La iniciativa pretendía consagrar en la Carta Fundamental el agua como un recurso “cuyo dominio y uso pertenece a toda la ciudadanía”

Por 24 votos a favor y 12 en contra, se rechazó en la Sala del Senado este martes la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, sobre “sobre dominio y uso de aguas”.

De esta forma, debido a que se necesitaban dos tercios para su respaldo (29 votos a favor), el proyecto no continuará su tramitación.

La iniciativa fue presentada en el contexto de la formulación de una nueva constitución, con el fin de consagrar las aguas del país como un bien de uso público.

Entre los puntos que consideraba esta reforma a la Carta Fundamental estaban:

– Consagra constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público.

– Entrega a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas.

– Garantiza la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico.
Contempla el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.

En Sala, los legisladores manifestaron su postura a favor del texto, indicando que es vital consagrar en la Constitución este derecho como un “derecho humano fundamental”.

Además, se aseguró que la norma busca regular el agua y no quitar los derechos entregados a perpetuidad. No obstante, indicaron que quienes las tienen en sus manos han actuado con fines economicistas que han perjudicado el acceso al agua.

Senadores de oposición se refirieron también a la crisis hídrica con baja pluviometría y altas temperaturas en el marco del cambio climático, indicando que hoy más que nunca es vital cuidar este recurso y apuntaron la necesidad de que el Estado gestione el agua.

Fuente: CNN Chile

]]> https://www.chilecologico.cl/senado-rechaza-proyecto-agua-como-un-bien-de-uso-pblico/1204/feed 0 1204 https://www.chilecologico.cl/mina-cardenilla-es-multada-por-dao-ambiental/1195 https://www.chilecologico.cl/mina-cardenilla-es-multada-por-dao-ambiental/1195#respond Mon, 30 Dec 2019 11:00:00 +0000 https://www.chilecologico.cl/?p=1195 La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) multó a la Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa), titular de Mina Cardenilla, por 8 mil 862 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $5 mil 247 millones.

La sanción se dio luego de que los profesionales de la SMA, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), detectaran nueve infracciones, incluyendo el cargo de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

De este modo, se estableció que el proyecto operó al menos 6 meses más del tiempo autorizado y extrajo más de 1,4 millón de toneladas brutas de cobre de manera ilícita. Al mismo tiempo, se constató una ampliación de la cantera de extracción de mineral en casi 8 hectáreas sobre lo autorizado así como la creación de dos nuevos sectores de extracción de mineral (Lumbrera Norte y Lumbrera Sur), lo que afectó la vegetación nativa del sector.

Sobre este caso, el Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, expresó que “esta sanción es la segunda más alta cursada por la SMA y la más alta para una única infracción, y obedece a la importancia y la extensión del daño ambiental causado por esta minera al bosque nativo y a la flora y fauna en estado de conservación de la zona, como guayacanes (Porlieria chilensis) en estado vulnerable. Esperamos ahora que la compañía presente su Plan de Reparación, que tiene por objeto mitigar el gravísimo impacto ambiental causado a la Cordillera El Melón en la Región de Valparaíso”.

El proyecto se emplaza en la comuna de Catemu, Región de Valparaíso, dentro del sitio prioritario para la conservación Cordillera El Melón, establecido en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Fue aprobado con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y su faena se centra en la explotación de cobre a cielo abierto, para una producción de 15 mil toneladas mensuales de mineral durante una vida útil de 7 años.

Tras la notificación de esta sanción, la empresa puede pagar su multa a la Tesorería General de la República, o bien, reclamar de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental de Santiago dentro de un plazo de 15 días hábiles, en cuyo caso no será exigible el pago mientras el proceso legal no haya concluido.

Los antecedentes fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe la necesidad de entablar las acciones judiciales que correspondan.

Fuente: Radio U. Chile.

La Comunidad de Agricultores del Valle de Quilapilún de Colina, Región Metropolitana, presentó una denuncia, en la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra de Minera los Bronces de Angloamerican. Esto, por elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y por haber dado inicio a la construcción de obras al margen de la legalidad ambiental.

En el libelo, los denunciantes señalaron que Angloamerican y Codelco pretenden eludir la obligación de realizar Declaraciones de Impacto Ambiental o Estudios de Impacto Ambiental. En el escrito, los agricultores denunciaron además que Minera Los Bronces ya inició las faenas de construcción de un acueducto sin la respectiva autorización ambiental.

David Ojeda Behrens, representante de Comunidad de Agricultores del Valle de Quilapilún, señaló que es “imperativo que la Superintendencia del Medio Ambiente, requiera el ingreso de estos proyectos a evaluación ambiental y solicite a la brevedad la autorización al Tribunal Ambiental para paralizar las obras que Angloamerican comenzó a construir. Vemos con mucha preocupación cómo la gran minería de este país busca subterfugios legales para obtener agua. Además, que nos exponen al riesgo de contingencias graves de contaminación por rotura de ducto, como ya han ocurrido, lo que sepultaría definitivamente la agricultura de la zona”.

“Para nosotros es bastante evidente la colusión entre Codelco y Angloamerican, tanto para evadir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como para generar un negocio de compraventa de aguas entre ellos”, añadió.

“Nuestra comunidad presentó el 6 de noviembre pasado sus observaciones en el proceso de Participación Ciudadana del proyecto “Los Bronces Integrado” y ocuparemos todos los instrumentos legales que nos franquea la ley para que se transparente esta situación y no se perjudique más la agricultura del sector”, concluyó el dirigente.

Fuente: Diario Uchile

Durante esta jornada los líderes de la Unión Europea se reunieron para tratar de fijar el 2050 como fecha límite para alcanzar la neutralidad climática. Sin embargo, una manifestación llamó la atención. Esto, porque un grupo de activistas, pertenecientes a la organización ecologista Greenpeace, realizaron una protesta en contra de la lentitud de las negociaciones que han realizado las distintas partes. Así, en el cartel extendido en el centro de la fachada del edificio “Europa” en Bruselas, se puede leer “emergencia climática” y el nombre de la organización “Greenpeace” encima de un fondo con llamas. En un lado de la sede de las cumbres europeas colocaron otro cartel con imágenes de fuego.

En un comunicado, la organización indicó que la acción comenzó con la llegada de un coche de bomberos antiguo y que, a continuación, veintiocho personas escalaron el edificio y desplegaron las pancartas, mientras que en la calle les acompañaban otros 33 activistas belgas de la organización verde.

En total fueron 61 manifestantes que procedían de Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Austria, República Checa y Suiza, quienes también encendieron bengalas e hicieron sonar una alarma de socorro.

En la instancia, levantaron pequeños carteles, en distintos idiomas, con frases como “retardadores climáticos dentro”, en referencia a la lentitud con la que los mandatarios toman decisiones para combatir la crisis climática.

Sobre manifestaciones en la COP25

El pasado miércoles un grupo de manifestantes realizó un acto en uno de los pabellones de la COP25 en Madrid. Esta protesta obligó a la Organización de las Naciones Unidas a cerrar el sector.

Este jueves, la Organización de las Naciones Unidas comunicó que las manifestaciones no programadas y autorizadas están prohibidas en la sede donde se celebra la cumbre climática.

Sin embargo, la organzación de la cumbre indicó que, tras una reunión, los manifestantes podrán volver a acceder a la cita medioambiental y sus instalaciones.

Por su parte, el movimiento Fridays for Future convocó una nueva movilización para este viernes 13 de diciembre exigiendo justicia climática al considerar que, a un día de la clausura de la cumbre del clima de Naciones Unidas, “los resultados son insuficientes” y “nos ha fallado”. La organización climática indicó que la marcha en Madrid comenzará frente al Palacio de Congresos a las 12:30 hora chilena. Además, los organizadores esperan que se suman distintas ciudades del mundo.

Fuente: Emol.com – EFE

Redactado por Thomas Heselaars

“Los hongos están tomando la importancia que merecen, es un Reino al cual le debemos muchas de las cosas que tenemos en nuestro diario vivir, están presentes en la medicina, alimentación, gastronomía, construcción y también en el turismo por nombrar algunas. Por ello nuestro trabajo también integrará la educación ambiental como parte de sus ejes principales, por medio de talleres didácticos, niñas y niños podrán aprender sobre este Reino para conocer, valorar y proteger la hermosa riqueza que guardan los bosques de nuestra región” destacó Dinelly Soto de la ONG Micófilos Chile.

La artista Camila Ramírez es la encargada de la realización de los talleres de mosaico, quien además cuenta con otros hermoso trabajos en el litoral de la región, por lo que destaca “en mi trayectoria laboral con comunidades de la región  y en diversos proyectos artísticos personales, he podido pesquisar  que las artes plásticas a  través de sus diversas técnicas son un buen lenguaje para crear conciencia y poner en valor el patrimonio natural de la región de Aysén, en el cual  en este caso los hongos cobran un rol fundamental”.

Con respecto al proyecto, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Margarita Ossa indicó que “felicitamos la idea de realizar este proyecto, no solo por el trabajo que realizarán con niños y niñas de la Escuela Baquedano, sino que también porque nuevamente el arte se conjuga con otras disciplinas para crear una obra que quedará disponible para la comunidad”, indicó la autoridad cultural. Así mismo Claudia Catalán profesora de ciencias de la Escuela Baquedano manifestó estar muy feliz por la escuela, sus estudiantes y en especial por las niñas y niños del Club de Ciencias. “Este proyecto va a ser de gran beneficio al poder acceder a los talleres de divulgación científica y además participar de esta vinculación entre arte, ciencias y hongos, lo que me tiene muy feliz” destacó.

Por otra parte voluntariamente las ejecutoras del proyecto irán a la localidad de la Tapera para realizar un taller para las niñas y niños de la comunidad. “Creemos que los fondos son importantes para este tipo de iniciativas, pero también como profesionales comprometidas con la región debemos dar más de lo que se pide formalmente en el papel” enfatizó Dinelly Soto. Por su parte Camila Ramírez destacó, “al vivir y trabajar en zonas rurales de Aysén soy consciente que es clave descentralizar los procesos de formación y creación, hay muchos recursos y capacidades que necesitan con urgencia ser activados.”

La realización del mural y las especies que aparecerán está bajo el apoyo de la ONG Micófilos Chile donde Viviana Salazar fundadora y miembro comentó “desde hace algunos años nuestra ONG comenzó realizando actividades centradas en la Educación Ambiental partiendo desde los más pequeños hasta personas adultas, porque consideramos de suma importancia educar a nuestros niños en torno a la biodiversidad presente en nuestros bosques y hacerlos partícipes de la tarea de ayudar a su conservación, lo cual no sólo incluye a los hongos, sino también a la Flora y Fauna que compone los ecosistemas chilenos y que se encuentran totalmente conectados”.

Este proyecto se ejecutará de marzo a diciembre y finalizará con la instalción de este mural de alrededor de  de 60 metros y se ubicará en el Instituto de Prevención Social en el centro de la ciudad de Coyhaique.

Fuente: Diario Aysén.

El centro forma parte del proyecto que el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Fondo de Protección Ambiental, licitó en junio de 2016, y que Fundación Cosmos ejecutó el año pasado.

El complejo se emplaza en el contrafuerte cordillerano, considerado uno de los 23 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad de la región Metropolitana.

“Quisiera destacar la importancia de esta inauguración para la comunidad de Peñalolén, porque este proyecto se vincula y corrobora el compromiso de nuestra comuna con el medio ambiente y la protección de la precordillera, tanto más cuando Peñalolén tiene un acceso privilegiado hacia las montañas”, dijo la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien además es vicepresidente de Parque Cordillera.

Por su parte, el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, expresó que “esperamos que este centro sea aprovechado por las comunidades educativas de la región Metropolitana y también por las familias, porque dispondrá de infraestructura de primer nivel y porque está inserto en un espacio de gran riqueza natural en la precordillera de Santiago”.

Además, algunas de las estructuras que habían pertenecido al Ejército y que se habilitaron para ser parte del centro, fueron las antiguas caballerizas, hoy convertidas en la Administración y Centro de Visitantes del Parque; un polvorín usado para almacenar armas y municiones, que actualmente es una sala multiuso acondicionada para actividades audiovisuales, talleres, trabajos individuales y grupales; y un galpón bodega, hoy transformado en un área de encuentro techada.

Publicado por : Cristóbal Torres

Fuente: Bio Bio Chile

]]> https://www.chilecologico.cl/centro-de-educacin-ambiental-parque-natural-cantalao-en-pealoln/813/feed 0 813 https://www.chilecologico.cl/el-viejo-resquicio-de-construir-sin-tener-resolucion-ambiental/371 https://www.chilecologico.cl/el-viejo-resquicio-de-construir-sin-tener-resolucion-ambiental/371#comments Thu, 11 Sep 2008 13:43:20 +0000 http://www.chilecologico.cl/?p=371 Las empresas no se desvelan por no contar con la aprobación de estudios o declaraciones: con un estado de avance importante de las obras nadie se atrevería a echar abajo una megaconstrucción. Esa es su carta y la juegan porque la ley se los permite. Sin embargo, cuando la Superintendencia de Fiscalización Medioambiental entre en acción, el juego será más en serio.

“La empresa podría haberse evitado este bochorno”. Así comentó la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, el dictamen de la Contraloría General de la República que insta a Saitec, brazo inmobiliario de D&S y titular del proyecto de la construcción de un Open Mall en los terrenos donde se ubicaba la discoteque Las Brujas, a presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para identificar los potenciales impactos ambientales y determinar las eventuales medidas de mitigación.

En el dictamen, el ente contralor argumenta que no puede entenderse que el otorgamiento del permiso de edificación habilite al titular del proyecto para efectuar la construcción antes de la calificación ambiental, ni menos otorgar la recepción final de las obras mientras no se dé cumplimiento a ese trámite ante la autoridad ambiental. Sin embargo, el concejal por La Reina Francisco Olea asegura que el mall tiene un 40% de avance.

En un comunicado, Saitec respondió que en marzo de este año las obras se reiniciaron con el estudio de impacto vial aprobado y que se sometió “voluntariamente” una declaración de impacto ambiental (DIA) que comprendía una serie de medidas de mitigación. “Una vez que se terminen las obras y se apruebe la declaración de impacto ambiental, el proyecto estará en condiciones de contar con la recepción municipal”, concluye la firma. Un dato: la Contraloría exige un EIA y la empresa sólo ingresó un DIA.

La respuesta de Saitec se replica en otros casos: es tal la confianza de que los proyectos van a pasar el trámite ambiental que a las empresas no les quita el sueño pensar en que podrían ser rechazados. Además, la legislación actual permite este contradicción.

¿Qué pasa si el escenario es adverso? “Si la resolución de calificación ambiental es desfavorable, las obras no podrán seguir adelante y la empresa se verá obligada a devolver al estado original el terreno donde realizó las obras”, sentenció Uriarte. “Es un contrasentido que la empresa haya ingresado su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y las obras estén en marcha. Es la tergiversación total del sistema”, dijo la ministra, quien además criticó al alcalde por autorizar obras que no cuentan una evaluación ambiental.

“Nos parece complejo que una empresa privada desarrolle todos los medios para burlar la institucionalidad vigente”, comentó Olea. “La empresa y el alcalde tienen que explicar por qué se comenzaron las obras sin tener la autorización ambiental”, insiste el concejal y recuerda un dato: el Juzgado de Policía Local de La Reina cursó el año pasado una multa a la empresa por construir sin autorización y las obras fueron paralizadas.

El escenario puede mejorar con la reforma medioambiental que está en el Congreso. “Esto no habría ocurrido si contáramos con una Superintendencia de Fiscalización Medioambiental que hubiera podido requerir la resolución de calificación ambiental previo al otorgamiento de permiso de construcción”, concluyó la ministra Uriarte.

Rodeados

Casos sobran. Cencosud Shopping Center trabaja en la construcción del Mall Portal Ñuñoa en la esquina de Grecia y José Pedro Alessandri sin tener aprobada la Declaración de Impacto Ambiental que presentó en abril del año pasado. “La declaración está en evaluación y en las próximas semanas habrá una resolución”, responden en Cencosud. “La otra política es iniciar obras menores mientras no esté aprobado el permiso de edificación.

Es una estrategia de las inmobiliarias en todas las comunas”, comenta Moisés Scherman, de la Red Ciudadana por Ñuñoa. Es la misma estrategia que se utilizó en la construcción del gimnasio del parque General Gorostiaga de Ñuñoa. “Se otorgó un permiso de obras menores y luego se cambió a obras mayores cuando el hoyo ya estaba hecho. Es una práctica bastante habitual”, denuncia la concejala Danae Mlynarz.

Mlynarz entrega un caso más emblemático aún. El edificio de servicio públicos de Ñuñoa -ubicado en avenida Irrarázaval- estuvo funcionando más de diez años sin la recepción final de las obras porque no tenía los espacios necesarios para los estacionamientos que establece la regulación. En este caso fue la misma municipalidad que violó su propia normativa. “Entonces, qué podemos esperar de las inmobiliarias”, dice.

La concejala agrega que los ciudadanos tenemos poco conocimiento de la normativa, pues el decreto Nº 397 que reglamenta las secretarias ministeriales (seremi) de Vivienda contempla que si la Dirección de Obras Municipales no ha cumplido con su obligación o lo resuelto por esa dirección no satisface la denuncia ciudadana, se debe apelar ante la Seremi de Vivienda, la que debe responderle en un plazo máximo de 30 días e incluso puede pedir al CDE que se inicie acciones criminales cuando se compruebe que el alcalde ha violado las disposiciones de la ley de urbanismo y construcción.

Manuel Curilem está nervioso. Nunca antes viajó a Europa y nunca antes tuvo al frente a “gente tan preparada”, pese a las incontables reuniones con intendentes, alcaldes y seremis. “Esta gente es distinta, tiene la disposición de escucharme porque le interesa el tema indígena”, dice. Esa gente forma parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas y en la sesión del 6 de agosto a partir de las 15 horas en Ginebra, tomarán nota de lo que Manuel les va a decir: “Voy a reafirmar la acusación de racismo ambiental contra el Estado chileno por los basurales y las plantas de tratamiento de aguas servidas en territorio indígena”.

Dice que no es un experto y que le falta vocabulario técnico, pero el menosprecio de la autoridad lo exaspera. Entonces, afloran las palabras. “Chile firmó un convenio contra todo tipo de discriminación y esto no debería ocurrir”. Pero ocurre. El lo sabe bien porque vive en la comunidad de Ancúe que recibe 143 toneladas mensuales de basura de Gorbea. “Este vertedero debió cerrar el 2003 y ya estamos en 2008. Eso ilustra la preocupación que tiene la autoridad”.

El escenario de Ancúe no es único: 18 vertederos de un total de 25 funcionan en territorios indígenas de la Novena Región. En el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, uno de los siete del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo saben. El 24 de agosto de 2007 llegó a la oficina del representante chileno en la ONU, Juan Antonio Martabit, una carta con un listado de preguntas al Estado chileno sobre el tema. Como no hubo respuestas, el Comité reiteró la carta en enero de este año, agregó que Chile no envía informes sobre discriminación racial desde el 2000 y dio como plazo máximo este viernes 30 de junio. Si nadie contesta se revisará la situación de nuestro país en la próxima reunión a realizarse entre el 28 de julio y el 16 de agosto en Ginebra. No es todo: Manuel invitará al relator especial de la ONU, James Anaya, para que vea la basura en que vive.

“El gobierno firma todos los acuerdos internacionales que le ponen por delante, pero no genera modificaciones para implementarlos internamente”, apunta Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. “Eso ha ocurrido especialmente en materia medioambiental y de derechos humanos, que es el caso de esta convención”, agrega.

Consultados por el tema, varios personeros de Gobierno declinaron referirse sobre la carta y la petición de la ONU. En tanto, la ministra de Mideplan, Paula Quintana dijo que “ese tema lo está viendo la intendenta de la novena región quien preside la mesa indígena regional- y el equipo del Comisionado para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña”.

A 120 metros de una escuela

A las comunidades se les agotó la paciencia y la confianza en las autoridades. Todavía está vivo el recuerdo de lo que pasó con la ex intendenta Berta Belmar. “Mientras conversábamos con ella para resolver el tema, autorizó la vida útil de varios basureros, entre ellos la ampliación de Boyeko. Lo que hizo fue un desprecio hacia las personas que no tienen cómo defenderse”, dice Manuel. “Hay gente que está viviendo y respirando al lado de la basura todos los días del año”, refuerza Claudio Sandoval, miembro del colectivo Acción por los Derechos Ambientales. “En Temuco, el vertedero de Boyeko se encuentra a 120 metros de la Escuela Básica, pese a que la legislación pide como mínimo 300. Y en otro casos, como el de Lumaco, la planta de tratamiento y el vertedero están a 500 metros de la primera casa de la comunidad. En Villarrica hay una planta de tratamiento de aguas servidas que se instaló en un terreno que es patrimonio cultural. Allí se celebró hace 100 años uno de los encuentros más grandes del pueblo mapuche. Y reconocido esto por el Consejo de Monumentos y con una resolución de la Corte Suprema, aun así la planta de tratamiento se instaló acá” agrega.

Blaise Pantel, investigador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, en tanto, sostiene que hay comunidades que no tienen agua potable y que ahora reciben el agua por camión. “Las soluciones del municipio han sido bastante básicas, como fumigar lugares o hacer llegar el agua a los lugares donde no hay. Pero el problema de fondo no se soluciona”, explica. El tema pudo ir más lejos. En agosto de 2000 falleció Aquiles Rodrigo Epul Huitraqueo. El menor, de 4 años, vivía en el sector Boyeko cerca del vertedero. Se cortó en uno de sus pies y fue curado con hierbas medicinales contiguas al basural. Los padres presentaron un recurso de protección donde atribuían la muerte del menor a las condiciones de funcionamiento del vertedero. La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el escrito. Los mapuches dicen que es la primera víctima de la basura en tierras indígenas. Tal vez, lo es.

“Este proyecto es un tremendo paso”, dijo la Presidenta Michelle Bachelet al firmar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Medioambiente y la Superintendencia de Fiscalización ambiental en una ceremonia realizada en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Rodeada de los ministros integrantes del concejo de la Conama, representantes del empresariado como Alfredo Ovalle y del mundo ecologista como sara Larraín, la jefa de Estado recordó que este proyecto fue compromiso de su campaña. Incluso se dio tiempo para bromear al contar una infidencia de la ministra Ana Lya Uriarte: “La ministra me decía me siento como cuando estuve en mi parto y yo le dije felcitaciones pariste un niño o una niña”, frase que grafica lo que Bachelet llama “un proceso para construir una respuesta a una necesidad y la respuesta será perfectible, pero nosotros no queremos no hacernos cargo de un tema que había que abordar con seriedad”.

Para la jefa de Estado el objetivo final tras este proyecto es lograr “una institucionalidad moderna y eficiente que busque la sustentabilidad, la integración y la calidad de vida de la comunidad. Estoy segura que este proyecto va a generar mucha discusión, para algunos será insuficiente y para otros excesivo, porque es claro que frente al tema de medioambiente hay distinas posturas e intereses, pero en el parlamento habrá el espacio para que los distintos actores digan cuanto más quieren o cuanto menos y por qué”.

El nuevo Ministerio colaborará con el Ejecutivo en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El proyecto de ley permite transformar la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, abocado exclusivamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, estará sujeto a un sistema de selección de Alta Dirección Pública a cargo de su administración, orientado a simplificar los trámites ambientales y proporcionar información adecuada para los proponentes y la comunidad.

Paralelamente se crea la Superintendencia de Fiscalización Ambiental como órgano autónomo, cuyo nombramiento será realizado por el Presidente de la República mediante el sistema de Alta Dirección Pública. Tendrá competencias en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental, tales como Resoluciones de Calificación Ambiental; Medidas de Planes de Prevención y Descontaminación; Normas de Calidad y de Emisión y Planes de Manejo de la Ley N° 19.300.

La fiscalización directa será realizada por la Superintendencia, por los órganos sectoriales, cuando correspondan, y por terceros acreditados mediante sistema de normalización. Se regula también un sistema de evaluación y certificación de conformidad privada, sometido a la disciplina y regulación de la Superintendencia y que sólo podrá ser realizado por sujetos certificados.

Se establece una regla de denuncia ciudadana por incumplimiento, que habilita a la Superintendencia a investigar y se obliga a responder los resultados de toda investigación. Al denunciante se le da la calidad de interesado para todo el procedimiento administrativo respectivo.

Asimismo otra de las propuestas incluidas, la cual fue destacada por la ministra Ana Lya Uriarte, es la creación de la Unidad de Medio Ambiente de las Municipalidades, donde se establece que aseo y ornato a nivel municipal pasará a desempeñar competencias ambientales a nivel local, como proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas; aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna; y elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental.

En cuanto al acceso a la información ambiental, el proyecto declara pública toda la información de carácter ambiental que está en poder de la administración, es decir: el estado de los componentes ambientales, así como de los factores que inciden en él y las medidas adoptadas; el establecimiento y administración de un sistema de información ambiental que considere un conjunto de información de acceso comprensible para los ciudadanos; y la obligación de emitir periódicamente un informe del estado del Medio Ambiente y la calidad del mismo a nivel nacional, regional y local.

El salón Montt Varas de La Moneda será el escenario donde hoy se entreguen los proyectos de ley que crean el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental para empezar su discusión en el Parlamento. Discusión que se anticipa acalorada porque nadie está dispuesto a ceder atribuciones.

El intendente Álvaro Erazo ya adelantó su parte: “Los gobiernos regionales deben seguir teniendo capacidad y autoridad en materia ambiental y ahí las Conamas regionales son muy importantes”. Los intendentes pierden protagonismo: la reforma ambiental plantea tecnificar las aprobaciones de proyectos a través de un Servicio de Evaluación Ambiental que tendrá su propia cabeza. Hoy se deciden en la Comisiones Regionales de Medio Ambiente (Coremas), encabezadas por el intendente de cada región.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) vive su propio calvario. Los trabajadores de esa secretaría convocaron a un paro nacional de tres días que se inició ayer. El temor de los funcionarios es que la Conaf desaparezca. ¿Por qué? Dentro de las funciones asignadas al Ministerio de Medio Ambiente se señala la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (Snaspe) que incluye parques, reservas marinas y santuarios de la naturaleza, y hacerse cargo del manejo de áreas protegidas de propiedad privada. Todas atribuciones que actualmente tiene Conaf.

La directora ejecutiva de Conaf, Catalina Bau, pone paños fríos: “No hay nada definido y la discusión recién va a comenzar”. Agrega que ninguna modificación a la legislación medioambiental afectará los puestos de trabajo de quienes se desempeñan en la Conaf. Bau defiende capacidad de su secretaria para mantener sus atribuciones. “La corporación tiene una expertiz técnico que es necesario para administrar las áreas protegidas del Estado y también para regular las áreas silvestres privadas”.