La solicitud de concesiones mineras por parte de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), con el fin último de construir el ducto para descargar sus residuos líquidos industriales en Caleta Mehuín, tiene en máxima alerta a los habitantes de la zona y a los opositores al proyecto, quienes cuestionan fuertemente la medida.

La estrategia es conocida: pedir concesiones de explotación minera para un fin distinto a la explotación de minerales. “En principio no es legal, si bien es una práctica muy común”, advierten en el Ministerio de Minería.

Argumentan que la Constitución, en su artículo 19 Nº24, vincula el otorgamiento de las concesiones mineras con un fin de utilidad pública, que sólo se satisface con desarrollar las actividades mineras propias de la concesión. “La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés publico que justifica su otorgamiento”, dice el cuerpo legal.

Celulosa Arauco y Constitución es una sociedad anónima cuyo rubro no es la minería. Así se desprende de la memoria 2006 de la empresa -la correspondiente a 2007 no está disponible en la página de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)-, donde se establece que “la empresa realiza directamente actividades de producción y venta de celulosa y es la sociedad matriz de un conjunto de empresas industriales y forestales”. No se hace referencia a la actividad minera. La firma del grupo Angelini tampoco ha informado si se va a involucrar en una nueva actividad mediante un hecho esencial a la SVS.

Concesiones para futuro ducto

Pese a lo anterior, el 28 de marzo pasado, el representante de Celco, Mario Urrutia, presentó en el Juzgado de Letras de San José de Mariquina los documentos para conseguir la concesión minera para hacerse de los derechos de explotación.

Según el expediente, se trata de 5.790 hectáreas de subsuelo, tituladas como “Mariquina” del 1 al 15, que cubren toda la bahía de Mehuín, en particular la zona de Mehuín Alto, donde tienen asentamiento comunidades lafquenches opositoras al proyecto.

¿Qué hay tras esa petición? Celulosa Arauco tiene plazo hasta abril de 2009 para ingresar un Estudio de Impacto Ambiental con una alternativa de descarga para sus residuos líquidos de la planta Valdivia distinta al río Cruces, donde se produjo el desastre ecológico.

Con la reciente petición de concesiones en la zona la opción de un ducto que desemboque en la bahía de Mehuín toma cada vez mayor fuerza, pues los terrenos solicitados dibujan claramente el camino desde la planta hasta mar, por la caleta Mississippi.

Acciones legales

La edición del 10 de abril pasado del Boletín Oficial de Minería señala que la “manifestación minera” contiene 14 solicitudes de concesión, unas 600 hectáreas de terreno, por donde iría el ducto. El documento de manifestación ya fue sancionado y proveído por el titular del juzgado de Letras, Edison Lara, para su reciente publicación en el boletín de minería. A contar de entonces, Celco cuenta con un plazo de 120 días para ejecutar las mediciones técnicas, después de la cual, el tribunal queda en condiciones de pronunciarse y, de no mediar objeciones, otorgar la concesión definitiva a la Celulosa, y otorgarle derechos exclusivos sobre el subsuelo minero.

“Eso es lo que se llama un fraude a la ley”, comenta el abogado de la Fiscalía del Medio Ambiente, Fernando Dougnac. El jurista explica que para revertir la solicitud, se debe solicitar una nulidad de derecho público en el juzgado de letras correspondiente.

Las organizaciones que rechazan la construcción del ducto al mar por la bahía de Mehuín no descartaron acciones legales para salir al paso de las pretensiones de la firma. “Es una práctica habitual de las empresas para blindar las futuras obras, inscribiendo el subsuelo, para evitar que un tercero pueda hacerlo, con lo cual se impediría la construcción (del ducto). Eso se ha hecho en muchos otros megaproyectos”, señaló el abogado Hernando Silva, del Observatorio de Derechos Indígenas.

En Conama se informó que el proyecto para definir el ducto de descarga de la empresa aún no ha ingresado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo tanto, no hay conocimiento de las características de construcción que podría tener éste. Sin embargo, si éste tiene áreas subterráneas o superficiales igualmente debe ser evaluado en su totalidad por el SEIA. Celulosa Arauco declinó referirse a este tema.

Un ducto con historia

La planta Valdivia entró en operaciones en febrero de 2004 con una inversión de 1.200 millones de dólares. A fines de ese año, el vertido de sus residuos industriales líquidos en el río Cruces provocó la muerte y migración de miles de cisnes de cuello negro y el desastre ecológico en el Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter.

Las autoridades ambientales impusieron, entonces, una serie de restricciones a la planta para su operación: exigieron a Celco, entre otros puntos, proponer y poner en operaciones una opción alternativa de descarga para sus riles, distinta al río Cruces, en el plazo de un año. Dicha iniciativa deberá ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en forma de Estudio de Impacto Ambiental. La Corema de la Décima Región extendió el plazo hasta abril de 2007 y en enero de ese año, lo postergó nuevamente por dos años.

En ese momento, Celco pensó en la bahía de Mehuín y encontró la resistencia de los pescadores y la comunidad. No era la primera vez. El conflicto entre las partes comenzó en 1996 cuando los trabajadores de la zona expulsaron a los expertos de la empresa que habían ocupado el sector para evaluar la posibilidad de construir un ducto submarino en la bahía. El panorama cambió en octubre de 2007: algunos lafquenches alcanzaron un acuerdo con Celco a cambio de 8,9 millones de dólares. En el otro escenario, no hay mejoría: en noviembre de 2007, el científico de la UACH Eduardo Jaramillo explicó que el santuario del río Cruces no se ha recuperado desde 2004 y que las aves herbívoras siguen disminuyendo.

Fuente: La Nación