Esta semana el presidente Gabriel Boric sumó su firma al Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, en inglés) propuesta por la ONU cuyo objetivo apunta a proteger el 30% de los Océanos, al año 2030 como meta.

Hace apenas unos días, el 14 de septiembre, Greenpeace publicó el reporte “30×30: Del Tratado Global de los Océanos a la protección en altamar” que, entre otras cosas, establece una hoja de ruta para alcanzar esa meta y reúne un análisis global sobre las amenazas a las que se enfrenta.

Algunas de ellas apuntan a la actividad pesquera. “Entre 2018 y 2022, la extracción en alta mar aumentó un 8,5% a casi 8,5 millones de horas, y en las áreas identificadas para la protección bajo el 30×30, la cifra aumentó un 22,5%. Estas tendencias muestran que la realidad en el mar va en dirección opuesta a la ambición establecida en el Tratado”, dice Estefanía González, vocera de Greenpeace.

El informe también detalla cómo el calentamiento de los océanos, la acidificación, la contaminación y la amenaza emergente de la minería de aguas profundas están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los ecosistemas, “lo que pone de manifiesto la urgencia de la acción política para cumplir la meta del 30×30 mediante el Tratado de los Océanos”, opina Estefanía González, vocera de Greenpeace.

“Los palangres de deriva (sistema de pesca mediante anzuelos ordenados de forma industrial) representan más del 75% del total de la actividad pesquera aparente en alta mar. El palangre es un método de pesca destructivo, responsable de elevados niveles de capturas accidentales de peces”, agrega Estefanía González, vocera de Greenpeace.

Junto a Chile, firmaron 67 países más la Unión Europea, entre los que se cuentan Estados Unidos, Australia, Reino Unido, España, Francia, China, Costa Rica, México, Noruega y Fiyi, entre otros.

En su intervención durante la Asamblea de la ONU, el presidente Gabriel Boric lanzó un discurso que dirigió “a un sector minoritario de la sociedad, pero muy poderoso, que no se somete a estos debates ni a las reglas democráticas, ni a los acuerdos que multilateralmente alcanzamos, y que tiene que ver con algunas multinacionales y el capital financiero internacional que no sigue los estándares democráticos”.

“Por mucho que acá declaremos nuestras buenas intenciones, si no somos capaces de someter a estos grupos a la voluntad de la comunidad internacional expresada por los liderazgos aquí presentes, no vamos a llegar a la meta”, criticó.

Avanzar en la ratificación

A juicio de la vocera de Greenpeace, “es una muy buena noticia que Chile haya cumplido su compromiso y haya escuchado a las miles de personas que hoy apoyan la protección de los océanos a través de la firma del Tratado”. 

El siguiente paso es su ratificación, “por lo cual hacemos un llamado a todos los sectores políticos a dar el ejemplo en nuestra región, y que Chile sea el primer país de América en avanzar por cumplir con este acuerdo, el cual constituye uno de los triunfos más importantes de las últimas décadas en la protección de nuestro planeta” agrega Estefanía González, vocera de Greenpeace.

Para la organización, resulta urgente cumplir este acuerdo. “La pesca destructiva, el cambio climático, el peligro de la minería submarina continúan a un ritmo vertiginoso, y los esfuerzos de protección no van al ritmo que nuestros océanos requieren. Nuestro llamado de urgencia es para hacer real este tratado con su ratificación y con la propuesta concreta de la creación de Santuarios Marinos que logren proteger al menos el 30% de los océanos al 2030”, sentencia Estefanía González, vocera de Greenpeace.

Hace algunos días se informó acerca de la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de declarar inadmisibles las 104.588 Solicitudes de Invalidación que, a partir de una acción organizada por Greenpeace, la sociedad civil presentó en contra del proyecto minero Dominga, en una movilización sin precedentes dentro de la historia de nuestra legislación ambiental.

Luego del rechazo del Comité de Ministros a la construcción de Dominga, estas solicitudes perdieron el objeto que les dio su origen por lo que haberles dado curso carece de todo sentido. Por ello, como organización, compartimos la decisión del SEA de declarar su inadmisibilidad y celebramos el cierre de Dominga.

Sin embargo, rechazamos los argumentos entregados por la autoridad que insisten en desestimar estas legítimas reclamaciones. El SEA justificó su decisión en un tecnicismo burocrático, asegurando que “la carga en el expediente de invalidación (…) implicarán una clara infracción a los principios de eficiencia y eficacia”. La participación de las cientos de miles de personas que presentaron sus solicitudes ante el SEA no se pueden desconocer -como pretende esta resolución- al ser un hito histórico, posible gracias al uso de las herramientas legales con las que cuenta nuestro sistema de evaluación ambiental. Y a las que, en el futuro, se les debe dar curso en procesos que se encuentren activos.

Los principios que rigen la actividad de la administración no se pueden usar a conveniencia del trámite burocrático y en desmedro de los ciudadanos, y menos para invalidar las herramientas jurídicas a las que tiene acceso la sociedad civil.

Nos parece pertinente, además, aclarar que dichos documentos cumplieron con todos los requisitos en forma y fondo que la Ley N° 19.880 exige para la identificación del solicitante, además de ir cada uno de ellos respaldados mediante firma digital.

Que las causas sean masivas no hace más que reafirmar que se llevan adelante por personas con intereses y argumentos válidos que las respaldan. Nuestros Tribunales conocen ejemplos de tramitación masiva y este tipo de argumentos, más que denunciar conductas de autómatas colapsando sistemas, como se deja entrever, evidencian problemas estructurales en la organización judicial que a la postre afectan a toda la sociedad. Frente a eso planteamos la pregunta: ¿Por qué el SEA desestima a los ciudadanos y a las comunidades locales? ¿No es eficiente lidiar con 104.588 solicitudes, pero sí lo es dejar avanzar proyectos marcados por la corrupción y con propuestas insuficientes en el cuidado del medio ambiente?