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Se inicia trámite para crear Ministerio de Medio Ambiente

La nueva cartera tendrá entre sus competencias el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

Ayer se inició en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, la tramitación del proyecto de ley que crea por primera vez en Chile, el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.

Según la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, “estamos hablando, de la mayor reforma ambiental de los últimos 14 años en nuestro país”.

Asimismo, sostuvo que el objetivo final de esta discusión, es lograr “una institucionalidad moderna y eficiente, que busque la sustentabilidad, la integración y la calidad de vida de la comunidad, velando por los equilibrios entre crecimiento económico y protección de la naturaleza”.

El nuevo ministerio tendrá entre sus competencias el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El proyecto contempla además la creación de una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, la cual tendrá un conjunto de facultades para gestionar un sistema integrado de fiscalización ambiental, de manera de resolver las principales deficiencias del actual modelo.

Del mismo modo, la iniciativa permitirá que la actual Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) se transforme en un Servicio de Evaluación Ambiental.

Diputados proponen sanciones penales para la caza y comercialización de ballenas en extinción

Los diputados Enrique Accorsi, Álvaro Escobar, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Jaime Mulet, Osvaldo Palma, Alberto Robles, Esteban Valenzuela y Marta Isasi, presentaron un proyecto de ley para sancionar a quienes cacen o comercialicen ballenas jorobadas, o cualquier otra especie declarada en extinción, con la pena de presido menor en su grado máximo, es decir, 3 años y un día a 5 años. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Constitución.

En los fundamentos los autores indican que de acuerdo a la información que entregan entidades científicas, el grupo de los cetáceos es uno de los que está sintiendo con mayor fuerza los efectos del cambio climático debido a la alteración de las temperaturas de los mares, al aumento de las lluvias, la destrucción de los hábitat polares y la disminución de la población de Krill, su principal alimento.

Además, la pesca industrial debido al uso excesivo de redes y la pesca de arrastre producen la muerte de más de mil cetáceos al día, entre los cuales se cuentan los delfines, marsopas y ballenas.

En este contexto, resaltan el caso de las ballenas jorobadas, que desde 1963 se encuentran protegidas por una moratoria internacional por ser una especie en peligro de extinción, lo que Chile ha ratificado con fuerza a través de su apoyo ala iniciativa de Berlín.
Los expertos calculan la población total de ballenas en el planeta en no más de 15.000, de las cuales 5.000 serían jorobadas (cifra estimativa), población de muy lenta reproducción y que se ha logrado recuperar gracias a la moratoria existente.

Por ello, proponen modificar el Código Penal para incorporar el delito de caza o comercialización de ballenas jorobadas o de cualquier otra especie declarada en extinción.

Fuente: Cámara de Diputados

Diputados quieren eliminar solicitud de autorización provisoria en evaluación ambiental de proyectos

“La solicitud de autorización provisoria (SAP) burla el espíritu de la ley”. Así de categórico es el diputado (UDI) Alejandro García-Huidobro para referirse al mecanismo que permite a las empresas iniciar proyectos antes de ser evaluados ambientalmente y que fue incorporado a última hora en la legislación medioambiental. Sin embargo, el resquicio legal tiene sus días contados: ya existe un proyecto y el acuerdo político para eliminarlo. La moción ingresó al Congreso el 15 de enero y hoy debiera ser votada en la Comisión de Medio Ambiente.

Con ese instrumento, Metrogas inició los trabajos de la planta de gas propano en Peñalolén tras ser aprobada por la Corema Metropolitana. “Es entregarle a los privados un instrumento que permite que se salten los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)”, comenta el diputado por ese distrito, Enrique Accorsi.

El parlamentario, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, explica que si finalmente no se aprueba el EIA, todo lo que la empresa hizo tiene que volver a fojas cero. “Si uno mira lo que hicieron en Peñalolén, eso es imposible. Llevaron camionadas de tierra para emparejar el terreno”, dice. “Qué boleta de garantía se puede pedir al privado, si no existe el estudio previo que evalúe los impactos”.

García Huidobro pone otro ejemplo: mediante una SAP, la Corema de la VI Región permitió a la empresa australiana Pacific Hydro anticipar trabajos en la Reserva Nacional Ríos Los Cipreses para la construcción de la central hidroeléctrica. “Cualquier intervención en un área protegida obliga a un Estudio de Impacto Ambiental, aquí no cabe una SAP”. El permiso fue impugnado en la Contraloría.

Designados y Piñera

Para la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, la autorización provisoria es un mecanismo “extraño y ajeno” al espíritu original de la ley, que deja fuera la participación ciudadana y que produce falta de confianza en la ciudadanía, porque no se ha conocido ninguna aprobación de una SAP seguida de un EIA rechazado.

¿Por qué, entonces, se creó esta instancia que se ha utilizado en el 16% de los proyectos? Uriarte explica que cuando se presentó el proyecto de la Ley 19.300 en el gobierno de Patricio Aylwin, nunca se contempló la autorización provisoria. “Fueron los senadores de la época Bruno Siebert, Olga Feliú y Sebastián Piñera quienes idearon este mecanismo”, añadió.

“No me extraña que esa disposición haya sido puesta por senadores de derecha”, responde el senador (PS) Ricardo Núñez, quien también ocupaba un escaño en la cámara alta en ese tiempo. “La única alternativa que teníamos, dado que existían los senadores designados, era aceptar este mecanismo para sacar la ley”. Agrega que la Ley de Bases del Medio Ambiente nunca contó con un apoyo entusiasta de la derecha: “Tampoco de Sebastián Piñera, que recién ahora ha mostrado una sensibilidad por el medio ambiente y por las ballenas en particular”.

Fuente: Diario La Nación