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UACh desacreditará tesis que exculpa a Celco con nuevo estudio

UACh desacreditará tesis que exculpa a Celco con nuevo estudio
Que Conaf le quitara el piso a la hipótesis de la U. de Chile -que libra a Celulosa Arauco de la responsabilidad por la crisis ambiental en el río Cruces- no fue suficiente. El investigador que culpó originalmente a la planta Valdivia prepara un nuevo golpe y acusa al profesor Víctor Marín de no tener fundamentos científicos.

Un mes. Ese es el plazo que se pone el científico de la Universidad Austral, Eduardo Jaramillo, para tener listos los resultados de un estudio que rebatirá la hipótesis del informe de la Universidad de Chile que exculpa a la planta Valdivia, de Celulosa Arauco, del daño ambiental que vive hace casi cuatro años el humedal del río Cruces.

Jaramillo fue el jefe del equipo que realizó, por encargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), la investigación que determinó que los cambios ambientales en el santuario de la naturaleza Carlos Anwandter se originaron por deterioro en la calidad del agua, hecho que coincidió con la puesta en marcha de la planta de celulosa.

Sin embargo, para el profesor de la U. de Chile Víctor Marín y su equipo (entre los cuales se encuentra la destacada experta en ecosistemas acuáticos, Irma Vila) la disminución del luchecillo, principal alimento de los cisnes de cuello negro, tuvo su origen en tres factores: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004.

“Una hipótesis es la mejor explicación que tienes para un fenómeno, lo que no significa que mañana no pueda haber una mejor. Por eso he sostenido que los cambios ambientales ocurridos en el humedal del río Cruces relacionados con la alteración en la calidad del agua siguen siendo la mejor explicación de lo que ocurrió”, explicó Jaramillo.

Hipótesis sin fundamento

Son dos hipótesis que se confrontan, pero Jaramillo asegura que la planteada por la Universidad Austral tiene fundamentos, mientras que la desarrollada por Marín en el informe “Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces” no tiene base.

“Cualquier científico tiene el derecho de ‘volarse’, de ir más allá del estudio que le encargaron y, con lo que analizó, proponer otras explicaciones. Pero si presento una hipótesis tengo el deber de fundamentarla bien y ése es el problema con esta hipótesis: no ha sido fundamentada. Eso es lo que molesta”, dijo Jaramillo.

“Estoy seguro que en la Universidad de Chile hay muchos científicos que no habrían cometido el error que cometió Víctor Marín al proponer una hipótesis sin fundamento”, agregó.

Para el científico, la situación derivada del estudio de la U. de Chile es compleja y por eso realizarán una nueva investigación. En concreto, Jaramillo y su equipo encargaron equipos al extranjero para medir la temperatura sobre y bajo las aguas del humedal, información que luego será complementada con el análisis de estadísticas históricas, ya que la hipótesis de Marín plantea que las temperaturas bajo cero afectaron al luchecillo y para esto sólo se consideraron datos del aeropuerto de Pichoy. “En los últimos 12 años me recuerdo de muchas heladas, pero antes de 2004 nunca le pasó nada al luchecillo”, comentó el académico de la UACh.

Consultado del porqué no se realizó un estudio de este tipo en el informe de la Conama, explicó que sólo analizaron datos pluviométricos y de temperatura. “Teníamos cinco meses para llegar a una respuesta, teníamos que terminar… Podríamos haber analizados miles de cosas (aire temperatura, radiación ultravioleta), pero tuvimos que decidir y apuntamos a lo más razonable. Por experiencia empírica, por lo que uno ha vivido en el área, más el conocimiento teórico, uno puede decidir a qué variables ambientales dedicarles más atención y a cuáles no”.

Un ejemplo: si bien la radiación ultravioleta no fue parte de sus primeros estudios -pese a que se levantó como una de las posibles causas de la crisis en el santuario- el fenómeno se estudió posteriormente y hace un mes terminaron un informe sobre este tema que refuta esta teoría y que hoy es revisado por una revista científica norteamericana.

El profesor Marín fue contactado por La Nación para tener su opinión, pero declinó referirse al tema debido a que el contrato con Conaf aún no termina.

CONAF REITERA RECHAZO A ESTUDIO DE U. DE CHILE

En una declaración pública, la Conaf reiteró los dichos de su directora Catalina Bau en Valdivia: la nueva hipótesis sobre lo ocurrido en el humedal del río Cruces contenida en el Informe Final de la Universidad de Chile es una tarea que no encomendó esa corporación y lo que se pedía era valorar las hipótesis existentes.

Por esa razón la dirección ejecutiva de Conaf rechazó el informe y así se lo comunicó a las autoridades de esa universidad.

Conaf aclaró que el estudio, patrocinado en conjunto por la Convención Ramsar y cuya licitación se adjudicó el equipo del profesor Víctor Marín, correspondía a un ejercicio de modelamiento de lo ocurrido en el conflicto ambiental de río Cruces que condujera a acuerdos básicos sobre la recuperación posible del humedal.

Lo anterior se realizó en el contexto del inicio de la implementación del Plan Integral de Gestión de Río Cruces elaborado por Conaf por encargo del Gobierno Regional de los Lagos.

MINISTRA URIARTE ESPERA INFORME

En el Ministerio de Medio Ambiente están a la espera del informe técnico sobre las conclusiones del estudio de la Universidad de Chile que contradicen la tesis con la que ha trabajado el Gobierno. Este no es el primer episodio en que Conaf contradice a Medio Ambiente. El año pasado la institución organizó el seminario “Planificación para la conservacion de la biodiversidad en Chile” que sería inaugurado por Ana Lya Uriarte, pero todo quedó en nada porque la Conama y la ministra no sabían que uno de los auspiciadores era Celco. Un hecho que indignó a Uriarte y que terminó con la cancelación del evento.

CORMA APOYA A CELCO Y CRITICA A LA ADMINISTRACION LAGOS

El informe de la Universidad de Chile caló hondo en el sector forestal. Tan hondo, que ayer la Corporación Chilena de la Madera (Corma) organizó un almuerzo de apoyo a Celulosa Arauco donde participó la directiva de la firma -el presidente del holding Empresas Copec, Roberto Angelini, y el presidente del directorio de la celulosa, José Tomás Guzmán- junto al presidente de Empresas CMPC, Eliodoro Matte, y el gerente de Masisa Chile, Gastón Urmeneta.

Tras el almuerzo, el presidente de Corma, Fernando Léniz, criticó el comportamiento del gobierno de turno -la administración Lagos- tras el episodio en el río Cruces porque, dijo, resta confianza al sistema institucional y desprestigia al país y al sistema en su conjunto. “La autoridad se dejó llevar por presiones ecologistas, que son muy explicables, para que no se perjudique el medio ambiente, pero no debieron tomarse decisiones apresuradas sin tener estudios serios al respecto”, dijo Léniz. “No puede ser que una institución diga una cosa y después aparezca diciendo otra cosa distinta. Se pierde confianza y esa es una de las gracias que tiene Chile”. El empresario pidió al Gobierno reconocer sus errores y no insistir en ellos.

Angelini y Guzmán, por su parte, agradecieron el apoyo.

UACH exige no avalar nueva tesis en caso Celco

Académicos envían carta a Conaf desechando hipótesis que exculpa a la celulosa

Profesores del Centro de Estudios Ambientales (CEAM) advierten que si la Conaf oficializa una nueva hipótesis sobre la muerte de cisnes de cuello negro ésta podría a futuro tener peso jurídico, en circunstancias que no tiene peso científico.

Un grupo de académicos de la Universidad Austral de Chile (UACH) envió una dura carta a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la que cuestionan el estudio denominado “Modelo Conceptual del Ecosistema del Humedal del Río Cruces”, elaborado por un equipo de la Universidad de Chile -dirigido por el profesor Víctor Marín- y cuyas conclusiones son utilizadas hoy para exculpar a Celulosa Arauco del desastre ambiental en el santuario Carlos Andwanter.

La Conaf está a cargo de la recuperación del santuario y en ese marco licitó la realización de este estudio. Sin embargo, la conducción de este proceso levantó polvareda porque que las conclusiones que entregó Marín a fines de mayo se oponen a los estudios que la Universidad Austral elaboró a petición de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), por la muerte de cisnes de cuello negro. En 2005, la UACH atribuyó los cambios ocurridos en el santuario a los residuos industriales líquidos provenientes de la Planta Valdivia de Arauco.

Piden no avalar hipótesis

Los profesores que firman la carta son Pablo Villarroel, Enrique Estrada y Juan Carlos Skewes, todos pertenecientes al Centro de Estudios Ambientales (CEAM) de la UACH y que asistieron a la presentación del informe de la U. de Chile.

La hipótesis principal del informe plantea que el luchecillo alimento de los cisnes- desapareció debido a la concurrencia de tres factores simultáneos: baja en el caudal, ausencia de lluvia y tres episodios de temperaturas bajo cero en mayo de 2004. Sin embargo, los académicos advierten que la presencia de luchecillo se mantuvo en otros cauces de la misma cuenca, lo que evidencia que el planteamiento del estudio es débil.

“Si se da reconocimiento oficial a esta hipótesis se desacredita el estudio realizado por el equipo científico de la UACH y, de paso, se establece un antecedente que podría tener peso jurídico por el hecho de ser aprobado por un organismo del Estado”, advierten los profesores del CEAM, por lo que piden a Bau no dar reconocimiento oficial al estudio.

Manipulación de Ramsar

La ONG Acción por los Cisnes tampoco está conforme con los resultados del estudio que levanta una segunda hipótesis a la crisis ambiental y pedirá a la Convención Ramsar, tratado internacional que protege al humedal del río Cruces, que termine con el convenio de trabajo que mantiene con la Conaf, para que realice su trabajo con mayor autonomía científica del organismo estatal.

“Si la hipótesis (de la U. de Chile) dice que todo se debió a un fenómeno climático, le estamos diciendo a todo el mundo que no hay necesidad de ejecutar un plan de recuperación del santuario”, señaló uno de los voceros del movimiento, José Araya.

Acción por los Cisnes recordó que los fondos del estudio cuestionado fueron entregados por Celco a Ramsar, organismo que los derivó finalmente a Conaf y ésta a la U. de Chile, mecanismo que a la luz de los resultados es sospechoso para los ambientalistas. “La misma Conaf anunció que se iba a hacer esta triangulación de platas, por lo que nosotros creemos que desde un principio se pensó en esta suerte de manipulación de este organismo internacional”, dijo Araya, quien pedirá se auditen los fondos.

Se complica situacion de Celco luego de exposiciones ante comision de medio ambiente del senado

Este martes 20 de mayo expusieron todas las partes involucradas en la denominada “guerra del ducto” ante los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, en la que participa Andrés Allamand. Ministra de Medio Ambiente también expuso.

Ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado llegó el grave conflicto social y ambiental generado en Mehuín y Missisipi por las intenciones de la empresa forestal Arauco (Celco) de construir un ducto al mar para la planta Valdivia ubicada en la comuna de San José de la Mariquina.

La sesión de este martes, en la que estuvieron los senadores Andrés Allamand, Antonio Horvath, Pablo Longueira, Alejandro Navarro y Nelson Avila, quien además preside la Comisión, se realizó a las 12.00 horas y concluyó pasadas las 14.10 horas. Abrieron las exposiciones Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, seguido de Joaquín Vargas, dirigente de los pescadores de Mehuín que recibe dinero de la empresa forestal, previa firma de un convenio, quienes durante 20 minutos defendieron la realización de estudios para un ducto que evacue los residuos de la planta Valdivia frente a la playa de Mehuín.

El ejecutivo de la empresa forestal se refirió al acuerdo que firmó con los pescadores de la caleta de Mehuín, para poder iniciar las mediciones que se requieren para la elaboración del respectivo Estudio de Impacto Ambiental.

Kimber hizo ver a los legisladores que desde junio de 2005 se le exige a la empresa del Grupo Angelini buscar un curso receptor distinto del río Cruces donde verter su efluente y que en Chile y en el mundo estos efluentes terminan o van directo al mar.

Vargas, por su parte dijo que el grupo mayoritario de pescadores de la localidad de Mehuín firmó el millonario convenio en 2007, para que otros no lucraran con el conflicto.

En los 20 minutos siguientes de la sesión, expusieron quienes se oponen a la iniciativa de Arauco, entre los que estaban Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, red de organizaciones de pescadores y comunidades lafquenches; Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach); además del apoyo de Nancy Yañez, abogada y codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas; Juan Carlos Skewes, antropólogo de la Universidad Austral de Chile y Jaime Soto, antropólogo del Centro Intercultural para el Desarrollo Sustentable Kume Fullen, quien además es consultor del Programa Orígenes.

A juicio de Nancy Yañez, abogada, se logró poner en discusión la denominada “negociación entre privados” sobre temas de interés público y la preocupación por el tipo de convenio que condiciona la entrega de dinero a la aprobación del proyecto, que genera condiciones de enfrentamiento entre ambas partes.

También se relevó el “abuso del derecho” que se daba en esta situación al utilizar la Legislación Minera para blindar la pretensión de Arauco de construir un ducto al mar.

“Las concesiones de exploración o explotación sobre el territorio donde se prospecta este ducto, busca blindar esta propiedad y evitar que se ponderen otros intereses, como los intereses indígenas o implicancias ambientales, aprovechando la protección especial que otorgan las leyes mineras”, explicó la abogada.

Finalmente, la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, cerró el ciclo de exposiciones y aclaró el punto de vista del gobierno en este conflicto, para dar paso a una discusión que fue moderada por el presidente de la Comisión.

Uriarte, en sus palabras, rectificó los dichos de Charles Kimber y aclaró que la autoridad ambiental, a través de la RCA 377 de 2005, no ha señalado que la solución al proyecto sea un ducto al mar.

La ministra fue enfática en señalar que la preocupación de la autoridad en la RCA era que no era factible que se viertan desechos industriales de la fábrica al Río Cruces o sus afluentes, pero que eso no significaba necesariamente una salida al mar.

En la discusión también se habló sobre las alternativas ambientalmente sustentables que le van quedando a la empresa para seguir operando, en donde se trató el tema de circuitos cerrados, que han dado resultado en plantas de celulosa de menor volumen.

“Las alternativas que van quedando, es que se reduzcan los niveles de producción, al punto de hacer viable un circuito cerrado de manejo de desechos o la inviabilidad ambiental de la planta de celulosa”, dijo la abogada.

Además, se planteó la necesidad de que Chile cuente con una gestión integral de cuencas, que permita un desarrollo efectivamente sustentable.

Luego de la discusión generada por las exposiciones, en los representantes de las organizaciones que se oponen al ducto quedó la sensación de que se logró transmitir el problema en forma integral a los senadores.

“Tengo una buena evaluación de la sesión, porque no sólo pudieron exponerse todas las posiciones de quienes han sido más afectados por esta situación, sino que también la situación de violencia que allí ocurre. Siento además, que estas posturas permearon en quienes se encontraban presentes en esta comisión”, expresó Nancy Yañez, abogada.

Boris Hualme, vocero del Comité de Defensa del Mar, adelantó que se espera una visita a terreno de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Derechos Humanos, que debiera realizarse antes del 21 de junio, fecha en que comienza el período de estudios invernales que requiere la empresa y que nuevamente podrían terminar en hechos de violencia, como ocurrió en los meses del verano recién pasado y que no han permitido a la empresa trabajar en las mediciones.

“Acá no habrá ducto y no habrá diálogo con esta empresa, porque nosotros no tenemos nada de qué conversar con ellos”, sentenció Hualme.

Solicitud de concesiones mineras por parte de Celco para construir ducto sería ilegal

La solicitud de concesiones mineras por parte de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), con el fin último de construir el ducto para descargar sus residuos líquidos industriales en Caleta Mehuín, tiene en máxima alerta a los habitantes de la zona y a los opositores al proyecto, quienes cuestionan fuertemente la medida.

La estrategia es conocida: pedir concesiones de explotación minera para un fin distinto a la explotación de minerales. “En principio no es legal, si bien es una práctica muy común”, advierten en el Ministerio de Minería.

Argumentan que la Constitución, en su artículo 19 Nº24, vincula el otorgamiento de las concesiones mineras con un fin de utilidad pública, que sólo se satisface con desarrollar las actividades mineras propias de la concesión. “La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés publico que justifica su otorgamiento”, dice el cuerpo legal.

Celulosa Arauco y Constitución es una sociedad anónima cuyo rubro no es la minería. Así se desprende de la memoria 2006 de la empresa -la correspondiente a 2007 no está disponible en la página de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)-, donde se establece que “la empresa realiza directamente actividades de producción y venta de celulosa y es la sociedad matriz de un conjunto de empresas industriales y forestales”. No se hace referencia a la actividad minera. La firma del grupo Angelini tampoco ha informado si se va a involucrar en una nueva actividad mediante un hecho esencial a la SVS.

Concesiones para futuro ducto

Pese a lo anterior, el 28 de marzo pasado, el representante de Celco, Mario Urrutia, presentó en el Juzgado de Letras de San José de Mariquina los documentos para conseguir la concesión minera para hacerse de los derechos de explotación.

Según el expediente, se trata de 5.790 hectáreas de subsuelo, tituladas como “Mariquina” del 1 al 15, que cubren toda la bahía de Mehuín, en particular la zona de Mehuín Alto, donde tienen asentamiento comunidades lafquenches opositoras al proyecto.

¿Qué hay tras esa petición? Celulosa Arauco tiene plazo hasta abril de 2009 para ingresar un Estudio de Impacto Ambiental con una alternativa de descarga para sus residuos líquidos de la planta Valdivia distinta al río Cruces, donde se produjo el desastre ecológico.

Con la reciente petición de concesiones en la zona la opción de un ducto que desemboque en la bahía de Mehuín toma cada vez mayor fuerza, pues los terrenos solicitados dibujan claramente el camino desde la planta hasta mar, por la caleta Mississippi.

Acciones legales

La edición del 10 de abril pasado del Boletín Oficial de Minería señala que la “manifestación minera” contiene 14 solicitudes de concesión, unas 600 hectáreas de terreno, por donde iría el ducto. El documento de manifestación ya fue sancionado y proveído por el titular del juzgado de Letras, Edison Lara, para su reciente publicación en el boletín de minería. A contar de entonces, Celco cuenta con un plazo de 120 días para ejecutar las mediciones técnicas, después de la cual, el tribunal queda en condiciones de pronunciarse y, de no mediar objeciones, otorgar la concesión definitiva a la Celulosa, y otorgarle derechos exclusivos sobre el subsuelo minero.

“Eso es lo que se llama un fraude a la ley”, comenta el abogado de la Fiscalía del Medio Ambiente, Fernando Dougnac. El jurista explica que para revertir la solicitud, se debe solicitar una nulidad de derecho público en el juzgado de letras correspondiente.

Las organizaciones que rechazan la construcción del ducto al mar por la bahía de Mehuín no descartaron acciones legales para salir al paso de las pretensiones de la firma. “Es una práctica habitual de las empresas para blindar las futuras obras, inscribiendo el subsuelo, para evitar que un tercero pueda hacerlo, con lo cual se impediría la construcción (del ducto). Eso se ha hecho en muchos otros megaproyectos”, señaló el abogado Hernando Silva, del Observatorio de Derechos Indígenas.

En Conama se informó que el proyecto para definir el ducto de descarga de la empresa aún no ha ingresado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo tanto, no hay conocimiento de las características de construcción que podría tener éste. Sin embargo, si éste tiene áreas subterráneas o superficiales igualmente debe ser evaluado en su totalidad por el SEIA. Celulosa Arauco declinó referirse a este tema.

Un ducto con historia

La planta Valdivia entró en operaciones en febrero de 2004 con una inversión de 1.200 millones de dólares. A fines de ese año, el vertido de sus residuos industriales líquidos en el río Cruces provocó la muerte y migración de miles de cisnes de cuello negro y el desastre ecológico en el Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter.

Las autoridades ambientales impusieron, entonces, una serie de restricciones a la planta para su operación: exigieron a Celco, entre otros puntos, proponer y poner en operaciones una opción alternativa de descarga para sus riles, distinta al río Cruces, en el plazo de un año. Dicha iniciativa deberá ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en forma de Estudio de Impacto Ambiental. La Corema de la Décima Región extendió el plazo hasta abril de 2007 y en enero de ese año, lo postergó nuevamente por dos años.

En ese momento, Celco pensó en la bahía de Mehuín y encontró la resistencia de los pescadores y la comunidad. No era la primera vez. El conflicto entre las partes comenzó en 1996 cuando los trabajadores de la zona expulsaron a los expertos de la empresa que habían ocupado el sector para evaluar la posibilidad de construir un ducto submarino en la bahía. El panorama cambió en octubre de 2007: algunos lafquenches alcanzaron un acuerdo con Celco a cambio de 8,9 millones de dólares. En el otro escenario, no hay mejoría: en noviembre de 2007, el científico de la UACH Eduardo Jaramillo explicó que el santuario del río Cruces no se ha recuperado desde 2004 y que las aves herbívoras siguen disminuyendo.

Fuente: La Nación

El conflicto socio ambiental en Mehuín y Missisipi y el actuar de CELCO

AGRUPACION DE INGENIEROS FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO – AIFBN

Declaración Pública
El conflicto socio ambiental en Mehuín y Missisipi y el actuar de CELCO

En el contexto de los últimos acontecimientos ocurridos en las localidades de Mehuín y Missisipi (Región de Los Ríos) y en concordancia con su misión y visión crítica del modelo forestal implementado en Chile, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN, considera fundamental hacer públicos los siguientes antecedentes:

1 – Existe una escandalosa, impresentable y vergonzosa estrategia recientemente implementada por CELCO, mediante la que solicita diversas concesiones mineras de explotación para una superficie de 600 hectáreas (considerando incluso el subsuelo de ambas riberas del río Lingue), catalogándolas de tierras abiertas e incultas, marcando incuestionablemente el trazado de un ducto que evacuará residuos industriales altamente nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente.

2 – CELCO ha estado corrompiendo a pescadores y dirigentes mediante la entrega de dinero, con la intención de inmovilizar y dividir la oposición ciudadana a la construcción del ducto de la planta de Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución, que vertiría sus residuos tóxicos al mar. Ello ha generado un profundo conflicto social al interior de las comunidades, cuyo principal objetivo comprende anular el legítimo rechazo de los ciudadanos a las políticas productivas planteadas por dicha empresa, buscando someter la voluntad pública para el beneficio económico de la industria primaria de celulosa. Esta entrega de dineros ha sido efectuada en conocimiento del Intendente de la Región de Los Ríos, Iván Flores, a través de quien el Gobierno manifiesta su incompetencia en estas materias con el argumento de que se trata de un “asunto entre privados”, política aplicada en todo el territorio mapuche.

3 – El gobierno ejerce un rol facilitador a los intereses de la empresa y ha tenido un actuar errático en este conflicto, donde destacan acciones que involucran directamente a las autoridades regionales y de altas esferas gubernamentales:

• La Autoridad Marítima no interviene en el acontecimiento de robos en áreas de manejo pertenecientes a las comunidades opositoras a la construcción del ducto de CELCO, a pesar de la existencia de una resolución judicial a raíz del recurso de amparo presentado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Más aún, deriva responsabilidad en el intendente, quien ha utilizado medios violentos para reprimir las manifestaciones contrarias a la construcción del ducto.

• La permanencia de fuerzas especiales alojadas en un establecimiento educacional, interrumpiendo y atemorizando a niños y niñas totalmente ajenos al conflicto representa una prueba más de la política represiva del gobierno.

Ante el grave conflicto desarrollado, es necesario cuestionar las responsabilidades políticas de las autoridades locales. En este sentido, exigimos una posición clara del gobierno central, quien hasta ahora ha destinado recursos para proteger a la empresa CELCO en desmedro de sus obligaciones con la ciudadanía que los eligió.

4 – La estrategia de difusión implementada por CELCO a través de los medios de comunicación local es otra muestra del engaño de la empresa a la opinión pública, entregando una imagen preocupada por el medioambiente y por el desarrollo sustentable, mientras en sus prácticas productivas no duda en provocar serias intervenciones sociales y destructivas del entorno ambiental, confundiendo conceptos que afectan la ética profesional de los ingenieros forestales, posición compartida por el Colegio de Ingenieros Forestales del capítulo Valdivia.

5 – La AIFBN impugna las declaraciones de los senadores Frei y Allamand, en torno a su apoyo irresponsable e infundado a la empresa CELCO, y demanda una postura clara frente a la estrategia poco transparente, beligerante y corrupta implementada por la empresa, que actualmente tiene sumidas a las comunidades locales en una crisis social y en un clima de represión y beligerancia nunca antes visto.

6 – El conflicto desarrollado por la empresa CELCO plantea un peligroso precedente, a partir del cual la imagen internacional del país será irreversiblemente dañada, evidenciando el privilegio con que cuentan los proyectos industriales en desmedro del bienestar y de los intereses ciudadanos.

Frente a todo lo anterior, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo manifiesta su total rechazo a la planificada presión y amedrentamiento del que están siendo sujetos pescadores y comunidades lafkenche del borde costero de la Provincia de Valdivia, y declara también su rechazo al ducto industrial planificado por CELCO bajo las actuales condiciones de operación.

Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo AIFBN
Janequeo 355, Valdivia – Chile
56-63-333 233