Por primera vez en la historia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la existencia de un derecho humano a un clima sano, derivado del derecho a un ambiente sano, y se refirió al deber de los Estados de actuar contra las causas del cambio climático, mitigar las emisiones, determinar el impacto climático de actividades y avanzar progresivamente hacia el desarrollo sostenible. Celebramos esta victoria que es el resultado del arduo trabajo y el liderazgo de las comunidades y pueblos indígenas más vulnerables.
Sequías, inundaciones, incendios, deslizamientos y emergencia alimentaria. Con la crisis climática y las desigualdades sociales golpeando con más fuerza, menos de la mitad de las personas que viven en las ciudades se sienten seguras frente a fenómenos meteorológicos extremos, lo que afecta de forma desproporcionada a comunidades que han sido históricamente marginalizadas y, paradójicamente, han tenido una baja o nula contribución a la crisis climática global.
Durante años, muchos líderes han postergado las acciones necesarias para hacer frente a la crisis climática, permitiendo que las causas del problema, como la contaminación de grandes industrias (petroleras y agroindustriales), se profundicen. Mientras tanto, el costo de mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático sigue aumentando, afectando cada vez más a nuestras comunidades, hogares y medios de vida.
En este escenario un grupo de personas valientes, afectadas por la crisis climática alzaron la voz, por sus comunidades y por todos nosotros, ante tribunales de todo el mundo. Por ello, desde Greenpeace celebramos las iniciativas que supieron decir BASTA y pusieron límites, derechos y responsabilidades frente a la crisis climática que afecta especialmente a América Latina y el sur global. ¡Y lograron resultados!
Como respuesta a una solicitud presentada por los gobiernos de Chile y Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos -el máximo tribunal de derechos humanos de las Américas- reconoció que la emergencia climática no es sólo una crisis ambiental, sino una amenaza directa a los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
La decisión además se convirtió en el proceso más participativo en la historia de la corte, con 265 observaciones escritas y más de 150 intervenciones orales, organizaciones internacionales, pueblos indígenas y actores de la sociedad civil presentaron argumentos orales y escritos, incluyendo a Greenpeace Internacional y Andino. Estos testimonios enriquecieron el proceso y garantizaron que el derecho internacional se construyera desde los territorios, no sólo desde los escritorios del poder.
Un camino hacia la justicia climática, ambiental y social
En enero del año 2023 la República de Colombia y la República de Chile presentaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva para “aclarar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos”. Se sostuvo que era clave prestar especial atención a los impactos diferenciados que sufren personas de diversas regiones y poblaciones, tanto como la naturaleza y en la supervivencia humana.
En el pedido ambos países subrayaban que la emergencia climática representa una amenaza directa para la vida, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y otros derechos esenciales. De acuerdo con informes del IPCC, el calentamiento global podría alcanzar los 1,5 °C entre 2030 y 2052, lo cual representa un riesgo crítico de daños irreversibles. Entre las consecuencias destacadas están el aumento de la migración climática, la pérdida de biodiversidad, la inseguridad alimentaria y las crecientes desigualdades sociales y económicas.
En la solicitud se destacaba cómo las regiones andina y amazónica, en particular, enfrentan un riesgo elevado frente a la crisis climática.
Uno de los aspectos más importantes planteados en la solicitud fue la necesidad de adoptar un enfoque interseccional, intergeneracional y de derechos humanos, que reconociera la vulnerabilidad diferenciada de ciertos grupos, como niños, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad, entre otros. Según datos citados, el 80% de las personas desplazadas actualmente por fenómenos climáticos son mujeres y niñas.
Antecedentes en la judicialización de la crisis climática en clave de derechos humanos.
En 2017, la Corte IDH ya había reconocido el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo. Sin embargo, se consideraba necesario precisar aún más el alcance de las obligaciones estatales, tanto a nivel nacional como internacional, para afrontar las causas y consecuencias del cambio climático, incluyendo las responsabilidades de actores no estatales y de entidades subnacionales.
En este contexto, la solicitud de Chile y Colombia destacó la importancia de establecer estándares interamericanos que orientaran la respuesta climática regional. Esto debía incluir medidas de mitigación, adaptación, restauración y cooperación internacional, considerando criterios de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este principio reconoce que, si bien todos los países deben actuar, no todos han contribuido por igual al calentamiento global ni tienen la misma capacidad para enfrentarlo.
Finalmente, el documento resaltó que ya existían precedentes internacionales —como los litigios en curso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU— que evidencian una tendencia global hacia la judicialización del cambio climático.
Una garantía para los derechos de las generaciones presentes y futuras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pudo aprovechar esta oportunidad histórica para establecer estándares sólidos para la protección de las personas en toda la región. Pudo actuar en favor de las personas más vulnerables a la emergencia climática, aclarando las obligaciones en materia de derechos humanos que estos gobiernos asumieron en la región de las Américas. Pudo ejercer presión moral y legal sobre nuestros líderes para que tomen medidas climáticas adecuadas, basadas en la ciencia establecida, para regular a los contaminadores climáticos y defender los derechos humanos.
Puso así de forma inequívoca los derechos de las personas y de la naturaleza, tanto de esta como de las futuras generaciones, por encima de los intereses de los intereses económicos que han contribuido a la crisis.
Ahora que el tribunal cumplió con su parte todos tenemos un papel que desempeñar, apoyando a las comunidades que dieron esos primeros pasos importantes en los tribunales y exigiendo responsabilidades a nuestros líderes. Deben cumplir con su deber para con todos nosotros, actuando ahora para garantizar la justicia climática para las personas afectadas y un futuro seguro y medios de vida sostenibles para todos.
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Author: Meri Castro
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