Por Roxana Núñez, abogada de Greenpeace y especialista en Incidencia de Campañas

Para Greenpeace, la exclusión de las denominadas micro-relocalizaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental plantea serias dudas de constitucionalidad, porque reduce una herramienta destinada precisamente a prevenir daños ambientales antes de que ocurran.

Una distancia de hasta 350 metros puede parecer pequeña en un mapa, pero en ecosistemas frágiles -como lo son los fiordos y canales de la Patagonia- puede significar condiciones ambientales completamente distintas, con nuevos impactos sobre el fondo marino, la biodiversidad y la salud general del ecosistema. Por eso, no basta con establecer una distancia al azar para asumir que una relocalización no tendrá impactos relevantes.

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A nuestro juicio, esta exclusión debilita el deber constitucional del Estado de proteger el medio ambiente y preservar la naturaleza, y puede significar un retroceso en los niveles de protección ambiental alcanzados por nuestro país. La protección del medio ambiente debe ser preventiva, lo que implica que si se cambia el lugar donde una actividad genera sus impactos, es necesario conocer las condiciones del nuevo emplazamiento y evaluar sus efectos antes de autorizarlo.

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Por eso, desde Greenpeace esperamos que el Tribunal Constitucional acoja los requerimientos presentados y resguarde que cualquier modificación que pueda generar nuevos impactos ambientales sea debidamente evaluada. No se trata solo de cumplir con un procedimiento: se trata de garantizar el mandato constitucional de prevenir el daño ambiental, proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y tutelar la preservación de la naturaleza.

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Author: Prensa Chile

Mientras el Hemisferio Norte atraviesa otro verano de temperaturas récord, sus consecuencias dejan una advertencia para todo el planeta: el calor extremo ya no es una excepción y prepararnos para enfrentarlo también es una decisión política. 

Por Mehdi Leman, Editor de contenido de Greenpeace Internacional, radicado en Francia

Como si vivieran dentro de un horno, así se sintieron las últimas semanas las millones de personas que viven desde Canadá y Estados Unidos a Francia y España, de Japón a Marruecos, de India a Pakistán. Aunque hoy estas imágenes nos lleguen desde el otro lado del mundo, lo que está ocurriendo no es un problema lejano ni exclusivo de su verano. El aumento de las temperaturas está haciendo que las olas de calor sean más frecuentes e intensas en distintas regiones del planeta, también en el Hemisferio Sur. 

En Europa occidental este junio fue el más caliente desde que se tienen registros, a lo que se sumaron incendios feroces en julio y olas de calor repetidas en Francia, España, Italia, Alemania y el Reino Unido. Los primeros análisis sugieren que a finales de junio de 2026 la ola de calor habría causado la muerte de 20.000 personas en una sola semana (más de 10.000 muertes por encima de lo esperado para esa época del año), sobre todo en adultos de más de 65 años. En particular, las autoridades de salud francesas reportaron que hubo 5700 muertes más durante la ola de calor histórica de junio.

A la par, los países que ya están acostumbrados a veranos brutales están siendo empujados más allá de los límites humanamente tolerables. En India, un estudio estimó que un solo día de calor extremo podría provocar alrededor de 3.400 muertes más de las esperadas, mientras que una ola de calor de cinco días podría elevar esa cifra a cerca de 30.000 en todo el país. Pakistán y otros países del Golfo Pérsico también están sufriendo condiciones “muy calurosas y muy húmedas” que hacen que trabajar al aire libre sea insoportable y que inclusive caminatas cortas, sean peligrosas. Japón declaró a las recientes olas de calor “un desastre”, después que más de 10.000 ciudadanos acudieran al hospital en una semana sólo por golpes de calor.

En tanto, Marruecos enfrenta sucesivas olas de calor, estrés hídrico y alertas naranjas, con temperaturas que alcanzan los 44 a 46°C en distintas provincias, y condiciones que aumentan el riesgo de  nuevos incendios forestales.

Este combo de eventos extremos no puede adjudicarse “al verano”. Hay que hablar con precisión y decir que estamos ante una crisis climática alimentada por la industria de combustibles fósiles y recargada por un fuerte fenómeno de El Niño. El resultado: temperaturas récord y regiones enteras cada vez más expuestas a incendios forestales, que arrasan bosques secos y obligan a cientos de miles de hombres y mujeres a huir de las zonas afectadas. A la par, ni el hecho de que el Tour de France deje de permitir espectadores ni que los jugadores del torneo de tenis Roland Garros o del Mundial de fútbol se esfuerzan por recuperar el aliento y rendir en un clima peligroso, termina de llamar la atención. 

Las consecuencias del calor extremo en las personas, el sistema alimentario y los ecosistemas

El calor extremo no sólo genera estrés a nivel físico sino también mental y del sueño. Puesto que, cuando las noches continúan siendo calientes y húmedas, el cuerpo no puede bajar su temperatura y esto lleva a perder horas de descanso. Investigadores comprobaron que durante los últimos cinco años, las altas temperaturas hicieron que una persona promedio perdiera alrededor de 56 horas de sueño por año. Además, puede hacer que las reacciones sean más lentas, empeorar la concentración y la toma de decisiones. A su vez, está ligado a un mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental, en especial en personas mayores y aquellas que ya viven con enfermedades de este tipo. 

Los daños también se dan en los sistemas de los que dependemos. El calor extremo y la sequía ponen en riesgo las cosechas y la seguridad alimentaria en muchas regiones, mientras empujan a especies claves y a ecosistemas enteros al colapso a través del blanqueamiento de corales, el deterioro de los bosques, los incendios más recurrentes y los océanos más calientes y ácidos. 

La experiencia de las ciudades que hoy enfrentan temperaturas extremas deja aprendizajes que trascienden fronteras. Cómo construimos nuestras viviendas y ciudades, cuánto verde tienen nuestros barrios, qué condiciones enfrentan quienes trabajan al aire libre y qué capacidad tienen los Estados para responder ante una ola de calor pueden marcar una enorme diferencia.

Cómo hacer habitables las ciudades en un mundo más caliente 

Proteger a la ciudadanía de las amenazas que implican las temperaturas en aumento requiere de decisiones políticas ambiciosas que busquen adaptar a las ciudades, mejorar viviendas y espacios públicos y abrir refugios climáticos donde refrigerarse.  El calor tampoco afecta a todas las personas por igual: quienes viven en viviendas precarias, trabajan al aire libre o habitan barrios con menos árboles y espacios verdes suelen estar mucho más expuestos a las altas temperaturas. Hay ejemplos de varios gobiernos municipales que empezaron a adaptar conjuntos habitacionales mediante el uso de aislamiento térmico, sistemas de sombreado, una mejor ventilación y techos fríos para reducir la temperatura en el interior en varios grados, especialmente en edificios de mala calidad constructiva y en asentamientos informales. 

Asimismo, programas en España, Francia (aunque está bastante rezagado en sus metas) y Alemania muestran que renovar viviendas sociales en pos de lograr eficiencia energética puede reducir los costos de las facturas de energía en los crudos inviernos y en los veranos de calor extremo, en particular cuando se acompañan de techos solares y energía comunitaria. 

Hay que tener presente que en este contexto, la infraestructura verde es tan importante como las cañerías y el asfalto. Las imágenes térmicas tomadas por Greenpeace en Madrid, Roma, Londres y ciudades de India dejan en evidencia que las calles y manzanas sin árboles ni parques cercanos pueden estar 10°C más calientes que las zonas con áreas verdes cercanas, mientras que la vegetación y los espacios con agua pueden reducir la temperatura de la superficie entre 15 °C y 20 °C en algunas zonas. 

Abrir los parques y las piscinas públicas por las noches y los fines de semana, plantar más árboles en las calles y en las veredas, en especial en las cercanas a escuelas, restaurar humedales urbanos y ríos y reducir el tráfico urbano son todas medidas que ayudan a enfriar las ciudades y protegerse del calor. 

Los recubrimientos blancos o reflectantes para techos, desde los tradicionales encalados del Mediterráneo hasta las modernas pinturas “frías” utilizadas en ciudades como Ahmedabad, Los Ángeles y Casablanca, también están demostrando ser una forma económica de refrescar barrios enteros. Sus beneficios son especialmente importantes para las comunidades de menores recursos, que a menudo viven en las viviendas más expuestas al calor. 

Nuevas reglas y servicios públicos para una era de calor extremo 

Mientras el calor extremo se convierte en una amenaza habitual, los gobiernos están empezando a introducir leyes y protecciones que deberían existir desde hace muchos años atrás. Por ejemplo, Sevilla y Atenas comenzaron a nombrar y clasificar las olas de calor según su gravedad, de manera que activan planes de emergencia según su categoría. En París y Bangkok se abren refugios climáticos (lugares de paso donde se para para refrigerarse) en librerías, escuelas, iglesias y salas comunitarias. Sin embargo, su cobertura suele ser desigual y no llega a los barrios más pobres ni a las personas que no cuentan con medios de transporte. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos de salud recomiendan desarrollar planes de acción para enfrentar las olas de calor que contemplen inversiones en servicios públicos, sistemas de alerta temprana y redes eléctricas capaces de resistir eventos extremos. La OMS y otros organismos de salud recomiendan poner especial foco en las personas que no tienen la posibilidad de trabajar desde sus hogares ni de refugiarse en zonas más frescas. 

Frenar el calor producido por los combustibles fósiles, desde la fuente 

Finalmente, debemos decir que “Beber agua y mantenerse en lugares frescos” no es ya una  medida de prevención suficiente en un mundo donde el calor está matando a una persona por minuto en el mundo, aproximadamente, y donde eventos extremos como los de junio y julio de 2026 se están convirtiendo en la norma y no en la excepción. Entonces, lo más eficaz que podemos hacer para combatir el calor extremo es dejar de quemar carbón, petróleo y gas lo antes posible y reemplazarlos por energías renovables y sistemas más eficientes, que sean justos para los trabajadores y para las comunidades. 

Hay que remarcar que esta crisis es profundamente injusta. Las personas que están muriendo primero y en mayor número a causa del calor en India, Pakistán, Marruecos o los países del Golfo Pérsico son quienes menos contribuyeron a provocarla. Y esa desigualdad también se reproduce dentro de cada país y cada ciudad: no enfrenta el calor de la misma manera quién puede refrigerar su vivienda, trabajar en un espacio acondicionado o trasladarse a un lugar más fresco que quien trabaja al aire libre o vive en un barrio con menos árboles, espacios verdes y servicios públicos. Un reducido grupo de países ricos y grandes corporaciones fue responsable de la mayor parte de la quema de combustibles fósiles y continúa obteniendo beneficios de ella. 

Por fortuna, muchas de las muertes y la devastación que estamos viendo todavía pueden ser prevenidas. Hemos llegado a un punto en que las políticas y las reglas moldean, casi de manera literal, quién vive o muere en una ola de calor, y quiénes deben enfrentarla solos.

Por todo lo dicho, el calor es político. O bien las compañías fósiles siguen cobrando regalías mientras la ciudadanía colapsa de calor en sus hogares, o los gobiernos comienzan a respaldar viviendas mejor preparadas para enfrentar el calor, ciudades más verdes, servicios públicos más robustos y una transición rápida y justa para dejar atrás los combustibles fósiles que están convirtiendo el calor extremo en un fenómeno con víctimas masivas. 

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Author: Meri Castro

La organización advierte que el país ha destinado más de mil millones de dólares tras diferentes eventos climáticos extremos, y plantea que la adaptación debe convertirse en una política de Estado para reducir los impactos humanos y económicos de futuras emergencias.

Santiago, julio de 2026. En los últimos años, Chile ha destinado más de US$1.000 millones a enfrentar algunos de los principales desastres asociados a precipitaciones extremas de la última década. Sin embargo, expertos advierten que el país sigue planificando ciudades, infraestructura y territorios bajo un paradigma climático que ya cambió. Mientras un nuevo sistema frontal afecta gran parte del país, Greenpeace llamó a acelerar la adaptación climática y dejar de concentrar los esfuerzos únicamente en reconstruir después de cada emergencia. 

Según datos recabados por la organización, solo las inundaciones de junio de 2023 representaron un costo fiscal de US$536 millones, mientras que los aluviones que afectaron Atacama y Antofagasta en 2015 obligaron al Estado a movilizar más de US$500 millones para la reconstrucción. A esto se suman las inversiones realizadas para reparar los socavones de Viña del Mar, que a 2025 ya superaban los $32.000 millones, y los nuevos recursos extraordinarios que comenzaron a activarse en los últimos días para enfrentar el más reciente sistema frontal.

No es “mal tiempo”, es la crisis climática golpeando nuestra puerta

Firma para pedir medidas urgentes para mitigar y prevenir los impactos de la devastadora crisis climática

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“Cada vez que enfrentamos un temporal importante volvemos a preguntarnos si habrá inundaciones, cortes de servicios o daños en infraestructura. Sin embargo, seguimos discutiendo muy poco cómo evitar que estos eventos se transformen en desastres. La adaptación climática no puede seguir siendo una respuesta reactiva; debe convertirse en una prioridad permanente para proteger a las personas y al país“, señala Roxana Núñez, encargada de Incidencia de Greenpeace Andino,

Greenpeace recordó que los eventos meteorológicos extremos forman parte de la variabilidad natural del clima, pero advirtió que la crisis climática incrementa el riesgo de impactos más severos, haciendo aún más urgente fortalecer la resiliencia de ciudades, infraestructura y comunidades, haciendo un llamado a avanzar en una estrategia nacional de adaptación climática que priorice la prevención, la planificación territorial, la protección de infraestructura crítica y soluciones que permitan reducir los costos humanos, sociales y económicos de futuras emergencias.

De acuerdo con los expertos, el principal problema ante estos eventos extremos no está en la respuesta, sino en la falta de planificación para minimizar sus efectos, y coinciden en que el mayor riesgo surge no desde el fenómeno natural específico, sino desde la vulnerabilidad de los territorios. En general, existe un consenso sobre que la adaptación al cambio climático no consiste únicamente en responder mejor a las emergencias, sino en tomar decisiones distintas sobre cómo planificamos, protegemos e invertimos en nuestros territorios para reducir los riesgos antes de que ocurran los próximos desastres. 

Para Cecilia Ibarra, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y profesora asistente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, nuestro país mantiene importantes deudas en prevención, regulación e inversión frente a los eventos extremos. “La prioridad es prevenir, y para eso se necesita regular e invertir”, sostiene. Esto implica mantener altos estándares de evaluación ambiental, actualizar los planes reguladores, conservar cauces y reforzar riberas, además de incorporar criterios climáticos en las inversiones destinadas a prevenir inundaciones y remociones en masa.

Por su parte, Pamela Smith, también investigadora del CR2 y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, señala que este sistema frontal vuelve a mostrar que el riesgo no es únicamente meteorológico, sino también territorial. “Chile ha planificado históricamente pensando en un clima estable, cuando la evidencia acumulada, especialmente en los últimos años, muestra que la variabilidad climática está aumentando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos”, advierte. De acuerdo con la experta, esta falta de planificación adecuada deriva en que los mayores daños se den en quebradas, planicies de inundación y sectores cercanos a humedales, reflejando el impacto acumulado de decisiones de planificación territorial que no incorporaron adecuadamente el riesgo, y son las comunidades más vulnerables las que enfrentan las consecuencias más severas de esta negligencia.

De acuerdo con Gabriela Azócar de la Cruz, investigadora asociada del CR2 y coordinadora académica del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de la Universidad de Chile, los ecosistemas cumplen un rol fundamental en la reducción del riesgo de desastres socioambientales. “Invertir en la protección y conservación de estos ecosistemas puede ser más efectivo y eficiente que construir infraestructuras de alto costo orientadas a resolver problemas puntuales”, afirma. Explica que humedales, bosques, cuencas y otros ecosistemas actúan como mitigadores naturales al abordar simultáneamente distintos riesgos. Por ejemplo, un bosque puede disminuir la probabilidad de remociones en masa, favorecer la infiltración del agua durante lluvias intensas y generar paisajes más resilientes frente a incendios forestales. Además, destaca que estos ecosistemas aportan beneficios que van más allá de la reducción del riesgo, como la regulación de la temperatura, la mejora de la calidad del aire y el desarrollo de actividades recreativas y económicas. 

Azócar señala que Chile cuenta con una política nacional renovada orientada a fortalecer la preparación y la prevención frente a los desastres, y destaca que los eventos recientes muestran avances en la capacidad de respuesta, especialmente en la zona centro-sur del país. Sin embargo, advierte que una de las principales lecciones que dejan los sistemas frontales es la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo en la zona norte y de avanzar hacia una planificación adaptada a las características climáticas, territoriales y sociales de cada lugar. “Una política nacional homogénea no es efectiva“, sostiene, enfatizando la importancia de reforzar la descentralización en el diseño de planes y soluciones para cada territorio.

Las recientes opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia marcaron un precedente al reafirmar que los Estados tienen obligaciones para proteger a las personas frente a la crisis climática. Ambos tribunales sostienen que enfrentar sus impactos ya no es solo una aspiración de política pública, sino una responsabilidad vinculada a la protección de los derechos humanos, especialmente de las comunidades más expuestas y vulnerables. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “la justicia climática implica que la equidad y los derechos humanos ocupen un lugar central en la toma de decisiones y las acciones en materia de cambio climático”.

En ese contexto, la abogada de Greenpeace señala que la adaptación al cambio climático no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre una emergencia, sino que debe traducirse en decisiones concretas para reducir los riesgos antes de que ocurran los desastres. Para esto, la abogada sostiene que “la justicia climática también significa proteger a quienes históricamente han soportado los mayores impactos sociales y económicos de la crisis climática. Proteger los ecosistemas, planificar mejor los territorios e invertir en prevención no es solo una decisión ambiental: es una forma de proteger derechos y de cuidar la vida“.

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Author: Prensa Chile

A ocho años de la Ley Chao Bolsas Plásticas

Las precipitaciones de las últimas semanas volvieron a evidenciar cómo los residuos abandonados terminan acumulándose en alcantarillas, cauces y riberas. Greenpeace reconoce el avance que significó la prohibición de las bolsas plásticas de comercio, pero advierte que Chile debe avanzar hacia una reducción efectiva de los plásticos desechables y una mayor responsabilidad de quienes los ponen en el mercado.

03 de agosto, 2026. Los intensos sistemas frontales que han afectado a distintas regiones del país durante las últimas semanas dejaron nuevamente una imagen conocida: residuos acumulados en alcantarillas, canales, quebradas, cauces urbanos y, finalmente, playas y borde costero. En ese contexto, cuando este 3 de agosto se cumplen ocho años de la entrada en vigencia de la Ley N°21.100, conocida como “Chao Bolsas Plásticas“, Greenpeace destaca que la normativa marcó un cambio importante en la forma en que el país enfrenta la contaminación por plásticos, aunque advierte que el problema sigue lejos de estar resuelto.

Cabe recordar que Chile fue el primer país de América Latina en prohibir la entrega de bolsas plásticas en el comercio. Antes de la entrada en vigor de la ley se estimaba que en el país se utilizaban cerca de 3.400 millones de bolsas al año y, según el Ministerio del Medio Ambiente, hacia 2020 su implementación ya había evitado la entrega de aproximadamente 4.800 millones de bolsas plásticas.

Pese a lo anterior, según la organización, el escenario actual demuestra que la contaminación por plásticos continúa siendo un problema estructural. El Plan de Invierno 2026 considera el retiro preventivo de cerca de 4.000 toneladas de basura desde la red de alcantarillado de la Región Metropolitana, mientras que durante 2025 ya se extrajeron más de 4.100 toneladas de residuos de ese sistema, incluyendo plásticos, neumáticos, textiles, aceites solidificados y otros desechos. Aunque no existe un desglose oficial que permita identificar qué proporción corresponde específicamente a residuos plásticos, la evidencia muestra que estos forman parte de los materiales que deben retirarse año tras año.

“La lluvia no crea la basura: revela y moviliza los residuos que ya estaban abandonados en nuestras ciudades. Cuando aparecen bolsas, botellas y otros plásticos en alcantarillas, canales y ríos, estamos observando el resultado de una gestión deficiente que comienza mucho antes de la tormenta“, afirma Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace.

En efecto, las precipitaciones movilizaron residuos que pueden haber permanecido durante meses o incluso años acumulados en calles, quebradas, riberas, vegetación y sedimentos. Parte de ellos terminó obstruyendo la infraestructura urbana y otra parte continúa desplazándose hacia ríos, estuarios y zonas costeras, donde agrava la contaminación de los ecosistemas acuáticos. De hecho, diversas investigaciones científicas han demostrado que los eventos de crecida aumentan el transporte de plásticos desde las cuencas hacia los cursos de agua, mientras que un estudio publicado en Science Advances concluyó que más de mil ríos concentran cerca del 80% de las emisiones fluviales de plástico que llegan al océano.

“A ocho años de la Ley Chao Bolsas Plásticas, Chile puede reconocer un cambio importante en los hábitos de consumo. Pero prohibir la bolsa del comercio fue solo el primer paso: todavía debemos reducir la producción de desechables, exigir mejores diseños y asegurar que las empresas se hagan responsables de los residuos que generan”, agrega Espinosa.

En este contexto,  la vocera de Greenpeace destaca que durante los últimos años Chile ha dado pasos importantes con leyes como Chao Bolsas Plásticas, la de Plásticos de un Solo Uso o la de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), normas que buscan avanzar hacia una mayor responsabilidad de quienes ponen productos y envases en el mercado. Sin embargo, la organización advierte que su implementación aún no ha logrado traducirse plenamente en una reducción efectiva de los residuos, por lo que, en la práctica, gran parte del esfuerzo sigue recayendo en las personas consumidoras y el Estado.

“No es razonable ni económicamente viable que el Estado, los municipios y las personas tengan que retirar cada invierno miles de toneladas de basura desde alcantarillas y cauces. La prevención debe comenzar en el diseño, la producción y la comercialización, no solamente cuando el residuo ya está obstruyendo la ciudad o llegando a los ríos“, señala la especialista.

De este modo, desde Greenpeace enfatizan que el principal desafío es avanzar hacia una economía donde se produzcan menos residuos desde el origen. “La Ley REP establece que quien introduce envases al mercado debe financiar su gestión. El desafío ahora es que esa obligación se traduzca finalmente en menor producción de residuos, mayor reutilización, recolección efectiva y productos que no estén diseñados para convertirse rápidamente en basura”, puntualiza Espinosa.

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Author: Prensa Chile

La organización recurrió al Comité de Ministros para solicitar la revisión de la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, el que estiman no tomó en consideración las observaciones ciudadanas hechas en su tramitación, poniendo en riesgo a todo el cauce ribereño y a comunidades de las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

31 de julio, 2026. Greenpeace presentó una reclamación ante el Comité de Ministros para impugnar la aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, otorgada el pasado 9 de junio por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Valparaíso. En este documento, la organización sostiene que, al aprobar el proyecto, la autoridad no respondió ni consideró debidamente diversas observaciones ciudadanas presentadas durante el proceso de evaluación ambiental, por lo que solicita que esa decisión sea revisada por la máxima instancia político-administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La acción se presentó luego que el propio titular del proyecto, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), también recurriera al Comité de Ministros para cuestionar parte de las exigencias impuestas por la autoridad ambiental. Para Greenpeace, este hecho confirma que ha sido la propia empresa la que ha prolongado la tramitación del proyecto: primero, al ingresar en 2020 un Estudio de Impacto Ambiental que debió ser complementado y corregido en reiteradas oportunidades para cumplir con los estándares exigidos por la institucionalidad y, ahora, al impugnar las medidas establecidas por la autoridad para hacerse cargo de esos mismos impactos.

“Nuestra reclamación busca que el Comité de Ministros revise una aprobación ambiental que no se hizo cargo adecuadamente de las observaciones presentadas por la ciudadanía y que, al mismo tiempo, se produce mientras el propio titular intenta reducir drásticamente las exigencias ambientales establecidas para su proyecto. Eso demuestra que aquí no estamos frente a un proyecto que haya sido retrasado por la participación ciudadana, sino frente a una iniciativa que debió ser mejorada de manera sustantiva durante su evaluación y que, aun así, sigue representando riesgos relevantes para un ecosistema tan frágil como la cuenca del río Maipo, desde los glaciares hasta su desembocadura en el mar”, señaló Roxana Núñez, abogada de Greenpeace.

La abogada de la organización enfatizó que el país necesita desarrollar proyectos de inversión que impulsen el empleo y fortalezcan la infraestructura estratégica. Sin embargo, sostuvo que ese desarrollo debe ser compatible con la protección ambiental y con una adecuada planificación territorial, especialmente cuando se trata de intervenciones de gran escala sobre ecosistemas de alta relevancia ecológica.

En ese sentido, Greenpeace planteó que la discusión trasciende este proyecto en particular y abrió una pregunta de fondo sobre el desarrollo portuario del país: si Chile requiere concentrar gran parte de su expansión logística en un solo megaproyecto o avanzar hacia un fortalecimiento más equilibrado de la red de puertos existente, reduciendo los impactos ambientales para los distintos territorios.

Las preocupaciones de Greenpeace son compartidas por diversas organizaciones de la sociedad civil y comunidades que también presentaron acciones para la revisión del proyecto, argumentando que sus observaciones no fueron debidamente consideradas y que persisten ilegalidades relevantes sobre la biodiversidad, la salud de las personas y el funcionamiento de la cuenca del río Maipo.

Para las comunidades, evaluar el megaproyecto como una intervención aislada desconoce la interdependencia ecológica entre los glaciares, el río Maipo, su desembocadura y el océano Pacífico. En particular, advierten que la construcción del molo portuario podría alterar el transporte natural de sedimentos, modificar el estuario e incrementar el riesgo de inundaciones durante eventos climáticos extremos.

“No podemos entender los glaciares como masas de hielo aisladas en la alta montaña. Proteger la naciente helada de la cuenca tiene como fin garantizar que el ciclo hidrológico fluya de cordillera a mar. Si el río Maipo no logra llegar al océano debido a la intervención severa de su estuario y la retención de sus sedimentos, el ciclo ecológico completo de la cuenca se fractura. La salud de los glaciares y la cuenca hidrológica está ética y sistémicamente ligada a que las aguas fluyan y permanezcan libres hasta el Pacífico”, afirmó Constanza Espinoza, representante de Fundación Glaciares Chilenos.

Por su parte, desde ONG Ecosistemas argumentaron que llevan años “resistiendo” la extracción desmedida por diversas industrias, la contaminación y el deterioro del Río Maipo: “Este río es la arteria vital de las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Aceptar una RCA que aprueba un molo de 4 kilómetros, sabiendo que actuará como una barrera de sedimentos que provocará el embancamiento de la desembocadura, afectando el ciclo hídrico e incrementará el riesgo de inundaciones en eventos extremos, es condenar al colapso definitivo a una cuenca que ya está al límite, Chile debe pensar en proyectos para su protección y restauración de la cuenca más importante de la zona central vs este tipo de proyectos”.

Para Roxana Núñez, abogada de Greenpeace, la discusión que abre este proyecto trasciende las acciones presentadas por las diversas organizaciones y comunidades locales, planteando una pregunta de fondo sobre el desarrollo que Chile necesita. “Chile necesita mejorar su infraestructura y logística portuaria y avanzar en proyectos que impulsen el desarrollo del país. Esa discusión no está en cuestión. Lo que debemos preguntarnos es si este es realmente el proyecto que Chile necesita; un proyecto que arrasa con el territorio y con sus funciones ecosistémicas, incluida su enorme relevancia en materia de resiliencia climática, como quedó comprobado con los últimos sistemas frontales; un proyecto que en seis años no ha sido capaz de mejorar sus graves problemas. Vale la pena perseverar con proyectos que amenazan ecosistemas, comprometen la biodiversidad y ponen en riesgo a las comunidades. Creemos que no”, aseguró la abogada

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Author: Prensa Chile

Desde la alerta por fuertes vientos y trombas marinas en La Araucanía hasta la llegada de un intenso río atmosférico que afectará a gran parte del país, esta semana Chile enfrentará una nueva sucesión de fenómenos meteorológicos extremos. Con esto, se vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿está preparado Chile para enfrentar un clima donde las lluvias intensas, los incendios y los eventos extremos serán cada vez más frecuentes? 

Santiago. 14 de julio, 2026. La llegada de un intenso río atmosférico que dejará abundantes precipitaciones entre Atacama y Biobío, junto con fuertes vientos pronosticados para el sur del país, marcará esta semana el primer gran sistema frontal que enfrentará Chile desde que la Dirección Meteorológica confirmó el establecimiento de condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial en pasado 1 de julio. Si bien ningún fenómeno meteorológico puede atribuirse exclusivamente a este evento climático, especialistas coinciden en que su presencia favorece un escenario con mayores probabilidades de precipitaciones intensas durante el invierno y la primavera.

Aunque los ríos atmosféricos forman parte de la dinámica natural del clima, la comunidad científica advierte que hoy se desarrollan en un planeta más cálido, donde la atmósfera contiene mayor cantidad de energía y vapor de agua. Esa combinación puede favorecer precipitaciones mucho más intensas y aumentar el riesgo de inundaciones, remociones en masa y otros impactos sobre las personas y la infraestructura.

“Este sistema frontal es un ejemplo de cómo distintos factores pueden coincidir y aumentar el riesgo para las personas. El Niño puede favorecer un invierno más lluvioso en Chile, pero además estamos viviendo una crisis climática que está cargando de más energía a la atmósfera. Esa combinación hace que eventos como éste puedan ser más intensos y tener consecuencias más severas para las comunidades y los territorios. No hablamos de fenómenos aislados, sino de un sistema climático que está cambiando y que cada vez cuesta más pronosticarlo”, explica Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace.

La importancia de la adaptación climática en Chile

Sobre los efectos que podría tener El Niño en Chile y el escenario que enfrenta actualmente el país, el geógrafo y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile, Pablo Sarricolea, advierte que “se espera más lluvia este segundo semestre que en años normales, lo que de acuerdo con los modelos podría ocurrir desde julio en adelante“. 

Considerando aquello, el académico recomienda prepararse para la ocurrencia de lluvias en cotas más altas, un fenómeno que en años recientes ha provocado deslizamientos, crecidas de caudales e inundaciones, especialmente en la zona central del país. A la vez, resultará clave prepararse para una primavera con algo de lluvias (que afectarán la agricultura) y un verano con olas de calor.

Pamela Smith, también académica de la FAU, plantea que la experiencia de los últimos años permite fortalecer la adaptación frente a eventos extremos mediante medidas como la limpieza de drenajes y cauces, la protección de infraestructura crítica, la identificación de zonas vulnerables y la incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la planificación territorial.

“Muchas de estas estrategias (y otras) están siendo consideradas en instrumentos a escala nacional, regional y comunal en nuestro país, a través de planes de adaptación y acción climática, y planes de reducción de riesgo de desastres, que se encuentran en el marco de la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley de Reducción del Riesgo de Desastres. Estos eventos nos recuerdan la importancia de seguir fortaleciendo la formulación e implementación de estos instrumentos, ya que sus acciones impactan de manera significativa el bienestar y calidad de vida de nuestros habitantes”, sostiene Smith, a la vez que añade que es fundamental lograr avanzar en integrar sinérgicamente la gestión del riesgo de desastres con la adaptación climática sectorial a las diferentes escalas y sectores.

Las recomendaciones de los especialistas apuntan en la misma dirección: prepararse ya no puede ser una tarea reactiva, sino una política pública permanente. En ese contexto, Espinosa advierte que ya no basta con responder cada vez que se anuncia un sistema frontal. “El país necesita una estrategia clara para enfrentar un clima que está cambiando y, lamentablemente, esto no parece ser una prioridad para la actual administración”, asegura la vocera.

A su juicio, mientras el Ejecutivo ha impulsado diversas políticas para enfrentar el crimen organizado o fortalecer la economía -ambas materias fundamentales para el país-, no se observa el mismo nivel de urgencia para avanzar en una estrategia de seguridad climática; pese a que proteger a las personas y fortalecer la capacidad de respuesta del país debería convertirse en una prioridad de Estado, sobre todo en un escenario de eventos meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes.

“Cada invierno nos cuestionamos si habrá suficientes cuadrillas, si se cortarán los servicios básicos o si los ríos se desbordarán, mientras que en verano nos preguntamos qué ciudad o pueblo arderá con los incendios forestales. Pero casi nunca discutimos cuál es el plan del país para enfrentar una realidad donde estos eventos ya no son excepcionales. ¿Cómo se está preparando Chile? ¿Estamos invirtiendo lo suficiente para adaptar nuestras ciudades, proteger la infraestructura crítica y reducir los riesgos para las comunidades? Esa conversación debería ser tan prioritaria como cualquier debate sobre delincuencia o desarrollo económico, ya que esta también es una discusión sobre seguridad, infraestructura crítica y calidad de vida”, concluye.

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Author: Prensa Chile

El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía se conmemora cada 17 de junio, desde hace 32 años. Esta fecha busca echar luz sobre cómo ciertas actividades humanas llevan a la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas y, por ende, a una disminución en sus condiciones, entre ellas, la productividad.

© Martin Katz / Greenpeace

La desertificación es un problema a nivel mundial, que ya afecta hasta el 40% de las tierras del mundo; tal cual alerta la Organización de Naciones Unidas (ONU). En otras palabras, la mitad de la humanidad ya sufre las consecuencias de la desertificación.

Este fenómeno surge a partir de la conjunción de la degradación del suelo por erosión y la fragilización de los ecosistemas. En este sentido, en nuestro país, los  datos del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) indican que cerca del 50% de la superficie nacional posee algún grado de erosión. 

En particular, las zonas más afectadas se encuentran en la cordillera de la costa y la precordillera andina, donde se han dado procesos de deforestación, cambios en los usos del suelo y sobreexplotación de recursos. 

Los impactos ya son visibles en los ecosistemas y en la producción agrícola. En Valparaíso, por ejemplo, se perdieron más de 6 mil hectáreas de frutales entre 2007 y 2014 debido a la sequía, que ya lleva 14 años. Inclusive, un estudio sobre erosión hídrica estimó que Chile perdió 2,91 mil millones de toneladas de suelo en dos décadas, una cifra que da cuenta de una crisis silenciosa que compromete la seguridad ecológica, alimentaria y productiva del país.

Desde Greenpeace sostenemos que la extracción intensiva de los recursos naturales es una de las razones que explican las actuales condiciones de desertificación y sequía en Chile. Lo que ha generado un desequilibrio en las condiciones ecosistémicas para el desarrollo de la vida humana y otras especies.

Como explica Silvana Espinosa, vocera de Greenpeace Chile, “la crisis hídrica y los problemas de desertificación no se enfrentan con discursos, sino con decisiones concretas. En este sentido, retirar decretos ambientales que funcionan como instrumentos destinados a fortalecer la seguridad hídrica representa una clara señal de retroceso. ”.

Los Bronces

El proyecto minero Los Bronces Integrado pone en riesgo las reservas de agua de toda la Región. Dile ¡No!

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Author: Meri Castro

No falta casi nada para que comience la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Y, de entre todos los participantes que serán parte del evento deportivo más convocante, hay uno del que pocos están hablando: la crisis climática. 

© Gordon Welters / Greenpeace

Quizás suene raro decir que la crisis climática es un “jugador” más del torneo pero, en la realidad, sí lo es. Sin duda, marcará presencia y tendrá un rol activo, incidiendo en las condiciones en que se vivirá este gran espectáculo deportivo. Más aún cuando se jugará en pleno verano del hemisferio norte (el puntapié inicial será el 11 de junio y el evento se extenderá hasta el 19 de julio). 

En un contexto de crisis climática como el actual, con temperaturas cada vez más extremas y olas de calor más intensas y frecuentes, el termómetro es un factor que los organizadores y asistentes no deberían ignorar. 

Crisis climática y estrés térmico

Las altas temperaturas, cuando se combinan con niveles de humedad altos, son potencialmente peligrosos para el cuerpo humano y en general para todas las especies. De hecho existe un término para referirse a esto: estrés térmico, que indica lo que ocurre cuando el cuerpo absorbe calor (o frío) excesivo del ambiente, lo que anula la capacidad de regular la temperatura de manera natural.

De cara a los Mundiales, esto es riesgoso para quienes realizan actividades físicas extenuantes, como las y los jugadores de fútbol profesional -que pueden ver afectado su desempeño y hasta sufrir golpes de calor y enfermedades severas- y para el público que asista a los partidos -y el que se sume a diversos eventos al aire libre que están planeados-, puesto que estarán expuestos ante un escenario climático muy desafiante.

En definitiva, el calor extremo pone en riesgo a todos los participantes de la Copa Mundial. 

Para sumar estimaciones con rigor científico a esta conversación, la iniciativa internacional World Weather Atribution (WWA) realizó un informe para examinar cómo cambiaron la frecuencia y la intensidad del estrés térmico (medido mediante el índice WBGT) desde el último Mundial disputado en Estados Unidos en 1994, utilizando las recomendaciones recientes del sindicato de futbolistas FIFPRO sobre qué condiciones se consideran peligrosas. 

El clima en las distintas sedes del Mundial 2026 y la influencia de la cambio climático 

Son tres los países que serán sedes del evento deportivo más convocante: Estados Unidos, Canadá y México, con partidos que tendrán lugar en 16 ciudades. En tanto, la gran final será en Nueva York. 

Debido a la amplia distribución geográfica del torneo, las condiciones ambientales/climatológicas se espera que varíen sustancialmente entre las localidades anfitrionas. Por ejemplo:

Los partidos en las ciudades costeras del norte, en particular en Canadá y a lo largo de la costa del Pacífico de Estados Unidos, esperan temperaturas más moderadas.  

  Al contrario, los encuentros que se den más al sur y en zonas mediterráneas de Estados Unidos y México estarán sujetos a temperaturas más altas, incluso superando los 30°, con la probabilidad de períodos de calor extremo durante el día. 

A esto hay que sumarle que, en las regiones costeras y del medio oeste, los niveles de humedad pueden ser más altos, lo que hace que el calor sea más peligroso. 

Otro factor a tener en cuenta es que, esta distribución tan particular de esta Copa Mundial 2026, hará que las condiciones varíen mucho entre sedes lo que puede dificultar la adaptación de los jugadores a estos cambios. 

De 1994 a 2026: ¿cómo influyó el cambio climático entre las dos ediciones de la Copa Mundial?  

Si bien en la Copa Mundial de 1994 hubo episodios de calor, claro está, esas condiciones eran menos frecuentes que las que se prevén para esta ocasión. Las proyecciones de WWA hay una tendencia clara: las temperaturas están en alza.

26 partidos de la Copa Mundial 2026 se espera que se desarrollen con condiciones de por lo menos 26°C, en 9 estadios que no cuentan con aire acondicionado. En 1994 se esperaron 21 partidos en esas condiciones, y sólo 6 estadios sin esta comodidad.

Para el umbral de 28 °C, considerado inseguro para jugar, el impacto del reciente cambio climático provocado por la actividad humana es aún mayor: se espera que 5 partidos se disputen bajo esas condiciones en 2026, frente a solo 3 en 1994, incluso considerando estadios con aire acondicionado. En condiciones todavía más severas, de 30 °C de WBGT, la probabilidad sigue siendo baja, pero casi duplica la registrada en 1994.

En medio de la euforia que produce una cita única, como lo es el Mundial de Fútbol, está bien que pongamos de relieve que la crisis climática ya no es una amenaza futura. El calor extremo se siente y es real, y no debemos negar su existencia, sino buscarle solución ya que está transformando incluso los espectáculos deportivos más importantes del planeta.

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Author: Meri Castro

Con la presentación de un escrito ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, vecinos de Paine, representados por abogados de Greenpeace, respondieron a tres reclamaciones presentadas a comienzos de año. Con esta acción, buscan proteger  el sistema hídrico conformado por los esteros Pintué y Santa Marta y la Laguna de Aculeo y evitar que la laguna nuevamente se pueda secar producto de una mala gestión.

25 de mayo, 2026. El pasado 26 de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente declaró como Humedal Urbano el sistema compuesto por los esteros Pintué y Santa Marta y la Laguna de Aculeo (el décimosexto humedal con esta categoría en la Región Metropolitana y el primero de la comuna de Paine), una resolución que fue ampliamente celebrada por la comunidad científica y local, sobre todo teniendo en cuenta la extrema fragilidad de este sistema hídrico, la que se vio agravada tras secarse por completo en 2018, en un contexto de mega sequía y mala gestión hídrica.

Pese a lo anterior, esta resolución buscar ser impugnada mediante tres reclamaciones presentadas en enero ante el Segundo Tribunal Ambiental, abriendo la discusión acerca de la legalidad de la mencionada declaratoria y cuestionando la continuidad de la protección que la ley 21.202 (de Humedales Urbanos) otorga a este ecosistema. 

Sin embargo, a juicio de Carolina Silva, directora de la organización Redfugio y vocera del movimiento Aculeo, las reclamaciones presentadas estarían sustentadas principalmente en intereses particulares, poniendo en riesgo un proceso de protección que ha sido profundamente trabajado por la comunidad y respaldado técnicamente por múltiples actores. “Frente a esto, como comunidad organizada decidimos actuar. Convocamos a expertos para presentar antecedentes técnicos, fortaleciendo jurídicamente la defensa de la declaratoria y aportando evidencia sobre el valor ecológico, social e hídrico de la laguna. Paralelamente, nos articulamos para contar con patrocinio legal especializado que permita sostener esta defensa de manera seria y contundente”, aseguró Silva, quien también es vecina del sector.

De este modo, Greenpeace decidió apoyar a la comunidad organizada en torno a la defensa del humedal, prestando asesoría técnica y jurídica y apoyando la presentación de un escrito legal ante el 2º Tribunal Ambiental de Santiago en respuesta a estas reclamaciones.

Al respecto, Silvana Espinosa, geógrafa y experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace, explicó que para la organización es muy importante poder prestar este tipo de apoyo a las comunidades, permitiéndoles defender sus territorios con una mayor igualdad de condiciones. “La definición de declarar humedal urbano a los esteros Pintué y Santa Marta y la Laguna de Aculeo fue realizada porque se comprobó científicamente que este complejo sistema hídrico es clave para la comuna de Paine, y además tiene una importancia económica y cultural invaluable para sus habitantes. Pero esta declaratoria fue por sobre todo fruto del esfuerzo de los vecinos de Paine, quienes han trabajado por décadas para proteger este valioso ecosistema”, destacó Espinosa.

Del mismo modo, la geógrafa puso en relieve el importante rol que cumplen los humedales, y la razón por la que son considerados ecosistemas cruciales: “Los humedales regulan el clima, almacenan CO2, previenen inundaciones, filtran aguas y recargan acuíferos, sostienen a las comunidades y albergan cerca del 40% de la biodiversidad del planeta. Pese a este enorme aporte -sobre todo en tiempos de crisis climática y una mayor ocurrencia de eventos meteorológicos extremos-, a nivel global se ha perdido cerca del 35% de los humedales en los últimos años, y Aculeo, en nuestro país, estuvo muy cerca de convertirse en parte de esa triste estadística, producto de una mala gestión de los recursos hídricos, que incluyó la desviación de sus afluentes, un consumo indiscriminado (legal e ilegal), cambios de uso de suelo y asignaciones de derechos de aprovechamiento de agua que nunca debieron autorizarse. Hoy es tiempo de reparar esas malas definiciones”, puntualizó la vocera de Greenpeace.

En este sentido, Carolina Silva complementa que la recuperación de la Laguna de Aculeo, tras cinco años de estar completamente seca, no sólo representa una buena noticia ambiental, sino que también una oportunidad de corregir años de abandono y tomar decisiones responsables sobre su futuro. “Defender su reconocimiento como humedal urbano no responde a un interés individual, sino al resguardo de un bien común que pertenece al territorio y a las futuras generaciones. La laguna no se defiende sola. Resguardar su sostenibilidad y su protección legal es una responsabilidad colectiva que debemos sostener entre todos”, concluyó la vecina de Paine.

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Author: Prensa Chile

Tras conocerse contratos con el estudio jurídico “Lagos Vargas & Silber”, involucrado en el caso ‘Muñeca Bielorrusa’, la organización presentó una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables de los delitos de cohecho agravado y revelación de secretos, en el marco de la tramitación del proyecto minero portuario.

19 de mayo, 2026. El pasado jueves 14 de mayo, Greenpeace Chile presentó una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables —como autores, cómplices o encubridores— de los delitos de cohecho agravado y revelación de secretos, en el marco de la tramitación del proyecto minero portuario Dominga, de la empresa Andes Iron.

Esta acción, que hoy fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se presentó luego de que un reportaje periodístico de Reportea revelara que Andes Iron, como titular de Dominga, habría realizado pagos por más de 255 millones de pesos al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, pese a que la empresa cuenta con otro estudio para su representación y asesoría jurídica. Cabe recordar que dos de los socios del estudio en cuestión —los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas— actualmente se encuentran imputados y en prisión preventiva por su intervención en un esquema de corrupción del Poder Judicial.

Mauricio Daza, abogado penalista que representa a Greenpeace en esta acción judicial, aseguró que es necesario aclarar ante la opinión pública para qué fueron contratados estos abogados y cuál fue su rol en la tramitación de Dominga: “Aunque la glosa de estos pagos asegura que los servicios contratados habrían sido ‘asesoría jurídica y técnica vinculada al proceso de calificación ambiental’ del proyecto en cuestión, hay abundante evidencia respecto de que esto no sería así, por lo que es importante entender cuál fue el verdadero rol encomendado a los abogados Lagos y Vargas, hoy también imputados por su intervención en el Caso Muñeca Bielorrusa y eventuales pagos a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco”. 

El abogado agregó que “es fundamental que se aclare si existió alguna actuación ilícita en el contexto de la tramitación judicial del proyecto Dominga, considerando que los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos están imputados y en prisión preventiva porque habrían pagado coimas a Vivanco, a fin que actuara en favor de uno de sus clientes. Además, se ha revelado a partir de esa investigación penal que tanto el actual ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, como su cónyuge, María Cecilia Ramírez, habrían mantenido vínculos con el estudio “Lagos, Vargas y Silber”. En este punto se debe recordar que Matus ha votado a lo menos dos veces a favor de Dominga, habiendo sido incluso el redactor de uno de esos fallos”, expresó el jurista

“Esta acción judicial busca esclarecer la verdad en esta materia y restituir la confianza en las instituciones públicas, el Poder Judicial y, particularmente, la institucionalidad ambiental, puesto que este tipo de acontecimientos afecta profundamente al Estado en su conjunto”, explicó por su parte Matías Asun, director de Greenpeace Chile, y destacó también la importancia de esta nueva investigación criminal, pues cabe recordar que este proyecto -que ha sido rechazado en tres oportunidades por la institucionalidad competente- estaría forzando su aprobación en tribunales, por lo que urge investigar la posibilidad de eventuales sobornos al Poder Judicial relacionados a la tramitación de Dominga.

Asun recordó que durante la larga tramitación del proyecto minero portuario Dominga (desde su ingreso a evaluación en 2013) sus titulares se han visto salpicados en reiteradas oportunidades por acusaciones de corrupción; sin ir más lejos, el exfiscal Guerra -quien sobreseyó en 2017 otra investigación por corrupción en torno a Dominga- hoy está privado de libertad y siendo investigado también por coordinar el cierre de causas de alto perfil a cambio de favores.

El director de Greenpeace finalizó señalando que la ciudadanía exige instituciones íntegras, transparentes y que velen por el bien común, no por la riqueza de unos pocos. “Hoy, más que nunca, es fundamental resguardar la probidad y asegurar que los poderes del Estado actúen con plena autonomía e independencia; la misma independencia que nos permite a nosotros perseguir este tipo de malas prácticas, le debe permitir a los poderes del Estado cumplir con sus funciones a cabalidad, libres de cualquier presión o interés indebido. Solo así será posible fortalecer la confianza pública y garantizar el adecuado funcionamiento de nuestra democracia”, puntualizó Asun.

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Author: Prensa Chile