“La empresa podría haberse evitado este bochorno”. Así comentó la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, el dictamen de la Contraloría General de la República que insta a Saitec, brazo inmobiliario de D&S y titular del proyecto de la construcción de un Open Mall en los terrenos donde se ubicaba la discoteque Las Brujas, a presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para identificar los potenciales impactos ambientales y determinar las eventuales medidas de mitigación.

En el dictamen, el ente contralor argumenta que no puede entenderse que el otorgamiento del permiso de edificación habilite al titular del proyecto para efectuar la construcción antes de la calificación ambiental, ni menos otorgar la recepción final de las obras mientras no se dé cumplimiento a ese trámite ante la autoridad ambiental. Sin embargo, el concejal por La Reina Francisco Olea asegura que el mall tiene un 40% de avance.

En un comunicado, Saitec respondió que en marzo de este año las obras se reiniciaron con el estudio de impacto vial aprobado y que se sometió “voluntariamente” una declaración de impacto ambiental (DIA) que comprendía una serie de medidas de mitigación. “Una vez que se terminen las obras y se apruebe la declaración de impacto ambiental, el proyecto estará en condiciones de contar con la recepción municipal”, concluye la firma. Un dato: la Contraloría exige un EIA y la empresa sólo ingresó un DIA.

La respuesta de Saitec se replica en otros casos: es tal la confianza de que los proyectos van a pasar el trámite ambiental que a las empresas no les quita el sueño pensar en que podrían ser rechazados. Además, la legislación actual permite este contradicción.

¿Qué pasa si el escenario es adverso? “Si la resolución de calificación ambiental es desfavorable, las obras no podrán seguir adelante y la empresa se verá obligada a devolver al estado original el terreno donde realizó las obras”, sentenció Uriarte. “Es un contrasentido que la empresa haya ingresado su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y las obras estén en marcha. Es la tergiversación total del sistema”, dijo la ministra, quien además criticó al alcalde por autorizar obras que no cuentan una evaluación ambiental.

“Nos parece complejo que una empresa privada desarrolle todos los medios para burlar la institucionalidad vigente”, comentó Olea. “La empresa y el alcalde tienen que explicar por qué se comenzaron las obras sin tener la autorización ambiental”, insiste el concejal y recuerda un dato: el Juzgado de Policía Local de La Reina cursó el año pasado una multa a la empresa por construir sin autorización y las obras fueron paralizadas.

El escenario puede mejorar con la reforma medioambiental que está en el Congreso. “Esto no habría ocurrido si contáramos con una Superintendencia de Fiscalización Medioambiental que hubiera podido requerir la resolución de calificación ambiental previo al otorgamiento de permiso de construcción”, concluyó la ministra Uriarte.

Rodeados

Casos sobran. Cencosud Shopping Center trabaja en la construcción del Mall Portal Ñuñoa en la esquina de Grecia y José Pedro Alessandri sin tener aprobada la Declaración de Impacto Ambiental que presentó en abril del año pasado. “La declaración está en evaluación y en las próximas semanas habrá una resolución”, responden en Cencosud. “La otra política es iniciar obras menores mientras no esté aprobado el permiso de edificación.

Es una estrategia de las inmobiliarias en todas las comunas”, comenta Moisés Scherman, de la Red Ciudadana por Ñuñoa. Es la misma estrategia que se utilizó en la construcción del gimnasio del parque General Gorostiaga de Ñuñoa. “Se otorgó un permiso de obras menores y luego se cambió a obras mayores cuando el hoyo ya estaba hecho. Es una práctica bastante habitual”, denuncia la concejala Danae Mlynarz.

Mlynarz entrega un caso más emblemático aún. El edificio de servicio públicos de Ñuñoa -ubicado en avenida Irrarázaval- estuvo funcionando más de diez años sin la recepción final de las obras porque no tenía los espacios necesarios para los estacionamientos que establece la regulación. En este caso fue la misma municipalidad que violó su propia normativa. “Entonces, qué podemos esperar de las inmobiliarias”, dice.

La concejala agrega que los ciudadanos tenemos poco conocimiento de la normativa, pues el decreto Nº 397 que reglamenta las secretarias ministeriales (seremi) de Vivienda contempla que si la Dirección de Obras Municipales no ha cumplido con su obligación o lo resuelto por esa dirección no satisface la denuncia ciudadana, se debe apelar ante la Seremi de Vivienda, la que debe responderle en un plazo máximo de 30 días e incluso puede pedir al CDE que se inicie acciones criminales cuando se compruebe que el alcalde ha violado las disposiciones de la ley de urbanismo y construcción.

Hernán Salazar, gerente general de la sociedad HidroAysén, que el jueves ingresó a evaluación el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para construir cinco represas en la Patagonia, tiene clara la película: ni el auge mundial del carbón, que de aquí a seis años verá la entrada en funciones de cerca de 300 nuevas generadoras termoeléctricas a lo largo del planeta, ni las voces que piden que el Estado subsidie a las energías renovables no convencionales (ERNC) para hacerlas competitivas le nublan el discurso: “La energía hidroeléctrica a gran escala es la más competitiva del mundo”, asegura, y aterriza sus palabras en la realidad del país: Chile ha desarrollado sólo un 25% de su potencialidad hidroeléctrica y queda mucho por hacer.

–Las universidades que desarrollaron el estudio Aporte potencial de energías renovables no convencionales y eficiencia energética a la matriz eléctrica 2008-2025 piden subsidios para desarrollar las ERNC. ¿Qué le parece la propuesta?

-Eso es parte de las limitaciones de las energías renovables no convencionales, que nacieron, se han desarrollado y se van a morir en base a subsidios. Esa es una realidad y no porque los ingenieros que las desarrollaron no sean competentes, sino porque la naturaleza ofrece y dispone la energía en el viento, marea o el sol de una manera muy difusa, cuando las necesidades humanas son mucho más intensas. Entonces hay una limitación natural. Los países de la OCDE no subsidian las energías renovables sino hasta 4,8% de su matriz energética, y eso que son países tres veces ricos que nosotros. Usted no le puede imponer a la billetera de los chilenos que paguen energía cara por promover una forma de energía.

-Pero sí tenemos leyes aprobadas que las promueven.

-Y es necesario que sea así. Esas leyes fomentan una cobertura de energía renovable del 10% de la matriz energética del país de aquí a un cierto período (2024), lo cual es posible pero también es un desafío. Las energías renovables las vamos a usar, no hablamos en contra de ellas, pero hay que tener claro que son un complemento. No se puede pensar que el país va a descansar en las energías renovables. La pregunta es cuál va a ser el respaldo cuando no haya viento o sol. Las renovables tienen un factor de planta muy bajo y esos costos hay que sincerarlos. Esas energías, en realidad, cuestan de cuatro a ocho veces más caras que la hidroelectricidad convencional.

-Estos estudios aparecieron como una alternativa al proyecto HidroAysén.

-Una alternativa al proyecto HidroAysén es real cuando ingresa como una iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con una cantidad de energía y potencia como la que nosotros ingresamos. Mientras eso no ocurra es un tema que ayuda al debate y a la conversación, pero no representa una alternativa.

-¿Conoce la alternativa que plantea Hernán Sandoval, de un proyecto termosolar en el norte que incluso ha presentado en círculos políticos?

-El proyecto HidroAysén es mucho eficiente y respetuoso en sus aportes al país y a la competitividad nacional, que ha caído casi a los niveles que tenía en 1999. La energía juega un factor importante en eso y hay que pensar en soluciones sustentables y de bajo costo. No tenerlo claro es trabajar de espaldas a toda nuestra capacidad de producción de bienes y servicios exportables.

-¿Ve la opción nuclear como una amenaza al negocio de la hidroelectricidad?

-En ningún caso. Nuestro país tiene que duplicar su fuente de abastecimiento en los próximos diez años y todo ayuda; si hay que estudiar energía nuclear, hay que hacerlo. También ayudan la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales, pero por cierto que lo más importante es generar un abastecimiento competitivo y potente como lo es en base a energía hidroeléctrica, de la que Chile ha desarrollado sólo un 25% de su potencialidad.

-¿Por qué presenta el proyecto HidroAysén como un “proyecto país”, si en realidad es un proyecto privado?

-Esas cosas nacen del reconocimiento de la comunidad, de las entidades académicas, de los políticos que están atentos al tema de la energía. Es un proyecto país porque las escalas de tiempo que toman involucran varios períodos presidenciales, que a lo mejor pueden ser de partidos políticos distintos, y para que esto se desarrolle necesita ser entendido como un proyecto que el país necesita, más allá de cualquier visión política particular. //LND

La esperanza renovable

Un estudio de investigadores de las universidades de Chile y Técnica Federico Santa María, presentado la semana pasada, señala que dentro de 17 años las energías renovables no convencionales (ERNC) podrían abastecer hasta un 47,5% de los requerimientos del Sistema Interconectado Central (SIC), que representa el 69% de la matriz energética del país. Según el mismo informe, si las autoridades promovieran una buena política de eficiencia energética, este tipo de energía podría abastecer hasta el 70,8% del consumo del SIC. En base a estas proyecciones, diversas organizaciones ambientalistas propusieron que se aumentara el porcentaje que, según una ley de reciente aprobación, las empresas generadoras deben producir a partir de fuentes renovables, y que debería llegar al 10% del total en 2024.

La publicación más actual sobre los glaciares de roca en la cordillera central, del geógrafo e investigador de la Universidad de Waterloo, Canadá, Alexander Brenning, contempla una advertencia poco alentadora: su destrucción por faenas mineras de la División Andina de Codelco, y de Los Bronces, de Angloamerican. Su investigación dice que desde 1990 a 2005 han agotado 21 millones de metros cúbicos de agua.

“Se trata -dice Brenning- de un fenómeno desconocido”, y aunque pueda ser “una cifra baja” se debe sólo al hecho “de que la Cordillera de Chile Central cubre varios miles de kilómetros cuadrados”.

Además de la destrucción de los ennegrecidos glaciares de roca -también llamados de escombros o rocosos-estas minas los han utilizado como base para la depositación de material estéril, todo lo anterior acompañado de “la potencial contaminación del hielo subterráneo por aguas contaminadas”, fenómeno conocido como “acid rock drainage”.

De acuerdo con la zona cartografiada por el glaciólogo francés Louis Lliboutry en los ‘50, existían 4,5 km de glaciares rocosos, y “según mis investigaciones y los propios estudios de impacto ambiental de proyectos de expansión mineros, hasta 1997 se removieron 0,5 km de glaciares rocosos en División Andina, y 0,2 km en Los Bronces”, indica.

Para el caso de Los Bronces, la depositación de roca estéril con bajos contenidos de cobre sobre un glaciar rocoso llamado Infiernillo está bien documentada. “La parte central superior de este tremendo glaciar de 2,5 km de largo fue cubierta de 14 millones de toneladas de roca estéril a partir de agosto de 1990”, con posibles efectos en los valles de la región. División Andina, agrega, también ha construido botaderos de roca estéril sobre glaciares rocosos desde 1998, acelerando la velocidad de desplazamiento “al menos diez veces más que lo normal”

Debate técnico

Alexander Brenning, geógrafo e investigador de la Universidad de Waterloo, Canadá.
Respecto de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) presentados por las empresas en su oportunidad Brenning considera que éstos “no destacan la importancia de estos glaciares, como su rol hidrológico”.

Enfatiza que “las autoridades ambientales sabían de la destrucción de glaciares rocosos por lo menos desde 2001”, según desprende del EIA de Andina de ese año, donde el proyecto de expansión indica que 0,82 km2 de glaciares rocosos serán afectados por rajo final, “es decir, destruidos”, acota el geógrafo, y que 0,58 km2 serán afectados por botaderos finales, o sea, “cubiertos por roca”.

La División Andina, en 2005 -cita Brenning- apunta que “el desarrollo minero en la cuenca alta del Río Blanco ha implicado la remoción principalmente de glaciares de roca desde el año 1982 ( ) Aproximadamente un 38% de los glaciares de roca del área de influencia del proyecto han sido cubiertos por depósitos de roca estéril, indicando que la contribución hídrica de glaciares rocosos es nula. Mi interpretación es que no se han considerado las contribuciones de agua subterránea”.

El EIA de Los Bronces de 1996 “no hace referencia a glaciares rocosos”, precisa. En ambas mineras, completa, y en las empresas consultoras involucradas, “la situación se conoce”. Incluso dentro del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, y del Centro de Información de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas (DGA), hay posiblemente “falta de conocimiento sobre el medio ambiente de alta montaña”.

Codelco se defiende diciendo que en Chile no existe legislación al respecto, proyecto de ley que fue recientemente “congelado” en el Congreso, Brenning regresará al país en noviembre. Esta historia continuará. LN

Las empresas se defienden

Consultadas Angloamerican y Codelco por el informe de Brenning, ambas manifiestan que cuentan “con todas las autorizaciones legales y ambientales para operar”. Sin embargo, la cuprera chilena apunta un problema mayor: “No existe una legislación ambiental especial que proteja los glaciares en Chile o que norme su manejo. Por lo tanto, todas las acciones de protección, estudios y monitoreos desarrollados por Codelco han sido voluntarios”.

En Los Bronces -dicen asesorados por “importantes expertos internacionales en glaciología”- sostienen que “no existe riesgo de seguridad o problemas de estabilidad del glaciar de roca”, y tampoco la “posibilidad de afectar la calidad del agua hacia la cuenca del Mapocho, dado que la operación de Los Bronces no tiene efluentes de aguas hacia los cursos naturales”, señala la empresa.

En Codelco, que trabaja con el glaciólogo chileno Cidomir Marangunich, señalan que “las etapas iniciales de desarrollo de la empresa ocurrieron en una época donde no existía legislación ni conciencia ambiental en Chile ni en el mundo”, indican. “Codelco aplicó consideraciones mucho antes de que fueran exigibles por ley, teniendo hoy normas ambientales internas más estrictas que las vigentes”, se defiende la empresa.

Además de acotar que las conclusiones de Brenning “no son resultados de mediciones empíricas” pues “no ha realizado estudios de campo en la zona de División Andina”, la firma agrega que Andina cumple la norma ambiental que regula las descargas de aguas industriales a cursos superficiales, continentales y submarinos.

La empresa agrega que los proyectos de ampliación de Andina no afectan los glaciares blancos y “en muy menor medida” glaciares de roca, “por lo que los proyectos no incidirán significativamente en un aceleramiento de su derretimiento”.

¿Qué es un glaciar de roca?

-Los glaciares de roca o de escombros son glaciares cubiertos por detritos rocosos con espeso de hasta cinco metros que se forman donde grandes avalanchas invernales producen grandes acumulaciones de nieve con algo de detrito.

-Según Codelco, los glaciares de roca “pueden entenderse como una reserva de recursos hídricos, pero cuyos aportes hídricos netos anuales son menores, e incluso nulos, que aquellos que contribuyen los glaciares blancos”.

-A 2004, la intervención de la cuprera ha implicado un mayor aporte hídrico a la cuenca del río Blanco que alcanza a 4,08 l/s. El porcentaje de efecto en el caudal del río Blanco es de 0,1 % en sector Saladillo de donde el caudal es de 3.864 l/s.

-Las operaciones mineras, por cierto, consisten en la excavación y el traslado de material dentro de la misma cuenca, y en localizar material estéril de la mina sobre glaciares de roca.

La empresa de generación eléctrica AES Gener SA informó que la Comisión Nacional del Medioambiente de la Región Metropolitana admitió a tramitación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, que fue reingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) el pasado jueves 22 de mayo de 2008.

A comienzos de este mes, la compañía retiró el proyecto del Seia para consolidar algunos cambios que se le efectuaron durante el proceso anterior.
Tales ajustes no modifican la potencia instalada de las centrales de pasada Alfalfal II y Las Lajas que, en conjunto, incorporarán al país 531 MW de potencia a partir del 2013.

En un comunicado, Gener señaló que “reafirma su convencimiento de que el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo es plenamente compatible con los resguardos ambientales que el Cajón del Maipo requiere para preservar su entorno y actividades productivas y recreativas”.

Una nueva central a carbón se instalará en la localidad de Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, luego que la Comisión Regional de Medio Ambiente  (Corema) diera luz ver al proyecto de la empresa Gener, pese a la fuerte resistencia de la comunidad frente a la instalación de nuevas turbinas en la zona.

Fueron 14 votos a favor y dos en contra los que dieron por aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de central termoeléctrica Campiche, la que contará con una caldera apta para carbón pulverizado y tendrá una potencia de generación de 270 MW.

Aunque el informe aprobado por Corema asegura que elproyecto cumple con las normativas medioambientales vigentes y detalló algunas condiciones para la ejecución de la iniciativa, los detractores plantearon que hay un castigo a la calidad de vida de una zona que ya tiene niveles elevados de saturación.

El alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, dijo que “una vez más hemos sido sobrepasados en los derechos constitucionales que tenemos, la constitución dice que tenemos derecho a vivir en un abiente libre de contaminación y con señales como esta estamos en un país al revés, porque no podemos seguir avanzando a costa de la salud de las personas”.

Recalcó que “sabemos que el país tiene una serie de necesidades, pero no puede ser que una vez más pasen sobre la gente de nuestra comuna”, y subrayó que con la ejecución de este proyecto a su juicio se está entregando “una subvención para que el resto del país siga viviendo como corresponde, peo a costa de los habitantes de Puchuncaví”.

El senador por la zona, Carlos Ominami (PS),  concentró su crítica en los aspectos legales que permiten que se apruebe un proyecto como Campiche. “La ley ambiental es mala, tiene estándares que son  particularmente bajos, se aprueban proyectos aquí  que estarían absolutamente rechazados  en otros países ambientalmente más exigentes”, indicó.

A juicio del parlamentario,  existe “una suerte de chantaje de las empresas  sobre el Gobierno”, pues “saben que el gobierno está débil, saben que el gobierno tiene la preocupación por el déficit energético y se está buscando suplir dicho déficit sin considerar ningún tipo de criterio medioambiental”.