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Organizaciones ambientales presentan aportes a representantes de la ONU en defensa de las áreas marinas protegidas del país

Greenpeace Chile junto a ONG FIMA Y AIDA se reunieron con la Relatora de la ONU, Astrid Puentes Riaño, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP16) que se concluyó el 1 de noviembre en Cali, Colombia. 

Conference of the Parties (COP16) to the UN Convention on Biological Diversity (CBD) in Santiago de Cali, Colombia. © Nathalia Angarita / Greenpeace
© Nathalia Angarita / Greenpeace

El motivo del encuentro fue presentar las contribuciones que trabajamos como alianza para  que se incorporen al Informe Temático sobre el Derecho Humano a un Medio Ambiente limpio, sano y sostenible. También aprovechamos la ocasión para pedir su apoyo internacional para que impulse a Chile a consolidar su rol de liderazgo en la conservación de la biodiversidad.

El informe en cuestión, liderado por la Relatora Especial, se expondrá en la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2025, abordando específicamente los océanos y los derechos humanos.  

¿Cuál es la situación de las áreas marinas protegidas en Chile?

La contribución al Informe Temático se centró en la situación de las áreas marinas protegidas de nuestro país. En este sentido, resaltamos que Chile es considerado un líder regional en la protección marina pues se destaca por su compromiso con la protección de estos ecosistemas entre sus pares del continente. 

Puerto Natales, Chile.
Delfines giradores en el Océano Pacífico.

En total, ascienden a 28 las áreas marinas protegidas en nuestro país, que cubren alrededor de 43% de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Si bien este es un gran logro, es cierto que persisten ciertas limitaciones en cuanto a la gestión. 

La dificultad radica en que casi el 80% de las áreas marinas protegidas (22 de las 28) no cuentan con un plan de manejo. En consecuencia, se acota el cumplimiento de los objetivos de conservación y se ve afectado el respeto a las comunidades locales que tradicionalmente han habitado y cuidado estos espacios.

Ante esta situación, hay desafíos legislativos que deben ser abordados. Por ejemplo, debe atenderse el hecho de que en tanto las leyes exigen un plan de manejo para cada área protegida en particular, esto hace que la implementación sea lenta e insuficiente, afectando la eficacia de las declaraciones de protección.

El caso emblemático de la Reserva Nacional Kawésqar y la salmonicultura

Uno de los aportes que incorporamos al Informe es respecto al caso de la Reserva Nacional Kawésqar, un espacio clave para la protección ambiental y la resiliencia climática. Señalamos que, en este contexto, la Reserva corre el riesgo de quedar como una declaración sin impacto real debido a la falta de un plan de manejo.

De hecho, al día de hoy, operan dentro de sus límites 67 concesiones de salmonicultura, las cuales presentan problemas de desgaste ambiental, como condiciones anóxicas, sobreproducción y sanciones por infracciones. Además, de otras 55 que están en trámite.

Los impactos de esta actividad en la Reserva Nacional Kawésqar van desde la contaminación a la fragmentación del ecosistema marino. Por todo esto, las concesiones de salmonicultura han demostrado ser incompatibles con los objetivos de conservación ambiental.

Reserva Nacional Kaweskar © Cristobal Olivares / Greenpeace

Los orígenes de la Reserva, participación indígena y una deuda pendiente

Otro punto de importancia que se destaca es que la reclasificación de la Reserva Los Alacalufes en 2018, que respondió a las demandas de protección del pueblo Kawésqar, sigue inconclusa. Esta reclasificación dio lugar al Parque Nacional Kawésqar (territorio terrestre) y a la Reserva Nacional Kawésqar (aguas marinas) sin embargo, aún no se han concretado todas las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva.

Reserva Nacional Kawésqar © Greenpeace

Ya que el proceso de consulta indígena y de creación del plan de manejo para esta área aún está pendiente, lo cual genera una situación insostenible para la protección ambiental y los derechos de las comunidades Kawésqar.

Llamado a una gobernanza ambiental efectiva y respetuosa

En conclusión, creemos que Chile tiene la oportunidad de ser un modelo de gobernanza ambiental al asegurar la protección de sus ecosistemas clave mientras respeta los derechos de las comunidades indígenas.

Por eso, solicitamos formalmente a la Relatora Especial de la ONU, Astrid Puentes Riaño, que intervenga ante el Gobierno de Chile para que se retome la consulta con las comunidades y se avance en la elaboración del plan de manejo, demostrando así su compromiso real con la protección de la Patagonia chilena y su biodiversidad.



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Author: Meri Castro

Balance de Greenpeace en el Mes del Mar: lo bueno, lo malo y lo feo sobre océanos en Chile

©  Gerardo Candia / Greenpeace

“La vida en la Tierra depende directamente de los océanos. Por esta razón es clave contar con mares sanos y protegidos de actividades que resulten devastadoras”, declara Silvana Espinosa, vocera de la organización ambientalista. 

Mayo es reconocido como el Mes del Mar y, para conmemorar la fecha, desde Greenpeace Chile realizaron un balance de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, con los principales hitos de nuestros océanos, en el último año. “La vida en la Tierra depende directamente de los océanos. Por esta razón es clave contar con mares sanos y protegidos de actividades que resulten devastadoras”, declara Silvana Espinosa, vocera de la organización ambientalista. 

Lo bueno: fuimos los primeros en ratificar el Tratado Global de los Océanos

Estefanía González en la ONU por el Tratado Global de Océanos © Stephanie Keith / Greenpeace

En marzo el Senado aprobó el Tratado Global de los Océanos de Naciones Unidas, lo que transformó a Chile, junto a Palau, en los primeros países del mundo en ratificar este importante acuerdo, cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad marina en alta mar y alcanzar el objetivo 30×30: la protección del 30% de los océanos para el año 2030.

Estefanía González en la ONU por el Tratado Global de Océanos © Stephanie Keith / Greenpeace

“Es un orgullo este avance. Estamos hablando de la adopción de uno de los tratados ambientales más importantes de las últimas décadas, en el que Chile y los países de nuestra región, tuvieron un rol clave liderando el debate a lo largo de todo el  proceso”, opina Silvana Espinosa, vocera de la organización ambientalista.

Lo malo: La impunidad de la industria salmonera

©  Gerardo Candia / Greenpeace

De acuerdo a los registros de Sernapesca, entre los años 2019 y 2021, se comprobó que 25 empresas salmoneras produjeron 686.000 toneladas de esta especie, en un total de 123 centros de cultivo, pese a que lo autorizado era 487 mil toneladas, en las regiones de Los Ríos, Magallanes y Aysén, incurriendo de este modo en infracciones a nuestra legislación ambiental. De esta sobreproducción, además, el 33% ocurrió dentro de centros de cultivo ubicados en Áreas Protegidas. Pese a lo alarmante de estas cifras y a lo grave de la falta, las sanciones no están ocurriendo.

Salmonera Las Guaitecas Aysen ©  Matias Romagosa / Greenpeace

Así lo revela una reciente investigación de Terram (en conjunto con Ciper), que tomó como evidencia los 84 casos de sobreproducción ocurridos en la Reserva Nacional Las Guaitecas, en la Región de Aysén. Según sus datos, conseguidos a través de Ley de Transparencia, 74 de ellos se encuentran prescritos y el resto se mantiene sin castigo.

“El mar patagónico es una zona de alto valor ecológico para Chile y el mundo, y en él habitan numerosos tipos aves y fauna marina, donde además de las ballenas, tenemos al delfín chileno, como la única especie de cetáceos endémica del país. Por lo mismo, resulta impresentable que en zonas que se han declarado protegidas se concentre un tercio de la sobreproducción ilegal de la industria salmonera. Es tiempo de que, frente a la evidencia, los servicios públicos involucrados (Sernapesca, Subpesca, SMA) reconozcan que estas prácticas son sistemáticas y no hechos puntuales y que avancen en sanciones reales que frenen las conductas ilegales del sector, que ya son parte de su modus operandis”, agregó la vocera de Greenpeace. 

Lo bonito: Se amplía el Área Marina Costera Protegida del Archipiélago de Humboldt

Archipiélago Humboldt ©  César Villarroel / Greenpeace

Chile  aprobó  la ampliación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) para el Archipiélago de Humboldt, convirtiéndose en la primera de carácter birregional del país. Esto porque se extenderá por las costas sur de Atacama y norte de Coquimbo. 

Las áreas marinas protegidas de múltiples usos buscan compatibilizar la conservación y protección del medioambiente con el desarrollo de actividades sustentables. En el caso del Archipiélago de Humboldt, esta es una de las áreas más ricas en biodiversidad de la zona centro-norte del país, y abarca desde Punta Pájaros, en la comuna de Freirina (Región de Atacama) hasta Punta Poroto, comuna de La Serena (Región de Coquimbo), por el sur.

Archipiélago Humboldt ©  César Villarroel / Greenpeace

“El archipiélago de Humboldt es un tesoro natural de biodiversidad y sirve como refugio de pingüinos, nutrias y ballenas, entre otras especies. Celebramos avanzar en su protección, que a la larga se traduce en un mejor blindaje frente a la amenaza de posibles proyectos industriales, como ocurrió en el pasado con la  minera Dominga, donde afortunadamente triunfó la protección ambiental”, destacó Espinosa. 

4. Lo feo: Perdonazo a salmonera Nova Austral

Nova Austral Isla Capitán Aracena © Patricio Miranda/ Greenpeace

Hace cuatro años, centros de cultivo de la empresa Nova Austral sobreprodujeron salmones, falsificaron cifras de mortalidad y dañaron gravemente el fondo marino al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini, en la Región de Magallanes, lo que fue comprobado y sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Entre 2016 y 2019, además, la empresa cometió fraude al fisco, al recibir $59.580 millones de pesos en subsidios que consiguió mediante la entrega de información falsa.  

Por esto último, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra la empresa y después de años de litigios, el Ministerio Público resolvió a través de un acuerdo alternativo, que le permite a la compañía pagar su deuda con facilidades tributarias, lo que a juicio de Greenpeace “es a todas luces un perdonazo para la empresa”, afirma Silvana Espinosa.

Nova Austral Isla Capitán Aracena © Patricio Miranda/ Greenpeace

“Esta decisión resulta incomprensible, sobre todo porque se trata de una empresa que, además de su extenso prontuario de daños comprobados en áreas protegidas, no deja de incumplir la ley incluso atentando contra las arcas fiscales. Pese a eso, recibe facilidades para seguir operando en impunidad”, asegura la especialista de la organización ambiental. 

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Author: Prensa Chile

Un Estado en deuda: sobreproducción acuícola y poca fiscalización

Salmonera Las Guaitecas Aysen. ©  Matias Romagosa / Greenpeace

Por Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace

Hace algunos días, la fundación Terram publicó una completa investigación que revela una serie de infracciones de la industria salmonera a la normativa ambiental, que están prontas a prescribir si la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no formula los debidos cargos al respecto, dejando sin multas ni sanciones la cosecha ilegal de más de 67.000 toneladas de salmones, que habría reportado ganancias al sector por $660 millones de dólares.

El reportaje da cuenta que, desde que entró en vigencia la SMA para fiscalizar el cumplimiento de las RCA, sólo 27 procedimientos sancionatorios se han abierto por casos de sobreproducción de salmones al interior de la Reserva Nacional Las Guaitecas en la Región de Aysén. Aún cuando, según información obtenida del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) vía Ley de Transparencia, 53 centros de cultivo incurrieron en 84 casos de sobreproducción, los que a la fecha no han sido sancionados. 

Peor aún, 74 de esos 84 casos se encontrarían prescritos (ya que la ley permite que las infracciones que cometen los titulares a sus permisos ambientales se pueden sancionar hasta tres años después de ocurridos los hechos, y ese período ya se cumplió), lo que implica absoluta impunidad para esa venta ilegal.

Un grupo de activistas de Greenpeace se presentó en la Maratón de Santiago de Chile para denunciar el avance de la industria salmonera en la Reserva Nacional Kawésqar en la Patagonia chilena.
Un grupo de activistas de Greenpeace se presentó en la Maratón de Santiago para denunciar el avance de la industria salmonera en la Reserva Nacional Kawésqar en la Patagonia chilena. © Cristobal Olivares / Greenpeace

Frente a esta revelación, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, respondió relatando los esfuerzos para mejorar su capacidad fiscalizadora y coordinar a los diversos organismos que deben velar por el cumplimiento de las normativas, destacando su “enfoque correctivo”, en el cual los recursos del Estado son invertidos en la realización y envío de reportes sobre los niveles de producción de las empresas, para advertirles cuando estén pasando por sobre la ley, bajo el argumento de que este sistema “aumenta la eficiencia”. 

Si esta estrategia la llevamos por ejemplo al combate de la delincuencia, metafóricamente, sería como si las policías, una vez conocido un delito e identificados los culpables, en lugar de llevarlos detenidos, los notificara para así convencerlos de que dejen de hacerlo, ejercicio que aplicaría incluso para reincidentes. 

¿De qué sirve “dar aviso” a las empresas sobre sus reiterados incumplimientos, en lugar de aplicar sanciones que sean ejemplificadoras? La industria ha mostrado que sus sobreproducciones no son casos aislados, sino que están interiorizados en su modelo, permitiéndoles ganancias ilícitas por miles de millones de pesos, como comprobó la propia SMA en el caso emblemático de la empresa Nova Austral. Por eso, resulta insuficiente la respuesta del organismo ante la evidencia abrumadora sobre procesos sancionatorios no iniciados próximos a prescribir.  

El Estado está en deuda con las comunidades y la protección de la naturaleza. La falta de comunicación entre organismos, los enredos en los datos y la incapacidad de fiscalizar cómo corresponde a una industria que una y otra vez ha mostrado su verdadera cara -la del engaño, la avaricia, la comisión de ilegalidades y la degradación profunda de los territorios donde opera- no sólo es grave, es también un síntoma de la necesidad de mejorar de raíz un sistema que no funciona: que no protege los bienes comunes naturales del país, que no sanciona donde duele a quienes se enriquecen ilícitamente y que, aún más grave, intenta castigar a aquellos que denuncian.

Sobre esto último, es importante recordar que, frente a casos donde la sociedad civil ha acudido al Tribunal Ambiental (TA) para exigir verdaderas sanciones en el marco de resoluciones de procedimientos sancionatorios, en más de una ocasión la respuesta de la SMA ha sido exigir a los TA que a las organizaciones se nos condene el pago de costas: mientras a las empresas se les pide que por favor cumplan la ley y -como el reportaje de Terram reveló- con frecuencia se mira al costado cuando no lo hacen, a la sociedad civil se le exige que pague monetariamente por judicializar resoluciones que atentan contra la salud y equilibrio de los ecosistemas marinos. Esto refleja la falta de visión de organismos que debieran valorar que defendamos en tribunales sus propias atribuciones y competencias para proteger el medio ambiente de manera efectiva. 

Necesitamos un Estado que sea capaz de defender nuestros territorios; que privilegie el bien de las comunidades; que sea justo en la impartición de sanciones efectivas y que fomente la participación comunitaria en esos procesos, pues -al fin y al cabo- son estas las que sufren las consecuencias de la contaminación y destrucción ambiental. Necesitamos un Estado al nivel del desafío.

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Author: Prensa Chile

La protección que aún le debemos a nuestros océanos

Mortandad de salmones en el Fiordo Comau @ Alvaro Vidal Greenpeace

Por Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace 

A comienzos de este año, el Senado chileno aprobó el Tratado Global de los Océanos de Naciones Unidas, lo que nos permitió convertirnos en el primer país en el mundo, junto a Palau, en ratificar este acuerdo, un hito enorme para la protección de la diversidad de nuestros océanos y que hasta el día de hoy nos enorgullece.

El continuo afán de crecimiento de las economías del mundo ha empujado a la extracción inescrupulosa de recursos de todos los territorios, y el marítimo no ha sido una excepción. La pesca industrial, la salmonicultura, la minería submarina, entre tantas otras, están degradando de forma acelerada nuestros océanos y la única posibilidad de sanarlos viene desde una adecuada protección.

Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace , en la ONU por el Tratado Global de Océanos
© Stephanie Keith Greenpeace

Es precisamente ahí donde radica la importancia de este acuerdo, que permite proteger el 30% de los océanos del mundo para el año 2030, algo que la ciencia ha establecido como necesario para que los mares del mundo tengan la oportunidad de recuperarse.

Sin embargo, y pese al liderazgo de Chile para la protección de las aguas internacionales a través de este importante tratado, lo cierto es que poco o nada se está haciendo dentro de nuestro país para avanzar en la protección efectiva de los ecosistemas costeros. Me referiré a un asunto que se sigue promoviendo o permitiendo desde el Estado aún cuando está degradando los territorios: el fomento a la expansión de la salmonicultura.

Esta industria se ha posicionado como la segunda exportadora del país, creciendo año a año, tanto en producción como en ganancias. Pero su desarrollo no ha sido inocuo para los territorios, sino que ha dejado una estela de contaminación y degradación de fondos marinos y la biodiversidad en general.

Sin ir más lejos, en 2023 un relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente de la ONU, David R. Boyd, visitó diversos lugares en el país, con el objetivo de documentar y conocer de primera fuente los principales conflictos medioambientales que enfrenta nuestro país. Al terminar su visita, aseguró haber sido testigo de las “flagrantes violaciones cometidas durante años a su derecho (de las comunidades) a vivir en un ambiente limpio, saludable y sostenible”, haciendo una especial mención a los daños ecológicos a ecosistemas ocasionados por la industria salmonera en los mares del sur del país.

Residuos de la industria salmonera en la Reserva Kawésqar Estero Cordova © Cristóbal Olivares

La industria salmonera una y otra vez nos ha mostrado la peor cara de la avaricia empresarial con sus ‘accidentes’, contaminaciones, mentiras, fraudes al fisco y la sobreproducción de especies, llevando a los ecosistemas donde se ha insertado al límite. Pese a ello, el Estado obvía sus faltas y no sólo no les impone sanciones, sino que las pocas veces que lo hace, luego las retira, como se ha visto en innumerables casos. Que el Ejecutivo, y el Estado en su conjunto, avale estas conductas, va directamente en contra del liderazgo internacional que Chile muestra en materia de océanos y contra los ejes programáticos de este mismo gobierno. 

Este 8 de junio conmemoramos el Día Mundial de los Océanos, una fecha creada para concientizar sobre su relevancia de estos ecosistemas sobre toda la vida en la Tierra, su rol en la regulación climática global, así como educar acerca de las amenazas que los afectan.

Reclamo de Greenpeace en la Patagonia Chilena © Martin Katz Greenpeace

En el marco de esto, reconocemos el liderazgo de Chile en su política exterior en materia de océanos, pero invitamos a las autoridades a mostrar consecuencia en el ámbito local, recuperando el rumbo en la materia y a comprometerse en serio con la defensa de nuestros ecosistemas costeros, especialmente en la Patagonia donde la industria salmonera está asfixiando al mar y toda su biodiversidad. 



Freno a la expansión salmonera 

Ya hay más de 1.300 proyectos salmoneros aprobados entre las regiones de Los Lagos y Magallanes ¡y van por más!


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Author: Prensa Chile

Greenpeace y la Asociación de Salmonicultores de Magallanes participaron de seminario invitados por estudiantes de la Universidad de Chile

Junio 2024. Organizado por los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, en la Universidad de Chile se llevó a cabo el seminario “Acuicultura y áreas protegidas: el caso de la Reserva Nacional Kawésqar”, que tuvo como invitados a Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile y Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. La instancia, además, generó un espacio para que ambas organizaciones pudieran debatir sobre el estado de esta industria en la región austral. 

Seminario “Acuicultura y áreas protegidas: el caso de la Reserva Nacional Kawésqar”, que tuvo como invitados a Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile y Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes

Por parte de los industriales, Odebret realizó una presentación en la que describió la eficiencia de la salmonicultura en términos de cultivo y territorio; entregó detalles de los que, según sus mediciones, son los bajos impactos ambientales de este tipo de producción proteica, y destacó el buen comportamiento legal de la industria. Por último, abordó los desafíos que enfrentan las empresas a las que representa para ser “más ambientales”, cuya solución, a su juicio, está en la relocalización de las zonas de cultivo, lo que no sería posible debido a las trabas gubernamentales.

Desde Greenpeace, en tanto, rebatieron cada una de estas afirmaciones. “Tenemos evidencia de la basura que la industria salmonera deja en Magallanes, en fotos que pudimos registrar en visitas a la zona, lo que luego fue confirmado por una fiscalización de la Gobernación Marítima de Punta Arenas”, afirmó González. “Esto se contradice con un buen comportamiento ambiental”, agrega. Añade que, además, el 50% de los centros de la región ha presentado condiciones de anaerobia y que fenómeno como las Floraciones Algales Nocivas (FAN) se ven favorecidos por la contaminación persistente de la industria” relacionada con el alimento de salmones no consumido, las mortalidades y fecas de los salmones que propician que estos organismos proliferen fuera de los estándares normales, contaminando ecosistemas completos”.

Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile

Sobre el comportamiento legal de la industria, la vocera de Greenpeace recordó el historial de fraudes e incumplimientos del sector, que acumula el 74% de los procesos sancionatorios del sector pesca y acuicultura “y que tiene a las empresas sancionadas con importantes multas y revocación de permiso ambiental”. Por último, sobre relocalizaciones, la subdirectora de Campañas opina que “mientras la industria no respete la normativa vigente en las operaciones que mantiene activas, no es posible plantearse la opción de abrir nuevos centros de cultivo”



Freno a la expansión salmonera 

Ya hay más de 1.300 proyectos salmoneros aprobados entre las regiones de Los Lagos y Magallanes ¡y van por más!


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Author: Prensa Chile