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El senador por Aysén Antonio Horvath (RN) se define ante megarrepresas

“Prefiero alternativas menos invasivas”

Para él, es fundamental definir la vocación de las cuencas antes de instalar megaproyectos en ellas. “Y si hay que expropiar derechos de agua para salvaguardar el ecoturismo o la biodiversidad, hagámoslo”. Acusa que la indecisión estatal para apoyar alternativas renovables impone la lógica de las represas y la energía nuclear.

Más tiempo del que quisiera ha gastado el senador RN Antonio Horvath en hacer aclaraciones. Hace un mes tuvo que salir al paso de que su nombre apareciera en un proyecto de acuerdo firmado por Eduardo Frei, Andrés Allamand y Adolfo Zaldívar impulsando la hidroelectricidad y entregando un espaldarazo a las cinco represas de HidroAysén. “Si me metí en eso fue para suavizar ese texto”, apunta.

La semana pasada le bajó el pulgar a otros seis senadores que hicieron un llamado al Ejecutivo para que patrocine un proyecto de ley a favor de la opción de la energía nuclear. Horvath contraataca: “Esa iniciativa fue declarada inadmisible y no tuvo el respaldo de la sala del Senado”, dice sobre la intención de Jaime Orpis, Ricardo Núñez, Juan Antonio Coloma, Jorge Pizarro, Pablo Longueira y Baldo Prokurica. “En su mayoría son parlamentarios de la zona norte, donde hay que impulsar la geotermia con subsidios del Estado”, dice. “No me niego al estudio de la energía nuclear, pero con este potencial: pequeñas y medianas centrales, centrales de pasada, geotermia, mareomotriz, biocombustibles, cómo tomar un paso irreversible en cuanto a la seguridad o al manejo de los residuos radioactivos “.

-¿Podría estar el lobby detrás de ese llamado?
-Ellos representan regiones que tienen intereses mineros y sería bueno que transparenten si hay lobby de las mineras detrás.

El senador por la Región de Aysén tiene otra definición pendiente: las cinco megarrepresas del proyecto HidroAysén. “Se está poniendo la carreta antes de los bueyes. Existe un compromiso presidencial para definir previamente el manejo integrado de las cuencas del país, especialmente donde hay pensados proyectos o mega proyectos. Por ejemplo, si el ecoturismo en el Futaleufú es prioritario para la comunidad o la región, y los derechos de agua pertenecen a una empresa, el Estado tiene que comprárselos. Si hay que comprar o expropiar derechos de agua para salvaguardar el ecoturismo o la biodiversidad, hagámoslo”.

-¿El Estado tiene la voluntad de hacerlo en favor de la ciudadanía?
-La voluntad del Estado debe definirse por las prioridades ciudadanas. Si la comunidad presiona por una determinada línea, a las autoridades no les va a quedar otra que hacerse eco de ello.

-Esa idea no le va a gustar a las empresas hidroeléctricas.
-Por eso hay que definir de antemano la vocación de las cuencas, si no, las empresas van a traer proyectos absurdos como las líneas de trasmisión, porque van a privilegiar la ruta más económica y eso no es compatible con los intereses locales o regionales.

-¿Cuál debiera ser la vocación de la cuenca del Baker, donde se pretenden construir dos megarrepresas?
-En la zona austral no son muchas las cuencas y hay que definir su uso ahora. En la región se hizo el ordenamiento territorial participativo en un período de cuatro años y están los elementos para sentar en la mesa a los actores y a los que pretenden hacer los proyectos para ver si llegan a algún acuerdo. Ahora, si me pregunta a mí, las vocaciones en la región están claras: las áreas de conservación son la mitad de la región; la acuicultura está zonificada, no como en la Región de Los Lagos, que se saturó; la agricultura y la ganadería tradicionales en una línea orgánica; el turismo en toda época del año, y sólo las fórmulas de energía que permitan compatibilizar con eso.

-¿Las megarrepresas permiten compatibilizar con eso?
-Hay que definir el manejo integrado de cuencas, las áreas de baja inundación y las rutas posibles de interconexión, si las hay. Pero tiene que haber mucha claridad en lo que gana la región con estos proyectos: si van a llevar problemas sociales y ambientales o van a resolver problemas. Esa discusión está pendiente.

-Usted ha dicho que llevan su posición sobre las megarrepresas de un lado a otro: defínase.
-No soy blanco o negro, pero estoy a favor de centrales renovables. Prefiero alternativas menos invasivas, pero hay que empujarlas para que sean realidad y, en vez de eso, el Estado le pone obstáculos administrativos para hacerlas competitivas. Es el mismo Estado el que nos hace jugar en esta lógica de represas gigantes o energía nuclear”.

CONECTIVIDAD SIN CABLES

Horvath aclara otro tema: su postura a favor de la conectividad austral por vía terrestre nada tiene que ver con facilitar una ruta a las líneas de trasmisión de Transelec para el proyecto de HidroAysén. “Planteo la conectividad sólo para el camino. Estamos hablando de un camino de penetración, que permite el paso de dos vehículos en forma segura, pero que se adapta a la naturaleza. Eso quiere la zona austral. Pero las torres son incompatibles. En ese sector tienen que buscar un valle paralelo o hacerlo subterráneo o submarino. Ahora, sabemos que submarino vale ocho veces más. Es el Estado y las regiones los que tienen que poner las reglas del juego: por este valle sí, por este valle no”.

-O sea, usted descarta que la ruta continental sea una luz verde al tendido eléctrico de las megarrepresas.

-Lo descarto, definitivamente.

Ecologistas rompen pacto con el Gobierno

Tres veces la administración Bachelet negó el punto referido a no incluir la opción nuclear en la política energética, según los ambientalistas. Razón suficiente para desahuciar el compromiso de apoyar su gestión. Sus dardos apuntan a Marcelo Tokman.

La decisión estaba tomada desde hace días y sólo faltaba darle aviso al ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, lo que ocurrió ayer en la tarde en La Moneda. Las organizaciones ambientalistas y ecologistas desahuciaron el acuerdo que firmaron con la entonces candidata Michelle Bachelet el 21 de noviembre de 2005 en el Jardín Botánico Chagual, que contenía diez compromisos para un desarrollo sustentable, porque su administración no lo cumplió.

El principal argumento es la reiterada violación del punto 7 del decálogo: “No incluir la opción nuclear en la política energética nacional”. Según la carta que entregaron a Viera-Gallo, ese compromiso fue transgredido en más de una ocasión. Primero, con el decreto de marzo del año pasado del Ministerio de Minería que crea la comisión presidencial “Grupo de Trabajo en Núcleo-Electricidad” con fondos públicos superiores a los 100 millones de pesos para su trabajo, lo que fue reiterado en el envío al Parlamento del presupuesto de la nación para este año donde se incluye financiamiento para ese mismo grupo. Segundo, con la participación de Marcelo Tokman el pasado 27 de marzo en el seminario “Energía nuclear: una opción para Chile”, donde el ministro de Energía anunció dos millones de dólares para evaluar la incorporación de la energía nuclear en la matriz eléctrica del país que se repetirían el 2009. “Ese no era un seminario, sino un lobby de las empresas nucleares”, dice uno de los ambientalistas.

Viera-Gallo dijo que la Presidenta les responderá en los próximos y que planteará el tema en el comité político. El nombre de Tokman fue el que más se repitió en la media hora de reunión. “(Viera-Gallo) Nos dijo que los anuncios de Tokman se deben a la coyuntura energética y a las presiones de distintos sectores. Pero fue intencionalmente muy vago en sus dichos”, cuenta uno de los asistentes a la cita. Los ambientalistas plantearon que lo único que cambiaría su posición sería la renuncia del ministro de Energía. “Pero sabemos que eso no va a pasar”.

Los ambientalistas, sin embargo, reconocen que se avanzó en algunos puntos: la formulación de los proyectos de ley para la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental, la creación del Servicio Nacional de Parques y la elaboración de la Estrategia Integral de Cuencas. Pero advierten que poco o nada se hizo en el establecimiento de un Sistema de Cuencas Ambientales y de líneas de política fiscal para la sustentabilidad ambiental; la ampliación del Fondo de Protección Ambiental; la protección de glaciares y no abrir paso a los cultivos transgénicos comerciales.

Hoy los representantes de las 23 organizaciones que firmaron el acuerdo de Chagual realizarán una conferencia de prensa (10:30 horas), en las oficinas de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) para entregar mayores detalles sobre las razones del fin del pacto ambiental con el Gobierno.

acuerdo de Chagual