1.- El proyecto Hidroaysén, de Endesa y Colbún, debe ser declarado inadmisible ya que viola dos acuerdos internacionales, con Argentina y Canadá, puesto que no existe un “Plan General de Utilización” de las cuencas de los ríos Baker y Pascua conforme a lo exigido por el “Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República de Chile y la República Argentina”. Legislación que además es parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá.

2.- La aprobación del proyecto consolidaría el monopolio del agua en Aysén al concentrar el
100% de los derechos de los ríos Pascua y Baker, sin resguardar adecuadamente las solicitudes de otros usuarios, impactando y vulnerando el derecho humano al agua. Ello pese a que la Dirección General de Aguas (DGA) ha declarado Aysén como zona de escasez hídrica (Decreto Nº 227 del MOPDGA, marzo 2008).

3.- El proyecto vulnera el derecho constitucional a la igualdad de trato en materia económica, ya que generaría una perdida anual de más de 4 mil empleos en el sector turismo e impediría el riego de más de 5 mil hectáreas de la cuenca del Baker, afectando el desarrollo de la agricultura y la ganadería de la zona.

4.- La aprobación del proyecto afectaría gravemente 24 áreas protegidas como el Parque Nacional Laguna San Rafael; 3 zonas de interés turístico y 26 humedales. Además de la inundación que generarían las 5 represas proyectadas, la línea de transmisión eléctrica de 2.270 kilómetros de largo, que cruzaría 9 regiones y 66 comunas, violaría diversos tratados internacionales como el Convenio de Conservación de la Biodiversidad afectando especies emblemáticas en peligro como el huemul.

5.- Endesa y Colbún engañan a la opinión pública al informar una reducción del área de inundación a 5.900 hectáreas, siendo que no han renunciado a derechos de agua vigentes que le permiten inundar 32.000 hectáreas, seis veces lo declarado. Por el contrario, con esto han pretendido realizar un “canje ambiental” con la autoridad requiriendo a cambio caudales gratuitos adicionales a los que ya posee, vulnerando la legalidad.

6.- La empresa abusa de la legislación utilizando fraudulentamente pertenencias mineras para un proyecto eléctrico, con la finalidad de presionar a los propietarios de las zonas a inundar, de reducir el valor comercial de sus propiedades y de obligar a la autoridad a otorgar permisos para el ingreso a los predios y para obras civiles en éstos. Dichas propiedades quedan prisioneras y sujetas al arbitrio de la empresa.

7.- Los componentes del proyecto serán evaluados parcialmente pues aunque se trata de 5 mega centrales hidroeléctricas y de sus obras anexas, entre las que se encuentran puertos, aeródromos y poblaciones, además de una extensa línea de transmisión eléctrica, única y exclusiva, de casi 2.300 km., sólo serán evaluadas las centrales contraviniendo nuestra Constitución, la Ley General de Bases del Medio Ambiente, e incumpliendo la obligación de fijar una línea de base clara sobre el área de influencia del proyecto como un todo, así como la de ingresar el proyecto en la Dirección Ejecutiva de CONAMA para ser evaluado en su conjunto.

8.- No se han formulado planes para la gestión integrada de las cuencas de los Ríos Baker y Pascua de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cuencas, compromiso adquirido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno y reiterado en su Mensaje del 21 de mayo de 2006: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medio ambiente (…) incorporaremos el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas como eje de nuestra nueva política”.

9.- Falta de garantías en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental debido a la intervención de Ministros de Estado quienes, teniendo ingerencia en el proceso, y sin que el proyecto se haya evaluado, han dado públicamente un veredicto favorable al mismo, en un antejuicio que viola las garantías de un debido y probo procedimiento.

Hernán Salazar, gerente general de la sociedad HidroAysén, que el jueves ingresó a evaluación el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para construir cinco represas en la Patagonia, tiene clara la película: ni el auge mundial del carbón, que de aquí a seis años verá la entrada en funciones de cerca de 300 nuevas generadoras termoeléctricas a lo largo del planeta, ni las voces que piden que el Estado subsidie a las energías renovables no convencionales (ERNC) para hacerlas competitivas le nublan el discurso: “La energía hidroeléctrica a gran escala es la más competitiva del mundo”, asegura, y aterriza sus palabras en la realidad del país: Chile ha desarrollado sólo un 25% de su potencialidad hidroeléctrica y queda mucho por hacer.

–Las universidades que desarrollaron el estudio Aporte potencial de energías renovables no convencionales y eficiencia energética a la matriz eléctrica 2008-2025 piden subsidios para desarrollar las ERNC. ¿Qué le parece la propuesta?

-Eso es parte de las limitaciones de las energías renovables no convencionales, que nacieron, se han desarrollado y se van a morir en base a subsidios. Esa es una realidad y no porque los ingenieros que las desarrollaron no sean competentes, sino porque la naturaleza ofrece y dispone la energía en el viento, marea o el sol de una manera muy difusa, cuando las necesidades humanas son mucho más intensas. Entonces hay una limitación natural. Los países de la OCDE no subsidian las energías renovables sino hasta 4,8% de su matriz energética, y eso que son países tres veces ricos que nosotros. Usted no le puede imponer a la billetera de los chilenos que paguen energía cara por promover una forma de energía.

-Pero sí tenemos leyes aprobadas que las promueven.

-Y es necesario que sea así. Esas leyes fomentan una cobertura de energía renovable del 10% de la matriz energética del país de aquí a un cierto período (2024), lo cual es posible pero también es un desafío. Las energías renovables las vamos a usar, no hablamos en contra de ellas, pero hay que tener claro que son un complemento. No se puede pensar que el país va a descansar en las energías renovables. La pregunta es cuál va a ser el respaldo cuando no haya viento o sol. Las renovables tienen un factor de planta muy bajo y esos costos hay que sincerarlos. Esas energías, en realidad, cuestan de cuatro a ocho veces más caras que la hidroelectricidad convencional.

-Estos estudios aparecieron como una alternativa al proyecto HidroAysén.

-Una alternativa al proyecto HidroAysén es real cuando ingresa como una iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con una cantidad de energía y potencia como la que nosotros ingresamos. Mientras eso no ocurra es un tema que ayuda al debate y a la conversación, pero no representa una alternativa.

-¿Conoce la alternativa que plantea Hernán Sandoval, de un proyecto termosolar en el norte que incluso ha presentado en círculos políticos?

-El proyecto HidroAysén es mucho eficiente y respetuoso en sus aportes al país y a la competitividad nacional, que ha caído casi a los niveles que tenía en 1999. La energía juega un factor importante en eso y hay que pensar en soluciones sustentables y de bajo costo. No tenerlo claro es trabajar de espaldas a toda nuestra capacidad de producción de bienes y servicios exportables.

-¿Ve la opción nuclear como una amenaza al negocio de la hidroelectricidad?

-En ningún caso. Nuestro país tiene que duplicar su fuente de abastecimiento en los próximos diez años y todo ayuda; si hay que estudiar energía nuclear, hay que hacerlo. También ayudan la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales, pero por cierto que lo más importante es generar un abastecimiento competitivo y potente como lo es en base a energía hidroeléctrica, de la que Chile ha desarrollado sólo un 25% de su potencialidad.

-¿Por qué presenta el proyecto HidroAysén como un “proyecto país”, si en realidad es un proyecto privado?

-Esas cosas nacen del reconocimiento de la comunidad, de las entidades académicas, de los políticos que están atentos al tema de la energía. Es un proyecto país porque las escalas de tiempo que toman involucran varios períodos presidenciales, que a lo mejor pueden ser de partidos políticos distintos, y para que esto se desarrolle necesita ser entendido como un proyecto que el país necesita, más allá de cualquier visión política particular. //LND

La esperanza renovable

Un estudio de investigadores de las universidades de Chile y Técnica Federico Santa María, presentado la semana pasada, señala que dentro de 17 años las energías renovables no convencionales (ERNC) podrían abastecer hasta un 47,5% de los requerimientos del Sistema Interconectado Central (SIC), que representa el 69% de la matriz energética del país. Según el mismo informe, si las autoridades promovieran una buena política de eficiencia energética, este tipo de energía podría abastecer hasta el 70,8% del consumo del SIC. En base a estas proyecciones, diversas organizaciones ambientalistas propusieron que se aumentara el porcentaje que, según una ley de reciente aprobación, las empresas generadoras deben producir a partir de fuentes renovables, y que debería llegar al 10% del total en 2024.

Tal como ocurre en Londres, Roma, Oslo o Nueva Delhi, el ya saturado mercado automotor de Santiago -con un 1,2 millón de vehículos livianos colapsando el aire, calles y autopistas-, contará a partir de 2009 con un inédito modelo ciento por ciento eléctrico y, por tanto, de cero emisión de monóxido de carbono y otros tóxicos gases que contaminan la ciudad. Es decir, mejor que los híbridos.

Si bien antes de salir a la venta debe ser homologado por el Ministerio de Transportes, su valor bordeará los seis millones y medio de pesos, en tiempos en que el costo de la bencina está por las nubes. Con una carga de 900 pesos, el usuario del pequeño y silencioso “City Car Reva” puede recorrer 60 kilómetros, asegura la empresa importadora, filial de la multinacional Endesa.

El auto eléctrico -que pese a su diminuto tamaño, poco podrá hacer para reducir la congestión vehicular, el polvo resuspendido o la contaminación por desgaste de neumáticos y frenos- no usa embrague ni cambios, funciona con acelerador y freno, alcanza una velocidad máxima de 70 km/h y su batería se carga conectando el cable a cualquier enchufe de la casa. Para cargar el 100% se necesitan ocho horas, y para el 80% de capacidad sólo dos horas y media.

Por su diminuto tamaño y su limitada autonomía (80 kilómetros con carga completa), el auto está diseñado especialmente para viajes cortos en urbes como Santiago (de Quilicura al centro hay unos quince kilómetros). El pequeño auto de ciudad es todo un éxito en Londres, por ejemplo, donde no pagan tarificación vial para ingresar al centro y cuentan con cargas gratuitas.

El auto de fabricación india fue elegido City Car del año en 2006 y 2007, consta de dos puertas y tiene capacidad para dos personas adultas de contextura razonable y dos niños (227 kilos en total), en siete segundos alcanza los 40 kilómetros por hora (y una máxima de 80 kilómetros por hora). Mide 2,5 metros de largo, 1,3 de ancho y un metro y medio de alto. Aunque parece de juguete, posee una estructura reforzada con barras de acero. El motor no requiere mantenimiento especial.

La directora del Programa Chile Sustentable declaró que “grandes actores del negocio eléctrico buscan la aprobación proyectos energéticos que externalizan costos sobre la salud de las personas y el patrimonio natural”.

La directora ejecutiva de la organización no gubernamental (ONG) ambientalista Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, acusó este miércoles “el interés por secuestrar el debate energético e imponer un chantaje para favorecer la instalación de megarrepresas hidroeléctricas y megatérmicas a carbón”.

El monopolio de Endesa

A juicio de Larraín, la inclinación empresarial por el carbón y las megarrepresas “devalan el usual sesgo de mercado: menor precio del carbón sin internalizar costos de emisión de CO2 y concentración de la propiedad de derechos de agua en un trasfondo de estrechez hídrica que augura el cambio climático”. En este sentido, la ecologista dijo recordó que Endesa ya posee el 80% de los derechos de aguas no cosuntivos del país y “hoy demanda ante la justicia al fisco para que en sus proyectos prime la Ley General de Servicios Eléctricos sobre el Código de Aguas. Si lo consigue, sucederá que en caso de sequía, aun cuando los derechos de todos los titulares deban reducirse proporcionalmente, los suyos no sufrirían esa restricción ni estaría sujeta a la normativa de extracción ilegal de agua ni debería responder ante juntas de vigilancia, conformadas por los demás usuarios del agua en cada cuenca”.

A renglón seguido, dijo que “con enorme despliegue comunicacional, actores del mercado eléctrico pretenden hacernos creer que sólo es factible avanzar con represas, centrales térmicas o tecnología nuclear, y quienes se oponen a la idea son catalogados de marginales o contrarios al progreso”.

Energía y democracia

Sara Larraín dijo que el tema energético “no sólo es una cuestión económica y financiera, como pretenden algunos, sino que es un tema que pone en juego la profundización de nuestra democracia, pues el país enfrenta un mercado eléctrico monopolizado, con empresas que cada vez obtienen mayor influencia política”

La representante del Programa Chile Sustentable recordó que una encuesta municipal determinó que el 78% de los tortelinos rechaza represar ríos de la Región de Aysén y que según el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), 70% de los chilenos estima que las megarrepresas dañarían el ambiente. “Esto implica evaluar si el gobierno propiciará la internalización de costos socioambientales; si exigirá una competencia justa entre opciones tecnológicas; si conciliará desarrollo energético y desarrollo regional o aplicará el dogma de la ‘neutralidad tecnológica’, para permitir que ‘el mercado energético’ -hoy, peligrosamente monopolizado- perpetúe su influencia sin contrapeso y la vulnerabilidad energética”, aseveró la líder ambientalista.-

Ante la Corema de la Región de Coquimbo y a través de la sociedad Central Eólica Canela S.A., Endesa Eco ingresó la semana recién pasada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Canela II, nuevo proyecto eólico que contempla la instalación de 46 aerogeneradores para una potencia instalada de 69 MW y una generación media anual de 180,1 GWh.

La filial para el desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) de Endesa Chile ingresó el 28 de abril al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de la Región de Coquimbo, la DIA de Canela II, iniciativa que permitirá ampliar el parque eólico Canela, el que desde diciembre de 2007 aporta 18,15 MW al Sistema Interconectado Central (SIC).

De acuerdo con la DIA, la inversión estimada en el proyecto asciende a US$ 168 millones y considera el desarrollo de un nuevo parque eólico, que estará situado al sur de Canela I, en un predio de 1.082 hectáreas. Asimismo, se considera un período de construcción de 17 meses, lapso en el que se instalarán los 46 aerogeneradores, de 79 metros de altura y una velocidad promedio de giro de 15 rpm cada uno.

Además, Canela II aprovechará la sala de control de la central actualmente en operación y la cercanía de la línea eléctrica existente Los Vilos – Pan de Azúcar, para la transmisión de la energía generada. La conexión al Sistema Interconectado Central (SIC) se realizará mediante una subestación seccionadora, que permitirá entregar la energía de forma directa al sistema.

Bancada verde y ONG los acusan de trasgredir principio de “probidad y transparencia”
 

El apoyo que el titular del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, entregaron al proyecto que pretende represar la Patagonia está ahora en manos del contralor para definir si contravienen la legislación sobre probidad administrativa.
 
 
Una veintena de parlamentarios de la bancada verde y representantes del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) presentaron ayer un requerimiento a la Contraloría General de la República donde se solicita que establezca que las conductas y los dichos de los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, sobre el proyecto HidroAysén contravienen la legislación sobre probidad administrativa. En el caso del ministro de la Segpres, se solicitó además su inhabilidad para conocer cualquier materia relacionada con ese proyecto, pues encabeza el Consejo Directivo de la Conama.

El argumento de la presentación es que ambos ministros han expresado su apoyo al proyecto hidroeléctrico -Pérez Yoma en febrero y Viera-Gallo la semana pasada en un seminario donde compartió panel con Bernardo Larraín, gerente general de Colbún- sin que éste haya ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, instancia que debe evaluar su viabilidad.

A la cabeza de los parlamentarios, el diputado PPD Enrique Accorsi pidió a la Presidenta Bachelet que aplique el principio de probidad y transparencia. “Esto es una presión indebida: Pérez Yoma es jefe de todos los seremis del país. ¿Con qué independencia van a actuar si su jefe hace este tipo de declaraciones?”. Pérez Yoma es también jefe directo de la presidenta de la Corema de Aysén, la intendenta Silvia Moreno, organismo que debe pronunciarse sobre el proyecto. Accorsi explicó que por esta razón se hace necesario un sistema de evaluación de proyectos que sea técnico y no político, lo que está incorporado en la reforma ambiental que ingresará al Parlamento en junio próximo.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara agregó que “más grave aún es lo de Viera-Gallo porque es ministro integrante de la Conama. No puede ser juez y parte en esta materia”. También calificó de “indignante” que el ministro de la Segpres pida que la participación ciudadana no sea “un abuso”.

“La participación ciudadana en este tipo de proceso es nula: no existe. Se suponía que este era un gobierno ciudadano. A lo mejor él (Viera-Gallo) quiere otro tipo de democracia”, le respondió.

“Además, solicitamos que se investigue si los ministros tienen algún tipo de relaciones con las empresas eléctricas o las tuvieron mientras trabajaron en el sector privado”, explicó el abogado del CDPLorenzo Soto.

Campaña

El secretario ejecutivo del CDP, Patricio Rodrigo, dijo que los resultados de la encuesta CERC, que entregó un 53% de rechazo al proyecto de las represas en la Región de Aysén, dio paso a una “campaña orquestada del mundo empresarial, de algunos políticos y ministros de Gobierno para salir en la defensa irracional de un proyecto que no ha sido evaluado.

Rodrigo llamó la atención de las autoridades respecto de dos fenómenos que no han despertado su interés. Uno, el vaciamiento del lago Cachet en abril: “Si las represas hubieran estado construidas se podían haber roto porque subió tres veces el caudal del río Baker y nadie ha dicho nada de eso”.

Dos, la erupción del volcán Chaitén: “Si la postación eléctrica hubiera estado trazada, estaría cortada. Estaríamos en un black out constante”, advirtió.

 
ESTRATEGIA
 
El documento presentado ayer en la Contraloría es el primero de una artillería legal que preparan los abogados del Consejo de Defensa de la Patagonia para impedir que el proyecto de cinco represas de la sociedad Endesa y Colbún llegue a buen puerto. La idea es inundar el plan de HidroAysén de incertidumbre y buscar en la justicia las garantías que no entregan las autoridades de Gobierno, al no ocultar su simpatía por el proyecto.
 
 

Siguen las reacciones de organizaciones ciudadanas de la Región de Los Ríos
a cuestionamientos emitidos por el senador Eduardo Frei hace algunos días en
contra de quienes se oponen a proyectos hidroeléctricos.

DECLARACION PUBLICA:

En relación al acuerdo en el Senado impulsado por el senador Frei y otros,
comunicamos lo siguiente:

1. Desconocemos la autoridad de los senadores Frei y Allamand en la Región
de Los Ríos, a pesar de que los ciudadanos los hayan elegido por votación
popular. Ellos no son de esta región y tampoco representan el espíritu de
nuestro territorio. Por lo tanto, creemos que no tienen la calidad moral
para tomar decisiones por nosotros ni menos impulsar iniciativas que
comprometan nuestro futuro.

2. El Senador Frei es sindicado por muchos pehuenches como el gran
responsable de los megaproyectos Pangue y Ralco y además fue el que puso la
primera piedra para la construcción de la fábrica de celulosa. Los problemas
que estos megaproyectos han generado son más que conocidos por toda la
comunidad nacional e internacional.

3. Cuando Frei fue presidente se privatizaron, entre otras cosas, los
servicios sanitarios, quedando en su mayoría en manos de los españoles ¿Por
qué el senador no explica qué negocio tiene con los españoles?

4. Es impresentable que estos senadores desconozcan el trabajo de base
realizadas por organizaciones que defienden el patrimonio social y ambiental
en la Región de Los Ríos, sobre todo en casos tan conocidos como Celco y las
hidroeléctricas de Colbún, Endesa España y SN Power. Estos grupos
denominados “ambientalistas” son conscientes y trabajan con y para la
ciudadanía, a diferencia de ellos que sólo actúan para acrecentar sus arcas
personales.

5. Son muchos los fundamentos científicos y técnicos para oponerse a la
construcción de centrales hidroeléctricas y no son solamente caprichos de
grupos minoritarios como se muestra por los medios de información. La
hidroelectricidad, más que una solución a los problemas energéticos de
nuestro país, es simplemente un gran peligro, representando una amenaza para
las comunidades humanas y para la biodiversidad en general.

Coordinadora de Defensa del Río San Pedro

Ahora el tema llegó hasta la Justicia, luego que unos 1.500 productores que pertenecen a la Asociación Canal Maule, una de las entidades que integra la citada Junta de Vigilancia, dejaron de recibir agua afectando a cerca de 50 mil hectáreas que hoy no tienen riego, ni agua para el ganado.

“Colbún maneja las bocatomas y toma el agua que Endesa usa en la Laguna del Maule y entrega al río, antes de que llegue a ‘Armerillo’, el punto donde la asociación puede distribuirla para uso de riego e hidroeléctrico y la lleva directo al embalse Colbún, lo que provoca el problema a los usuarios del canal Maule”, explicó el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Rodrigo Weisner, quien está mediando entre los usuarios para aunar posiciones.

Para corregir esta situación y cansados de lo que califican como una actitud “abusiva” por parte de las generadoras, el martes 15 de abril la Asociación Canal Maule dio un primer paso y presentó ante la Corte de Apelaciones de Talca un recurso de protección contra Pehuenche, filial de Endesa, la que estaría encargada de entregarles el agua.

“Cuando, como ahora, el embalse Colbún se queda sin agua porque la empresa está generando a toda capacidad, el Canal Maule se queda sin agua porque su bocatoma está más arriba del nivel del embalse”, explicó el presidente de la Junta de Vigilancia del Maule, Gustavo Rivera.

El dirigente agregó que el problema surge a partir de la interpretación disímil de la sentencia de un juicio que las enfrentó hace un tiempo. “Ambas empresas se sienten vencedoras. Lo que dice Colbún es que si el canal no alcanza a captar agua porque el embalse está muy bajo, Pehuenche debe proporcionar el agua. Sin embargo, Endesa dice que si el caudal no alcanza Colbún debe suplementar el agua. En este minuto ninguna de las dos empresas les está dando solución”, dijo el dirigente.

Weisner señaló que tanto la DGA como la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), están mediando entre las partes e insistiendo ante las hidroeléctricas para que cambien su interpretación, porque a juicio de la autoridad las aguas que se extraen de la Laguna del Maule no sólo tienen fines hidroeléctricos.

Tensión en el Laja

La cuenca del río Laja, en la Región del Bío Bío, también ha sido escenario de conflictos y tensiones entre los usuarios. En la DGA explicaron que en este caso los roces no son tan notorios porque en esta zona aún no se conforma una junta de vigilancia.

Al mismo tiempo, se espera que en los próximos días el MOP autorice un nuevo convenio de flexibilización de uso de agua para el embalse Laja, que permitirá a Endesa adelantar el retiro de agua desde esa reserva, reemplazando hasta fines de mayo el convenio que expiró el 31 de marzo.

El titular de la DOH, Juan Antonio Arrese, dijo que en esta oportunidad la solicitud se elevó solamente para este embalse y no para la Laguna del Maule porque el sistema eléctrico estaría en un mejor pie gracias al buen resultado de las campañas de ahorro.

Rivera rebatió esta visión, pues, a su juicio, Endesa preferiría no adelantar el retiro de agua para no llegar a los 670 millones de m3, cota bajo la cual el 80% del agua es de riego y por ello debe negociar con los regantes, los que también le pidieron al MOP formar parte de este convenio y así decidir cuál será el destino de esas aguas. Consultadas las empresas aludidas, éstas declinaron referirse al tema.

Fuente: El Diario Financiero

No sólo la visita del abogado ambientalista Robert Kennedy Jr. “internacionalizó” el debate por la construcción de cinco represas en la Patagonia que conforman el proyecto de la sociedad HidroAysén. Ayer, un editorial aparecido en The New York Times titulado igual que la campaña de las organizaciones ambientalistas que se oponen al plan (“Patagonia sin represas”) hizo una nueva contribución.

El artículo argumenta que las centrales hidroeléctricas sobre los ríos Baker y Pascua “podrían dañar irreversiblemente uno de los lugares más salvajes y hermosos del planeta”. Agrega que la construcción de las líneas de transmisión hacia Santiago dejaría una “cicatriz” en algunos de los más fascinantes paisajes chilenos. “La mayoría de la electricidad generada por el proyecto podría no ser usada para uso residencial sino para la minería y la industria”.

El editorial también cuestiona las políticas energéticas locales. Dice que las represas “son un legado del gobierno de Pinochet, que privatizó los derechos de agua en Chile. La filial chilena de una compañía española, Endesa, ahora tiene los derechos y está presionando por el proyecto. El Gobierno democráticamente elegido de Chile le está permitiendo avanzar”. Luego, insta a las autoridades a reconsiderar estos planes de corto plazo, “como lo deberían hacer también las empresas internacionales que tienen los derechos de agua de esos ríos”.

The New York Times argumenta que Chile necesita “desesperadamente” nuevas fuentes de energía, pero plantea que “destruir esos ríos y la vida que depende de ellos no es la solución”. Agrega que resolver la crisis con responsabilidad también debe incluir otras alternativas renovables, como la solar, la eólica y la geotérmica.

Esta no es la primera vez que el proyecto de Endesa y Colbún tiene repercusiones en el extranjero. En enero pasado, el diario El País de España criticó la construcción de las represas en un artículo titulado “Los embalses y los cables amenazan la Patagonia”, donde se califica al proyecto de Endesa como “faraónico”. El gobierno no se pronunció por el artículo. La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, señaló que no resulta conveniente referirse a una iniciativa sobre la cual todavía no se conocen sus características y que tampoco ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Endesa defiende el proyecto

Donde sí hubo pronunciamientos sobre las represas en la Patagonia, fue en la junta de accionistas de Endesa. Las intervenciones de la defensora de los bosques, Malú Sierra, como voz de la ONG International Rivers, y del empresario Douglas Tompkins, miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia, abrieron el debate.

El presidente de la Endesa, Mario Valcarce, defendió el proyecto hidroeléctrico. “Chile tiene un natural derecho al crecimiento con cuidado de su medio ambiente. Lo que me parece curioso es que muchas críticas vengan de países como Estados Unidos, que consume siete veces lo que Chile”, dijo.

Valcarce explicó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se presentará en junio, lo que no retrasa las obras, sino que busca que éste sea objeto del mínimo de críticas y observaciones. Según sus estimaciones, la generación de los 2.750 MW costarán entre 2.700 y 2.800 millones de dólares.

VERDES VAN A TRIBUNALES

Los parlamentarios de la bancada verde, Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (PS), Enrique Accorsi (PPD), Fulvio Rossi (PS), Marcelo Díaz (PS) y Alejandro García Huidobro (UDI), anunciaron acciones legales para frenar la construcción del proyecto Hydroaysén. “Si entra al Sistema de Evaluación, se aprueba. Esa es la orden que tienen todos los seremis”, dijo Accorsi. “No puede ser que el Gobierno imponga este fast track ambiental”, siguió Díaz. “Le vamos a dar la guerra al proyecto (…) aquí se está violando la soberanía nacional”.

El abogado Robert Kennedy Jr, hijo del asesinado senador del mismo nombre, afirmó que si la región de la Patagonia estuviera en Estados Unidos “sería un parque protegido”, graficando así la importancia de la región donde las empresas Endesa España y Colbún esperan levantar cinco grandes represas hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua.

”En el viaje que hicimos a la Patagonia acampamos, nadamos, caminamos. Yo he viajado por muchos países, no hay ningún lugar más lindo que la Patagonia. Si la Patagonia chilena estuviera en los Estados Unidos, o en cualquier país del mundo, hubiera sido un Parque Nacional protegido”, expresó Kennedy Jr.

Agregó que ”viajé 17 horas con mis hijos en un avión, entre ellos un niño de 6 años. Absolutamente, vale la pena no tenemos nada semejante en Estados Unidos. Es triste no ver más chilenos visitando la Patagonia chilena. Y quizás se gastan dinero yendo a Brasil o cualquier otro país para sus vacaciones. Si realmente hubiera conciencia en este país, nadie en Chile se le ocurriría construir mega represas en un lugar como ese”, dijo.

El abogado estadounidense ofreció una rueda de prensa junto a representantes de organizaciones que promueven la campaña ”Patagonia sin Represas” y dijo que está en Chile, también, promoviendo la introducción de fuentes energéticas innovadoras, como el biocombustible, la eólica y la solar, entre otras. ”En este sentido Chile tiene un potencial muy rico, uno de los mayores en el mundo”, expresó al respecto.

Robert Kennedy Jr subrayó que Chile cuenta con más potencial en energía eólica que Alemania, y que este país europeo produce 12 mil megavatios a través de esta fuente.

También mencionó que el Estado de California hizo campañas para reducir a la mitad la demanda eléctrica y duplicó su economía, agregando que en Estados Unidos, en promedio, cada habitante usa 15 kilowatts hora por año, y los californianos usan 6 por año después de estas políticas de reducción. ”Y por lejos, California es la economía más fuerte de todos los estados de Estados Unidos”, expresó Kennedy Jr.

De igual forma, el sobrino que John F. Kennedy sostuvo que el gobierno de Suecia, al igual que Islandia, proyectó ser independiente en términos energéticos para el año 2020.

”Cuando anunció esto se produjo una verdadera avalancha de empresarios invirtiendo en todo tipo de fuentes energéticas innovadoras, desde biocombustible, eólica, solar, entre otras. Y Suecia hoy es el sexto país más rico del mundo”, añadió. ”Las mismas alternativas, pero mayores, son posibles en Chile”, dijo, agregando que no se justifica ‘destruir un tesoro nacional’ como es la Patagonia si en esta se pueden utilizar fuentes innovadoras más eficientemente y mucho más rápido que otras fuentes.

Kennedy será recibido esta tarde por la presidenta Michelle Bachelet, a quien lleva como principal mensaje convencer a los inversores para que Chile pueda alcanzar la independencia energética. “Mi padre -dijo Kennedy evocando una visita a Chile, en 1965- estaba a favor de las nacionalizaciones y de que los chilenos tomaran sus propias decisiones”.

Fuente: www.lanacion.cl