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Empresarios pretenden explotar carbón en una superficie equivalente al 40% de la Isla Guafo

Situada al extremo sur de Chiloé, Isla Guafo posee una biodiversidad única en América del Sur, suscita alto interés científico, colinda con áreas protegidas para la procreación de ballenas y es refugio williche para pesca artesanal. Coordinan frente para proteger la zona.

Un rotundo rechazo está provocando el proyecto que la firma South World prepara para la Isla Guafo, desconocido paraíso ubicado al sur de Chiloé, luego de que esta compañía confirmara la compra de las pertenencias mineras para explotar carbón como insumo para plantas termoeléctricas.

Los socios de esta firma son Rodrigo Danús y Paul Fontaine, y adquirieron los derechos para explotar una superficie equivalente al 40% de la isla.

La presencia de carbón en la zona se detectó en 1942, pero recién este año concluyeron los estudios que determinaron la existencia del recurso de alta calidad.

Entre los detractores al proyecto se encuentra el biólogo marino y académico de la Universidad Austral, Rodrigo Hucke, quien trabaja actualmente en el diseño de un Área Marina Costera Protegida para Chiloé, que incorpora a la Isla Guafo dentro de la zona de preservación.

“Sería un error que el destino de la isla sea el emprendimiento minero, ya que amenazaría a uno de los principales bastiones remanentes de la biodiversidad marina y terrestre de Chile. Se pueden encontrar significativas y singulares concentraciones de fauna bentónica y corresponde a una notable área de alimentación y cuidado de las amenazadas ballenas azules y jorobadas”, advierte.

Por ello explica que es “altamente probable” que el Gobierno apruebe el área de protección, tras concluir la investigación que lleva adelante con fondos del gobierno regional.

El consejero regional Eugenio Rivera destaca que los avances de estudio de Hucke serán analizados el martes en Puerto Montt, en una reunión que encabezará el intendente Sergio Galilea.

Rivera afirma que el tema de la isla no estará ausente “porque el aumento del tráfico marítimo será un factor de riesgo para los cetáceos que se alimentan y circulan en la zona”.

FRENTE POR LA ISLA

En tanto, el coordinador de la Federación Williche de Chiloé, Sergio Cuyul, también manifesta su preocupación y señala que organizarán un “frente” para defender a la Isla Guafo. En caso de concretarse el proyecto, pedirán que el Gobierno considere el Convenio 169 de la OIT.

“La isla ha sido utilizada históricamente por nuestra etnia como refugio durante faenas de pesca y vamos a exigir que se nos escuche”, señaló Cuyul, quien pidió una reunión con Galilea el próximo miércoles 17.

Los pescadores artesanales tampoco se quedan de brazos cruzados. Ayer el presidente del Consejo Provincial de Pesca Artesanal de Chiloé, Jorge Aránguiz, viajó hasta la Conama local para indagar sobre la viabilidad del proyecto de South World.

El temor de Aránguiz es que la instalación de un muelle para sacar el carbón destruya bancos naturales de erizos y locos. Este medio intentó ubicar a Danús y Fontaine, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron a los llamados.

Patrimonio natural en peligro

La Facultad de Ciencias de la Universidad Austral estudia hace cuatro años la biodiversidad de la isla. Por eso para el profesor Roberto Schlatter la intervención será “lamentable” y se producirá donde habita la colonia de fardelas (aves) más grandes del mundo, con cerca de cuatro millones. Por su parte, Héctor Pavés, académico de la misma facultad, releva que en el lugar habita el pingüino de Magallanes y que además se ubica la única población reproductiva de lobos finos del país y por tanto es un sitio de dispersión y reserva genética para la especie, explicó.

Pero eso no es todo. Antonio Ruiz-Tagle, del Centro Ballena Azul, recordó que Isla Guafo incluye importantes sitios paleontológicos y de yacimientos fósiles protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, además de una antigua estación ballenera.

Por su parte, Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana, manifestó que “les preocupa que se esté proyectando extraer el carbón en lugares importantes y sensibles ecológicamente, como la Isla Guafo, donde las actividades de explotación minera deberían estar prohibidas.

“El mundo entero -dice-, se mueve hacia las energías renovables y Chile va en la dirección contraria al fomentar la termoelectricidad basada en la combustión a carbón. Esperamos que esta política se revierta y se apueste por fuentes que satisfagan la demanda, pero que sean más amigables con el medio ambiente”, concluye.

Chile ya tiene su primer guardacostas ambiental

Amante del surf y habitante de Curanipe, Rodrigo de la O fue seleccionado para proteger las costas chilenas de la contaminación. Su debut está planificado para febrero y su objetivo principal será patrullar el impacto de los proyectos industriales entre los ríos Maule e Itata.

Rodrigo de la O aceptó el desafío de transformarse en el primer guardacostas ambiental de Chile.

Es amante del surf, tiene 35 años y vive en Curanipe, comuna costera de la Región del Maule, donde estará el centro de operaciones de un inédito proyecto de patrullaje ecológico que comenzará a funcionar en febrero de 2009.

La iniciativa es dirigida en el país por la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), representante oficial de su par estadounidense Waterkeeper Alliance -que integra Robert Kennedy Jr- y en el que también colabora Safes de Waves, organización internacional de surfistas.

La misión del guardacostas será vigilar cerca de 130 kilómetros de costa, entre la desembocadura del río Maule y el Itata, para evitar que las aguas del Océano Pacífico se vean afectadas por la contaminación, en especial, de grandes proyectos industriales, como las plantas de celulosa.

Una de ellas, Celco Nueva Aldea ya terminó de construir su emisario submarino en las costas de Cobquecura, que estará operativo a comienzos de 2009.

En conversación con La Nación Rodrigo de la O identificó el ducto de Celco, la desembocadura del río Maule -donde hay otra celulosa- y la futura Termoeléctrica Los Robles como las zonas de principal preocupación. Por eso explica que su misión será clave, ya que tendrá que “realizar un monitoreo científico, independiente en la costa”.

ESPECIES AMENAZADAS

Este guardacostas es de profesión diseñador gráfico, hoy se dedica al turismo, pero ha tenido una estrecha relación con el mar. Fue pescador artesanal y actualmente es surfista, características que le facilitarán su trabajo arriba de la embarcación.

Sin embargo, Fernanda Pinochet, abogada y jefa del proyecto en FIMA, puntualizó que estos atributos fueron sólo algunas características que facilitaron su elección.

Las otras están relacionadas con su inserción en la comunidad como activista contra la construcción de la Termoeléctrica Los Robles, que equivale a un cuarto del proyecto de HidroAysén.

“El problema con la termoeléctrica es que no se señala en el estudio ambiental cuál es el área de influencia y eso es de gravedad. Sólo dice que van a existir efectos, pero no dice dónde”, explicó.

Pero los grandes proyectos no serán los únicos fiscalizados. En la zona hay otros impactos como la alta afluencia de turistas y el uso de pesticidas en la producción de frutillas.

En tanto, la bióloga marina de ONG Angelina Crocco explicó que entre las especies amenazadas por la acción del hombre están los cisnes de cuello negro y flamencos del humedal de Reloca, los delfines y los lobos marinos de Cobquecura.

Ongs Ganan Espacio en CBI y piden modernizacion, transparencia y participacion

Barbara Galleti del Centro de Conservación Cetácea, fue elegida como representantes de las ONGs para dirigirse a los delegados, y dijo que “resulta difícil concebir la modernización de la CBI sin que se considere prioritariamente superar sus prácticas restrictivas de participación pública, así como la necesidad de transparencia en sus reglas de procedimiento”.

Las Organizaciones ciudadanas que participan en la Comisión Ballenera Internacional lograron este miércoles, después de muchos años, que un representante de la sociedad civil hable en la reunión plenaria de este foro donde solicitaron modernización de este organismo y fortalecimiento de participación e información pública.

En la ocasión, Barbara Galleti del Centro de Conservación Cetácea, que fue elegida como representantes de las ONGs para dirigirse a los delegados, dijo que “resulta difícil concebir la modernización de la CBI sin que se considere prioritariamente superar sus prácticas restrictivas de participación pública, así como la necesidad de transparencia en sus reglas de procedimiento”.

Agregó que “proponemos que la Comisión constituya un grupo de trabajo, compuesto por Comisionados y representantes de ONGs, el cual redacte las propuestas de enmiendas necesarias a la reglas de procedimiento, que posibiliten la apertura de la CBI a la participación pública”.

Galleti habló en representación de organizaciones no gubernamentales de México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.

Los votos de los países latinoamericanos corresponden al 40 por ciento de la fuerza del bloque conservacionista y la región es la más importante en cuanto a potenciar el uso no letal de los cetáceos, vinculado al desarrollo y fortalecimiento de las comunidades costeras.

“Esperamos que la Comisión avance hacia el reconocimiento de nuestro derecho inaliebale de utilizar las poblaciones de cetáceos mediante metodologías no letales”, afirmó Barbara Galleti.

Las Ongs además valoraron las palabras del Ministro de Exteriores chileno, Alejandro Foxley que en la inauguración de la reunión el lunes instó a la CBI a incrementar la participación de la sociedad civil y de los científicos de países en desarrollo. “Hacemos el llamado para que ello se traduzca en acciones concretas en todos los ámbitos de la CBI” dijo Galleti.

Las ONGs además llamaron a la CBI a reafirmar su compromiso contraído en 2001 con el Principio 10 de la Declaración de Río, que llamó a los Estados “a facilitar y alentar la conciencia y la participación pública haciendo la información pública ampliamente disponible”.

A su vez la resolución enfatiza la importancia de “adherirse a los requisitos de la buena fe y la transparencia en todas las actividades llevadas a cabo por la CBI” respaldando finalmente, el principio de la completa independencia y soberanía de los estados para decidir sus políticas, y participar libremente en este foro, sin la indebida interferencia ni la presión con medidas económicas de otros Estados.

SANTUARIOS Y USO NO LETAL
Para nuestra región, el creciente desarrollo de la industria de turismo de avistaje responsable y de alta calidad es de gran importancia por sus beneficios sociales, culturales, ambientales, educativos y económicos.

“Estos beneficios contribuyen directamente con el desarrollo equitativo y sustentable las comunidades costeras, por lo que el uso no letal y la conservación de los cetáceos representan las legítimas demandas de los ciudadanos latinoamericanos”, dice la declaración leída por la representante de las ONGs.

“La creación de Santuarios, en particular del Santuario Ballenero del Atlántico Sur, y la eliminación de las operaciones de caza en el Hemisferio Sur, donde vive el 80% de las ballenas del mundo, permitirá proteger los intereses de nuestra región y conservar a los grandes cetáceos, que al ser especies altamente migratorias, son un recurso compartido de nuestras naciones que han optado por su utilización no letal”, afirmó Galleti.

Según un informe del estado del avistamiento de cetáceos en América Latina, la región ha mostrado un fuerte y constante crecimiento desde 1998, incrementándose desde 56 comunidades en 8 países a 91 comunidades en 18 países en 2008. Esta tendencia corresponde a una tasa promedio de crecimiento de 11.3% anual alcanzando más de 270 millones de dólares.

Fuente: Ecoceanos News

Medio ambiente: el round parlamentario que se viene

El proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente establece multas de más de $ 4 mil millones por incidentes ambientales, un tema que generará discusión. Viernes 6 de junio de 2008

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebró en La Moneda con la firma de los proyectos que crean el Ministerio y la Superintendencia para que ingresen al Parlamento. Ese lugar será el escenario donde se moldeará la nueva institucionalidad. Como en toda negociación, quedarán heridos en el camino.

“Este ministerio es el eje del desarrollo sustentable y existe el compromiso de empoderarlo. ¿Cómo vamos a hablar, por ejemplo, de la expansión de la ciudad si no es desde esta mirada?”. Con esta premisa, la presidenta de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Denise Pascal Allende, le dio la bienvenida a los proyectos que crean el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental que la Presidenta Bachelet firmó ayer y que en el transcurso de la próxima semana -faltan un par de firmas- deberían hacer su ingreso a la Cámara para iniciar su discusión.

“Estoy segura que este proyecto va a generar mucha discusión”, comentó Bachelet en la ceremonia realizada en el salón Montt Varas de La Moneda. Pascal Allende lo sabe y entiende que su comisión será el primer ring. “En estos proyectos se topan muchos ministerios. Con algunos sólo en temas de coordinación y con otros hay topones que van a sacar roces”, comentó la parlamentaria. “Existe la voluntad para avanzar. ¿Si es posible adelantar una fecha para tener ministerio? Es muy pronto para establecer plazos”, agregó.

El mundo ambientalista será parte en la discusión. “Este proyecto es perfectible y vamos a dar esa pelea en el Parlamento”, adelantó Sara Larraín. Su mirada está puesta en algunos ejes: la participación ciudadana y las políticas sobre recursos naturales. También hay que pujar por la equidad en los plazos para la sociedad civil y las empresas en la discusión y evaluación de proyectos, y asegurar la eliminación de las autorizaciones provisorias.

Multas y atribuciones

En cartelera, hay que esperar la respuesta del mundo empresarial por las 10.000 Unidades Tributarias Anuales (más de 4 mil millones de pesos) como máximo de multa ante incidentes ambientales y por la tecnificación de la decisión de aprobar proyectos; el muñequeo entre ministerios (Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales por áreas protegidas, por ejemplo); o la pérdida de atribuciones políticas (intendentes y Coremas). Hay mucho paño por cortar.

Fair play

La numerosa presencia del mundo ambiental no pasó desapercibida. El envío de los proyectos al Parlamento era el primer punto del Acuerdo de Chagual que la entonces candidata presidencial de la Concertación firmó con los ambientalistas en noviembre de 2005. Su asistencia fue una suerte de “fair play” luego que en abril pasado el mundo ambiental rompiera relaciones con Bachelet por no cumplir el punto referido a la energía nuclear. “Como organizaciones ambientalistas la creación de un ministerio de medio ambiente -una de nuestras demandas por años- es algo en que nos vamos a restar. No vamos a dejar dar el apoyo a una iniciativa que va en esa dirección. Sería absurdo”, comentó Sara Larraín, quien estaba junto a Flavia Liberona, Manuel Baquedano y el presidente del Partido Ecologista, Félix González, entre otros.

Alfredo Ovalle. Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio: “La ley de Medio Ambiente llegó a funcionar bien, lo que pasa es que había mucha lentitud en la aprobación de los proyectos, tanto en las Declaraciones como en los Estudios de Impacto Ambiental. Esperamos que con esta nueva legislación se dé un paso en la dirección correcta. ¿Las sanciones más duras que aplicará la Superintendencia de Fiscalización Medioambiental? Tenemos que estudiarlas”.

Sara Larraín. Directora Chile Sustentable: “Es un consenso país que estamos mal y que la institucionalidad es insuficiente para que el desarrollo tenga criterios de sustentabilidad. Los empresarios también lo reconocen. Si queremos insertarnos en la comunidad internacional, se requiere una institucionalidad de este tipo. Ya no se puede esperar más. Se ha dilatado esta decisión porque no había una masa crítica y porque funcionó el lobby de quienes no querían avanzar en este tema”.

Marigen Hornkohl. Ministra de Agricultura: “La prueba más evidente de que la expertiz de la Conaf es importante es el hecho de que la Ministra de Medio Ambiente pasa a formar parte del Consejo de la Conaf que preside la ministra de Agricultura. De esta manera, lo que se está haciendo se seguirá haciendo de la misma forma. Nosotros tenemos áreas protegidas en la Conaf y lo queremos es protegerlas y fortalecerlas con las diversas política que ha anunciado la Presidenta, los proyectos de ley aprobados y los que pronto ingresaremos”.

Gobierno no frenará expansión salmonera

Gobierno no frenará expansión salmoneraLa comisión gubernamental creada para abordar la crisis salmonera tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Los ambientalistas piden frenar el crecimiento de esta industria para hacer mejorías de fondo en este sector. 

 
Organismo creado por el Ejecutivo para proponer medidas para enfrentar desastre provocado por el virus ISA no se pronunciará sobre un tema clave para los ecologistas: el crecimiento de la industria. Sólo lo hará en materias como la revisión de reglamentos sanitarios y control de ovas.
 
La comisión gubernamental que se creó para abordar la crisis de la industria del salmón tiene listas sus propuestas, las que dará a conocer el viernes. Sin embargo, ninguna de ellas apuntará a frenar la expansión de la industria como lo habían solicitado ONG ambientalistas, a raíz de los problemas provocados en el sector por el virus ISA (anemia infecciosa del salmón).

La instancia -que preside el ministro de Economía, Hugo Lavados, secundado como secretario ejecutivo por el ex subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval- tuvo la tarea de recabar información sobre los problemas que aquejan al sector y sus posibles soluciones.

Pero la expansión no será tema, así como tampoco la situación laboral de los trabajadores, ni el uso de antibióticos (ver nota aparte). En cambio, sí se buscarán mecanismos para regular el ingreso de ovas al país, ya que el virus ISA llegó a Chile desde el extranjero.

Paralelamente se revisarán los dos instructivos del sector: el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) y el Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA), propuestas que no incluyen cambios estructurales o requieran una discusión legislativa.

La comisión tendrá ahora dos meses para profundizar en estos temas y definir cuál será el nivel de importancia que tendrá cada uno. En diciembre, deberán ser implementadas. Cualquier otro cambio de fondo será materia de análisis el próximo año, lo que para las ONG es el peor escenario, debido al tema electoral.

La directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, dijo que sería una mala noticia que ninguna de las propuestas apunte a frenar momentáneamente la expansión de la industria para abordar los problemas de fondo de este sector.

“Lo propicio sería frenar la expansión de la industria, porque se necesitan hacer cambios regulatorios y de ordenamiento territorial importantes que son muy difíciles de hacer cuando esta industria se sigue expandiendo”, dijo.

Para el director de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, quien ayer viajó a Noruega para denunciar el doble estándar con el que a su juicio operan las salmoneras en nuestro país, sostuvo que detener el crecimiento de las concesiones acuícolas es clave para resolver el problema en que se encuentra hoy el país y que se ha traducido en el despido de miles de personas.

Moratoria temporal

“Nuestra principal demanda es que se aplique una moratoria temporal a la entrega de nuevas concesiones, hasta que el Estado asegure que puede resguardar el medio ambiente, la salud pública y los derechos de trabajadores, y comunidades costeras”, señaló.

En Oceana, su director Alex Muñoz, dijo que su ONG emitirá una opinión oficial una vez que las propuestas sean dadas a conocer por el Gobierno.

Sin embargo, afirmó que en el caso que no se considere el fin al uso de antibióticos o no se incluyan acciones para frenar la expansión de salmoneras en la Duodécima Región, abogarán porque la comisión reformule sus prioridades.

 
LA POLÉMICA POR LOS ANTIBIÓTICOS
 
Además de la preocupación por los efectos negativos de la expansión de la industria, las ONG también están inquietas por el uso de antibióticos. Un tema que no aparece dentro de las propuestas de la comisión, pero que podría abordarse a la hora de revisar los reglamentos sanitarios.

Esta semana la ONG Ecoceanos lanzó una campaña para proteger a los consumidores y pidió la creación de una agencia estatal que monitoree el uso de antimicrobianos en animales para consumo humano, un tema de alta preocupación para la Organización Mundial de la Salud.

Según estudios del Instituto de Farmacia de la Universidad Austral, el salmón que se vende en supermercados presenta residuos de medicamentos que están prohibidos en países como EEUU.

Lo mismo quiere Fundación Terram. En su presentación a la comisión denunció que no hay información pública disponible de las cantidades reales de antibióticos que se utilizan en acuicultura, así como en la ganadería y avicultura, a diferencia de los que ocurre en salud humana.

“A lo que se suma una preocupante descoordinación con organismos como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la autorización de vacunas que reemplacen el uso de antibióticos administrados en baños o a través del alimento”, dijo la ONG.