de la Corte Suprema podemos indicar lo siguiente:

1.- Equipara la obligación a la consulta en los términos que demanda el Convenio 169 de la OIT, con la vulgar participación ciudadana de la Ley Ambiental de Chile. Esto es una burla para la ciudadanía en general, por cuanto estos procesos de participación han sido cuestionados por su manipulación y su nulo efecto en la Resolución Ambiental. En efecto, en los talleres realizados por la CONAMA de los Ríos para presentar el proyecto del ducto al Mar, fueron los propios funcionarios de esta repartición pública, los que indicaron a los presentes que la participación ciudadana del SEIA no es vinculante en la toma de decisiones de los proyectos.

2.- Declaramos que es inmoral que se atribuya a Celulosa Arauco el cumplimiento de las exigencias del Convenio 169 de la OIT, que incluyen la consulta de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias para recoger la opinión de las Comunidades Mapuche sobre este proyecto, cuando es de conocimiento publico el desastre social provocado en la población de Mehuin y alrededores, donde la tranquilidad se transformó en violencia producto de las grandes sumas de dinero que la empresa pago, y las presiones para asegurar una Resolución Ambiental favorable y la futura construcción del ducto al Mar en Mehuin. El fallo de la Corte Suprema legitima estas acciones que favorecen la corrupción.

3.- El fallo del Tribunal Suprema es una alerta para los Pueblos Indígenas de Chile. El fallo es un acto malicioso que pone en riesgo los derechos garantizados en los tratados internacionales de los que Chile se ha hecho parte. Denunciamos al juez  Pedro Pierre como responsable de estas manipulaciones que se suman a la defensa que las autoridades han hecho de los intereses de Celulosa Arauco.

4.- Por lo tanto, llamamos a los Pueblos Indígenas de Chile a estar alertas y denunciar las artimañas que se están estableciendo desde los poderes del Estado de Chile, que están decididos a no responder con las obligaciones del país en el ámbito de los derechos internacionales de los Pueblos Indígenas.

El fallo en contra de las comunidades Mapuche Lafkenche de la comuna de Mariquina es en contra de todos los pueblos originarios de Chile.

5.- El fallo de la Corte Suprema no altera de manera alguna la decisión de las comunidades Mapuche Lafkenche y del Comité de Defensa del Mar en oponerse a la construcción del ducto de Celco, como tampoco altera la decisión de denunciar internacionalmente al Estado de Chile que no garantiza justicia a las víctimas del modelos mafioso y cómplice de las multinacionales que invaden nuestras comunidades y los territorios ancestrales del pueblo Mapuche.

Comité de Defensa del Mar

“Tanto el aumento de la mortalidad como la disminución de la abundancia y los indicadores de reproducción -número de polluelos, parejas de cisnes y huevos-, sugieren que la población de cisne de cuello negro enfrentó una fuerte modificación del entorno natural desde el inicio del año 2004 ( ) Todos estos abruptos cambios observados en el humedal río Cruces coinciden con la puesta en funcionamiento de la planta Valdivia de celulosa Celco“.

Así de lapidaria es la conclusión a la que llegó Nelson Lagos, investigador asociado del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad Santo Tomás que, por encargo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), realizó el informe “Variabilidad de eventos de mortalidad y reproductivos del cisne de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter durante el período 2003 a 2005″, texto adjuntado a fines de 2008 al juicio seguido contra la celulosa Arauco por daño ambiental en el río Cruces.

Lagos basó su análisis en las bitácoras de observaciones que los guardaparques de Conaf realizan diariamente en el santuario por tratarse, señala, de “la única información disponible para cuantificar la magnitud de las fluctuaciones” del número de cisnes, huevos y polluelos. El biólogo marino analizó 2003, 2004 y 2005, cruzando los datos con los hitos de operación de la planta de Celco.

En este contexto, para el primer año de operación de la planta, el crecimiento de la mortalidad fue del orden del 669% entre el 2003 y 2004, en tanto que la abundancia del cisne de cuello negro bajó de 7.983 en mayo de 2004, a 518 aves en mayo de 2005.

“Concomitante” con el “aumento sostenido de mortalidad durante el año 2004″, Lagos registró una “severa disminución” en los eventos reproductivos del cisne.

“Entre 2003 y 2004, el número de polluelos y juveniles, y el número de parejas de cisnes cayó entre un 56% y 65%, respectivamente, mientras que en el año 2005 no se observaron polluelos y sólo una pareja de cisnes”, dice el texto. El número de huevos, además, bajó “drásticamente”, alcanzando un 97% menos en 2004.

NI CLIMA NI MIGRACIÓN

El estudio apunta que el aumento de la mortalidad de cisnes, por causas desconocidas, y la “total ausencia de eventos reproductivos durante los años 2004 y 2005″ no puede atribuirse a factores migratorios ni climáticos.

“Si bien la emigración es uno de los factores que explica una proporción de la drástica disminución de su abundancia durante el año 2004, este argumento no explica en forma alguna el aumento de la mortalidad por causas desconocidas ni la total ausencia de eventos reproductivos a partir de marzo del 2004″, dice el documento.

“Estas respuestas poblacionales no se manifestaron en relación a las variaciones climáticas registradas en el área. Estudios recientes han demostrado que, con excepción del río Cruces, las precipitaciones, radiación y temperatura no han presentado cambios significativos en la última década”.

FACTOR CELCO

El informe enfatiza que la “temporalidad de la desaparición de eventos reproductivos y el aumento de la mortalidad por causas desconocidas se corresponde con la puesta en marcha de la planta Valdivia de la celulosa Celco en el río Cruces”, pero además que el “patrón de variación espacial de la mortalidad” en 2004 “se asocia a los sectores norte y centro del humedal, que recibe aporte directo de los efluentes de la planta”.

EN QUÉ ESTÁ LA PLANTA

Tras operar casi tres años al 80% de su capacidad producto del escándalo ambiental, Celco Valdivia normalizó su operación en junio de 2008.

En febrero pasado, en tanto, presentó el estudio ambiental para construir el ducto que traslade sus residuos líquidos industriales hacia el mar, en la vecina comuna de Mariquina.

La causa contra la celulosa por daño ecológico continúa su tramitación en tribunales de Valdivia -y próximamente en el 13 Juzgado Civil de Santiago-, citando testigos de ambas partes.

En el fallo, los ministros Adalis Oyarzún, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Rafael Gómez dispusieron que la firma deberá pagar una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a cerca de 7 millones 522 mil pesos, por no cumplir con la obligación de contar con un sistema de medición continuo de gases generado por su proceso productivo.

De hecho, la misma empresa reconoce en sus descargos ante la autoridad sanitaria que las operaciones de calibración de gases TRS sufrieron algunas intermitencias, consigna el dictamen del máximo tribunal.

La multa también se funda en que la empresa no entregó la información en línea y en tiempo real respecto de las mediciones de gases TRS a partir del 18 de junio de 2004, reseña la resolución.

No obstante, los jueces consideraron que los olores molestos generados los días 8 y 15 de julio de 2004 por el proceso productivo de celulosa y que afectaron a la población del sector donde se ubica la empresa -que empezó a funcionar el 9 de febrero de 2004- se produjeron dentro del período de nueve meses que concede la autoridad sanitaria a las firmas para cumplir en forma permanente y sin equívocos con todos los requisitos de emisión de gases TRS, según establece el fallo.

Desde la puesta en marcha de la planta Valdivia de Celco, la industria ha tenido varios problemas. Primero fueron los olores molestos, luego se denunció la falta de patente municipal y lo último, y lo que causó mayor polémica, es su presunta vinculación con el deterioro del humedal del río Cruces luego que se la responsabilizara por el daño ambiental ocasionado en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter. Esa indagación sigue en curso en los tribunales de Valdivia.

Rodrigo de la O aceptó el desafío de transformarse en el primer guardacostas ambiental de Chile.

Es amante del surf, tiene 35 años y vive en Curanipe, comuna costera de la Región del Maule, donde estará el centro de operaciones de un inédito proyecto de patrullaje ecológico que comenzará a funcionar en febrero de 2009.

La iniciativa es dirigida en el país por la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), representante oficial de su par estadounidense Waterkeeper Alliance -que integra Robert Kennedy Jr- y en el que también colabora Safes de Waves, organización internacional de surfistas.

La misión del guardacostas será vigilar cerca de 130 kilómetros de costa, entre la desembocadura del río Maule y el Itata, para evitar que las aguas del Océano Pacífico se vean afectadas por la contaminación, en especial, de grandes proyectos industriales, como las plantas de celulosa.

Una de ellas, Celco Nueva Aldea ya terminó de construir su emisario submarino en las costas de Cobquecura, que estará operativo a comienzos de 2009.

En conversación con La Nación Rodrigo de la O identificó el ducto de Celco, la desembocadura del río Maule -donde hay otra celulosa- y la futura Termoeléctrica Los Robles como las zonas de principal preocupación. Por eso explica que su misión será clave, ya que tendrá que “realizar un monitoreo científico, independiente en la costa”.

ESPECIES AMENAZADAS

Este guardacostas es de profesión diseñador gráfico, hoy se dedica al turismo, pero ha tenido una estrecha relación con el mar. Fue pescador artesanal y actualmente es surfista, características que le facilitarán su trabajo arriba de la embarcación.

Sin embargo, Fernanda Pinochet, abogada y jefa del proyecto en FIMA, puntualizó que estos atributos fueron sólo algunas características que facilitaron su elección.

Las otras están relacionadas con su inserción en la comunidad como activista contra la construcción de la Termoeléctrica Los Robles, que equivale a un cuarto del proyecto de HidroAysén.

“El problema con la termoeléctrica es que no se señala en el estudio ambiental cuál es el área de influencia y eso es de gravedad. Sólo dice que van a existir efectos, pero no dice dónde”, explicó.

Pero los grandes proyectos no serán los únicos fiscalizados. En la zona hay otros impactos como la alta afluencia de turistas y el uso de pesticidas en la producción de frutillas.

En tanto, la bióloga marina de ONG Angelina Crocco explicó que entre las especies amenazadas por la acción del hombre están los cisnes de cuello negro y flamencos del humedal de Reloca, los delfines y los lobos marinos de Cobquecura.

Casi tres años después del desastre ecológico del río Cruces y de que la Universidad Austral culpara a Celco, otro estudio de la U. de Chile niega la responsabilidad de la empresa en la muerte de los cisnes de cuello negro. Mientras los empresarios forestales destapan botellas de champaña, los expertos ecológicos niegan la validez del último informe y cuestionan la imparcialidad de quien encabezó la investigación.

El 27 de mayo el escándalo ambiental más grande de la historia de Chile dio un giro. Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile, liderados por Víctor Marín, exculpó a Celco por la contaminación del santuario Carlos Andwanter que conmovió a Valdivia. El informe dice que las causas de la muerte de los cisnes fueron climáticas. La falta de agua y las bajas temperaturas habrían provocado la desaparición del alimento de las aves: el luchecillo.

Los empresarios celebraron, hicieron un acto de desagravio para la celulosa y manifestaron su “preocupación por el accionar de las autoridades”. La Universidad Austral aseguró que en un mes tendrá un estudio que vuelva a acreditar la culpa de Celco.

La socióloga y vocera de Acción por los Cisnes, Claudia Sepúlveda, dispara sin piedad contra el estudio de la Universidad de Chile, e incluso pone en duda la objetividad del científico a cargo.

-El informe de la Universidad de Chile niega lo que publicó la Universidad Austral sobre el caso de los cisnes de cuellos negro y que lo habría creído todo el país. ¿Qué opina?
-Hay que hacer las distinciones. El informe de la Universidad de Chile no es un informe científico. El de la Universidad Austral sí lo es en el sentido de que hicieron estudios y análisis en terreno. Lo que hace el informe de Marín es algo totalmente distinto. No recoge datos, no hay toma de muestras, no hay análisis de aguas y tampoco elabora una hipótesis. Lo que ellos llaman hipótesis no lo es. Una hipótesis científica requiere una fundamentación mínima que implica haber sometido a prueba la situación que se está examinando.

-Si no es un informe científico, entonces ¿qué es lo que hizo la Universidad de Chile?
-Lo que hace Marín es simplemente una especulación. Él especula que hay una relación causal entre los factores climáticos y la muerte de los cisnes, pero no lo somete a prueba. De haberlo sometido a prueba habría llegado a la conclusión de que los cisnes no pueden desaparecer sólo en un espacio limitado dentro de un ecosistema que es muy grande. Tampoco se hace cargo de todos los otros antecedentes que ya sabemos. ¿De dónde vienen los metales pesados que están depositados en el sedimento del humedal, que casualmente son los mismos que Celco ha depositado ilegalmente en el agua? Ésta es una consultoría pagada por Celco.

-Pero Celco no le pagó a la Universidad de Chile, le pagó a la Conaf.
-La Conaf y Ramsar son los mandantes, pero el financiamiento es de Celco. Yo creo que si el señor Marín fuera serio, no se habría prestado para esta historia. Habría que preguntarse a qué intereses responde Marín. Esto no beneficia ni a la imagen de las autoridades públicas ni de las instituciones del Estado ni de la ciencia, que se está desprestigiando con esto. Claramente beneficia a Celco, porque así tiene más espacio para impugnar todas las responsabilidades que le caben.

-¿Usted quiere decir que Marín está relacionado con Celco?
-Yo creo que uno tiene derecho a preguntarse eso. Él debería despejar esa duda, porque todo el mundo se está cuestionando lo mismo.

-Los que están felices con el informe son los empresarios forestales.
-Bueno, yo creo que les va a durar muy poco la fiesta. A mí me parece casi patética la situación, porque Celco tiene un prontuario gravísimo en materia medioambiental. Un motivo para celebrar sería que el santuario esté recuperado y que Celco esté cumpliendo parámetros medioambientales. Ninguna de esas cosas ha ocurrido. Es triste que celebren.

Se trata del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental -enviado el jueves a la Cámara de Diputados-, el que propone terminar con las instancias que hasta ahora evalúan y califican ambientalmente los proyectos de empresas públicas y privadas en las distintas regiones del país.

Según la ministra Uriarte, eliminar estos consejos ha sido una de las principales demandas para la reforma ambiental en marcha. Lo han pedido diversos sectores, precisa, desde los ambientalistas hasta los empresarios, pasando por las comunidades y los parlamentarios.

“Ello, fundamentalmente por la circunstancia de que en un órgano de 20 miembros (Corema) concurrían sujetos con competencia pública, pero también con decisión política, lo que para muchos genera en la aprobación y rechazo de proyectos la consideración de aspectos diversos a los regulados, dando origen a confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectando la credibilidad del sistema”, admite.

Uriarte recalca que a la hora de calificar un proyecto debe primar el mérito técnico, por lo que la reforma en marcha apunta a perfeccionar el marco institucional, dando claridad y eficacia a las reglas del juego, para lo cual se estructuran incentivos que promueven conductas deseadas y establecen el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollarán en cada región.

En lugar de las actuales Coremas, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo crea comisiones de Seremis en cada una de las 15 regiones del país. La nueva instancia estará integrada por el seremi del Medio Ambiente, quien la presidirá, y otros nueve seremis.

“En consecuencia, no forman parte del órgano que decidirá proyectos ambientales los intendentes ni los gobernadores ni los consejeros regionales”, acota Uriarte.

Aunque la idea de la ministra es descomprimir de factores políticos las decisiones que toman las Coremas, cabe hacer notar que los seremis también son funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo. La idea, así, de la reforma es que opere el criterio técnico de los seremis, sin que éste sea contaminado por el factor político que puedan introducir sus jefes a nivel regional, que son los intendentes.

El rediseño de la institucionalidad ambiental se basa en la necesidad de distinguir tres ámbitos: la dictación de las políticas y normas ambientales, radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; la gestión ambiental, que reside en el Servicio de Evaluación Ambiental, y la fiscalización, centrada en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Consultado sobre el proyecto que lo excluye de la posibilidad de decidir qué proyectos se realizan o no en su región, el intendente Metropolitano, Álvaro Erazo, dijo que había recibido el texto sólo el jueves, por lo que declinó pronunciarse: “Voy a estudiar la propuesta y luego mandaré mi respuesta al Gobierno”.

En cambio, su colega de la Región de los Lagos, Sergio Galilea, se mostró partidario de la modificación legal. “Creo que ello implicará que las Comisiones de Seremis puedan adoptar decisiones en forma más ágil”, acotó desde Puerto Montt.

Para la directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, los bullados casos de la planta de gas propano en Peñalolén y de la planta de Celulosa Arauco en Valdivia son dos ejemplos que revelan el deficiente cometido de las Coremas. “Hay un consenso transversal de que esos órganos simplemente no dan para más”, sostiene.

“La propuesta es positiva y más transparente. Este paso va a dar garantías a todos los sectores. Las decisiones tienen que ser técnicas para terminar con eso de que no le gustó al intendente, al partido político de turno o el lobby que tuvieron los distintos sectores”, concluye Sara Larraín.

CONDICIÓN

OCDE: Este rediseño ambiental le permitiría a Chile entrar al club de naciones industrializadas y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Quiénes integran las comisiones

Cada Corema está integrada por el intendente regional, quien la preside; los gobernadores provinciales de la región; los secretarios regionales de los ministerios que forman el consejo directivo de Conama (Economía, Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Planificación, Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia); cuatro consejeros regionales elegidos por el respectivo consejo, y el director regional de la Conama, que actúa como secretario.

Hay además un comité técnico de Corema, integrado por el director regional de Conama, que lo preside, y los directores regionales de los servicios públicos con competencia en materias ambientales.

Un ejemplo de cómo el factor político influye en el análisis técnico de una Corema ocurrió en 2006, cuando la correspondiente a la Región Metropolitana rechazó la instalación de una planta de transferencia de basura en Quilicura, propuesta por la empresa Gersa.

En la época, el representante de Gersa era el abogado DC Clemente Pérez -hoy presidente de Metro-, quien acusó una operación política para negar el permiso ambiental a la planta pese a que ésta contaba con evaluaciones favorables de los organismos técnicos. “En este caso hubo una concertación o alianza, o acuerdo político de todos los sectores, entre el PPD y la UDI, por el rechazo al proyecto”, reclamó Pérez, aludiendo al entonces intendente Víctor Barrueto (PPD).

El abogado de Gersa opinaba con conocimiento de causa, ya que anteriormente ejerció como director ejecutivo de la Conama.

Un mes. Ese es el plazo que se pone el científico de la Universidad Austral, Eduardo Jaramillo, para tener listos los resultados de un estudio que rebatirá la hipótesis del informe de la Universidad de Chile que exculpa a la planta Valdivia, de Celulosa Arauco, del daño ambiental que vive hace casi cuatro años el humedal del río Cruces.

Jaramillo fue el jefe del equipo que realizó, por encargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), la investigación que determinó que los cambios ambientales en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter se originaron por deterioro en la calidad del agua, hecho que coincidió con la puesta en marcha de la planta de celulosa.

Sin embargo, para el profesor de la U. de Chile Víctor Marín y su equipo (entre los cuales se encuentra la destacada experta en ecosistemas acuáticos, Irma Vila) la disminución del luchecillo, principal alimento de los cisnes de cuello negro, tuvo su origen en tres factores: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004.

“Una hipótesis es la mejor explicación que tienes para un fenómeno, lo que no significa que mañana no pueda haber una mejor. Por eso he sostenido que los cambios ambientales ocurridos en el humedal del río Cruces relacionados con la alteración en la calidad del agua siguen siendo la mejor explicación de lo que ocurrió”, explicó Jaramillo.

Hipótesis sin fundamento

Son dos hipótesis que se confrontan, pero Jaramillo asegura que la planteada por la Universidad Austral tiene fundamentos, mientras que la desarrollada por Marín en el informe “Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces” no tiene base.

“Cualquier científico tiene el derecho de ‘volarse’, de ir más allá del estudio que le encargaron y, con lo que analizó, proponer otras explicaciones. Pero si presento una hipótesis tengo el deber de fundamentarla bien y ése es el problema con esta hipótesis: no ha sido fundamentada. Eso es lo que molesta”, dijo Jaramillo.

“Estoy seguro que en la Universidad de Chile hay muchos científicos que no habrían cometido el error que cometió Víctor Marín al proponer una hipótesis sin fundamento”, agregó.

Para el científico, la situación derivada del estudio de la U. de Chile es compleja y por eso realizarán una nueva investigación. En concreto, Jaramillo y su equipo encargaron equipos al extranjero para medir la temperatura sobre y bajo las aguas del humedal, información que luego será complementada con el análisis de estadísticas históricas, ya que la hipótesis de Marín plantea que las temperaturas bajo cero afectaron al luchecillo y para esto sólo se consideraron datos del aeropuerto de Pichoy. “En los últimos 12 años me recuerdo de muchas heladas, pero antes de 2004 nunca le pasó nada al luchecillo”, comentó el académico de la UACh.

Consultado del porqué no se realizó un estudio de este tipo en el informe de la Conama, explicó que sólo analizaron datos pluviométricos y de temperatura. “Teníamos cinco meses para llegar a una respuesta, teníamos que terminar… Podríamos haber analizados miles de cosas (aire temperatura, radiación ultravioleta), pero tuvimos que decidir y apuntamos a lo más razonable. Por experiencia empírica, por lo que uno ha vivido en el área, más el conocimiento teórico, uno puede decidir a qué variables ambientales dedicarles más atención y a cuáles no”.

Un ejemplo: si bien la radiación ultravioleta no fue parte de sus primeros estudios -pese a que se levantó como una de las posibles causas de la crisis en el santuario- el fenómeno se estudió posteriormente y hace un mes terminaron un informe sobre este tema que refuta esta teoría y que hoy es revisado por una revista científica norteamericana.

El profesor Marín fue contactado por La Nación para tener su opinión, pero declinó referirse al tema debido a que el contrato con Conaf aún no termina.

CONAF REITERA RECHAZO A ESTUDIO DE U. DE CHILE

En una declaración pública, la Conaf reiteró los dichos de su directora Catalina Bau en Valdivia: la nueva hipótesis sobre lo ocurrido en el humedal del río Cruces contenida en el Informe Final de la Universidad de Chile es una tarea que no encomendó esa corporación y lo que se pedía era valorar las hipótesis existentes.

Por esa razón la dirección ejecutiva de Conaf rechazó el informe y así se lo comunicó a las autoridades de esa universidad.

Conaf aclaró que el estudio, patrocinado en conjunto por la Convención Ramsar y cuya licitación se adjudicó el equipo del profesor Víctor Marín, correspondía a un ejercicio de modelamiento de lo ocurrido en el conflicto ambiental de río Cruces que condujera a acuerdos básicos sobre la recuperación posible del humedal.

Lo anterior se realizó en el contexto del inicio de la implementación del Plan Integral de Gestión de Río Cruces elaborado por Conaf por encargo del Gobierno Regional de los Lagos.

MINISTRA URIARTE ESPERA INFORME

En el Ministerio de Medio Ambiente están a la espera del informe técnico sobre las conclusiones del estudio de la Universidad de Chile que contradicen la tesis con la que ha trabajado el Gobierno. Este no es el primer episodio en que Conaf contradice a Medio Ambiente. El año pasado la institución organizó el seminario “Planificación para la conservacion de la biodiversidad en Chile” que sería inaugurado por Ana Lya Uriarte, pero todo quedó en nada porque la Conama y la ministra no sabían que uno de los auspiciadores era Celco. Un hecho que indignó a Uriarte y que terminó con la cancelación del evento.

CORMA APOYA A CELCO Y CRITICA A LA ADMINISTRACIÓN LAGOS

El informe de la Universidad de Chile caló hondo en el sector forestal. Tan hondo, que ayer la Corporación Chilena de la Madera (Corma) organizó un almuerzo de apoyo a Celulosa Arauco donde participó la directiva de la firma -el presidente del holding Empresas Copec, Roberto Angelini, y el presidente del directorio de la celulosa, José Tomás Guzmán- junto al presidente de Empresas CMPC, Eliodoro Matte, y el gerente de Masisa Chile, Gastón Urmeneta.

Tras el almuerzo, el presidente de Corma, Fernando Léniz, criticó el comportamiento del gobierno de turno -la administración Lagos- tras el episodio en el río Cruces porque, dijo, resta confianza al sistema institucional y desprestigia al país y al sistema en su conjunto. “La autoridad se dejó llevar por presiones ecologistas, que son muy explicables, para que no se perjudique el medio ambiente, pero no debieron tomarse decisiones apresuradas sin tener estudios serios al respecto”, dijo Léniz. “No puede ser que una institución diga una cosa y después aparezca diciendo otra cosa distinta. Se pierde confianza y esa es una de las gracias que tiene Chile”. El empresario pidió al Gobierno reconocer sus errores y no insistir en ellos.

Angelini y Guzmán, por su parte, agradecieron el apoyo.

Profesores del Centro de Estudios Ambientales (CEAM) advierten que si la Conaf oficializa una nueva hipótesis sobre la muerte de cisnes de cuello negro ésta podría a futuro tener peso jurídico, en circunstancias que no tiene peso científico.

Un grupo de académicos de la Universidad Austral de Chile (UACH) envió una dura carta a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la que cuestionan el estudio denominado “Modelo Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces”, elaborado por un equipo de la Universidad de Chile -dirigido por el profesor Víctor Marín- y cuyas conclusiones son utilizadas hoy para exculpar a Celulosa Arauco del desastre ambiental en el santuario Carlos Andwanter.

La Conaf está a cargo de la recuperación del santuario y en ese marco licitó la realización de este estudio. Sin embargo, la conducción de este proceso levantó polvareda porque que las conclusiones que entregó Marín a fines de mayo se oponen a los estudios que la Universidad Austral elaboró a petición de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), por la muerte de cisnes de cuello negro. En 2005, la UACH atribuyó los cambios ocurridos en el santuario a los residuos industriales líquidos provenientes de la Planta Valdivia de Arauco.

Piden no avalar hipótesis

Los profesores que firman la carta son Pablo Villarroel, Enrique Estrada y Juan Carlos Skewes, todos pertenecientes al Centro de Estudios Ambientales (CEAM) de la UACH y que asistieron a la presentación del informe de la U. de Chile.

La hipótesis principal del informe plantea que el luchecillo alimento de los cisnes- desapareció debido a la concurrencia de tres factores simultáneos: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004. Sin embargo, los académicos advierten que la presencia de luchecillo se mantuvo en otros cauces de la misma cuenca, lo que evidencia que el planteamiento del estudio es débil.

“Si se da reconocimiento oficial a esta hipótesis se desacredita el estudio realizado por el equipo científico de la UACH y, de paso, se establece un antecedente que podría tener peso jurídico por el hecho de ser aprobado por un organismo del Estado”, advierten los profesores del CEAM, por lo que piden a Bau no dar reconocimiento oficial al estudio.

Manipulación de Ramsar

La ONG Acción por los Cisnes tampoco está conforme con los resultados del estudio que levanta una segunda hipótesis a la crisis ambiental y pedirá a la Convención Ramsar, tratado internacional que protege al humedal del río Cruces, que termine con el convenio de trabajo que mantiene con la Conaf, para que realice su trabajo con mayor autonomía científica del organismo estatal.

“Si la hipótesis (de la U. de Chile) dice que todo se debió a un fenómeno climático, le estamos diciendo a todo el mundo que no hay necesidad de ejecutar un plan de recuperación del santuario”, señaló uno de los voceros del movimiento, José Araya.

Acción por los Cisnes recordó que los fondos del estudio cuestionado fueron entregados por Celco a Ramsar, organismo que los derivó finalmente a Conaf y ésta a la U. de Chile, mecanismo que a la luz de los resultados es sospechoso para los ambientalistas. “La misma Conaf anunció que se iba a hacer esta triangulación de platas, por lo que nosotros creemos que desde un principio se pensó en esta suerte de manipulación de este organismo internacional”, dijo Araya, quien pedirá se auditen los fondos.

Ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado llegó el grave conflicto social y ambiental generado en Mehuín y Missisipi por las intenciones de la empresa forestal Arauco (Celco) de construir un ducto al mar para la planta Valdivia ubicada en la comuna de San José de la Mariquina.

La sesión de este martes, en la que estuvieron los senadores Andrés Allamand, Antonio Horvath, Pablo Longueira, Alejandro Navarro y Nelson Avila, quien además preside la Comisión, se realizó a las 12.00 horas y concluyó pasadas las 14.10 horas. Abrieron las exposiciones Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, seguido de Joaquín Vargas, dirigente de los pescadores de Mehuín que recibe dinero de la empresa forestal, previa firma de un convenio, quienes durante 20 minutos defendieron la realización de estudios para un ducto que evacue los residuos de la planta Valdivia frente a la playa de Mehuín.

El ejecutivo de la empresa forestal se refirió al acuerdo que firmó con los pescadores de la caleta de Mehuín, para poder iniciar las mediciones que se requieren para la elaboración del respectivo Estudio de Impacto Ambiental.

Kimber hizo ver a los legisladores que desde junio de 2005 se le exige a la empresa del Grupo Angelini buscar un curso receptor distinto del río Cruces donde verter su efluente y que en Chile y en el mundo estos efluentes terminan o van directo al mar.

Vargas, por su parte dijo que el grupo mayoritario de pescadores de la localidad de Mehuín firmó el millonario convenio en 2007, para que otros no lucraran con el conflicto.

En los 20 minutos siguientes de la sesión, expusieron quienes se oponen a la iniciativa de Arauco, entre los que estaban Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, red de organizaciones de pescadores y comunidades lafquenches; Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach); además del apoyo de Nancy Yañez, abogada y codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas; Juan Carlos Skewes, antropólogo de la Universidad Austral de Chile y Jaime Soto, antropólogo del Centro Intercultural para el Desarrollo Sustentable Kume Fullen, quien además es consultor del Programa Orígenes.

A juicio de Nancy Yañez, abogada, se logró poner en discusión la denominada “negociación entre privados” sobre temas de interés público y la preocupación por el tipo de convenio que condiciona la entrega de dinero a la aprobación del proyecto, que genera condiciones de enfrentamiento entre ambas partes.

También se relevó el “abuso del derecho” que se daba en esta situación al utilizar la Legislación Minera para blindar la pretensión de Arauco de construir un ducto al mar.

“Las concesiones de exploración o explotación sobre el territorio donde se prospecta este ducto, busca blindar esta propiedad y evitar que se ponderen otros intereses, como los intereses indígenas o implicancias ambientales, aprovechando la protección especial que otorgan las leyes mineras”, explicó la abogada.

Finalmente, la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, cerró el ciclo de exposiciones y aclaró el punto de vista del gobierno en este conflicto, para dar paso a una discusión que fue moderada por el presidente de la Comisión.

Uriarte, en sus palabras, rectificó los dichos de Charles Kimber y aclaró que la autoridad ambiental, a través de la RCA 377 de 2005, no ha señalado que la solución al proyecto sea un ducto al mar.

La ministra fue enfática en señalar que la preocupación de la autoridad en la RCA era que no era factible que se viertan desechos industriales de la fábrica al Río Cruces o sus afluentes, pero que eso no significaba necesariamente una salida al mar.

En la discusión también se habló sobre las alternativas ambientalmente sustentables que le van quedando a la empresa para seguir operando, en donde se trató el tema de circuitos cerrados, que han dado resultado en plantas de celulosa de menor volumen.

“Las alternativas que van quedando, es que se reduzcan los niveles de producción, al punto de hacer viable un circuito cerrado de manejo de desechos o la inviabilidad ambiental de la planta de celulosa”, dijo la abogada.

Además, se planteó la necesidad de que Chile cuente con una gestión integral de cuencas, que permita un desarrollo efectivamente sustentable.

Luego de la discusión generada por las exposiciones, en los representantes de las organizaciones que se oponen al ducto quedó la sensación de que se logró transmitir el problema en forma integral a los senadores.

“Tengo una buena evaluación de la sesión, porque no sólo pudieron exponerse todas las posiciones de quienes han sido más afectados por esta situación, sino que también la situación de violencia que allí ocurre. Siento además, que estas posturas permearon en quienes se encontraban presentes en esta comisión”, expresó Nancy Yañez, abogada.

Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, adelantó que se espera una visita a terreno de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Derechos Humanos, que debiera realizarse antes del 21 de junio, fecha en que comienza el período de estudios invernales que requiere la empresa y que nuevamente podrían terminar en hechos de violencia, como ocurrió en los meses del verano recién pasado y que no han permitido a la empresa trabajar en las mediciones.

“Acá no habrá ducto y no habrá diálogo con esta empresa, porque nosotros no tenemos nada de qué conversar con ellos”, sentenció Hualme.

Siguen las reacciones de organizaciones ciudadanas de la Región de Los Ríos
a cuestionamientos emitidos por el senador Eduardo Frei hace algunos días en
contra de quienes se oponen a proyectos hidroeléctricos.

DECLARACION PUBLICA:

En relación al acuerdo en el Senado impulsado por el senador Frei y otros,
comunicamos lo siguiente:

1. Desconocemos la autoridad de los senadores Frei y Allamand en la Región
de Los Ríos, a pesar de que los ciudadanos los hayan elegido por votación
popular. Ellos no son de esta región y tampoco representan el espíritu de
nuestro territorio. Por lo tanto, creemos que no tienen la calidad moral
para tomar decisiones por nosotros ni menos impulsar iniciativas que
comprometan nuestro futuro.

2. El Senador Frei es sindicado por muchos pehuenches como el gran
responsable de los megaproyectos Pangue y Ralco y además fue el que puso la
primera piedra para la construcción de la fábrica de celulosa. Los problemas
que estos megaproyectos han generado son más que conocidos por toda la
comunidad nacional e internacional.

3. Cuando Frei fue presidente se privatizaron, entre otras cosas, los
servicios sanitarios, quedando en su mayoría en manos de los españoles ¿Por
qué el senador no explica qué negocio tiene con los españoles?

4. Es impresentable que estos senadores desconozcan el trabajo de base
realizadas por organizaciones que defienden el patrimonio social y ambiental
en la Región de Los Ríos, sobre todo en casos tan conocidos como Celco y las
hidroeléctricas de Colbún, Endesa España y SN Power. Estos grupos
denominados “ambientalistas” son conscientes y trabajan con y para la
ciudadanía, a diferencia de ellos que sólo actúan para acrecentar sus arcas
personales.

5. Son muchos los fundamentos científicos y técnicos para oponerse a la
construcción de centrales hidroeléctricas y no son solamente caprichos de
grupos minoritarios como se muestra por los medios de información. La
hidroelectricidad, más que una solución a los problemas energéticos de
nuestro país, es simplemente un gran peligro, representando una amenaza para
las comunidades humanas y para la biodiversidad en general.

Coordinadora de Defensa del Río San Pedro