El Juzgado de Garantía de Talcahuano formalizó la investigación en contra de tres ejecutivos de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), a raíz del derrame de crudo ocurrido el 25 de mayo de 2007 en la bahía San Vicente.
Walton Cherres, gerente general de Refinerías Biobío de esa época, Héctor Correa, jefe del Departamento de Mantención, y Marcelo Garcés, jefe de división de equipos estáticos del mismo departamento, enfrentan cargos por infracción al artículo 136 de la Ley de Acuicultura y Pesca, que sanciona a quienes introduzcan un elemento contaminante a un cuerpo de agua, que generes daños en los recursos hidrobiológicos.
Durante la audiencia, el Ministerio Público propuso la posibilidad de la suspensión condicional del procedimiento, siempre y cuando ENAP acatara, en un plazo de tres años, la realización de dos puntos.
Uno de ellos tiene que ver con la puesta en servicio del terminal petrolero aéreo en bahía San Vicente, por un monto de US$50 millones, que debiera estar terminado durante el 2009.
A esto se suma la disposición de un fondo de $300 millones para la construcción e implementación de un centro de rehabilitación, tratamiento y liberación de especies de ave y fauna marinas en riesgo de extinción. Ambas deben ser ejecutadas en un lapso no superior a tres años a contar de esta fecha.
Si ENAP no llega a cumplir lo estipulado por el juez Raúl Martínez, existe la posibilidad que el proceso sea revocado y se reabra el caso.
Al respecto, la fiscal Ana María Aldana dijo que la sanción a la cual se podrían haber expuesto los imputados en la causa era de multas “y hay que calcular que los montos de los dineros invertidos en labores medioambientales y en la construcción del muelle tipo pasarela, se aplica más o menos el 25.000% de lo que podríamos haber obtenido con la multa si hubiéramos llegado a un juicio”.
Agregó que “la salida alternativa era muy por lo lejos una de las mejores salidas que se podría haber conseguido, y por la envergadura una de las más grande que ha habido de esta naturaleza”.
En tanto, el gerente de ENAP Refinerías, Sergio Arévalo, manifestó que respetan el procedimiento, reiterando que se trata de un incidente fortuito, “en que no existen responsabilidades del punto de vista de acciones u omisiones de personas que lo hayan producido. Por eso nosotros frente a esto estamos tranquilos y dispuestos a cumplir cabalmente lo que hoy se ha establecido como salida a este procedimiento”.
En ese sentido dijo que es un hecho fortuito, un evento no deseado, y por el cual han tomado todas las medidas necesarias, “pusimos a disposición todos los recursos para poder evitar que se difundiera el producto derramado, hicimos todas las labores de limpieza, y hemos dispuesto todo el apoyo para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes”.
Asimismo, dijo que se han efectuado las labores de limpieza en que han participado entidades y organismos internacionales del más alto nivel, “y en el cual hemos demostrado que la limpieza efectuada fue en un altísimo porcentaje. En algunos lugares 100% de recuperación de hidrocarburo, y en las cuales hubo menos recuperación fue 93 ó 95%, por lo tanto en ese sentido nosotros estamos con la tranquilidad de haber utilizado todos los medios”
Respecto a las demandas interpuestas por los pescadores, Arévalo manifestó que se encuentran en todo su derecho, “y en ese sentido vamos a ir a los tribunales para entregar todos los antecedentes que obran en nuestro poder. Tenemos la mejor disposición y mejor espíritu de colaboración para llevar a cabo estos procedimientos y acuerdos”.
Sin embargo, manifestó que deben ser cuidadosos con los recursos, “somos una empresa del Estado y por lo tanto los recursos del Estado tenemos que cuidarlos y, en ese aspecto, las formalizaciones son parte de procedimientos transparentes, serios y responsables”.
Fuente: www.lanacion.cl
