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EL ESPECTACULO DE COLBUN

EL ESPECTACULO DE COLBUN

Jan Bannister, Ingeniero Forestal.

Luego de varias extensiones de plazo, Colbún presentó la segunda Adenda respondiendo a las observaciones negativas realizadas por los servicios públicos y ciudadanía en general. Es un documento muy largo y que a simple vista sorprende por su extensión. Al terminar de leer el documento sorprende también que queden aún muchísimas dudas, las cuales se han planteado desde hace más de un año y que la empresa aún no responde o simplemente evade. Es más hay 3 preguntas que no se responden y 16 que se repiten (lo que le da más extensión al documento). Además se filtran las observaciones ciudadanas.

Luego de esta Adenda quedan muchas observaciones entre las cuales se puede resaltar que Colbún reconoce que habrá un efecto en el caudal del río bajo la represa, sobretodo en el primer año de construcción, lo que afectará toda la cuenca hasta Valdivia. Nuevamente la empresa se niega a presentar un plan de abandono luego que la represa cumpla su vida útil o simplemente deje de funcionar. Aún no se soluciona el tema del paso de peces absorbidos por turbinas, túneles, y no habrá obras civiles que aseguren el normal flujo de peces aguas arriba y abajo de la represa. Existen además dudas con el caudal ecológico bajo la represa y los derechos de agua. Por último se reconoce que el proyecto afectará el trabajo de los nalqueros que trabajan en el río y las acciones de mitigación y compensación son insuficientes y vergonzosas, entre muchas otras observaciones que aún se pueden realizar.

Existen muchas dudas más pero sobretodo preocupan tres temas: a) El cálculo de los caudales máximos y mínimos se hizo en base a un registro histórico de sólo 46 años lo que es absolutamente insuficiente. Los últimos estudios sobre caudales demuestran que se debe tener un registro mucho mayor para poder predecir las futuras sequías o tiempos de crecidas. Además producto del cambio climático cada vez los eventos secos y de crecidas serán más extremos. Para peor, el modelo que se construyó para ver hasta donde llega la cola del embalse se hizo con registros desde 1985 en adelante. a) En el caso hipotético que los modelos hechos por COLBÚN fueran correctos, en tiempos de crecida el lago Riñihue aumentaría 20 cm su nivel respecto a la situación sin proyecto y lo que es más grave 18 días al año durante el verano, el embalse se juntaría con el Lago Riñihue controlando el nivel de este. De esta forma el área de influencia directa del proyecto sería muchísimo más extensa en superficie que la que incluye el EIA presentado por Colbún. Esta es una situación que la empresa venía negando desde abril del 2007 y que hoy es reconocida por los propios datos que presenta Colbún en la Adenda; c) Se le pidió a la empresa que realizara un nuevo estudio sobre el impacto en el Turismo y que se tomara en cuenta la real potencialidad del río. Este requerimiento fue evadido y para peor se mintió señalando que hubo reuniones con Pueblito Expediciones principal operador turístico del río, las cuales nunca se llevaron a cabo.

Los opositores al proyecto venimos anunciando hace más de un año que el proyecto de embalse en el Río San Pedro tendría un efecto en el nivel del Lago Riñihue. Esto fue desmentido constantemente por la empresa y en esta última Adenda quedó a la luz pública. En este contexto queda la pregunta: Si Colbún mintió en las observaciones sobre el impacto en el turismo, con que seriedad se pueden acoger las otras respuestas en diversos temas mucho más complejos?

Si a esto se le suma la tala ilegal de bosque nativo realizada por Colbún en las orillas del Río San Pedro (infracción actualmente en fiscalía de Los Lagos) y las presiones a autoridades políticas y ciudadanas en Panguipulli, Los Lagos y Valdivia, no queda más que pedirle a los servicios públicos que sigan firmes realizando sus observaciones al proyecto, y a nuestras autoridades ambientales que rechacen un proyecto que desde sus inicios es malo.

Como ciudadanos de la Región de Los Ríos debemos exigir a nuestras autoridades regionales que no aprueben ningún proyecto hidroeléctrico antes que no se realice un Plan de Ordenamiento de las Cuencas de la Región. Luego de eso se sabrá en que río se pueden hacer proyectos hidroeléctricos y en cuales se priorizarán otros potenciales como el turístico o la protección de la naturaleza. Necesitamos energía, de eso no cabe duda, pero debemos ser responsables con nuestro futuro y planearlo de forma ordenada y no descontrolada o a corto plazo como lo están realizando nuestras autoridades actualmente.

Razones por las cuales el Gobierno NO debe admitir a trámite el Estudio Ambiental para construir Represas en Aysén

9 RAZONES PARA UN RECHAZO.
Razones por las cuales el Gobierno NO debe admitir a trámite el Estudio Ambiental para construir Represas en Aysén

1.- El proyecto Hidroaysén, de Endesa y Colbún, debe ser declarado inadmisible ya que viola dos acuerdos internacionales, con Argentina y Canadá, puesto que no existe un “Plan General de Utilización” de las cuencas de los ríos Baker y Pascua conforme a lo exigido por el “Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República de Chile y la República Argentina”. Legislación que además es parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá.

2.- La aprobación del proyecto consolidaría el monopolio del agua en Aysén al concentrar el
100% de los derechos de los ríos Pascua y Baker, sin resguardar adecuadamente las solicitudes de otros usuarios, impactando y vulnerando el derecho humano al agua. Ello pese a que la Dirección General de Aguas (DGA) ha declarado Aysén como zona de escasez hídrica (Decreto Nº 227 del MOPDGA, marzo 2008).

3.- El proyecto vulnera el derecho constitucional a la igualdad de trato en materia económica, ya que generaría una perdida anual de más de 4 mil empleos en el sector turismo e impediría el riego de más de 5 mil hectáreas de la cuenca del Baker, afectando el desarrollo de la agricultura y la ganadería de la zona.

4.- La aprobación del proyecto afectaría gravemente 24 áreas protegidas como el Parque Nacional Laguna San Rafael; 3 zonas de interés turístico y 26 humedales. Además de la inundación que generarían las 5 represas proyectadas, la línea de transmisión eléctrica de 2.270 kilómetros de largo, que cruzaría 9 regiones y 66 comunas, violaría diversos tratados internacionales como el Convenio de Conservación de la Biodiversidad afectando especies emblemáticas en peligro como el huemul.

5.- Endesa y Colbún engañan a la opinión pública al informar una reducción del área de inundación a 5.900 hectáreas, siendo que no han renunciado a derechos de agua vigentes que le permiten inundar 32.000 hectáreas, seis veces lo declarado. Por el contrario, con esto han pretendido realizar un “canje ambiental” con la autoridad requiriendo a cambio caudales gratuitos adicionales a los que ya posee, vulnerando la legalidad.

6.- La empresa abusa de la legislación utilizando fraudulentamente pertenencias mineras para un proyecto eléctrico, con la finalidad de presionar a los propietarios de las zonas a inundar, de reducir el valor comercial de sus propiedades y de obligar a la autoridad a otorgar permisos para el ingreso a los predios y para obras civiles en éstos. Dichas propiedades quedan prisioneras y sujetas al arbitrio de la empresa.

7.- Los componentes del proyecto serán evaluados parcialmente pues aunque se trata de 5 mega centrales hidroeléctricas y de sus obras anexas, entre las que se encuentran puertos, aeródromos y poblaciones, además de una extensa línea de transmisión eléctrica, única y exclusiva, de casi 2.300 km., sólo serán evaluadas las centrales contraviniendo nuestra Constitución, la Ley General de Bases del Medio Ambiente, e incumpliendo la obligación de fijar una línea de base clara sobre el área de influencia del proyecto como un todo, así como la de ingresar el proyecto en la Dirección Ejecutiva de CONAMA para ser evaluado en su conjunto.

8.- No se han formulado planes para la gestión integrada de las cuencas de los Ríos Baker y Pascua de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cuencas, compromiso adquirido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno y reiterado en su Mensaje del 21 de mayo de 2006: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente (…) incorporaremos el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas como eje de nuestra nueva política”.

9.- Falta de garantías en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental debido a la intervención de Ministros de Estado quienes, teniendo ingerencia en el proceso, y sin que el proyecto se haya evaluado, han dado públicamente un veredicto favorable al mismo, en un antejuicio que viola las garantías de un debido y probo procedimiento.

Mapuches acusan al Estado chileno de racismo ambiental

En la Región de la Araucanía abunda la basura en tierras mapuches. En forma de rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de aguas servidas los huincas hacen llegar sus desechos a los indígenas. Ellos acusan racismo ambiental. Su queja tiene poco eco en el país: Chile no entrega informes de discriminación desde 2000. La ONU tiene la palabra.

Manuel Curilem está nervioso. Nunca antes viajó a Europa y nunca antes tuvo al frente a “gente tan preparada”, pese a las incontables reuniones con intendentes, alcaldes y seremis. “Esta gente es distinta, tiene la disposición de escucharme porque le interesa el tema indígena”, dice. Esa gente forma parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas y en la sesión del 6 de agosto a partir de las 15 horas en Ginebra, tomarán nota de lo que Manuel les va a decir: “Voy a reafirmar la acusación de racismo ambiental contra el Estado chileno por los basurales y las plantas de tratamiento de aguas servidas en territorio indígena”.

Dice que no es un experto y que le falta vocabulario técnico, pero el menosprecio de la autoridad lo exaspera. Entonces, afloran las palabras. “Chile firmó un convenio contra todo tipo de discriminación y esto no debería ocurrir”. Pero ocurre. Él lo sabe bien porque vive en la comunidad de Ancúe que recibe 143 toneladas mensuales de basura de Gorbea. “Este vertedero debió cerrar el 2003 y ya estamos en 2008. Eso ilustra la preocupación que tiene la autoridad”.

El escenario de Ancúe no es único: 18 vertederos de un total de 25 funcionan en territorios indígenas de la Novena Región. En el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, uno de los siete del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo saben. El 24 de agosto de 2007 llegó a la oficina del representante chileno en la ONU, Juan Antonio Martabit, una carta con un listado de preguntas al Estado chileno sobre el tema. Como no hubo respuestas, el Comité reiteró la carta en enero de este año, agregó que Chile no envía informes sobre discriminación racial desde el 2000 y dio como plazo máximo este viernes 30 de junio. Si nadie contesta se revisará la situación de nuestro país en la próxima reunión a realizarse entre el 28 de julio y el 16 de agosto en Ginebra. No es todo: Manuel invitará al relator especial de la ONU, James Anaya, para que vea la basura en que vive.

“El gobierno firma todos los acuerdos internacionales que le ponen por delante, pero no genera modificaciones para implementarlos internamente”, apunta Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. “Eso ha ocurrido especialmente en materia medioambiental y de derechos humanos, que es el caso de esta convención”, agrega.

Consultados por el tema, varios personeros de Gobierno declinaron referirse sobre la carta y la petición de la ONU. En tanto, la ministra de Mideplan, Paula Quintana dijo que “ese tema lo está viendo la intendenta de la novena región quien preside la mesa indígena regional- y el equipo del Comisionado para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña”.

A 120 metros de una escuela

A las comunidades se les agotó la paciencia y la confianza en las autoridades. Todavía está vivo el recuerdo de lo que pasó con la ex intendenta Berta Belmar. “Mientras conversábamos con ella para resolver el tema, autorizó la vida útil de varios basureros, entre ellos la ampliación de Boyeko. Lo que hizo fue un desprecio hacia las personas que no tienen cómo defenderse”, dice Manuel. “Hay gente que está viviendo y respirando al lado de la basura todos los días del año”, refuerza Claudio Sandoval, miembro del colectivo Acción por los Derechos Ambientales. “En Temuco, el vertedero de Boyeko se encuentra a 120 metros de la Escuela Básica, pese a que la legislación pide como mínimo 300. Y en otro casos, como el de Lumaco, la planta de tratamiento y el vertedero están a 500 metros de la primera casa de la comunidad. En Villarrica hay una planta de tratamiento de aguas servidas que se instaló en un terreno que es patrimonio cultural. Allí se celebró hace 100 años uno de los encuentros más grandes del pueblo mapuche. Y reconocido esto por el Consejo de Monumentos y con una resolución de la Corte Suprema, aun así la planta de tratamiento se instaló acá” agrega.

Blaise Pantel, investigador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, en tanto, sostiene que hay comunidades que no tienen agua potable y que ahora reciben el agua por camión. “Las soluciones del municipio han sido bastante básicas, como fumigar lugares o hacer llegar el agua a los lugares donde no hay. Pero el problema de fondo no se soluciona”, explica. El tema pudo ir más lejos. En agosto de 2000 falleció Aquiles Rodrigo Epul Huitraqueo. El menor, de 4 años, vivía en el sector Boyeko cerca del vertedero. Se cortó en uno de sus pies y fue curado con hierbas medicinales contiguas al basural. Los padres presentaron un recurso de protección donde atribuían la muerte del menor a las condiciones de funcionamiento del vertedero. La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el escrito. Los mapuches dicen que es la primera víctima de la basura en tierras indígenas. Tal vez, lo es.

El senador por Aysén Antonio Horvath (RN) se define ante megarrepresas

“Prefiero alternativas menos invasivas”

Para él, es fundamental definir la vocación de las cuencas antes de instalar megaproyectos en ellas. “Y si hay que expropiar derechos de agua para salvaguardar el ecoturismo o la biodiversidad, hagámoslo”. Acusa que la indecisión estatal para apoyar alternativas renovables impone la lógica de las represas y la energía nuclear.

Más tiempo del que quisiera ha gastado el senador RN Antonio Horvath en hacer aclaraciones. Hace un mes tuvo que salir al paso de que su nombre apareciera en un proyecto de acuerdo firmado por Eduardo Frei, Andrés Allamand y Adolfo Zaldívar impulsando la hidroelectricidad y entregando un espaldarazo a las cinco represas de HidroAysén. “Si me metí en eso fue para suavizar ese texto”, apunta.

La semana pasada le bajó el pulgar a otros seis senadores que hicieron un llamado al Ejecutivo para que patrocine un proyecto de ley a favor de la opción de la energía nuclear. Horvath contraataca: “Esa iniciativa fue declarada inadmisible y no tuvo el respaldo de la sala del Senado”, dice sobre la intención de Jaime Orpis, Ricardo Núñez, Juan Antonio Coloma, Jorge Pizarro, Pablo Longueira y Baldo Prokurica. “En su mayoría son parlamentarios de la zona norte, donde hay que impulsar la geotermia con subsidios del Estado”, dice. “No me niego al estudio de la energía nuclear, pero con este potencial: pequeñas y medianas centrales, centrales de pasada, geotermia, mareomotriz, biocombustibles, cómo tomar un paso irreversible en cuanto a la seguridad o al manejo de los residuos radioactivos “.

-¿Podría estar el lobby detrás de ese llamado?
-Ellos representan regiones que tienen intereses mineros y sería bueno que transparenten si hay lobby de las mineras detrás.

El senador por la Región de Aysén tiene otra definición pendiente: las cinco megarrepresas del proyecto HidroAysén. “Se está poniendo la carreta antes de los bueyes. Existe un compromiso presidencial para definir previamente el manejo integrado de las cuencas del país, especialmente donde hay pensados proyectos o mega proyectos. Por ejemplo, si el ecoturismo en el Futaleufú es prioritario para la comunidad o la región, y los derechos de agua pertenecen a una empresa, el Estado tiene que comprárselos. Si hay que comprar o expropiar derechos de agua para salvaguardar el ecoturismo o la biodiversidad, hagámoslo”.

-¿El Estado tiene la voluntad de hacerlo en favor de la ciudadanía?
-La voluntad del Estado debe definirse por las prioridades ciudadanas. Si la comunidad presiona por una determinada línea, a las autoridades no les va a quedar otra que hacerse eco de ello.

-Esa idea no le va a gustar a las empresas hidroeléctricas.
-Por eso hay que definir de antemano la vocación de las cuencas, si no, las empresas van a traer proyectos absurdos como las líneas de trasmisión, porque van a privilegiar la ruta más económica y eso no es compatible con los intereses locales o regionales.

-¿Cuál debiera ser la vocación de la cuenca del Baker, donde se pretenden construir dos megarrepresas?
-En la zona austral no son muchas las cuencas y hay que definir su uso ahora. En la región se hizo el ordenamiento territorial participativo en un período de cuatro años y están los elementos para sentar en la mesa a los actores y a los que pretenden hacer los proyectos para ver si llegan a algún acuerdo. Ahora, si me pregunta a mí, las vocaciones en la región están claras: las áreas de conservación son la mitad de la región; la acuicultura está zonificada, no como en la Región de Los Lagos, que se saturó; la agricultura y la ganadería tradicionales en una línea orgánica; el turismo en toda época del año, y sólo las fórmulas de energía que permitan compatibilizar con eso.

-¿Las megarrepresas permiten compatibilizar con eso?
-Hay que definir el manejo integrado de cuencas, las áreas de baja inundación y las rutas posibles de interconexión, si las hay. Pero tiene que haber mucha claridad en lo que gana la región con estos proyectos: si van a llevar problemas sociales y ambientales o van a resolver problemas. Esa discusión está pendiente.

-Usted ha dicho que llevan su posición sobre las megarrepresas de un lado a otro: defínase.
-No soy blanco o negro, pero estoy a favor de centrales renovables. Prefiero alternativas menos invasivas, pero hay que empujarlas para que sean realidad y, en vez de eso, el Estado le pone obstáculos administrativos para hacerlas competitivas. Es el mismo Estado el que nos hace jugar en esta lógica de represas gigantes o energía nuclear”.

CONECTIVIDAD SIN CABLES

Horvath aclara otro tema: su postura a favor de la conectividad austral por vía terrestre nada tiene que ver con facilitar una ruta a las líneas de trasmisión de Transelec para el proyecto de HidroAysén. “Planteo la conectividad sólo para el camino. Estamos hablando de un camino de penetración, que permite el paso de dos vehículos en forma segura, pero que se adapta a la naturaleza. Eso quiere la zona austral. Pero las torres son incompatibles. En ese sector tienen que buscar un valle paralelo o hacerlo subterráneo o submarino. Ahora, sabemos que submarino vale ocho veces más. Es el Estado y las regiones los que tienen que poner las reglas del juego: por este valle sí, por este valle no”.

-O sea, usted descarta que la ruta continental sea una luz verde al tendido eléctrico de las megarrepresas.

-Lo descarto, definitivamente.