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Corte Apelaciones de Temuco rechaza recurso de protección Mapuche  contra  proyecto hidroeléctrico “Añihuerraqui” en Curarrehue

Añihuerraqui

Parte de la Resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, cuyo fallo fue emitido por  el Presidente Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán, Ministra (S) Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena y abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger, con fecha 16 de noviembre del 2015, señala en su parte final:  “Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, SE RECHAZA, sin costas,  el recurso interpuesto a fojas 1, por el LOF TRANKURA, representada por su lonko ALEJANDRO COÑUEQUIR CURILAF, la COMUNIDAD INDÍGENA CAMILO COÑOEQUIR LLOFTUNEKUL, representada por su presidente SILVERIO LONCOPAN CALFUMAN, el CONSEJO MEDIO AMBIENTAL Y CULTURAL LOF TRANCURA, representada por ELY LOPEZ FAÚNDEZ, y la I. MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE, representada por su Alcalde ABEL PAINEFILO BARRIGA, lo que incluye además  al tercero coadyuvante COMUNIDAD INDÍGENA FOLILCO JUAN CURIPUCHUN, que compareció a fs. 405 , en contra de contra de la COMISION EVALUADORA AMBIENTAL DE LA REGION DE LA ARAUCANÍA, representada por su presidente, el Intendente Regional Sr. Andrés Jouannet Valderrama, con motivo de la dictación de la Resolución Exenta Nº 117 de fecha 20 de julio de 2015”.

La Corte de Apelaciones de Temuco  decidió rechazar un recurso de protección interpuesto comunidades Mapuche, organizaciones territoriales y Municipalidad de Curarrehue, en contra de una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, relacionado con la aprobación del proyecto hidroeléctrico “Añihuerraqui”, emplazado en la zona Pichi Trakura de la Comuna de Curarrehue, sector precordillerano en la Región de la Araucanía.

La razón del rechazo de acuerdo con el veredicto de la Corte de Apelaciones, -presidida por el Presidente Ministro  Alejandro Vera Quilodrán, Ministra (S)  María Georgina Gutiérrez Aravena y abogado integrante  Roberto Contreras Eddinger, con fecha 16 de noviembre del 2015, no apreció  urgencia para la procedencia de una acción cautelar, considerando que existe “jurisdicción especializada con plena competencia para conocer de estas materias, como son los Tribunales Ambientales, (Ley N° 20.600 de 2012) en las que las partes implicadas, con todas las garantías de un debido proceso, y en un juicio de lato conocimiento, puedan debatir y acreditar sus afirmaciones”.

Cabe señalar que el recurso  de protección fue presentado contra la Resolución Exenta Nº 117 de fecha 20 de julio de 2015, Comisión Evaluadora Ambiental de la Región de la Araucanía, a través de la cual, se calificó ambientalmente de manera favorable el proyecto “Central Hidroeléctrica Añihuerraqui”, cuyo titular es la empresa GTD NEGOCIOS S.A, con un monto de inversión de 22 millones de dólares, quien pretende la construcción y operación de una central de pasada, cuya operación generaría una potencia de 9MW, utilizando para ello el agua extraída del estero Añihuerraqui (conocido por los recurrentes como Pichi Trankura) en una cantidad máxima de 2,5 m3/ s, manteniendo un caudal mínimo ecológico. El proyecto se localiza en el Sector Trankura, distante a 7 Km del área urbana de la comuna de Curarrehue. El estero, se encuentra en medio de las comunidades mapuches Camilo Coñoequir Lloftonekul, y Camilo Coñoequir, las que se emplazan dentro del área de influencia del proyecto relacionada con el medio humano indígena, además de la Comunidad Juanita Curipichun de Carén, siendo todas identificadas por el titular de en su EIA. Desde su constitución en el 2014, se reconoce además a la Comunidad Folilco Juan Curipichun, se encuentra en el área del proyecto.

El proyecto emplaza directamente un amplio territorio ancestral Mapuche, donde la tubería, casa de máquinas, y restitución se emplazan en 4 hectáreas, que son parte de un título de merced de la Comunidad Camilo Coñoequir L.,  y que fue adquirido por una permuta autorizada por la CONADI, y que se cuestiona su legalidad. Asimismo, en el territorio existen lugares de significación cultural, tales como: Eltuwe, un Gillatuwe, los cerros Peñewe y Punowemanke y el mismo estero Pichitrankura, además de las áreas de recolección de plantas medicinales, que se verían intervenidos por la ejecución del proyectos, lo que genera una afectación  a los derechos religiosos de los recurrentes, como ha sido ampliamente analizado e informado por antecedentes socio culturales particulares y la propia Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Si bien los hechos constituyen una causal para la presentación de un recurso como el interpuesto, QUE INVOLUCRA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, como igualdad ante la Ley, libertad de Culto, entre otras, la Corte estimo que deben ser analizados por la competencia de Tribunal Ambientales, cuyo escenario posible sea, que frente a esta medida, los afectados recurran a la competencia de la Corte Suprema en contra de esta resolución.

La respuesta de la Corte de Apelaciones es altamente cuestionada por comunidades y organizaciones Mapuche, junto a organismos de Derechos Humanos, considerándose que tal medida no se refiere al fondo del asunto -la vulneración de una garantía constitucional- sino que sólo respecto a la forma.

La posibilidad que se implemente este proyecto ha generado una activa resistencia por parte de numerosas familias, comunidades, autoridades tradicionales y vecinales, quienes buscan la protección de un importante lugar sagrado para el Pueblo Mapuche, el respeto a las vocaciones de desarrollo que existe en el territorio y el respeto a garantías de derechos consagradas en normas internacionales.

 

Razones por las cuales el Gobierno NO debe admitir a trámite el Estudio Ambiental para construir Represas en Aysén

9 RAZONES PARA UN RECHAZO.
Razones por las cuales el Gobierno NO debe admitir a trámite el Estudio Ambiental para construir Represas en Aysén

1.- El proyecto Hidroaysén, de Endesa y Colbún, debe ser declarado inadmisible ya que viola dos acuerdos internacionales, con Argentina y Canadá, puesto que no existe un “Plan General de Utilización” de las cuencas de los ríos Baker y Pascua conforme a lo exigido por el “Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República de Chile y la República Argentina”. Legislación que además es parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá.

2.- La aprobación del proyecto consolidaría el monopolio del agua en Aysén al concentrar el
100% de los derechos de los ríos Pascua y Baker, sin resguardar adecuadamente las solicitudes de otros usuarios, impactando y vulnerando el derecho humano al agua. Ello pese a que la Dirección General de Aguas (DGA) ha declarado Aysén como zona de escasez hídrica (Decreto Nº 227 del MOPDGA, marzo 2008).

3.- El proyecto vulnera el derecho constitucional a la igualdad de trato en materia económica, ya que generaría una perdida anual de más de 4 mil empleos en el sector turismo e impediría el riego de más de 5 mil hectáreas de la cuenca del Baker, afectando el desarrollo de la agricultura y la ganadería de la zona.

4.- La aprobación del proyecto afectaría gravemente 24 áreas protegidas como el Parque Nacional Laguna San Rafael; 3 zonas de interés turístico y 26 humedales. Además de la inundación que generarían las 5 represas proyectadas, la línea de transmisión eléctrica de 2.270 kilómetros de largo, que cruzaría 9 regiones y 66 comunas, violaría diversos tratados internacionales como el Convenio de Conservación de la Biodiversidad afectando especies emblemáticas en peligro como el huemul.

5.- Endesa y Colbún engañan a la opinión pública al informar una reducción del área de inundación a 5.900 hectáreas, siendo que no han renunciado a derechos de agua vigentes que le permiten inundar 32.000 hectáreas, seis veces lo declarado. Por el contrario, con esto han pretendido realizar un “canje ambiental” con la autoridad requiriendo a cambio caudales gratuitos adicionales a los que ya posee, vulnerando la legalidad.

6.- La empresa abusa de la legislación utilizando fraudulentamente pertenencias mineras para un proyecto eléctrico, con la finalidad de presionar a los propietarios de las zonas a inundar, de reducir el valor comercial de sus propiedades y de obligar a la autoridad a otorgar permisos para el ingreso a los predios y para obras civiles en éstos. Dichas propiedades quedan prisioneras y sujetas al arbitrio de la empresa.

7.- Los componentes del proyecto serán evaluados parcialmente pues aunque se trata de 5 mega centrales hidroeléctricas y de sus obras anexas, entre las que se encuentran puertos, aeródromos y poblaciones, además de una extensa línea de transmisión eléctrica, única y exclusiva, de casi 2.300 km., sólo serán evaluadas las centrales contraviniendo nuestra Constitución, la Ley General de Bases del Medio Ambiente, e incumpliendo la obligación de fijar una línea de base clara sobre el área de influencia del proyecto como un todo, así como la de ingresar el proyecto en la Dirección Ejecutiva de CONAMA para ser evaluado en su conjunto.

8.- No se han formulado planes para la gestión integrada de las cuencas de los Ríos Baker y Pascua de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cuencas, compromiso adquirido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno y reiterado en su Mensaje del 21 de mayo de 2006: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente (…) incorporaremos el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas como eje de nuestra nueva política”.

9.- Falta de garantías en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental debido a la intervención de Ministros de Estado quienes, teniendo ingerencia en el proceso, y sin que el proyecto se haya evaluado, han dado públicamente un veredicto favorable al mismo, en un antejuicio que viola las garantías de un debido y probo procedimiento.

Gerente de Hidroaysen: “Chile no va a descansar en las energías renovables”

El gerente de la sociedad que componen Endesa y Colbún dice que las renovables hoy sólo son parte del debate, mientras no haya un proyecto del potencial energético de HidroAysén en el SEIA. No sólo eso: asegura que los países de la OCDE subsidian las renovables sólo hasta 4,8%, porque cuestan cuatro u ocho veces más que la hidroelectricidad. “Esos costos hay que sincerarlos”, apunta.

Hernán Salazar, gerente general de la sociedad HidroAysén, que el jueves ingresó a evaluación el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para construir cinco represas en la Patagonia, tiene clara la película: ni el auge mundial del carbón, que de aquí a seis años verá la entrada en funciones de cerca de 300 nuevas generadoras termoeléctricas a lo largo del planeta, ni las voces que piden que el Estado subsidie a las energías renovables no convencionales (ERNC) para hacerlas competitivas le nublan el discurso: “La energía hidroeléctrica a gran escala es la más competitiva del mundo”, asegura, y aterriza sus palabras en la realidad del país: Chile ha desarrollado sólo un 25% de su potencialidad hidroeléctrica y queda mucho por hacer.

Las universidades que desarrollaron el estudio Aporte potencial de energías renovables no convencionales y eficiencia energética a la matriz eléctrica 2008-2025 piden subsidios para desarrollar las ERNC. ¿Qué le parece la propuesta?

-Eso es parte de las limitaciones de las energías renovables no convencionales, que nacieron, se han desarrollado y se van a morir en base a subsidios. Esa es una realidad y no porque los ingenieros que las desarrollaron no sean competentes, sino porque la naturaleza ofrece y dispone la energía en el viento, marea o el sol de una manera muy difusa, cuando las necesidades humanas son mucho más intensas. Entonces hay una limitación natural. Los países de la OCDE no subsidian las energías renovables sino hasta 4,8% de su matriz energética, y eso que son países tres veces ricos que nosotros. Usted no le puede imponer a la billetera de los chilenos que paguen energía cara por promover una forma de energía.

-Pero sí tenemos leyes aprobadas que las promueven.

-Y es necesario que sea así. Esas leyes fomentan una cobertura de energía renovable del 10% de la matriz energética del país de aquí a un cierto período (2024), lo cual es posible pero también es un desafío. Las energías renovables las vamos a usar, no hablamos en contra de ellas, pero hay que tener claro que son un complemento. No se puede pensar que el país va a descansar en las energías renovables. La pregunta es cuál va a ser el respaldo cuando no haya viento o sol. Las renovables tienen un factor de planta muy bajo y esos costos hay que sincerarlos. Esas energías, en realidad, cuestan de cuatro a ocho veces más caras que la hidroelectricidad convencional.

-Estos estudios aparecieron como una alternativa al proyecto HidroAysén.

-Una alternativa al proyecto HidroAysén es real cuando ingresa como una iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con una cantidad de energía y potencia como la que nosotros ingresamos. Mientras eso no ocurra es un tema que ayuda al debate y a la conversación, pero no representa una alternativa.

-¿Conoce la alternativa que plantea Hernán Sandoval, de un proyecto termosolar en el norte que incluso ha presentado en círculos políticos?

-El proyecto HidroAysén es mucho eficiente y respetuoso en sus aportes al país y a la competitividad nacional, que ha caído casi a los niveles que tenía en 1999. La energía juega un factor importante en eso y hay que pensar en soluciones sustentables y de bajo costo. No tenerlo claro es trabajar de espaldas a toda nuestra capacidad de producción de bienes y servicios exportables.

-¿Ve la opción nuclear como una amenaza al negocio de la hidroelectricidad?

-En ningún caso. Nuestro país tiene que duplicar su fuente de abastecimiento en los próximos diez años y todo ayuda; si hay que estudiar energía nuclear, hay que hacerlo. También ayudan la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales, pero por cierto que lo más importante es generar un abastecimiento competitivo y potente como lo es en base a energía hidroeléctrica, de la que Chile ha desarrollado sólo un 25% de su potencialidad.

-¿Por qué presenta el proyecto HidroAysén como un “proyecto país”, si en realidad es un proyecto privado?

-Esas cosas nacen del reconocimiento de la comunidad, de las entidades académicas, de los políticos que están atentos al tema de la energía. Es un proyecto país porque las escalas de tiempo que toman involucran varios períodos presidenciales, que a lo mejor pueden ser de partidos políticos distintos, y para que esto se desarrolle necesita ser entendido como un proyecto que el país necesita, más allá de cualquier visión política particular. //LND

La esperanza renovable

Un estudio de investigadores de las universidades de Chile y Técnica Federico Santa María, presentado la semana pasada, señala que dentro de 17 años las energías renovables no convencionales (ERNC) podrían abastecer hasta un 47,5% de los requerimientos del Sistema Interconectado Central (SIC), que representa el 69% de la matriz energética del país. Según el mismo informe, si las autoridades promovieran una buena política de eficiencia energética, este tipo de energía podría abastecer hasta el 70,8% del consumo del SIC. En base a estas proyecciones, diversas organizaciones ambientalistas propusieron que se aumentara el porcentaje que, según una ley de reciente aprobación, las empresas generadoras deben producir a partir de fuentes renovables, y que debería llegar al 10% del total en 2024.

El senador por Aysén Antonio Horvath (RN) se define ante megarrepresas

“Prefiero alternativas menos invasivas”

Para él, es fundamental definir la vocación de las cuencas antes de instalar megaproyectos en ellas. “Y si hay que expropiar derechos de agua para salvaguardar el ecoturismo o la biodiversidad, hagámoslo”. Acusa que la indecisión estatal para apoyar alternativas renovables impone la lógica de las represas y la energía nuclear.

Más tiempo del que quisiera ha gastado el senador RN Antonio Horvath en hacer aclaraciones. Hace un mes tuvo que salir al paso de que su nombre apareciera en un proyecto de acuerdo firmado por Eduardo Frei, Andrés Allamand y Adolfo Zaldívar impulsando la hidroelectricidad y entregando un espaldarazo a las cinco represas de HidroAysén. “Si me metí en eso fue para suavizar ese texto”, apunta.

La semana pasada le bajó el pulgar a otros seis senadores que hicieron un llamado al Ejecutivo para que patrocine un proyecto de ley a favor de la opción de la energía nuclear. Horvath contraataca: “Esa iniciativa fue declarada inadmisible y no tuvo el respaldo de la sala del Senado”, dice sobre la intención de Jaime Orpis, Ricardo Núñez, Juan Antonio Coloma, Jorge Pizarro, Pablo Longueira y Baldo Prokurica. “En su mayoría son parlamentarios de la zona norte, donde hay que impulsar la geotermia con subsidios del Estado”, dice. “No me niego al estudio de la energía nuclear, pero con este potencial: pequeñas y medianas centrales, centrales de pasada, geotermia, mareomotriz, biocombustibles, cómo tomar un paso irreversible en cuanto a la seguridad o al manejo de los residuos radioactivos “.

-¿Podría estar el lobby detrás de ese llamado?
-Ellos representan regiones que tienen intereses mineros y sería bueno que transparenten si hay lobby de las mineras detrás.

El senador por la Región de Aysén tiene otra definición pendiente: las cinco megarrepresas del proyecto HidroAysén. “Se está poniendo la carreta antes de los bueyes. Existe un compromiso presidencial para definir previamente el manejo integrado de las cuencas del país, especialmente donde hay pensados proyectos o mega proyectos. Por ejemplo, si el ecoturismo en el Futaleufú es prioritario para la comunidad o la región, y los derechos de agua pertenecen a una empresa, el Estado tiene que comprárselos. Si hay que comprar o expropiar derechos de agua para salvaguardar el ecoturismo o la biodiversidad, hagámoslo”.

-¿El Estado tiene la voluntad de hacerlo en favor de la ciudadanía?
-La voluntad del Estado debe definirse por las prioridades ciudadanas. Si la comunidad presiona por una determinada línea, a las autoridades no les va a quedar otra que hacerse eco de ello.

-Esa idea no le va a gustar a las empresas hidroeléctricas.
-Por eso hay que definir de antemano la vocación de las cuencas, si no, las empresas van a traer proyectos absurdos como las líneas de trasmisión, porque van a privilegiar la ruta más económica y eso no es compatible con los intereses locales o regionales.

-¿Cuál debiera ser la vocación de la cuenca del Baker, donde se pretenden construir dos megarrepresas?
-En la zona austral no son muchas las cuencas y hay que definir su uso ahora. En la región se hizo el ordenamiento territorial participativo en un período de cuatro años y están los elementos para sentar en la mesa a los actores y a los que pretenden hacer los proyectos para ver si llegan a algún acuerdo. Ahora, si me pregunta a mí, las vocaciones en la región están claras: las áreas de conservación son la mitad de la región; la acuicultura está zonificada, no como en la Región de Los Lagos, que se saturó; la agricultura y la ganadería tradicionales en una línea orgánica; el turismo en toda época del año, y sólo las fórmulas de energía que permitan compatibilizar con eso.

-¿Las megarrepresas permiten compatibilizar con eso?
-Hay que definir el manejo integrado de cuencas, las áreas de baja inundación y las rutas posibles de interconexión, si las hay. Pero tiene que haber mucha claridad en lo que gana la región con estos proyectos: si van a llevar problemas sociales y ambientales o van a resolver problemas. Esa discusión está pendiente.

-Usted ha dicho que llevan su posición sobre las megarrepresas de un lado a otro: defínase.
-No soy blanco o negro, pero estoy a favor de centrales renovables. Prefiero alternativas menos invasivas, pero hay que empujarlas para que sean realidad y, en vez de eso, el Estado le pone obstáculos administrativos para hacerlas competitivas. Es el mismo Estado el que nos hace jugar en esta lógica de represas gigantes o energía nuclear”.

CONECTIVIDAD SIN CABLES

Horvath aclara otro tema: su postura a favor de la conectividad austral por vía terrestre nada tiene que ver con facilitar una ruta a las líneas de trasmisión de Transelec para el proyecto de HidroAysén. “Planteo la conectividad sólo para el camino. Estamos hablando de un camino de penetración, que permite el paso de dos vehículos en forma segura, pero que se adapta a la naturaleza. Eso quiere la zona austral. Pero las torres son incompatibles. En ese sector tienen que buscar un valle paralelo o hacerlo subterráneo o submarino. Ahora, sabemos que submarino vale ocho veces más. Es el Estado y las regiones los que tienen que poner las reglas del juego: por este valle sí, por este valle no”.

-O sea, usted descarta que la ruta continental sea una luz verde al tendido eléctrico de las megarrepresas.

-Lo descarto, definitivamente.