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El viejo resquicio de construir sin tener resolución ambiental

Las empresas no se desvelan por no contar con la aprobación de estudios o declaraciones: con un estado de avance importante de las obras nadie se atrevería a echar abajo una megaconstrucción. Esa es su carta y la juegan porque la ley se los permite. Sin embargo, cuando la Superintendencia de Fiscalización Medioambiental entre en acción, el juego será más en serio.

“La empresa podría haberse evitado este bochorno”. Así comentó la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, el dictamen de la Contraloría General de la República que insta a Saitec, brazo inmobiliario de D&S y titular del proyecto de la construcción de un Open Mall en los terrenos donde se ubicaba la discoteque Las Brujas, a presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para identificar los potenciales impactos ambientales y determinar las eventuales medidas de mitigación.

En el dictamen, el ente contralor argumenta que no puede entenderse que el otorgamiento del permiso de edificación habilite al titular del proyecto para efectuar la construcción antes de la calificación ambiental, ni menos otorgar la recepción final de las obras mientras no se dé cumplimiento a ese trámite ante la autoridad ambiental. Sin embargo, el concejal por La Reina Francisco Olea asegura que el mall tiene un 40% de avance.

En un comunicado, Saitec respondió que en marzo de este año las obras se reiniciaron con el estudio de impacto vial aprobado y que se sometió “voluntariamente” una declaración de impacto ambiental (DIA) que comprendía una serie de medidas de mitigación. “Una vez que se terminen las obras y se apruebe la declaración de impacto ambiental, el proyecto estará en condiciones de contar con la recepción municipal”, concluye la firma. Un dato: la Contraloría exige un EIA y la empresa sólo ingresó un DIA.

La respuesta de Saitec se replica en otros casos: es tal la confianza de que los proyectos van a pasar el trámite ambiental que a las empresas no les quita el sueño pensar en que podrían ser rechazados. Además, la legislación actual permite este contradicción.

¿Qué pasa si el escenario es adverso? “Si la resolución de calificación ambiental es desfavorable, las obras no podrán seguir adelante y la empresa se verá obligada a devolver al estado original el terreno donde realizó las obras”, sentenció Uriarte. “Es un contrasentido que la empresa haya ingresado su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y las obras estén en marcha. Es la tergiversación total del sistema”, dijo la ministra, quien además criticó al alcalde por autorizar obras que no cuentan una evaluación ambiental.

“Nos parece complejo que una empresa privada desarrolle todos los medios para burlar la institucionalidad vigente”, comentó Olea. “La empresa y el alcalde tienen que explicar por qué se comenzaron las obras sin tener la autorización ambiental”, insiste el concejal y recuerda un dato: el Juzgado de Policía Local de La Reina cursó el año pasado una multa a la empresa por construir sin autorización y las obras fueron paralizadas.

El escenario puede mejorar con la reforma medioambiental que está en el Congreso. “Esto no habría ocurrido si contáramos con una Superintendencia de Fiscalización Medioambiental que hubiera podido requerir la resolución de calificación ambiental previo al otorgamiento de permiso de construcción”, concluyó la ministra Uriarte.

Rodeados

Casos sobran. Cencosud Shopping Center trabaja en la construcción del Mall Portal Ñuñoa en la esquina de Grecia y José Pedro Alessandri sin tener aprobada la Declaración de Impacto Ambiental que presentó en abril del año pasado. “La declaración está en evaluación y en las próximas semanas habrá una resolución”, responden en Cencosud. “La otra política es iniciar obras menores mientras no esté aprobado el permiso de edificación.

Es una estrategia de las inmobiliarias en todas las comunas”, comenta Moisés Scherman, de la Red Ciudadana por Ñuñoa. Es la misma estrategia que se utilizó en la construcción del gimnasio del parque General Gorostiaga de Ñuñoa. “Se otorgó un permiso de obras menores y luego se cambió a obras mayores cuando el hoyo ya estaba hecho. Es una práctica bastante habitual”, denuncia la concejala Danae Mlynarz.

Mlynarz entrega un caso más emblemático aún. El edificio de servicio públicos de Ñuñoa -ubicado en avenida Irrarázaval- estuvo funcionando más de diez años sin la recepción final de las obras porque no tenía los espacios necesarios para los estacionamientos que establece la regulación. En este caso fue la misma municipalidad que violó su propia normativa. “Entonces, qué podemos esperar de las inmobiliarias”, dice.

La concejala agrega que los ciudadanos tenemos poco conocimiento de la normativa, pues el decreto Nº 397 que reglamenta las secretarias ministeriales (seremi) de Vivienda contempla que si la Dirección de Obras Municipales no ha cumplido con su obligación o lo resuelto por esa dirección no satisface la denuncia ciudadana, se debe apelar ante la Seremi de Vivienda, la que debe responderle en un plazo máximo de 30 días e incluso puede pedir al CDE que se inicie acciones criminales cuando se compruebe que el alcalde ha violado las disposiciones de la ley de urbanismo y construcción.

Mapuches acusan al Estado chileno de racismo ambiental

En la Región de la Araucanía abunda la basura en tierras mapuches. En forma de rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de aguas servidas los huincas hacen llegar sus desechos a los indígenas. Ellos acusan racismo ambiental. Su queja tiene poco eco en el país: Chile no entrega informes de discriminación desde 2000. La ONU tiene la palabra.

Manuel Curilem está nervioso. Nunca antes viajó a Europa y nunca antes tuvo al frente a “gente tan preparada”, pese a las incontables reuniones con intendentes, alcaldes y seremis. “Esta gente es distinta, tiene la disposición de escucharme porque le interesa el tema indígena”, dice. Esa gente forma parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas y en la sesión del 6 de agosto a partir de las 15 horas en Ginebra, tomarán nota de lo que Manuel les va a decir: “Voy a reafirmar la acusación de racismo ambiental contra el Estado chileno por los basurales y las plantas de tratamiento de aguas servidas en territorio indígena”.

Dice que no es un experto y que le falta vocabulario técnico, pero el menosprecio de la autoridad lo exaspera. Entonces, afloran las palabras. “Chile firmó un convenio contra todo tipo de discriminación y esto no debería ocurrir”. Pero ocurre. El lo sabe bien porque vive en la comunidad de Ancúe que recibe 143 toneladas mensuales de basura de Gorbea. “Este vertedero debió cerrar el 2003 y ya estamos en 2008. Eso ilustra la preocupación que tiene la autoridad”.

El escenario de Ancúe no es único: 18 vertederos de un total de 25 funcionan en territorios indígenas de la Novena Región. En el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, uno de los siete del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo saben. El 24 de agosto de 2007 llegó a la oficina del representante chileno en la ONU, Juan Antonio Martabit, una carta con un listado de preguntas al Estado chileno sobre el tema. Como no hubo respuestas, el Comité reiteró la carta en enero de este año, agregó que Chile no envía informes sobre discriminación racial desde el 2000 y dio como plazo máximo este viernes 30 de junio. Si nadie contesta se revisará la situación de nuestro país en la próxima reunión a realizarse entre el 28 de julio y el 16 de agosto en Ginebra. No es todo: Manuel invitará al relator especial de la ONU, James Anaya, para que vea la basura en que vive.

“El gobierno firma todos los acuerdos internacionales que le ponen por delante, pero no genera modificaciones para implementarlos internamente”, apunta Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. “Eso ha ocurrido especialmente en materia medioambiental y de derechos humanos, que es el caso de esta convención”, agrega.

Consultados por el tema, varios personeros de Gobierno declinaron referirse sobre la carta y la petición de la ONU. En tanto, la ministra de Mideplan, Paula Quintana dijo que “ese tema lo está viendo la intendenta de la novena región quien preside la mesa indígena regional- y el equipo del Comisionado para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña”.

A 120 metros de una escuela

A las comunidades se les agotó la paciencia y la confianza en las autoridades. Todavía está vivo el recuerdo de lo que pasó con la ex intendenta Berta Belmar. “Mientras conversábamos con ella para resolver el tema, autorizó la vida útil de varios basureros, entre ellos la ampliación de Boyeko. Lo que hizo fue un desprecio hacia las personas que no tienen cómo defenderse”, dice Manuel. “Hay gente que está viviendo y respirando al lado de la basura todos los días del año”, refuerza Claudio Sandoval, miembro del colectivo Acción por los Derechos Ambientales. “En Temuco, el vertedero de Boyeko se encuentra a 120 metros de la Escuela Básica, pese a que la legislación pide como mínimo 300. Y en otro casos, como el de Lumaco, la planta de tratamiento y el vertedero están a 500 metros de la primera casa de la comunidad. En Villarrica hay una planta de tratamiento de aguas servidas que se instaló en un terreno que es patrimonio cultural. Allí se celebró hace 100 años uno de los encuentros más grandes del pueblo mapuche. Y reconocido esto por el Consejo de Monumentos y con una resolución de la Corte Suprema, aun así la planta de tratamiento se instaló acá” agrega.

Blaise Pantel, investigador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, en tanto, sostiene que hay comunidades que no tienen agua potable y que ahora reciben el agua por camión. “Las soluciones del municipio han sido bastante básicas, como fumigar lugares o hacer llegar el agua a los lugares donde no hay. Pero el problema de fondo no se soluciona”, explica. El tema pudo ir más lejos. En agosto de 2000 falleció Aquiles Rodrigo Epul Huitraqueo. El menor, de 4 años, vivía en el sector Boyeko cerca del vertedero. Se cortó en uno de sus pies y fue curado con hierbas medicinales contiguas al basural. Los padres presentaron un recurso de protección donde atribuían la muerte del menor a las condiciones de funcionamiento del vertedero. La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el escrito. Los mapuches dicen que es la primera víctima de la basura en tierras indígenas. Tal vez, lo es.

Bachelet aboga por una institucionalidad medioambiental “moderna y eficiente”

Jefa de Estado firmó proyecto de ley que crea el Ministerio del ramo y la Superintendencia de Fiscalización ambiental.

“Este proyecto es un tremendo paso”, dijo la Presidenta Michelle Bachelet al firmar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Medioambiente y la Superintendencia de Fiscalización ambiental en una ceremonia realizada en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Rodeada de los ministros integrantes del concejo de la Conama, representantes del empresariado como Alfredo Ovalle y del mundo ecologista como sara Larraín, la jefa de Estado recordó que este proyecto fue compromiso de su campaña. Incluso se dio tiempo para bromear al contar una infidencia de la ministra Ana Lya Uriarte: “La ministra me decía me siento como cuando estuve en mi parto y yo le dije felcitaciones pariste un niño o una niña”, frase que grafica lo que Bachelet llama “un proceso para construir una respuesta a una necesidad y la respuesta será perfectible, pero nosotros no queremos no hacernos cargo de un tema que había que abordar con seriedad”.

Para la jefa de Estado el objetivo final tras este proyecto es lograr “una institucionalidad moderna y eficiente que busque la sustentabilidad, la integración y la calidad de vida de la comunidad. Estoy segura que este proyecto va a generar mucha discusión, para algunos será insuficiente y para otros excesivo, porque es claro que frente al tema de medioambiente hay distinas posturas e intereses, pero en el parlamento habrá el espacio para que los distintos actores digan cuanto más quieren o cuanto menos y por qué”.

El nuevo Ministerio colaborará con el Ejecutivo en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El proyecto de ley permite transformar la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, abocado exclusivamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, estará sujeto a un sistema de selección de Alta Dirección Pública a cargo de su administración, orientado a simplificar los trámites ambientales y proporcionar información adecuada para los proponentes y la comunidad.

Paralelamente se crea la Superintendencia de Fiscalización Ambiental como órgano autónomo, cuyo nombramiento será realizado por el Presidente de la República mediante el sistema de Alta Dirección Pública. Tendrá competencias en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental, tales como Resoluciones de Calificación Ambiental; Medidas de Planes de Prevención y Descontaminación; Normas de Calidad y de Emisión y Planes de Manejo de la Ley N° 19.300.

La fiscalización directa será realizada por la Superintendencia, por los órganos sectoriales, cuando correspondan, y por terceros acreditados mediante sistema de normalización. Se regula también un sistema de evaluación y certificación de conformidad privada, sometido a la disciplina y regulación de la Superintendencia y que sólo podrá ser realizado por sujetos certificados.

Se establece una regla de denuncia ciudadana por incumplimiento, que habilita a la Superintendencia a investigar y se obliga a responder los resultados de toda investigación. Al denunciante se le da la calidad de interesado para todo el procedimiento administrativo respectivo.

Asimismo otra de las propuestas incluidas, la cual fue destacada por la ministra Ana Lya Uriarte, es la creación de la Unidad de Medio Ambiente de las Municipalidades, donde se establece que aseo y ornato a nivel municipal pasará a desempeñar competencias ambientales a nivel local, como proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas; aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna; y elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental.

En cuanto al acceso a la información ambiental, el proyecto declara pública toda la información de carácter ambiental que está en poder de la administración, es decir: el estado de los componentes ambientales, así como de los factores que inciden en él y las medidas adoptadas; el establecimiento y administración de un sistema de información ambiental que considere un conjunto de información de acceso comprensible para los ciudadanos; y la obligación de emitir periódicamente un informe del estado del Medio Ambiente y la calidad del mismo a nivel nacional, regional y local.

“Muñequeo” por atribuciones ambientales

Una de las atribuciones del nuevo Ministerio será la administración de áreas protegidas, una tarea que realiza hoy Conaf, entidad que teme desaparecer.

El salón Montt Varas de La Moneda será el escenario donde hoy se entreguen los proyectos de ley que crean el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental para empezar su discusión en el Parlamento. Discusión que se anticipa acalorada porque nadie está dispuesto a ceder atribuciones.

El intendente Álvaro Erazo ya adelantó su parte: “Los gobiernos regionales deben seguir teniendo capacidad y autoridad en materia ambiental y ahí las Conamas regionales son muy importantes”. Los intendentes pierden protagonismo: la reforma ambiental plantea tecnificar las aprobaciones de proyectos a través de un Servicio de Evaluación Ambiental que tendrá su propia cabeza. Hoy se deciden en la Comisiones Regionales de Medio Ambiente (Coremas), encabezadas por el intendente de cada región.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) vive su propio calvario. Los trabajadores de esa secretaría convocaron a un paro nacional de tres días que se inició ayer. El temor de los funcionarios es que la Conaf desaparezca. ¿Por qué? Dentro de las funciones asignadas al Ministerio de Medio Ambiente se señala la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (Snaspe) que incluye parques, reservas marinas y santuarios de la naturaleza, y hacerse cargo del manejo de áreas protegidas de propiedad privada. Todas atribuciones que actualmente tiene Conaf.

La directora ejecutiva de Conaf, Catalina Bau, pone paños fríos: “No hay nada definido y la discusión recién va a comenzar”. Agrega que ninguna modificación a la legislación medioambiental afectará los puestos de trabajo de quienes se desempeñan en la Conaf. Bau defiende capacidad de su secretaria para mantener sus atribuciones. “La corporación tiene una expertiz técnico que es necesario para administrar las áreas protegidas del Estado y también para regular las áreas silvestres privadas”.

Endesa ingreso declaracion de impacto ambiental de proyecto eolico Canela II

El nuevo parque eólico se ubicará en un terreno adyacente al de Canela -actualmente en operación- y estará compuesto por 46 aerogeneradores, para una potencia instalada de 69 MW.

Ante la Corema de la Región de Coquimbo y a través de la sociedad Central Eólica Canela S.A., Endesa Eco ingresó la semana recién pasada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Canela II, nuevo proyecto eólico que contempla la instalación de 46 aerogeneradores para una potencia instalada de 69 MW y una generación media anual de 180,1 GWh.

La filial para el desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) de Endesa Chile ingresó el 28 de abril al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de la Región de Coquimbo, la DIA de Canela II, iniciativa que permitirá ampliar el parque eólico Canela, el que desde diciembre de 2007 aporta 18,15 MW al Sistema Interconectado Central (SIC).

De acuerdo con la DIA, la inversión estimada en el proyecto asciende a US$ 168 millones y considera el desarrollo de un nuevo parque eólico, que estará situado al sur de Canela I, en un predio de 1.082 hectáreas. Asimismo, se considera un período de construcción de 17 meses, lapso en el que se instalarán los 46 aerogeneradores, de 79 metros de altura y una velocidad promedio de giro de 15 rpm cada uno.

Además, Canela II aprovechará la sala de control de la central actualmente en operación y la cercanía de la línea eléctrica existente Los Vilos – Pan de Azúcar, para la transmisión de la energía generada. La conexión al Sistema Interconectado Central (SIC) se realizará mediante una subestación seccionadora, que permitirá entregar la energía de forma directa al sistema.