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Ongs Ganan Espacio en CBI y piden modernizacion, transparencia y participacion

Barbara Galleti del Centro de Conservación Cetácea, fue elegida como representantes de las ONGs para dirigirse a los delegados, y dijo que “resulta difícil concebir la modernización de la CBI sin que se considere prioritariamente superar sus prácticas restrictivas de participación pública, así como la necesidad de transparencia en sus reglas de procedimiento”.

Las Organizaciones ciudadanas que participan en la Comisión Ballenera Internacional lograron este miércoles, después de muchos años, que un representante de la sociedad civil hable en la reunión plenaria de este foro donde solicitaron modernización de este organismo y fortalecimiento de participación e información pública.

En la ocasión, Barbara Galleti del Centro de Conservación Cetácea, que fue elegida como representantes de las ONGs para dirigirse a los delegados, dijo que “resulta difícil concebir la modernización de la CBI sin que se considere prioritariamente superar sus prácticas restrictivas de participación pública, así como la necesidad de transparencia en sus reglas de procedimiento”.

Agregó que “proponemos que la Comisión constituya un grupo de trabajo, compuesto por Comisionados y representantes de ONGs, el cual redacte las propuestas de enmiendas necesarias a la reglas de procedimiento, que posibiliten la apertura de la CBI a la participación pública”.

Galleti habló en representación de organizaciones no gubernamentales de México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.

Los votos de los países latinoamericanos corresponden al 40 por ciento de la fuerza del bloque conservacionista y la región es la más importante en cuanto a potenciar el uso no letal de los cetáceos, vinculado al desarrollo y fortalecimiento de las comunidades costeras.

“Esperamos que la Comisión avance hacia el reconocimiento de nuestro derecho inaliebale de utilizar las poblaciones de cetáceos mediante metodologías no letales”, afirmó Barbara Galleti.

Las Ongs además valoraron las palabras del Ministro de Exteriores chileno, Alejandro Foxley que en la inauguración de la reunión el lunes instó a la CBI a incrementar la participación de la sociedad civil y de los científicos de países en desarrollo. “Hacemos el llamado para que ello se traduzca en acciones concretas en todos los ámbitos de la CBI” dijo Galleti.

Las ONGs además llamaron a la CBI a reafirmar su compromiso contraído en 2001 con el Principio 10 de la Declaración de Río, que llamó a los Estados “a facilitar y alentar la conciencia y la participación pública haciendo la información pública ampliamente disponible”.

A su vez la resolución enfatiza la importancia de “adherirse a los requisitos de la buena fe y la transparencia en todas las actividades llevadas a cabo por la CBI” respaldando finalmente, el principio de la completa independencia y soberanía de los estados para decidir sus políticas, y participar libremente en este foro, sin la indebida interferencia ni la presión con medidas económicas de otros Estados.

SANTUARIOS Y USO NO LETAL
Para nuestra región, el creciente desarrollo de la industria de turismo de avistaje responsable y de alta calidad es de gran importancia por sus beneficios sociales, culturales, ambientales, educativos y económicos.

“Estos beneficios contribuyen directamente con el desarrollo equitativo y sustentable las comunidades costeras, por lo que el uso no letal y la conservación de los cetáceos representan las legítimas demandas de los ciudadanos latinoamericanos”, dice la declaración leída por la representante de las ONGs.

“La creación de Santuarios, en particular del Santuario Ballenero del Atlántico Sur, y la eliminación de las operaciones de caza en el Hemisferio Sur, donde vive el 80% de las ballenas del mundo, permitirá proteger los intereses de nuestra región y conservar a los grandes cetáceos, que al ser especies altamente migratorias, son un recurso compartido de nuestras naciones que han optado por su utilización no letal”, afirmó Galleti.

Según un informe del estado del avistamiento de cetáceos en América Latina, la región ha mostrado un fuerte y constante crecimiento desde 1998, incrementándose desde 56 comunidades en 8 países a 91 comunidades en 18 países en 2008. Esta tendencia corresponde a una tasa promedio de crecimiento de 11.3% anual alcanzando más de 270 millones de dólares.

Fuente: Ecoceanos News

Piden a Contraloría intervenir por ministros pro-represas

Parlamentarios de la Bancada Verde y ONGs anti represas firman en documento que ingresaron ayer en la Contraloría.

Bancada verde y ONG los acusan de trasgredir principio de “probidad y transparencia”
 

El apoyo que el titular del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, entregaron al proyecto que pretende represar la Patagonia está ahora en manos del contralor para definir si contravienen la legislación sobre probidad administrativa.
 
 
Una veintena de parlamentarios de la bancada verde y representantes del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) presentaron ayer un requerimiento a la Contraloría General de la República donde se solicita que establezca que las conductas y los dichos de los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, sobre el proyecto HidroAysén contravienen la legislación sobre probidad administrativa. En el caso del ministro de la Segpres, se solicitó además su inhabilidad para conocer cualquier materia relacionada con ese proyecto, pues encabeza el Consejo Directivo de la Conama.

El argumento de la presentación es que ambos ministros han expresado su apoyo al proyecto hidroeléctrico -Pérez Yoma en febrero y Viera-Gallo la semana pasada en un seminario donde compartió panel con Bernardo Larraín, gerente general de Colbún- sin que éste haya ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, instancia que debe evaluar su viabilidad.

A la cabeza de los parlamentarios, el diputado PPD Enrique Accorsi pidió a la Presidenta Bachelet que aplique el principio de probidad y transparencia. “Esto es una presión indebida: Pérez Yoma es jefe de todos los seremis del país. ¿Con qué independencia van a actuar si su jefe hace este tipo de declaraciones?”. Pérez Yoma es también jefe directo de la presidenta de la Corema de Aysén, la intendenta Silvia Moreno, organismo que debe pronunciarse sobre el proyecto. Accorsi explicó que por esta razón se hace necesario un sistema de evaluación de proyectos que sea técnico y no político, lo que está incorporado en la reforma ambiental que ingresará al Parlamento en junio próximo.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara agregó que “más grave aún es lo de Viera-Gallo porque es ministro integrante de la Conama. No puede ser juez y parte en esta materia”. También calificó de “indignante” que el ministro de la Segpres pida que la participación ciudadana no sea “un abuso”.

“La participación ciudadana en este tipo de proceso es nula: no existe. Se suponía que este era un gobierno ciudadano. A lo mejor él (Viera-Gallo) quiere otro tipo de democracia”, le respondió.

“Además, solicitamos que se investigue si los ministros tienen algún tipo de relaciones con las empresas eléctricas o las tuvieron mientras trabajaron en el sector privado”, explicó el abogado del CDPLorenzo Soto.

Campaña

El secretario ejecutivo del CDP, Patricio Rodrigo, dijo que los resultados de la encuesta CERC, que entregó un 53% de rechazo al proyecto de las represas en la Región de Aysén, dio paso a una “campaña orquestada del mundo empresarial, de algunos políticos y ministros de Gobierno para salir en la defensa irracional de un proyecto que no ha sido evaluado.

Rodrigo llamó la atención de las autoridades respecto de dos fenómenos que no han despertado su interés. Uno, el vaciamiento del lago Cachet en abril: “Si las represas hubieran estado construidas se podían haber roto porque subió tres veces el caudal del río Baker y nadie ha dicho nada de eso”.

Dos, la erupción del volcán Chaitén: “Si la postación eléctrica hubiera estado trazada, estaría cortada. Estaríamos en un black out constante”, advirtió.

 
ESTRATEGIA
 
El documento presentado ayer en la Contraloría es el primero de una artillería legal que preparan los abogados del Consejo de Defensa de la Patagonia para impedir que el proyecto de cinco represas de la sociedad Endesa y Colbún llegue a buen puerto. La idea es inundar el plan de HidroAysén de incertidumbre y buscar en la justicia las garantías que no entregan las autoridades de Gobierno, al no ocultar su simpatía por el proyecto.
 
 

Generadoras se reúnen con comunidades y modifican sus proyectos para sortear el rechazo de ecologistas y otros grupos.

La reciente visita del abogado y vocero del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), Robert Kennedy Jr., hizo destacar el rol opositor que protagonizan las agrupaciones ambientalistas y ecologistas en torno al desarrollo de proyectos hidroeléctricos en el país.

HidroAysén (cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, 2.750 MW) se ha transformado en el principal blanco de movimientos ecologistas y de las ONGs ambientalistas, los que se han congregado bajo el amparo de Patagonia sin Represas.

Pero la contracampaña no sólo se centra en el proyecto de Aysén. Los mismos socios en el megaproyecto enfrentan esta realidad en otros lugares del país, al igual que otras firmas del sector, como AES Gener y SN Power, a través de su filial Trayenko.

Más allá de la labor de los organismos medioambientalistas como Ecosistemas y Chile Sustentable, el método que utilizan los opositores es similar: sitios web alertando de los proyectos o creados con la exclusiva finalidad de oponerse al mismo; manifestaciones que llamen la atención mediática (juntas de accionistas, reuniones entre empresas y autoridades o medios de comunicación), y el “reclutamiento” de figuras de alto perfil público (cantantes, actores y otros) que solidaricen con la causa.

El caso más bullado ha sido el de SN Power, que a través de la coligada Trayenko busca emplazar cuatro centrales de pasada en Panguipulli y Futrono.

La empresa, que aún no toma la decisión de negocios respecto de la iniciativa, ha realizado reuniones y actividades para dar a conocer el proyecto con las comunidades, tanto en Chile como en Noruega. El vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de SN Power, Nils Husby, incluso ha ofrecido eliminar una central, para darle viabilidad a la obra.

Un punto en el que han puesto especial hincapié las eléctricas es en el trabajo informativo con los habitantes de las comunas donde buscan desarrollar los proyectos. Estas labores comunicacionales por ley son obligatorias recién una vez que ha comenzado el trámite ambiental del proyecto, pero en la práctica las empresas las realizan desde meses antes.

Endesa, por ejemplo, se encuentra realizando estudios de prefactibilidad técnica para un proyecto que busca levantar dos centrales de pasada en la zona cercana a Neltume y Panguipulli, en la Región de los Ríos.

Aunque la decisión de levantar las centrales Choshuenco y Neltume (600 MW entre ambas) aún no se toma ni tampoco existe el EIA, la firma ya se ha contactado con todos los representantes comunales de la zona, e incluso implementó un plan de capacitación en diversos oficios para 200 personas residentes en dichas comunas.

Trabajo comunal

AES Gener, en tanto, llegó a una solución técnica para su proyecto Alto Maipo (dos centrales de pasada, 531 MW) que le permitió modificar los trabajos en la zona de El Manzano, uno de los principales reclamos que tenían los habitantes de San José de Maipo.

En el caso de Colbún, que busca levantar la central Angostura (309 MW) en la comuna de Santa Bárbara (Región del Bío-Bío), la compañía ha asumido un rol proactivo, y aún cuando el proyecto está en fase de ingeniería, sin que exista el EIA, ya se ha reunido con los alcaldes, consejeros municipales, parlamentarios, juntas de vecinos y gremios empresariales para explicar el proyecto.

Estas son algunas de las medidas adicionales que han tomado las empresas para poder concretar estas obras, que sumadas a otras iniciativas como las de Pacific Hydro (555 MW en el valle del Cachapoal) y las que tiene la misma empresa junto a SN Power en el valle del Tinguiririca (La Higuera y la Confluencia, 310 MW), permitirán agregar más de 5.565 MW de potencia instalada al Sistema Interconectado Central (SIC).

Estrategia

Los ecologistas buscan impacto mediático y reclutan figuras internacionales para hacer notar su oposición

Fuente: www.emol.com