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CIREN advierte sobreexplotación agrícola de laderas en zona central

laderaCIREN advierte sobreexplotación agrícola de laderas en zona central
El cultivo en pendiente de 30º o más crece a ritmo de 10% anual, y “muchas veces se realiza con escasos criterios de sustentabilidad”, declaró la entidad.

Chile ya se alza en el tercer lugar mundial en cultivo de paltos, luego de México y Estados Unidos, lo que constituye una noticia favorable para los objetivos del proyecto de convertir al país en Potencia Agroalimentaria y Forestal. Sin embargo, según el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), los nuevos usos agrícolas en laderas de la zona central, especialmente la Región de Valparaíso pero también en Coquimbo y O’Higgins, “están significando impactos ambientales negativos sobre el medio biótico, especialmente vegetación, fauna y disponibilidad de agua”, declaró la entidad.

El director del CIREN, Rodrigo Álvarez, aludió al estudio “Determinación y Evaluación de Fragilidad de Laderas en la Cuenca de Casablanca y en las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Petorca, La Ligua y Aconcagua, Región de Valparaíso”, realizado por el servicio para llamar la atención al respecto. “El cultivo en laderas es una realidad nueva en el país, y en lo inmediato significa beneficios socioeconómicos para muchas familias, pero urge velar por la sustentabilidad de sus prácticas. Entre otros usos poco sustentables, hemos verificado la ubicación masiva de plantaciones en el sentido de la pendiente, lo que facilita el acceso del agricultor pero causa desplazamiento de sedimentos, pérdida de suelos y desestabilización de laderas. Esto tiene amplios impactos aguas abajo, que derivan en la externalización de costos sobre otras economías locales”, explicó Álvarez.

Según el estudio del CIREN, las plantaciones en laderas logran mayor productividad al distanciarse del aire más pesado (y en consecuencia, de las heladas). También se aprovecha terreno en desuso y/o convencionalmente destinado a la actividad ganadera y forestal (clase 6 y 7). “Aun así, el sector debe propender a la internalización de sus costos de producción, para de ese modo asegurar la sustentabilidad de empleos y evitarse, ante las variaciones bruscas de precipitaciones previstas en el actual escenario de cambios climáticos, la pérdida de producción”.

Las principales especies cultivadas en laderas son chirimoya, nogal, olivo, tunas, frutilla y palto (razas guatemaltecas e híbridos). En este último caso, el país ya supera las 40 mil hectáreas, que se expanden a un ritmo de 10% anual.-

Chile: la amenaza transgénica

Actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley que busca la liberalización de los transgénicos en nuestro país. Senadores de la Alianza por Chile, de la Concertación e independientes presentaron, el 2006, el proyecto, próximo a aprobarse. “Yo llamaría a esta moción, la moción Monsanto”, dice María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL). La moción se discutirá a pesar que el tema “no está presente en el debate nacional” y no es “de necesidad urgente”. Lo único que lo explica es la presión de las transnacionales de los transgénicos que quieren la liberalización total. Detrás está Monsanto.

Monsanto, dueña de Semillas Seminis, Agrosearch, Limagrain, Pioneer y Ventrabioscience -las transnacionales que dominan el mercado exportador de semillas transgénicas en Chile-, controla el 90 por ciento de la producción de transgénicos en el mundo, según una investigación de la periodista francesa Marie-Monique Robin, presentada en el documental “El Mundo según Monsanto”. Según la investigación el crecimiento de cultivos transgénicos es monstruoso: En 2007 ya cubrían 100 millones de hectáreas.

La lista de horrores de Monsanto es conocida. En su sede de Saint Louis, estado de Missouri (EEUU) se fabricó el “Agente Naranja” utilizado como “herbicida” en la guerra de Vietnam y cuyos horrores aún se pueden ver en el Museo de Ho Chi Minh, ex Saigón. “El Mundo según Monsanto” revela vínculos de la transnacional con los gobiernos de Bill Clinton y Tony Blair. Además que el ex secretario de Defensa de la administración de George W. Bush, Donald Rumsfeld, trabajó como director de la División farmacéutica de Monsanto.

La Asociación Médica Británica, el Consejo Nacional de Investigación de EEUU, el Crii-Gen de Francia y otras instituciones aconsejan “prohibir el uso de transgénicos y sus productos”, e investigar “los impactos de largo plazo en la salud y el ambiente”. Según el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), la contaminación con transgénicos “pone en peligro una biodiversidad que es fundamental para la seguridad alimentaria de la humanidad”.

La Ley de Introducción de Transgénicos

El diputado Marco Enríquez-Ominami (PS), la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile) y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), se oponen al proyecto de ley que intenta la liberación de semillas transgénicas en nuestro país.

“La falta de rigor del gobierno en materia agrícola perjudica a los productores agrícolas, ya que en este caso la inoperancia abre camino al ingreso de cultivos transgénicos al país. Este es un camino sin retorno, debido a los efectos irreversibles de los transgénicos en la agricultura y el medio ambiente. El tema se debate en todo el mundo, mientras en Chile hay desconocimiento sobre los efectos y riesgos de la introducción de transgénicos”, dice Enríquez-Ominami. “Es inaceptable que la Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, omitiera el tema al dar a conocer el plan de trabajo de su cartera”, agrega.

Actualmente nuestro país autoriza la producción de semillas transgénicas “para la exportación”. Según María Elena Rozas, cada vez hay más evidencias respecto de los daños que producen los transgénicos en la salud de los consumidores. Afirma que un estudio en ratas de laboratorio, alimentadas durante la gestación con soya transgénica RR -de Monsanto-, concluyó con más de la mitad las crías muertas en las tres primeras semanas de vida. “Nos preocupan los efectos de la contaminación de cultivos convencionales con transgénicos y los daños que ello acarreará a los agricultores orgánicos. En países como España y México la coexistencia entre ambos tipos de cultivos se ha demostrado imposible”, dice.

Por su parte, Camila Montecinos, experta en transgénicos y consultora de ANAMURI, critica que la ley no incluya sanciones por la contaminación de cultivos con transgénicos. Las autoridades tendrán apenas 60 días para aprobar la introducción de un cultivo transgénico y será sobre la base de información entregada por las propias empresas interesadas: “Más grave es que se incluye un mecanismo por el cual las transnacionales pueden cuestionar los decretos gubernamentales. Aunque la ley se denomina ‘de bioseguridad’, de seguridad no tiene nada. Debería denominarse claramente Ley de Introducción de Transgénicos. En lugar de traer un avance tecnológico, proporcionará mano de obra barata local para las transnacionales, tanto a nivel de productores como de investigadores que trabajarán para ellas”, dice.

“La liberalización de los cultivos transgénicos, en las condiciones que presenta esa ley, dejará al país en total indefensión en cuanto a proteger la salud y el ambiente”, dice el diputado Enríquez-Ominami. Si se aprueba la ley las empresas podrán cuestionar las clausuras de salvaguardas. Francia, en febrero pasado, congeló los cultivos de maíz transgénicos. Polonia, Alemania y Hungría ya lo habían hecho. Las organizaciones ciudadanas advierten que, además de que el proyecto no incluye sanciones en caso de contaminación de cultivos por transgénicos, las empresas podrán apropiarse de los cultivos contaminados.

Tras haber sido aprobado el primer informe en la Comisión de Agricultura, el proyecto continúa en trámite. De aprobarse la ley, advierten, el maíz que se come en Chile podría contaminarse, por ejemplo, con maíz transgénico que exporta Limagrain -que tiene un alto contenido de lipasa gástrica de perro-. Señalan que la contaminación que se podría generar debido a la liberación de cultivos transgénicos sería completamente irreversible.

Agrotóxicos, transgénicos y precariedad laboral

En Chile, los temporeros agrícolas -250.000 son mujeres- padecen una de las peores condiciones de precariedad laboral. Más de un 60 por ciento no tiene contrato laboral y es “enganchado” por contratistas, sufriendo incontables abusos, y el riesgo de enfermedades y muerte por el uso intensivo e indiscriminado de agrotóxicos. Muchos de estos son los de mayor peligro según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de los agrotóxicos usados en Chile pueden ser causa de abortos, cáncer, daños neurológicos, alteraciones reproductivas y malformaciones congénitas.

En enero, 13 temporeros resultaron intoxicados -por insecticida Zero 5 EC, un piretroide de ANASAC-, en un maizal transgénico en Pelarco, VII Región, mientras el Ministerio de Salud daba a conocer las cifras de intoxicados en 2007. El maizal de la Sociedad Agrícola Beyce, produce semillas para Massai Agricultural Services que exporta semillas híbridas y transgénicas, cuya producción de maíz y soja proviene -entre otros- de semillas importadas de Monsanto y Syngenta. Los cultivos transgénicos no disminuyen el uso de agrotóxicos. “Los trabajadores están sometidos a riesgos, y además, los cultivos tradicionales y nativos próximos podrían contaminarse”, dice RAP-Chile. El predio se ubica en la misma comuna donde, el 2004, temporeras de San Clemente sufrieron graves quemaduras. “Ese incidente rompió el secreto oficial, develando uno de los muchos lugares del país en que se cultivan transgénicos destinados a la exportación. Hay una intensa campaña del empresariado y el gobierno a favor del proyecto de ley aprobado en primer trámite por el Senado, que pretende liberar los cultivos transgénicos en el país”, agrega RAP-Chile.

La mayoría de las intoxicaciones por agrotóxicos en la actividad agrícola y forestal se produce entre septiembre y marzo. El año 2007, según cifras del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, fueron notificados 710 casos de intoxicaciones por agrotóxicos. La VII Región concentró 60 casos. El 2006, tasa más alta de envenenamientos lo tuvo la VI Región.

“Hay un cierto progreso en la reacción de los servicios públicos ante este tipo de emergencias, ya que cuando se produjo la intoxicación masiva de 2004, los fiscalizadores concurrieron a terreno sólo once días después. Esta vez, la fiscalización se inició de inmediato. Por lo general los sumarios sanitarios son muy limitados en sus resultados, y el problema de fondo permanece: grandes empresas insertas en el mercado global que obtienen enormes utilidades, ocasionando serios daños a la salud de las personas y sometiendo a la mano de obra a pésimas condiciones laborales”, señala RAP-AL.

Bachelet durante su campaña presidencial prometió que no permitiría la entrada de cultivos transgénicos.

Los cultivos transgénicos y su paquete tecnológico asociado, aumentan el hambre y destruyen la agricultura campesina porque:

– Estimulan los monocultivos que eliminan la biodiversidad.

– Aumentan el uso de agrotóxicos altamente venenosos para la salud humana y animal.

– Aumentan la contaminación de todos los recursos naturales.

– Intensifican la deforestación.

– No contribuyen a la creación de nuevos empleos, ya que este tipo de cultivos requieren poca mano de obra, y genera concentración de la propiedad de la tierra.

– Aumentan la expulsión de campesinos y campesinas del campo.

El proyecto que pretende aprobarse apunta, entre otros, a hacer factible la producción subsidiada de agrocombustibles anunciada por Bachelet hace sólo unos meses.

Fuente: Argenpress —
C. Patricio Santa Cruz V.
Ingeniero Forestal – Proyectos de Desarrollo Local
Telefono: (09) 9780531 –
e-mail: patricio.santacruz@gmail.com , patosantacruz@hotmail.com

Confirman el plan de bombear “seis mil litros de agua por segundo” desde Salta en Argentina hacia las mineras de Chile.

Mineras Chile Argentina
Tras el agua de la Puna hay un negocio de 5.700 millones de dólares. El informe expone una presentación en la que una de las empresas asociadas al plan de la minera BHP Billiton- sostuvo que el proyecto “permitirá dar cumplimiento al Tratado sobre Complementación Minera celebrado entre Chile y Argentina, y que para que el agua en cuestión permita la expansión de la minería chilena, es menester fijarse como meta la producción de 6 metros cúbicos de agua por segundo”, y “si bien el agua subterránea a alumbrar podría tener destinos industrial, agrícolas y agroindustriales, la primera meta a alcanzar debería ser el agua para uso minero dentro”.
Fuente: Diario El Tribuno

Según un informe de Minería, que salió a luz ayer, bombearían hasta 6.000 litros por hora a Chile.

Quienes dicen que el agua será dentro de algún tiempo un recurso más estratégico que el petróleo, se equivocan. El agua no será, sino que “ya es” entre todos los recursos, el más vital, estratégico y preciado. Cómo se explica de otro modo que hoy en la Puna salteña esté a un paso de consumarse un proyecto que en el Norte chileno redituaría 5.700 millones de dólares en 20 años, pero que de este lado de la cordillera podría dejar los acuíferos andinos tan secos como los de Punta Negra y Monturaqui, hoy agotados en Atacama ante los consumos industriales de la gigante del cobre La Escondida.

El pasado lunes El Tribuno comenzó a revelar los detalles de un proyecto que elaboró en 2.000 una inversora de Santiago de Chile, El Alamo, y que dio origen una iniciativa privada en la que algunas empresas de existencia real y otras sospechadas de ser “sellos de goma” incurrieron en un sinnúmero de faltas e irregularidades con las cuales mantuvieron oculto un plan de “exportación de agua industrial” para consumos mineros en la región de Antofagasta.
El expediente que examina desde ayer la Unidad Revisora de Contratos (UNIREN) no deja dudas sobre el destino de exportación pretendido para el agua de los pozos que comenzaron a perforarse a fines de 2007 en Quebrada del Agua, Laguna Socompa, el Salar de Llullaillaco y el Salar de Río Grande, a escasa distancia de la línea cordillerana que separa a Salta de Antofagasta.

Estas perforaciones fueron paradas el 17 de febrero por la Secretaría de Recursos Hídricos que, sin embargo, volvió a autorizar su continuidad. Esta decisión se explicó con un resolución del Ministerio de la Producción por la cual la firma que llevaba adelante las tareas acreditó que se hallaba habilitada desde abril de 2007 a realizar evaluaciones hidrogeológicas destinadas a alumbrar aguas subterráneas para “uso minero, agrícola y agroindustrial en los departamentos Los Andes y La Poma”.

El 6 de diciembre, a través del decreto 3679, la Provincia declaró cumplidas las metas que la citada empresa había comprometido en favor del desarrollo de la Puna salteña.
Entre fines de diciembre y comienzos de enero, sin embargo, se avanzó con perforaciones que dejaron traslucir un plan de “exportación”, pero de estas excavaciones, la autoridad de aplicación del Código de Aguas dijo haberse enterado “ya cuando los pozos estaban casi terminados”. La lista de supuestas faltas cometidas a las leyes y resoluciones vigentes es más larga que el acueducto que BHP Billiton, el grupo australiano que explota La Escondida, espera ver trazado por Socompa en pocos meses más. La UNIREN tendrá la palabra final, pero desde los más altos niveles de la Provincia se aseguró que no se permitirá que el agua de la Puna sea desviada para consumos mineros en el Norte chileno.

¿Se puede exportar agua?
Ninguna ley en la Nación ni en la Provincia considera la posibilidad de una “exportación de agua” como la que las grandes corporaciones mineras de la región de Antofagasta pretendieron imponer sin éxito desde Potosí (Bolivia) y ahora desde Salta. En el medio, recordemos, otro proyecto de extracción calcado a los anteriores fuera rechazado en octubre de 2007 por la chilena Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA), para evitar que las comunidades campesinas y la vida silvestre se vean seriamente afectadas solo para que la minería de Atacama abarate los costos de produccion de su agua industrial y acreciente las ganancias del cobre.

Las cifras
170,4 millones de metros cúbicos anuales es el bombeo máximo que el proyecto prevé desde la Puna salteña hacia las mineras de Atacama.
6.000 litros por hora llevarían los dos acueductos que se desprenderían desde Socompa y Sico hacia La Escondida y Chuquicamata.
1,5 dólares es el valor que las empresas asociadas en el proyecto cobrarían por cada metros cúbico trasvasado desde la Puna salteña hacia Atacama.
8 pozos en el primer año, 21 en el segundo, 22 en el tercero, 20 en el cuarto y 19 en el quinto año prevé el plan elaborado en Chile en 2000.
203 millones de dólares es la inversión estimada para el acueducto que abastecería a La Escondida a través de Socompa.
224 millones de dólares es el costo estimado del acueducto que abastecería a Chuquicamata a través de la línea de Sico.

Un informe lapidario
Un informe que elevó la asesoría jurídica de Minería el pasado 18 de febrero y está por estas horas a disposición de la unidad revisora que preside Emilio Tuñón, no deja dudas sobre la intención de desviar el agua de la Puna hacia consumos mineros en el Norte chileno.
El informe expone una presentación complementaria en la que Servicios Mineros -una de las empresas asociadas tras el plan alentado por BHP Billiton- sostuvo que el proyecto “permitirá dar cumplimiento al Tratado sobre Complementación Minera celebrado entre las Repúblicas de Chile y Argentina, facilitando los procesos de integración y cooperación económica regional a fin de lograr una fluida circulación de bienes y servicios y factores de producción en el área”.
Por si quedase alguna duda sobre el destino pretendido para el agua de los pozos de la cordillera que denunció El Tribuno, la firma Servicios Mineros precisó que “para que el agua en cuestión permita la expansión de la minería chilena, es menester fijarse como meta la producción de 6 metros cúbicos de agua por segundo”.
En el siguiente párrafo, la empresa aclaró que “si bien el agua subterránea a alumbrar podría tener destinos industrial, agrícolas y agroindustriales, la primera meta a alcanzar debería ser el agua para uso minero dentro de las previsiones del Tratado ya citado”.

El Tratado
Los intereses asociados tras el plan que aún sigue latente en los Andes tienen sus fichas apostadas al Tratado de Complementación Minera que se firmó en 1997 con Chile, durante la presidencia de Carlos Menen, y que fue ratificado por los parlamentos de ambos países. En un publicación editada en Santiago de Chile en mayo de 1999, Esteban Tomic Arrazuriz, concejal de la Comuna de Las Condes y presidente de la Consultora Dos Mundos, expuso cuál es la visión de las mineras que explotan el cobre en Atacama. Con el Tratado -remarcó entonces – las empresas mineras estarán en condiciones de negociar con la contraparte argentina dos cosas que son de interés primordial para ellas: el acceso a los recursos hídricos, que en Chile son escasos y en Argentina abundantes, y la posibilidad de depositar en territorio argentino, que es más extenso y por tanto más apto que el chileno para ese fin, sus ripios, desmontes y relaves”.

3 PEDIDOS DE INFORMES
Hoy el Senado tratará un pedido de informes de la radical Claudia Silvina Vargas para que organismos competentes aclaren sobre el plan para exportar agua a Chile. El martes, Diputados aprobó otros de Adriana Pérez y su par justicialista de Los Andes, Leopoldo Salva.

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Seis metros cúbicos de agua por segundo irían a las transnacionales mineras que operan en Chile

Por Javier Rodríguez Pardo

El diario El Tribuno del jueves pasado da cuenta de la construcción de dos acueductos que trasladarían el agua salteña hacia la puna chilena donde operan las transnacionales mineras del cobre. Las agencias recogieron el error cometido por el diario salteño en cuyo texto dice que se trata de seis mil litros por hora, cuando debería decir por segundo, como bien advierte en su copete.

El plan para dotar de agua a la región de Antofagasta data de la década del 90 cuando las transnacionales y el mundo del Norte decidieron poner en marcha el Tratado Binacional Argentino Chileno de Implementación Conjunta para la Minería (firmado por los presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem en 1997, ambos senadores en la actualidad). Sin agua, publicamos reiteradamente, no hay minería, cosa que ocurre en algunas partes del mundo que aún guardan yacimientos importantes sin extraer por escasez de este insumo vital.

El agua subterránea no es renovable. Tal aseveración es primordial para que de una vez por todas entendamos que los acuíferos formados en la desértica región del norte cordillerano chileno fueron fabricados por el ecosistema de la cordillera hace milenios, fines de la era secundaria, y ahora, al concluir el año 2007 comenzaron a perforarse pozos en la Quebrada del Agua, Laguna Socompa, Salar de Llullaillaco y Salar de Río Grande, ubicados en cercanías de la cordillera que separa a Salta de Antofagasta. La región chilena de Copiapó, Antofagasta y Calama, en su sector central, registró períodos de 4.000 años sin lluvias. Pero el agua existe en las entrañas de la cordillera, basta perforarla.

La canadiense minera Barrick Gold, a pesar de sus inmorales informes de impacto ambiental, reconoce que para el complejo Veladero y Pascua Lama requerirá como mínimo casi 500 litros de agua por segundo, ocultando un consumo mayor. Duele aceptar que funcionarios del Ministerio de la Producción y de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia salteña habilitaran este saqueo complementario de otro, el de la “minería en los departamentos Los Andes y La Poma”. Paralelamente con las perforaciones, que ahora sugieren como clandestinas, cuando los pozos ya fueron concluidos, la gigantesca corporación minera australiana BHP Billiton que explota La Escondida previó dos acueductos que atravesarán Socompa en pocos meses más.

Según la Oficina Minera de los Estados Unidos, el valor del agua en 1980 era de diez centavos de dólar el metro cúbico (mil litros). Hagamos entonces el cálculo multiplicando ese importe por los seis mil litros por segundo que desean bombear durante veinte años lixiviando rocas molidas con una energía también subsidiada. La suma es inimaginable si no decimos que supera el valor de los yacimientos motivo de la explotación.

Javier Rodríguez Pardo, MACH – RENACE – Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Viernes 18 de abril de 2008. machsepa21@yahoo.com.ar (011 1567485340)