Mientras el Hemisferio Norte atraviesa otro verano de temperaturas récord, sus consecuencias dejan una advertencia para todo el planeta: el calor extremo ya no es una excepción y prepararnos para enfrentarlo también es una decisión política. 

Por Mehdi Leman, Editor de contenido de Greenpeace Internacional, radicado en Francia

Como si vivieran dentro de un horno, así se sintieron las últimas semanas las millones de personas que viven desde Canadá y Estados Unidos a Francia y España, de Japón a Marruecos, de India a Pakistán. Aunque hoy estas imágenes nos lleguen desde el otro lado del mundo, lo que está ocurriendo no es un problema lejano ni exclusivo de su verano. El aumento de las temperaturas está haciendo que las olas de calor sean más frecuentes e intensas en distintas regiones del planeta, también en el Hemisferio Sur. 

En Europa occidental este junio fue el más caliente desde que se tienen registros, a lo que se sumaron incendios feroces en julio y olas de calor repetidas en Francia, España, Italia, Alemania y el Reino Unido. Los primeros análisis sugieren que a finales de junio de 2026 la ola de calor habría causado la muerte de 20.000 personas en una sola semana (más de 10.000 muertes por encima de lo esperado para esa época del año), sobre todo en adultos de más de 65 años. En particular, las autoridades de salud francesas reportaron que hubo 5700 muertes más durante la ola de calor histórica de junio.

A la par, los países que ya están acostumbrados a veranos brutales están siendo empujados más allá de los límites humanamente tolerables. En India, un estudio estimó que un solo día de calor extremo podría provocar alrededor de 3.400 muertes más de las esperadas, mientras que una ola de calor de cinco días podría elevar esa cifra a cerca de 30.000 en todo el país. Pakistán y otros países del Golfo Pérsico también están sufriendo condiciones “muy calurosas y muy húmedas” que hacen que trabajar al aire libre sea insoportable y que inclusive caminatas cortas, sean peligrosas. Japón declaró a las recientes olas de calor “un desastre”, después que más de 10.000 ciudadanos acudieran al hospital en una semana sólo por golpes de calor.

En tanto, Marruecos enfrenta sucesivas olas de calor, estrés hídrico y alertas naranjas, con temperaturas que alcanzan los 44 a 46°C en distintas provincias, y condiciones que aumentan el riesgo de  nuevos incendios forestales.

Este combo de eventos extremos no puede adjudicarse “al verano”. Hay que hablar con precisión y decir que estamos ante una crisis climática alimentada por la industria de combustibles fósiles y recargada por un fuerte fenómeno de El Niño. El resultado: temperaturas récord y regiones enteras cada vez más expuestas a incendios forestales, que arrasan bosques secos y obligan a cientos de miles de hombres y mujeres a huir de las zonas afectadas. A la par, ni el hecho de que el Tour de France deje de permitir espectadores ni que los jugadores del torneo de tenis Roland Garros o del Mundial de fútbol se esfuerzan por recuperar el aliento y rendir en un clima peligroso, termina de llamar la atención. 

Las consecuencias del calor extremo en las personas, el sistema alimentario y los ecosistemas

El calor extremo no sólo genera estrés a nivel físico sino también mental y del sueño. Puesto que, cuando las noches continúan siendo calientes y húmedas, el cuerpo no puede bajar su temperatura y esto lleva a perder horas de descanso. Investigadores comprobaron que durante los últimos cinco años, las altas temperaturas hicieron que una persona promedio perdiera alrededor de 56 horas de sueño por año. Además, puede hacer que las reacciones sean más lentas, empeorar la concentración y la toma de decisiones. A su vez, está ligado a un mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental, en especial en personas mayores y aquellas que ya viven con enfermedades de este tipo. 

Los daños también se dan en los sistemas de los que dependemos. El calor extremo y la sequía ponen en riesgo las cosechas y la seguridad alimentaria en muchas regiones, mientras empujan a especies claves y a ecosistemas enteros al colapso a través del blanqueamiento de corales, el deterioro de los bosques, los incendios más recurrentes y los océanos más calientes y ácidos. 

La experiencia de las ciudades que hoy enfrentan temperaturas extremas deja aprendizajes que trascienden fronteras. Cómo construimos nuestras viviendas y ciudades, cuánto verde tienen nuestros barrios, qué condiciones enfrentan quienes trabajan al aire libre y qué capacidad tienen los Estados para responder ante una ola de calor pueden marcar una enorme diferencia.

Cómo hacer habitables las ciudades en un mundo más caliente 

Proteger a la ciudadanía de las amenazas que implican las temperaturas en aumento requiere de decisiones políticas ambiciosas que busquen adaptar a las ciudades, mejorar viviendas y espacios públicos y abrir refugios climáticos donde refrigerarse.  El calor tampoco afecta a todas las personas por igual: quienes viven en viviendas precarias, trabajan al aire libre o habitan barrios con menos árboles y espacios verdes suelen estar mucho más expuestos a las altas temperaturas. Hay ejemplos de varios gobiernos municipales que empezaron a adaptar conjuntos habitacionales mediante el uso de aislamiento térmico, sistemas de sombreado, una mejor ventilación y techos fríos para reducir la temperatura en el interior en varios grados, especialmente en edificios de mala calidad constructiva y en asentamientos informales. 

Asimismo, programas en España, Francia (aunque está bastante rezagado en sus metas) y Alemania muestran que renovar viviendas sociales en pos de lograr eficiencia energética puede reducir los costos de las facturas de energía en los crudos inviernos y en los veranos de calor extremo, en particular cuando se acompañan de techos solares y energía comunitaria. 

Hay que tener presente que en este contexto, la infraestructura verde es tan importante como las cañerías y el asfalto. Las imágenes térmicas tomadas por Greenpeace en Madrid, Roma, Londres y ciudades de India dejan en evidencia que las calles y manzanas sin árboles ni parques cercanos pueden estar 10°C más calientes que las zonas con áreas verdes cercanas, mientras que la vegetación y los espacios con agua pueden reducir la temperatura de la superficie entre 15 °C y 20 °C en algunas zonas. 

Abrir los parques y las piscinas públicas por las noches y los fines de semana, plantar más árboles en las calles y en las veredas, en especial en las cercanas a escuelas, restaurar humedales urbanos y ríos y reducir el tráfico urbano son todas medidas que ayudan a enfriar las ciudades y protegerse del calor. 

Los recubrimientos blancos o reflectantes para techos, desde los tradicionales encalados del Mediterráneo hasta las modernas pinturas “frías” utilizadas en ciudades como Ahmedabad, Los Ángeles y Casablanca, también están demostrando ser una forma económica de refrescar barrios enteros. Sus beneficios son especialmente importantes para las comunidades de menores recursos, que a menudo viven en las viviendas más expuestas al calor. 

Nuevas reglas y servicios públicos para una era de calor extremo 

Mientras el calor extremo se convierte en una amenaza habitual, los gobiernos están empezando a introducir leyes y protecciones que deberían existir desde hace muchos años atrás. Por ejemplo, Sevilla y Atenas comenzaron a nombrar y clasificar las olas de calor según su gravedad, de manera que activan planes de emergencia según su categoría. En París y Bangkok se abren refugios climáticos (lugares de paso donde se para para refrigerarse) en librerías, escuelas, iglesias y salas comunitarias. Sin embargo, su cobertura suele ser desigual y no llega a los barrios más pobres ni a las personas que no cuentan con medios de transporte. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos de salud recomiendan desarrollar planes de acción para enfrentar las olas de calor que contemplen inversiones en servicios públicos, sistemas de alerta temprana y redes eléctricas capaces de resistir eventos extremos. La OMS y otros organismos de salud recomiendan poner especial foco en las personas que no tienen la posibilidad de trabajar desde sus hogares ni de refugiarse en zonas más frescas. 

Frenar el calor producido por los combustibles fósiles, desde la fuente 

Finalmente, debemos decir que “Beber agua y mantenerse en lugares frescos” no es ya una  medida de prevención suficiente en un mundo donde el calor está matando a una persona por minuto en el mundo, aproximadamente, y donde eventos extremos como los de junio y julio de 2026 se están convirtiendo en la norma y no en la excepción. Entonces, lo más eficaz que podemos hacer para combatir el calor extremo es dejar de quemar carbón, petróleo y gas lo antes posible y reemplazarlos por energías renovables y sistemas más eficientes, que sean justos para los trabajadores y para las comunidades. 

Hay que remarcar que esta crisis es profundamente injusta. Las personas que están muriendo primero y en mayor número a causa del calor en India, Pakistán, Marruecos o los países del Golfo Pérsico son quienes menos contribuyeron a provocarla. Y esa desigualdad también se reproduce dentro de cada país y cada ciudad: no enfrenta el calor de la misma manera quién puede refrigerar su vivienda, trabajar en un espacio acondicionado o trasladarse a un lugar más fresco que quien trabaja al aire libre o vive en un barrio con menos árboles, espacios verdes y servicios públicos. Un reducido grupo de países ricos y grandes corporaciones fue responsable de la mayor parte de la quema de combustibles fósiles y continúa obteniendo beneficios de ella. 

Por fortuna, muchas de las muertes y la devastación que estamos viendo todavía pueden ser prevenidas. Hemos llegado a un punto en que las políticas y las reglas moldean, casi de manera literal, quién vive o muere en una ola de calor, y quiénes deben enfrentarla solos.

Por todo lo dicho, el calor es político. O bien las compañías fósiles siguen cobrando regalías mientras la ciudadanía colapsa de calor en sus hogares, o los gobiernos comienzan a respaldar viviendas mejor preparadas para enfrentar el calor, ciudades más verdes, servicios públicos más robustos y una transición rápida y justa para dejar atrás los combustibles fósiles que están convirtiendo el calor extremo en un fenómeno con víctimas masivas. 

La organización advierte que el país ha destinado más de mil millones de dólares tras diferentes eventos climáticos extremos, y plantea que la adaptación debe convertirse en una política de Estado para reducir los impactos humanos y económicos de futuras emergencias.

Santiago, julio de 2026. En los últimos años, Chile ha destinado más de US$1.000 millones a enfrentar algunos de los principales desastres asociados a precipitaciones extremas de la última década. Sin embargo, expertos advierten que el país sigue planificando ciudades, infraestructura y territorios bajo un paradigma climático que ya cambió. Mientras un nuevo sistema frontal afecta gran parte del país, Greenpeace llamó a acelerar la adaptación climática y dejar de concentrar los esfuerzos únicamente en reconstruir después de cada emergencia. 

Según datos recabados por la organización, solo las inundaciones de junio de 2023 representaron un costo fiscal de US$536 millones, mientras que los aluviones que afectaron Atacama y Antofagasta en 2015 obligaron al Estado a movilizar más de US$500 millones para la reconstrucción. A esto se suman las inversiones realizadas para reparar los socavones de Viña del Mar, que a 2025 ya superaban los $32.000 millones, y los nuevos recursos extraordinarios que comenzaron a activarse en los últimos días para enfrentar el más reciente sistema frontal.

No es “mal tiempo”, es la crisis climática golpeando nuestra puerta

Firma para pedir medidas urgentes para mitigar y prevenir los impactos de la devastadora crisis climática

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“Cada vez que enfrentamos un temporal importante volvemos a preguntarnos si habrá inundaciones, cortes de servicios o daños en infraestructura. Sin embargo, seguimos discutiendo muy poco cómo evitar que estos eventos se transformen en desastres. La adaptación climática no puede seguir siendo una respuesta reactiva; debe convertirse en una prioridad permanente para proteger a las personas y al país“, señala Roxana Núñez, encargada de Incidencia de Greenpeace Andino,

Greenpeace recordó que los eventos meteorológicos extremos forman parte de la variabilidad natural del clima, pero advirtió que la crisis climática incrementa el riesgo de impactos más severos, haciendo aún más urgente fortalecer la resiliencia de ciudades, infraestructura y comunidades, haciendo un llamado a avanzar en una estrategia nacional de adaptación climática que priorice la prevención, la planificación territorial, la protección de infraestructura crítica y soluciones que permitan reducir los costos humanos, sociales y económicos de futuras emergencias.

De acuerdo con los expertos, el principal problema ante estos eventos extremos no está en la respuesta, sino en la falta de planificación para minimizar sus efectos, y coinciden en que el mayor riesgo surge no desde el fenómeno natural específico, sino desde la vulnerabilidad de los territorios. En general, existe un consenso sobre que la adaptación al cambio climático no consiste únicamente en responder mejor a las emergencias, sino en tomar decisiones distintas sobre cómo planificamos, protegemos e invertimos en nuestros territorios para reducir los riesgos antes de que ocurran los próximos desastres. 

Para Cecilia Ibarra, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y profesora asistente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, nuestro país mantiene importantes deudas en prevención, regulación e inversión frente a los eventos extremos. “La prioridad es prevenir, y para eso se necesita regular e invertir”, sostiene. Esto implica mantener altos estándares de evaluación ambiental, actualizar los planes reguladores, conservar cauces y reforzar riberas, además de incorporar criterios climáticos en las inversiones destinadas a prevenir inundaciones y remociones en masa.

Por su parte, Pamela Smith, también investigadora del CR2 y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, señala que este sistema frontal vuelve a mostrar que el riesgo no es únicamente meteorológico, sino también territorial. “Chile ha planificado históricamente pensando en un clima estable, cuando la evidencia acumulada, especialmente en los últimos años, muestra que la variabilidad climática está aumentando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos”, advierte. De acuerdo con la experta, esta falta de planificación adecuada deriva en que los mayores daños se den en quebradas, planicies de inundación y sectores cercanos a humedales, reflejando el impacto acumulado de decisiones de planificación territorial que no incorporaron adecuadamente el riesgo, y son las comunidades más vulnerables las que enfrentan las consecuencias más severas de esta negligencia.

De acuerdo con Gabriela Azócar de la Cruz, investigadora asociada del CR2 y coordinadora académica del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de la Universidad de Chile, los ecosistemas cumplen un rol fundamental en la reducción del riesgo de desastres socioambientales. “Invertir en la protección y conservación de estos ecosistemas puede ser más efectivo y eficiente que construir infraestructuras de alto costo orientadas a resolver problemas puntuales”, afirma. Explica que humedales, bosques, cuencas y otros ecosistemas actúan como mitigadores naturales al abordar simultáneamente distintos riesgos. Por ejemplo, un bosque puede disminuir la probabilidad de remociones en masa, favorecer la infiltración del agua durante lluvias intensas y generar paisajes más resilientes frente a incendios forestales. Además, destaca que estos ecosistemas aportan beneficios que van más allá de la reducción del riesgo, como la regulación de la temperatura, la mejora de la calidad del aire y el desarrollo de actividades recreativas y económicas. 

Azócar señala que Chile cuenta con una política nacional renovada orientada a fortalecer la preparación y la prevención frente a los desastres, y destaca que los eventos recientes muestran avances en la capacidad de respuesta, especialmente en la zona centro-sur del país. Sin embargo, advierte que una de las principales lecciones que dejan los sistemas frontales es la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo en la zona norte y de avanzar hacia una planificación adaptada a las características climáticas, territoriales y sociales de cada lugar. “Una política nacional homogénea no es efectiva“, sostiene, enfatizando la importancia de reforzar la descentralización en el diseño de planes y soluciones para cada territorio.

Las recientes opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia marcaron un precedente al reafirmar que los Estados tienen obligaciones para proteger a las personas frente a la crisis climática. Ambos tribunales sostienen que enfrentar sus impactos ya no es solo una aspiración de política pública, sino una responsabilidad vinculada a la protección de los derechos humanos, especialmente de las comunidades más expuestas y vulnerables. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “la justicia climática implica que la equidad y los derechos humanos ocupen un lugar central en la toma de decisiones y las acciones en materia de cambio climático”.

En ese contexto, la abogada de Greenpeace señala que la adaptación al cambio climático no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre una emergencia, sino que debe traducirse en decisiones concretas para reducir los riesgos antes de que ocurran los desastres. Para esto, la abogada sostiene que “la justicia climática también significa proteger a quienes históricamente han soportado los mayores impactos sociales y económicos de la crisis climática. Proteger los ecosistemas, planificar mejor los territorios e invertir en prevención no es solo una decisión ambiental: es una forma de proteger derechos y de cuidar la vida“.